La senadora Esperanza Martínez sostiene que los proyectos antinepotismo que serán analizados desde el Senado deberán incluir la propuesta ciudadana. El objetivo de la Cámara Alta es avanzar con una sola reglamentación, suficientemente abarcativa y que reúna cada falencia que se busca desterrar de la función pública.

“Si hay cuatro o 25 proyectos, quiere decir que todos tienen algo que aportar. Se deben tomar todas las ideas y de cada una se debe hacer algo mejor, algo más superador”, remarcó Martínez y animó a sus colegas a unificar proyectos.

Aparte de la versión aprobada en Diputados, existen otras propuestas de antinepotismo, entre ellas una presentada por los senadores Basilio Núñez y otra por Eduardo Nakayama. A estas se suma una elaborada por iniciativa popular, en la cual se contempla la figura de sanciones.

Para Martínez, la propuesta ciudadana podría brindar una complementación de suma relevancia, al tener en cuenta que la figura del nepotismo contará con sanciones más determinantes, ofreciendo de este modo reglas más claras en torno al ingreso y permanencia en la función pública.

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La senadora subrayó que no se puede obviar o dejar de lado las propuestas ciudadanas, las preocupaciones que expresan y también los aportes brindados. Reafirmó así la importancia de mantener un diálogo abierto con la sociedad civil para avanzar de manera conjunta.

Martínez destacó la importancia de materializar el proyecto antinepotismo, pero hacerlo luego de absorber cada uno de los factores planteados en las diferentes propuestas presentadas.

Desde el Gobierno se ha instalado una línea de trabajo prioritaria sobre una ley antinepotismo con reglas más claras. A este compromiso se sumaría el proyecto sobre la carrera en la función pública, que ya cuenta con modificaciones pertinentes elaboradas por el propio Ejecutivo.

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La Corte Suprema de Jus­ticia (CSJ) resolvió no dar lugar al pedido presentado por Enrique Kronawetter para suspender los efectos de la designación de Ali­cia Pucheta como repre­sentante del Poder Eje­cutivo ante el Consejo de la Magistratura (CM). La máxima instancia judicial considera que los promoto­res de la acción no pudieron demostrar cuál era el “per­juicio irreparable” de esta designación.

“La Sala Constitucional resuelve no hacer lugar a la suspensión de efectos, soli­citada por Alfredo Enrique Kronawetter y Carlos César Trapani por sus propios derechos bajo el patrocinio de los abogados Luis Lez­cano Claude y Jorge Rolón Luna del decreto n.° 714 por el cual se nombran repre­sentantes del Poder Ejecu­tivo ante el Consejo de la Magistratura”, dice el auto interlocutorio de la Corte.

Kronawetter, exrepresen­tante del Ejecutivo en el Con­sejo, presentó esta acción ante la CSJ apuntando a dejar sin efecto la designación reali­zada por el presidente San­tiago Peña, quien postuló a la doctora Alicia Pucheta para ocupar dicho lugar. El exmiembro del Consejo alegó que su permanencia en el órgano debía extenderse hasta el 2026.

Este martes, se realizó una audiencia pública para estudiar el contenido del proyecto de ley que prohíbe temporalmente la creación, conservación, almacenamiento y comercialización de activos virtuales o criptoactivos, criptomonedas y la instalación de granjas de criptominería.

Los senadores que participaron del encuentro, facilitado por iniciativa de varias comisiones de la Cámara Alta, coincidieron en la necesidad de apostar por un mayor control de la criptominería, facilitando un marco legal verdaderamente determinante que permita su regulación.

“Lo que hay que hacer es un marco regulatorio que sancione con mucha fuerza el robo de energía y decomiso total de la infraestructura de las empresas ilegales. Sería un trágico error castigar a las empresas legales”, remarcó el senador Enrique Buzarquis al respecto.

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El parlamentario solicitó a las comisiones suspender el tratamiento del proyecto en análisis y trabajar en otra propuesta legislativa que pueda garantizar la utilización de la energía eléctrica y que sea beneficioso para el Paraguay. Bajo este mismo parámetro ha coincidido el senador Eduardo Nakayama.

En la audiencia también participó Mauricio Bejarano, viceministro de Minas y Energía, quien manifestó que se debe pensar qué tipo de marco normativo se necesita para las inversiones. “Debemos tomar políticas favorables y que el inversor se sienta seguro”, enfatizó el representante.

Uno de los factores cuestionados, por la falta de regulación, es que la utilización desmedida de energía eléctrica por parte de las criptominerías, pagando lo mínimo o incluso no abonando lo correspondiente, en otros casos. Por ello, se hace hincapié en un marco legal mejor constituido.

Así, se coincidió en la necesidad imperante de contar con una legislación que regule este sector desde el punto de vista financiero, aparte de permitir la aplicación de sanciones severas para aquellos que sustraen energía eléctrica de manera clandestina, estableciendo un sistema más controlado.

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La senadora Esperanza Martínez destacó la presentación en el Senado del proyecto de ley “Aguas para el Chaco”, catalogándolo como un tema de alta relevancia que podría establecer una definición sobre una problemática histórica como la potabilización del Chaco paraguayo.

“Nos parece prudente acompañar este proyecto, primeramente porque tiene un modelo de gestión casi basado en el cooperativo, con esa idea de bien común se tocará un tema estratégico de nivel social y económico del Chaco como lo es el agua”, expresó Martínez.

Las expresiones de la parlamentaria se dieron en una conferencia de prensa en la que también se encontraron presentes los senadores Orlando Penner, proyectista de la propuesta, Basilio Núñez, Juan Carlos Galaverna y Lizarella Valiente, quienes presentaron el proyecto de manera consensuada.

“Varios de los colegas acompañamos este proyecto. Yo no soy chaqueña, pero admiro a los pobladores de esa zona y creo que es una parte del país a la que hemos descuidado históricamente”, puntualizó la parlamentaria, enfatizando acciones a ser potenciadas desde el Gobierno central.

Remarcó además la necesidad imperante de avanzar con un plan legislativo para los pobladores del Chaco. El plan otorga la concesión para la construcción y explotación de un canal de agua a cielo abierto en el Chaco y autoriza al Ejecutivo a suscribir con la concesionaria el contrato respectivo.

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“Creemos que en esta ocasión, finalmente tendremos una respuesta necesaria. Con estos componentes que ya señalaba el senador Penner, recordando que se tratará de una empresa de gestión privada, pero con un modelo cooperativo”, reiteró la senadora.

Se prevé la construcción de un acueducto, con una extensión de 280 km, y llevará agua cruda desde el río Paraguay hasta el Chaco. Se elaborará a través de una concesión entre el Estado y una Asociación Anónima que incluye las tres principales Cooperativas del Chaco (Chortitzer, Neuland y Fernheim).

La obra tendría un presupuesto máximo de USD 250 millones y los costos serán cubiertos 100 % por el sector privado, por lo que no se prevé el uso de recursos del Estado. El canal se iniciará en la zona de Vallemí, del departamento de Concepción, hasta el distrito de Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón.

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