El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, firmó este lunes el decreto Nº 6380 por el cual se extienden las actuales medidas sanitarias vigentes contra la pandemia del COVID-19, hasta el 10 de diciembre próximo, dentro del marco del plan de levantamiento gradual del aislamiento preventivo general. En la resolución presidencial se reitera que ya no existen restricciones en cuanto a la libre circulación. Mientras que los encuentros en las viviendas particulares, continúan permitidos con un máximo de 25 personas presentes incluyendo los convivientes.
De los eventos sociales pueden participar hasta 200 personas en espacios cerrados con ventilación adecuada, y hasta 350 personas en espacios al aire libre. Por otra parte, la resolución del Poder Ejecutivo establece también que no se podrán combinar espacios abiertos y cerrados. Las actividades del sector cultural y creativo y los actos de culto pueden realizarse con la presencia de hasta el 50% de la capacidad del establecimiento.
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El decreto establece además la posibilidad de realizar prácticas deportivas colectiva de entretenimiento, participación y competencias, pero cumpliendo con todas las medidas sanitarias de Salud Pública y la Secretaría Nacional de Deporte. También se encuentran autorizadas las clases grupales en academias, gimnasios, polideportivos y otros espacios cerrados y abiertos, garantizando 4 metros de distancia entre persona.
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Operaciones de defensa interna: “Va ser la lucha frontal contra la delincuencia”, asegura Chase
El senador Natalicio Chase se refirió al decreto firmado por el presidente de la República, Santiago Peña, por el cual “dispone el empleo de elementos de combate de las Fuerzas Armadas de la Nación en operaciones de defensa interna y define su ámbito territorial en la Región Oriental”. Para el legislador, será una herramienta para la lucha frontal contra el crimen organizado y la delincuencia.
“Yo le tengo más miedo al crimen organizado y al terrorismo que exista un abuso de poder. Las Fuerzas Armadas están preparadas para cumplir una función específica de acuerdo a lo que dice el decreto y va ser la lucha frontal contra la delincuencia”, señaló en conversación con los medios de prensa en el Senado.
Indicó que el Ejecutivo tomó esta decisión por hechos que ocurrieron últimamente. “Existen nuevos secuestros, existen informes de inteligencia que habrá tenido en cuenta el Poder Ejecutivo, nosotros en particular no tenemos los detalles de los análisis que han hecho el sistema de seguridad del país”, apuntó.
Por otra parte, sobre las críticas de algunos sectores, principalmente de opositores, que señalan que el despliegue de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) requiere de mucho presupuesto y poco resultado, respondió que la FTC es responsable de detener el avance de los grupos criminales como el Ejercito del Pueblo Paraguayo (EPP), Ejercito del Mariscal López (EML), y otros.
“Creo que los grupos narcoterroristas, porque así funcionan estos grupos, han casi desaparecido y ese es un logro, principalmente de las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales, y la Fuerza de Tarea Conjunta, es decir, sí ha habido resultados a diferencia de momentos anteriores cuando el EPP, el grupo Mariscal López y todos estos grupos armados tenían un dominio que no tenía alcance la fuerza de seguridad”, sentenció.
Con relación al decreto, refirió que probablemente al inicio de las actividades parlamentarias, la próxima semana, el Ejecutivo podría remitir el documento al Congreso para su debate.
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Decreto que permite apoyo militar en seguridad interna es constitucional, afirma exministra
La exministra de Defensa, María Liz García, afirmó que el decreto firmado por el presidente de la República, Santiago Peña, en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, es legal y legítimo dentro del marco constitucional.
En una entrevista radial, en la 780 AM, indicó que ante situaciones de extrema gravedad en las que el sistema de seguridad interna resulte insuficiente, el mandatario puede disponer el empleo transitorio de elementos de combate de las Fuerzas Armadas para apoyar tareas de seguridad.
En ese sentido, destacó que uno de los aspectos más importantes del decreto es que el despliegue militar debe realizarse en un área territorial claramente delimitada y por el tiempo estrictamente necesario. Posteriormente, añadió, la Policía Nacional debe retomar el control exclusivo de la situación una vez superada la contingencia.
“Puedo decir que el decreto está conteste a esta Ley 5036 del año 2013, y un decreto del Poder Ejecutivo, en aquel entonces, el decreto 103; cuando yo en aquel tiempo estaba todavía en ejercicio ministerial; se había modificado la Ley 1337, de Defensa Nacional y Seguridad Interna”, recordó.
Explicó que hasta aquel momento, para poder movilizar a las tropas militares, el presidente de la República, que es el comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, no podía hacerlo si no era con pedido y autorización del Poder Legislativo.
La exministra García señaló que debido a las difíciles situaciones que se estaban generando, en diferentes países y también en Paraguay, con la presencia del EPP se vio que ya era insuficiente esa capacidad de reacción para poder tomar medidas correctivas, en situaciones que comprometía la vida, la liberdad, los derechos de las personas y la defensa nacional.
