La Asociación de Funcionarios de la Carrera Diplomática y Consular de la República del Paraguay (ADEP) se encuentra en asamblea permanente para contrarrestar el “proyecto Samaniego”, que pretende modificar la Ley “Del Servicio Diplomático, Consular, Administrativo y Profesional del Ministerio de Relaciones Exteriores”.
La ADEP mantiene su postura contraria al proyecto modificatorio considerando que, hasta la fecha, no ha sido debatido con este gremio, ni con la Asociación de Funcionarios del Servicio Administrativo del MRE, ni con otros gremios del ministerio, ni con la sociedad interesada en general.
“Lamentamos profundamente que se haya dado la aprobación en general del proyecto en cuestión, haciendo caso omiso a las mociones de posponer el tratamiento de este para un análisis más exhaustivo de un proyecto tan importante para el quehacer nacional”, reza parte del comunicado.
Alertan sobre el impacto
Reiteran la solicitud al Congreso Nacional de ser atendidos de manera gremial para exponer la visión de la nucleación de diplomáticos escalafonados, así como también esperan una convocatoria a una nueva audiencia pública, para escuchar a la sociedad en general y así dar mayor amplitud democrática al debate.
Alertan además el profundo impacto que la normativa propuesta implicará para el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) tanto orgánica como presupuestariamente y se solidarizan con los colegas diplomáticos que han sido mencionados en la pasada sesión en la presentación de la senadora Lilian Samaniego.
Asimismo, mencionan que la creciente complejidad del escenario internacional y regional y los cercanos desafíos presentados a la política exterior paraguaya deberían alentar a acelerar los procesos exitosos desarrollados en la Cancillería, y no atenerse en insistentes debates motivados notoriamente por intereses particulares.
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Jubilados piden postergación del proyecto de emergencia sanitaria del IPS
La Unión Nacional de Jubilados del Paraguay (UNJP) solicita la postergación del proyecto que declara emergencia sanitaria del Instituto de Previsión Social (IPS), por colisionar con el artículo 95 de la Constitución Nacional y arriesgar las reservas de los fondos jubilatorios.
El mencionado artículo de la Carga Magna consagra el derecho y la obligatoriedad de la Seguridad Social.
En un comunicado entregado hoy a la opinión pública, la UNJP señala que toda situación de emergencia implica la toma de decisiones inmediatas para corregir lo antes posible un determinado imprevisto.
“Pero plantear un “Estado de Emergencia Sanitaria” con soluciones a implementarse en un plazo excesivo o para abarcar problemas ajenos a la causa de esa emergencia, es admitir problemas estructurales mucho más profundos” refiere el documento
Agrega que solucionar esos problemas estructurales no pueden ser objeto de una ley hecha a las apuradas, sino objeto de una reforma sistémica total del IPS, debatida con franqueza y sin hipocresía.
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El proyecto declara emergencia hasta el 15 de agosto de 2028, y según la UNJP permite que un problema de déficit presupuestario y financiero del programa de salud se agrave y se generalice por una razón elemental: no hay mayor riesgo que otorgar facultades extraordinarias y por mucho tiempo a los mismos causantes de ese déficit.
En efecto, el vicepresidente de la UNJP, Elvio Brun, explica que que las acciones resultantes de esta emergencia del IPS” deben ser de corto plazo – como máximo hasta diciembre del 2026, y deben centrarse en solucionar el déficit del programa de salud.
Inicialmente, el proyecto había comenzado a estudiarse con la incorporación de cuatro artículos y al final aumentó a cerca de 20 artículos, afectando a aspectos estructurales y que podría poner en riesgos los fondos jubilatorios, mencionó.
“Pero el Proyecto de Ley en estudio autoriza acciones abarcantes de aspectos relacionados a las Inversiones y Colocaciones de las Reservas Técnicas del Fondo de Jubilaciones, o la modificación de Leyes vigentes (Ley de Superintendencia de Jubilaciones)”, señala el escrito.
El proyecto de ley tal como está redactado equivale a admitir la supresión de una garantía constitucional mediante una norma legal y sus consecuentes reglamentos administrativos.
El gremio realiza esta advertencia en base al análisis técnico puntual de las disposiciones que atañen al Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones del IPS (Artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 17°, 18° y 19° del Proyecto de Ley).
