El senador del Partido Hagamos, Tony Apuril, lamentó que la Cámara Alta haya remitido al archivo el proyecto que pretendía elevar las penas a los funcionarios que usen bienes estatales en sus campañas electorales. El documento había sido presentado también por su colega colorado Enrique Riera.
“La Cámara de Diputados ya lo había hecho y ahora la Cámara de Senadores archivó nuestro proyecto que pretendía castigar con penas de cárcel el uso indebido de los bienes del Estado. Cortaron la posibilidad de contar con una herramienta para luchar contra la corrupción”, manifestó.
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Apuril comentó que sus colegas “se basaron en tecnicismos legislativos que bien podrían haber sido modificados si querían aprobar este proyecto”. De esta forma, el documento fue rechazado totalmente en ambas cámaras legislativas.
El documento proponía modificar una ley derogada
Durante su tratamiento en la Cámara de Diputados, los parlamentarios sostuvieron que el proyecto buscaba modificar la Ley 2880/2006, siendo que dicha norma está derogada. A la vez, mencionaron que todos los artículos de la iniciativa violaban las leyes y los códigos vigentes.
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Senadores de ANR impulsarán un fondo de G. 500.000 millones para medicamentos e insumos
El senador Gustavo Leite anunció que el próximo miércoles la Cámara Alta analizará el proyecto de ley que permite el aumento de unos G. 500.000 millones al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), como parte de una reasignación de rubros perteneciente a gastos superfluos (bocaditos, viajes, viáticos, etc.) del sector público.
Esta millonaria reestructuración presupuestaria busca dar una respuesta urgente al desabastecimiento en los hospitales públicos del país y asegurar la cobertura sanitaria para los pacientes.
El proyecto de ley fue elaborado por los legisladores Gustavo Leite y Antonio Barrios.
Leite realizó ese anuncio hoy viernes durante un programa periodístico de la 1020 AM.
Los viáticos y el rubro de “bocaditos” o catering en el Estado paraguayo suman importes millonarios que generan constante debate político y ciudadano sobre la necesidad de austeridad frente a carencias en salud pública y necesidades sociales.
La falta de medicamentos es una constante en los centros de salud y hospitales, por lo que los reclamos de la población se acrecienta.
Leite consideró la necesidad de reasignar los rubros de bocaditos y otros gastos destinados a servicios de ceremonial, protocolo y refrigerios en instituciones públicas. Estos conceptos ascienden a cifras millonarias a través de licitaciones periódicas.
Por otro lado, el legislador explicó que se debería implementar planes de retiros voluntarios en la función pública para que los funcionarios puedan acogerse a este sistema en la búsqueda de independencia económica, estableciendo puntos de emprendimientos unipersonales o familiares.
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Comisiones analizarán proyecto que regula permanencia de menores en eventos
En sesión conjunta las comisiones de Asuntos Económicos y Financieros, y de Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados analizarán este miércoles el proyecto de ley “Que regula la permanencia de menores de edad en eventos y establece su protección en espacios de ocio nocturnos”.
La convocatoria es para las 9:00 a fin de instalar una mesa técnica para evaluar el impacto de la iniciativa, antes de ser sometida a consideración del pleno.
Se busca establecer normas de protección para personas menores de dieciocho (18) años, regulando su permanencia en eventos y actividades de ocio nocturno, a fin de resguardar su integridad física, psíquica y moral.
Indicaron que la iniciativa no pretende prohibir la recreación de niños, niñas y adolescentes, sino establecer condiciones razonables de protección conforme al principio del interés superior del niño, según fundamentan los proyectistas.
Con respecto a la fiscalización, el texto explica que la autoridad de aplicación sería el Ministerio del Interior, en coordinación con el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, el Ministerio Público, la Policía Nacional y las municipalidades del país.
Se fundamenta que se entiende por “evento” toda actividad, reunión o espectáculo de carácter público o privado; fiestas, bailes, discotecas y boliches; conciertos, festivales y recitales musicales; competencias deportivas y espectáculos recreativos, entre otros.
