La nueva ley del servicio diplomático, que es impulsada por la senadora Lilian Samaniego, genera incertidumbre y desconfianza en el ámbito legislativo. La Cámara de Diputados estudiará las modificaciones que se aprobaron en el Senado para el nuevo sistema de reglamentación de la Cancillería Nacional.

“Todo lo que parta de Lilian Samaniego, lo digo con respeto, con respecto al Estado paraguayo, de entrada ya tiene algún tipo de sospecha. Sabemos que tiene intereses en la Cancillería”, sostuvo el diputado Walter Harms, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores.

En ese contexto, prefirió no dar una opinión sobre el proyecto porque todavía no está al tanto de las nuevas modificaciones. “Con ese prejuicio (que venga de la mano de la senadora Samaniego), no quiero opinar sin tener el proyecto a la vista”, añadió. Considera que la senadora tiene antecedentes con referentes a propuestas para el Estado, por eso el estudio debe ser detallado, aseguró Harms en contacto con la radio 730 AM.

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De igual forma, manifestó su preocupación de que esta normativa afecte el funcionamiento de la Cancillería con respecto a los diplomáticos que responden al Estado. No está de acuerdo con que se ponga en riesgo la profesionalización de los diplomáticos que están formándose en la Academia Diplomática.

“Estamos construyendo la diplomacia con doctrina para responder antes al Estado que al Gobierno, profesionalizando funcionarios que surgen de la Academia Diplomática, con el perfil técnico, con calificación profesional que los más antiguos, no me gustaría que eso se rompa”, expresó.

También mencionó que la diplomacia es una carrera que necesita una continuidad más allá de los gobiernos. “Eso me gustaría que no se pierda con la ley que algunos la acusan de oportunista y politizada”, recriminó. La normativa es cuestionada por los funcionarios de la Cancillería, por los exministros y otros referentes del sector.

La nueva legislación establece un sistema más plural y transparente posible, con sesiones de la Junta de Calificaciones transmitidas en vivo y en directo, en cumplimiento de la Ley de Transparencia. Lo que se cuestiona es dar apertura a que políticos asuman la representación diplomática, poniendo en riesgo la política exterior.

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