Refiere que el gremio de jubilados pone a disposición del Congreso el análisis realizado por la agremiación. Igualmente, de las autoridades del IPS, de la Superintendencia de Jubilaciones, de las organizaciones de asegurados, de los sindicatos de trabajadores y de la Unión Industrial del Paraguay, a fin de deslindar las responsabilidades políticas, económicas y jurídicas por el daño que se podrían causar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones, a los miles de Aportantes y Jubilados del IPS.
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PGN 2027: economistas advierten fuerte aumento del gasto y necesidad de optimizar recursos
Tras el envío del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal 2027 al Congreso por parte del Ejecutivo, el economista Cayo Cáceres advirtió sobre la necesidad de optimizar los recursos. Si bien el especialista anticipa un incremento significativo en las cifras, remarcó que el desafío central estará en la eficiencia del gasto para el próximo ejercicio.
“Nosotros empezamos el Presupuesto 2026 con 19.000 millones de dólares y este pretende 26.000 millones de dólares, es un incremento sumamente interesante. Eso es lo que se presupuesta, pero nosotros no tenemos que mirar solamente lo que se presupuesta, tenemos que ver el gasto, tenemos que mejorar el gasto”, señaló el exministro de Desarrollo Social en el programa “Fuego cruzado” del canal GEN y Universo 970 AM.
Dijo que, según organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), hay un 4 % del producto interno bruto (PIB) como gasto innecesario y ese es un problema. “Son 2.400 millones de dólares de gastos innecesarios. Además, tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos algunas exenciones tributarias que le damos a las empresas, por ejemplo, ensambladoras de motos, juegos de azar y algunos negocios financieros en la bolsa, que son otros 950 millones de dólares. Solamente ahí tenés más de 3.000 millones de dólares que podés redestinar hacia otro lado”, manifestó.
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Tipo de cambio
“Si uno toma en guaraníes para hacer la comparación ve que hay cerca de 12 % de aumento en el presupuesto. El ajuste por el dólar más bien tendería a modificar los índices del servicio de la deuda, sirve también como ajuste en la recaudación para lograr el déficit proyectado. Y en el camino van sucediendo muchas cosas como sucedió este año”, puntualizó el economista Rodrigo Ibarrola, quien también participó como invitado del programa, acerca de la incidencia del cambio del dólar en el plan de gastos.
El experto afirmó que varias cosas le llaman la atención, entre ellas lo referente al gasto de la administración que “sube mucho más que la recaudación proyectada”. Advirtió que “sube más del doble, porque pensamos gastar casi 20 % más y vamos a recaudar cerca del 8 % más. Entonces es el doble, verdad. Y obviamente eso se va calzando con deuda”.
“Otra cosa que me llama la atención es el tipo de cambio utilizado que no transpola mucho la tendencia que estamos viviendo con el dólar. Ahora estamos con un dólar a la baja todavía en una pendiente un poco menor que la del año pasado, pero se proyecta un dólar mayor”, dijo Ibarrola. “O sea que de alguna medida el gobierno en sus proyecciones está viendo que el dólar se va a normalizar y va a volver a obtener una tendencia positiva como siempre fue”, añadió.
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Paraguay defiende elecciones libres ante reforma constitucional de Ortega, en Nicaragua
El gobierno de Paraguay expresó su preocupación por la reforma constitucional aprobada en Nicaragua recientemente, que restringe la participación política de sectores de la oposición y compromete la realización de elecciones libres en este país. Lo hizo mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay, que emitió un comunicado a través de sus redes sociales.
La Asamblea de Nicaragua controlada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) aprobó este martes una reforma constitucional que prohíbe la participación de opositores en las elecciones por solicitud del presidente Daniel Ortega, según había anunciado el Legislativo, controlado por el oficialismo de izquierda.
Esta enmienda amplía el mandato presidencial de seis a siete años y excluye de los comicios a quienes participen en la planificación o ejecución de un “golpe de Estado”, a los “traidores a la patria” o a aquellos que soliciten “intervención militar” o “bloqueos económicos”.
Ante esta situación, el Gobierno de Paraguay, expresó su postura en defensa de los valores y principios democráticos. “Reafirma la posición histórica en defensa de los valores y principios democráticos, así como el derecho del pueblo nicaragüense a elegir libremente a sus autoridades, de conformidad con los principios de la Carta Democrática Interamericana”, completa el comunicado publicado por la Cancillería paraguaya.