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Fiscalía pide 3 años de cárcel y la querella solicita 6 para la exjueza Tania Irún por prevaricato
Los fiscales Silvia González y Christian Benítez solicitaron una condena de 3 años de cárcel para la exjueza en lo Civil y Comercial Tania Irún, acusada del supuesto hecho punible de prevaricato. Se la señala por entregar 310.000 hectáreas de tierra, ubicadas en la franja de seguridad fronteriza en Alto Paraguay, a presuntas empresas de maletín. Por su parte, la querella adhesiva, representada por el abogado Francisco de Vargas, solicitó una pena de 6 años de prisión.
En los alegatos finales, el Ministerio Público sostuvo que la exmagistrada utilizó su cargo para dictar una resolución arbitraria y contraria a derecho. Esto tuvo el objetivo de beneficiar a una de las partes en perjuicio de la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial. Los fiscales afirmaron que Irún dictó la sentencia sin contar con los documentos indispensables para resolver el caso.
Asimismo, el fiscal Christian Benítez manifestó que la actuación de la acusada no puede considerarse un simple error de interpretación. Recordó que, en un fallo de 2015, la propia exjueza reconoció que no disponía de toda la información necesaria sobre las empresas beneficiadas. Indicó además que, durante el proceso, fue advertida sobre la aplicación de la Ley de Seguridad Fronteriza y que contaba con informes que acreditaban que las tierras estaban en dicha zona restringida.
El representante del Ministerio Público también cuestionó la decisión de Tania Irún de interrumpir su reposo por maternidad para dictar la sentencia. Sostuvo que, durante el juicio oral, se comprobó que los estatutos de las empresas permitían transferir acciones por simple endoso, situación que vulneraba abiertamente la normativa vigente. Finalmente, afirmó que la resolución judicial favoreció indebidamente a una de las partes y provocó el despojo de 310.000 hectáreas de tierras soberanas.
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Cámara Baja postergará el estudio del préstamo de USD 75 millones para caminos rurales
El diputado Alejandro Aguilera adelantó que el proyecto de préstamo de USD 75.000.000 con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para el financiamiento del Programa de Mejoramiento de la Conectividad Rural en siete departamentos del país, que figura en el orden del día de la sesión ordinaria de mañana, será postergado.
Este proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), sin embargo, varios diputados señalan que beneficia en mayor medida al departamento de Caaguazú.
“Mi postura es no tratar mañana. Nosotros no estamos de acuerdo porque todos los departamentos tienen necesidad, no digo que Caaguazú no lo tenga, me imagino que son innumerables las necesidades que tienen, pero el departamento de Guairá y otros departamentos también lo tienen, podemos postergar”, indicó el legislador en conversación con los medios.
Mientras tanto, Aguilera señaló que está abierto al diálogo, teniendo en cuenta que se podría dar una reunión con el vicepresidente de la República Pedro Alliana sobre esta iniciativa que viene del Ejecutivo. Esta situación está generando desacuerdos, ya que el departamento más beneficiado será el del senador Silvio Ovelar, argumentaron.
“Nunca está demás conversar y si se puede llegar a un acuerdo. El Guairá necesita de muchas inversiones, así que si podemos conseguir que parte de esos 75 millones de dólares vayan también al Guairá y no solamente a Caaguazú. No estoy cerrado a conversar, Beto es un compañero de movimiento, un líder importante dentro y fuera del partido en el Senado, no hay absolutamente nada personal contra él sino pensamos diferente en este proyecto nada más”, señaló el diputado.
Por su parte, el senador Silvio Ovelar, adelantó que se reunirá con el presidente de la República, Santiago Peña y el presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre para abogar y llevar adelante la aprobación del proyecto de préstamo.
“Voy a conversar con el presidente de la República y también voy a conversar con el presidente de la Cámara de Diputados. Nosotros hicimos los trámites correspondientes, nosotros le visitamos al presidente de Diputados, Raúl Latorre, hace cuestión de 15 días con todas las comisiones para explicarle, primero, que el proyecto no es de Beto Ovelar, el proyecto es del Ejecutivo, del Ministerio de Obras”, dijo a los medios de prensa.
Así también, admitió que la mitad de este préstamo irá a su departamento para diversos proyectos. “En un 50 % esos 75 millones van destinado a proyectos de mi departamento. Es una lectura incorrecta nada más, desde mi punto de vista, porque estos son proyectos que hace más de 15, 20 años se iniciaron y varios gobiernos se habían comprometido ejecutar y no lo han hecho”, mencionó el senador.
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