El Instituto de Previsión Social (IPS) mantiene actualmente una deuda de USD 323 millones con el sector farmacéutico, correspondiente a la provisión de medicamentos e insumos médicos. Así lo confirmó la gerente financiera de la institución, Gladys Vera.

En comunicación con “Tarde de perros”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media, explicó que la administración asumió inicialmente un pasivo de aproximadamente USD 500 millones con proveedores del rubro, deuda proveniente de la administración anterior.

Según Vera, desde ese momento el IPS ha venido cumpliendo con los pagos de forma gradual, utilizando recursos propios y también mediante herramientas financieras como las sesiones de derecho. “Lo que hicimos fue readecuar nuestro pasivo de forma a honrar las facturas con las farmacéuticas, y con nuestro fondo propio ir amortizando mes a mes”, precisó.

Actualmente, el IPS destina alrededor de USD 21 millones mensuales de sus propios recursos para continuar reduciendo esta deuda. A este esfuerzo se sumó una disposición normativa aprobada en enero de 2025, que permitió a la institución retener un 0,5 % anual de los fondos que anteriormente eran transferidos al Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (Senepa) y al Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP).

Gracias a esta normativa, el IPS percibe mensualmente unos USD 4 millones adicionales, que también están siendo redireccionados al pago de la deuda con las farmacéuticas. Esta estrategia de financiamiento se complementó con tres sesiones de derecho: una realizada en 2024, otra en el presente ejercicio, y una más prevista para agosto.

“Con esas sesiones de derecho estaríamos saldando la deuda con los proveedores hasta el 31 de diciembre del 2024”, aseguró la gerente financiera. No obstante, Vera indicó que este esquema implica que la deuda contraída con las empresas del sector será trasladada al sistema bancario, convirtiéndose así en una deuda financiera que el IPS planea amortizar en un plazo de 36 meses.

La estrategia, según explicó, apunta a ordenar las obligaciones del IPS sin interrumpir la provisión de medicamentos ni comprometer los servicios a los asegurados. Con este enfoque mixto de pago directo y financiamiento bancario, la previsional espera cerrar el 2024 con los compromisos saldados con los proveedores del sector salud.

El presidente de la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay (Cifarma), Gerardo García, confirmó que el gobierno de Santiago Peña, a través del Ministerio de Economía, asegura el compromiso de pago de la deuda del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), por valor de USD 340 millones por la provisión de medicamentos.

García expresó que el monto a pagar se encuentra dentro de la normalidad, pero que igualmente requieren previsibilidad de cobro al Gobierno. “El ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, nos dijo que estará viendo mecanismos para empezar a bajar la deuda con montos más importantes, esto se cumplió en el mes de julio y esperamos que en agosto se cumpla lo mismo”, manifestó este jueves al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Detalló que las compras del Ministerio de Salud Pública a las farmacéuticas demandan un promedio de USD 50 millones mensuales, pero que en los últimos meses aumentó la demanda y hubo más adquisiciones de medicamentos a raíz de la ampliación de centros de salud y la habilitación de nuevos hospitales públicos. Por dicha razón, la cifra trepó de USD 150 millones a USD 340 millones debido a un retraso en las transferencias correspondientes a mayo y junio.

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Asimismo, el titular de Cifarma destacó avances en el gobierno de Peña en cuanto al pago de las deudas en comparación con los 18 meses de retraso que se registraron durante la administración del exjefe de Estado, Mario Abdo Benítez, y que fueron saldándose bajo el actual mandato.

“La deuda del Ministerio de Salud está dentro de los márgenes de la normalidad. La deudas se va acumulando por consecuencia de que las necesidades del Ministerio de Salud son superiores a lo que el Ministerio de Economía está pagando. El Ministerio de Economía venía pagando USD 40 millones por lo tanto se iba acumulando un USD 10 millones”, refirió.

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El economista Ramón Ramírez, interventor de la municipalidad de Ciudad del Este, realizó una evaluación de su gestión en general en estos 37 días que se lleva adelante la intervención. Brindó un adelanto de los principales hallazgos respecto a la administración del intendente Miguel Prieto.

Ramírez informó durante una entrevista con Radio Concierto, de la capital del Alto Paraná, que están ejecutando una auditoría al sistema informático del área de recaudaciones y los primeros reportes que están recibiendo son preocupantes. Indicó que no hay un sistema de auditoría al propio sistema que permita la trazabilidad en las ejecuciones de cobro.

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“Esto quiere decir que alguien puede tocar la cuenta de un contribuyente, por ejemplo, en la cuenta de Benigno puede poner pagado y luego puede modificar. No existe una ruta para saber quién modificó las cuestas. No sabemos las personas que no pagaron, pero que figuran como pagado, o viceversa; no existe la trazabilidad de este sistema”, comentó.

Ante esta grave situación, indicó que decidió realizar la auditoría informática del sistema, porque los primeros reportes han sido muy preocupantes y estarán presentando en el reporte, con las sugerencias de un plan de mejoramiento que debería ser aplicado cuanto antes.

Ramírez remarcó que al terminar su intervención su reporte no se va a centrar en presunciones, sino que se sustentará en hechos puntuales, documentaciones que esté fehacientemente comprobado y en esa línea se encuentra actualmente trabajando.

“Si bien, hay varias situaciones que se prestan a la presunción, pero la naturaleza de nuestro trabajo nos obliga a reducir todas esas presunciones”, enfatizó.

Asimismo, reconoció las dificultades que están sorteando, de tal modo que el servicio municipal no se vea afectado, pese a la notarias directrices para obstruir la intervención.