Señaló que con la modificación que se realizó vía decreto en el 2013, permitió al presidente de la República y comandante en Jefe en ejercicio, hacer frente a situaciones como ser un Estado de excepción, aclarando que no es nuestra condición actual, o frente a situaciones de extrema gravedad en el que el sistema de seguridad interna resulte insuficiente insisto.
Por tanto, señaló que esta modificación de la ley permitió al presidente Peña decidir el empleo de los elementos de combate de las Fuerzas Armadas, pero de manera transitoria; hasta que la Policía Nacional o en su efecto la Prefectura General Naval, puedan estar nuevamente en condiciones de hacerse cargo por sí solos de esa situación.
“Este es el documento que le ampara a esta disposición y decreto 5524 del 24 de febrero del 2026, que fue lo que dispuso el presidente de la República y comandante en jefe Santiago Peña. Absolutamente no tiene nada irregular el documento firmado, así hasta el momento lo dispuesto, yo me refirí a lo que dice con claridad el artículo 56, específicamente de la Ley 5036. En cuanto a esta disposición del presidente Peña, es legal y es legítima, siempre y cuando no se salga de lo estrictamente dispuesto”, sentenció.
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Ejecutivo ordena fuerte despliegue de la FTC en la Región Oriental
El presidente de la República, Santiago Peña, ordenó, mediante decreto, la ampliación del área de operaciones de las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC) en aquellos territorios donde pudieran detectarse eventuales amenazas contra la seguridad y la soberanía del país.
El decreto presidencial lleva el número 5.554 y se dispone el empleo de elementos de combate de las Fuerzas Armadas de la Nación en operaciones de defensa interna en el ámbito territorial definido de la Región Oriental. Esto, incluyendo ríos nacionales, fronterizos e internos a fin de garantizar la seguridad interna.
En el considerando del decreto se menciona que el almirante (R) Cíbar Benítez Cáceres, en su carácter de ministro secretario permanente del Consejo de Defensa Nacional (Codena), presentó una nota para informar sobre la presencia de miembros de agrupaciones ilegales en diversas zonas de la Región Oriental.
Estas organizaciones están vinculadas al crimen organizado transnacional, terrorismo y delitos conexos, quienes estarían aprovechando la ausencia de militares y policías en la región para sus incursiones y hacer sus operaciones ilegales.
Es de recordar que el lunes pasado, se realizó una reunión extraordinaria del Codena encabezada por el presidente Santiago Peña, en su carácter de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, en donde se adoptó esta importante determinación luego de los últimos episodios vinculados a la seguridad interna.
Hoy miércoles, el mandatario se trasladó hasta el Centro de Operaciones de Defensa Interna (CODI), instalada en el departamento de Concepción, donde mantuvo una reunión con los altos mandos militares, el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, y el encargado de negocios de la embajada de los Estados Unidos, Robert Alter.
El ministro del Interior, Enrique Riera, también había confirmado que la Policía Nacional trabajará de manera coordinada con las Fuerzas Armadas, a través del Departamento Antisecuestro y el Batallón de Inteligencia Militar (BIMI), respectivamente.
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Caso Berilo: decretan prisión de Cucho Cabañas para que se realice audiencia preliminar
El juez Penal de Garantía, Miguel Palacios, decretó la prisión preventiva del presunto narco Reinaldo Javier Cabaña, alias Cucho, y otros acusados más a los efectos de poder llevar a cabo la audiencia preliminar que ya se viene dilatando hace varios años debido a las chicanas presentadas por los procesados en el caso conocido como operativo Berilo.
Igualmente, se revocó las medidas del exdiputado Ulises Quintana y Hugo Martín Ríos, quienes deberán estar privados de libertad hasta que se realice la diligencia judicial fijada para el próximo 5 de marzo.
Cabaña cuenta con arresto domiciliario desde septiembre del año 2023 por compurgar la pena mínima. Ríos y Quintana estaban con libertad ambulatoria luego de estar privados de libertad por 10 meses en la cárcel de Viñas Cué, hasta que la Justicia en su momento revocó la prisión preventiva, el pasado 8 de julio de 2019.
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La medida adoptada por Palacios es por los planteamientos dilatorios de las defensas que demuestran que no tienen voluntad de someterse al proceso penal, que ya lleva varios años tramitándose en Palacio de Justicia y hasta la fecha no se pudo realizar la audiencia preliminar.
Días atrás, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia destrabó el proceso que enfrenta Reinaldo Cabaña, acusado por narcotráfico y otros delitos en el marco del operativo Berilo. Los ministros Manuel Ramírez Candia, Luis María Benítez Riera y Eugenio Jiménez Rolón, resolvieron declarar inadmisible el recurso de apelación formulado por Yamil Ramón Cabaña, interpuesto contra la resolución que confirmaba la competencia del juez Palacios en el caso.
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