Sistema de partido único
Cabe señalar que la reforma constitucional nicaraguense deberá ser ratificada en una segunda legislatura, en enero de 2027, y en la práctica daría paso a un sistema de partido único, el FSLN.
El presidente Ortega, exguerrillero izquierdista de 80 años y su esposa, cinco años menor, gobiernan con poder absoluto y un fuerte control social, tras las protestas de 2018 cuya represión dejó unos 300 muertos según la ONU, y cientos de miles de exiliados.
Desde Washington han aumentado en los últimos meses la presión económica y diplomática sobre Managua, con sanciones contra las principales figuras del régimen y movilizando también a sus aliados en América Latina, mediante comunicados conjuntos.
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Buscan acelerar incentivos para médicos subespecialistas del sector público
El diputado colorado Arturo Urbieta destacó la importancia del proyecto de ley “Que crea el Programa Nacional de Incentivos para Profesionales Médicos con Subespecialidad en el Sistema de Salud Pública”, en un contexto de reclamos planteados por médicos del sistema público.
La iniciativa adquiere especial relevancia tras la huelga nacional de médicos y la presentación de renuncias de profesionales de distintas especialidades. Los reclamos del sector incluyen mejores condiciones laborales, reajustes salariales, desprecarización y nombramientos.
En este escenario, el diputado Urbieta manifestó su preocupación por la situación y urgió el tratamiento del proyecto en las distintas comisiones asesoras de la Cámara Baja, con miras a la emisión de los respectivos dictámenes y su posterior consideración en sesión plenaria.
La iniciativa impulsada por el legislador Urbieta se halla en etapa de análisis en las comisiones Asuntos Económicos y Financieros; Legislación y Codificación; Justicia, Trabajo y Previsión Social; Derechos Humanos; Salud Pública; Presupuesto; Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria; Equidad Social e Igualdad de Derechos del Hombre y la Mujer; y Reestructuración y Modernización del Estado. Una vez dictaminado será puesto a consideración del plenario de la Cámara de Diputados.
Programa de incentivos
La propuesta tiene por objeto establecer un régimen laboral y financiero especial mediante la creación del “Programa de Incentivos para Profesionales Médicos con Subespecialidad”. La finalidad es atraer y retener a estos profesionales, promover su formación continua y garantizar su permanencia en las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud.
Según la exposición de motivos, la formación de un médico subespecialista puede demandar entre 12 y 15 años, considerando la carrera de Medicina, una especialidad básica y la posterior capacitación en áreas de alta complejidad.
El documento señala que, al incorporarse al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social o al Instituto de Previsión Social, estos profesionales encuentran las mismas condiciones laborales y salariales que un médico general o un especialista de primer nivel.
Las disposiciones alcanzarían a médicos con subespecialidad debidamente acreditada que presten servicios en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el Instituto de Previsión Social, el Hospital de Clínicas de la Universidad Nacional de Asunción y la Sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales.
El proyecto define como médico con subespecialidad al profesional que cuente con el título de médico cirujano y una especialidad médica básica, haya completado un programa formal de formación en una subespecialidad, posea la certificación correspondiente del Círculo Paraguayo de Médicos y mantenga actualizado su registro profesional expedido por el Ministerio de Salud Pública.
El programa se sustentaría en un régimen especial de becas y remuneración complementaria. Para ello, plantea la creación del “Fondo de Actualización Científica para Subespecialidades”, que sería administrado por el Ministerio de Salud Pública y permitiría otorgar permisos especiales con goce de sueldo de hasta 30 días anuales para participar en congresos, seminarios, pasantías o rotaciones internacionales relacionadas con la subespecialidad.
El fondo también podría financiar total o parcialmente pasajes y viáticos para la presentación de trabajos científicos en congresos internacionales en representación del Estado, conforme a las condiciones que establezca la reglamentación.
La iniciativa contempla una bonificación permanente por subespecialidad equivalente a un salario mínimo mensual, que sería aplicable a un solo cargo cuando el profesional mantenga más de un vínculo laboral y se percibiría independientemente de otros incentivos otorgados al personal de salud del sector público.
Para acceder, los médicos deberán contar con la certificación o recertificación de su subespecialidad y poseer un registro profesional vigente como subespecialistas, otorgado por el Ministerio de Salud Pública. La cartera sanitaria deberá mantener actualizada la nómina de profesionales que reúnan estas condiciones.
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