El interventor valoró que pese a las grandes trabas que están poniendo algunos funcionarios municipales para llevar adelante la gestión municipal; destacó que hay otros funcionarios que “se ha puesto verdaderamente la camiseta de la institución”, y está permitiendo cumplir con los servicios.

En cuanto a las recaudaciones, señaló que sí están con indicadores negativos en relación a los meses del año pasado. Aclaró que el mes de julio, siempre ha tenido la particularidad de ser los meses de menor recaudación en el histórico.

No obstante, instó a la ciudadanía a acercarse a realizar los pagos de sus tributos, de tal modo a que el municipio tenga el oxígeno necesario para cumplir con sus obligaciones.

“El ambiente de desconfianza en el municipio es tremendo. Nosotros a puertas cerradas, nos dicen que tratan de colaborar al máximo. Pero también nos dicen que, al salir por esa puerta, reciben fuertes presiones y fuertes observaciones”, comentó.

Indicó que la presión se da en todas las escalas o los niveles del funcionariado, desde el funcionario menor o modesto hasta los niveles superiores.

El interventor aseguró que toda la información que está reportando está respaldada en hechos demostrables y documentaciones. Indicó que encontró 22 cajas chicas distribuidas en toda la administración, lo que involucraba a unos 150 millones de guaraníes, entre todas las asignaciones ya sea de G. 5 millones a G. 15 millones.

Explicó que, de acuerdo a su experiencia en otras instituciones, la distribución de las cajas chicas por direcciones, solo se debe dar si existe un control estricto. Ya que en la administración en general están concentradas en la dirección de administración y finanzas.

“Sorprende aquí la segmentación de esa figura, podría decir que en algunos podría ser necesarias, para una respuesta rápida. Pero eso hace que el uso sea de forma discrecional”, acotó.

Como interventor, señaló que ahora está en constante control bajo su director de finanzas que lleva adelante un diario monitoreo del área de tesorería y recaudaciones, sobre todo.

El interventor Ramírez ratificó una vez más que en materia de las licitaciones y los procesos de contratación promovidos por el intendente Prieto, mantienen un patrón de “ganadores consuetudinarios”.

Entre los que puso como, por ejemplo, la firma de SERMAQ, de Fredy Guzmán Martínez Báez, socio de tragos de Miguel Prieto, quien, desde el inicio de la gestión del hoy jefe comunal cesado, tuvo en menos de tres años contratos por 13 mil millones de guaraníes.

“Sus esquemas de llamados son calcados, hacían obras con contratos abiertos, con montos mínimos y máximos, pero al final todos se hacían con el precio máximo. Son cuestiones que hacen que se presuman el direccionamiento en las Contrataciones Públicas”, explicó.

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• Ciudad del Este. Agencia regional

El conflicto entre la Municipalidad de Hernandarias y las empresas de transporte público continua, sin aparente viso de solución. La Junta Municipal recomendó al ejecutivo municipal iniciar trámites para la licitación de los itinerarios urbanos que dejaron de ser cubiertos por las empresas de transporte público.

La medida es como protesta por la incorporación de tres ómnibus eléctricos dentro del sistema de servicio interurbano de ómnibus que cubre Hernandarias/Ciudad del Este. Son buses donados por el gobierno de Corea.

Esto fue señalado por el titular del cuerpo legislativo comunal, concejal Celestino González, quien indicó que, si las empresas no cubren el itinerario, deben dar una solución a la ciudadanía y para ello, una licitación en busca de nuevos servicios, es lo que corresponde. Las empresas dejaron los itinerarios barriales y siguen cubriendo la conexión con Ciudad del Este.

En contrapartida, la presidente de la la Asociación de Transporte de Pasajeros del Este, Carolina Coronel, refirió que los itinerarios barriales que dejaron de cubrir en Hernandarias, nunca tuvieron una ordenanza de funcionamiento y se venía operando sin respaldo documental.

En cuanto a los buses eléctricos, manifestó que el servicio que está haciendo la institución municipal es ilegal porque no disponen de autorización de la Dirección Nacional de Transporte Público (Dinatran), para operar dentro del sistema de transporte público de pasajeros. Mencionó que la autorización que dice tener la comuna, no es para operar con pasajeros del servicio público, sino para coberturas especiales.

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“No podemos dejar un mal presente, en qué quedan las inversiones de las empresas de transporte, es una competencia desleal, ingresaron al sistema sin ninguna ley, ni marco legal, el funcionamiento ilegal”, expresó la titular del gremio de transporte de Alto Paraná.

Agregó que, ante esta situación, lo que hicieron las empresas es dejar de cubrir itinerarios que no tienen habilitación, ni respaldo municipal. La empresaria Carolina Coronel dijo que, desde el Viceministerio del Transporte se aclaró que los buses eléctricos recibidos hasta ahora, no están en condiciones para ser usados como transportes de pasajeros.

El concejal Celestino González, volvió a decir a La Nación/Nación Media que las empresas de transporte público de Hernandarias tienen un pésimo servicio, muy deficitario en varios aspectos. El incumplimiento de itinerarios urbanos, deficitaria condición técnica de las unidades de transporte, la falta de previsibilidad de salidas porque, el usuario no tiene la seguridad de contar con ómnibus en determinados horarios, son algunas de las falencias citadas por el titular de la Junta.

El concejal anunció que mañana se hará una sesión extraordinaria de la Junta Municipal, para el tratamiento de la ordenanza tributaria que contemple la operación de los tres buses eléctricos, que se incorporan al transporte público.

En tal sentido, se cumplió un mes de la incorporación de los transportes eléctricos y se dejará la gratuidad para empezar a cobrar a los usuarios 5 mil guaraníes como pasaje, al igual que en los demás transportes convencionales. El concejal González, dijo que es por tasa de mantenimiento.

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