La Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados, presidida por la colorada Marlene Ocampos, en su reunión semanal emitió un dictamen de aprobación al proyecto de resolución “Que pide informe al Poder Ejecutivo-Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), referente al desalojo de una comunidad indígena”.

Específicamente, se requiere información sobre el trasfondo del conflicto que afecta a la comunidad indígena Hugua Po’i del pueblo Mbya Guaraní, situada en el distrito Raúl Arsenio Oviedo del departamento de Caaguazú.

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La citada comunidad mantiene un conflicto territorial con la firma Tres Palmas, que consiguió, recientemente, que unas 70 familias fueran desalojadas de las tierras que ocupan y reclaman como ancestrales.

Recabar datos sobre asistencia

Los diputados, igualmente, consultan y desean conocer si desde el ente rector se brindó la asistencia técnica y jurídica, así como el apoyo correspondiente a la comunidad indígena en los términos del Art. 32, incisos C y G de la Ley Nº 904.781 “Estatuto de las Comunidades Indígenas”.

Así también, se busca conocer si el Indi cuenta con un registro analítico de tierras ancestrales correspondientes a las comunidades indígenas del país.

Por último, se precisa información sobre las acciones que lleva adelante el ente estatal, respecto al creciente índice de desalojos que afectan a comunidades indígenas, de las tierras que ocupan y que son reclamadas, generalmente, como territorios ancestrales. Sobre todos estos puntos, las autoridades del Indi deberán emitir una respuesta en un plazo de 15 días.

Gigantesco operativo policial

En la mañana del pasado jueves 18 de noviembre se concretó el desalojo de 70 familias de la comunidad indígena Hugua Po’i, del Pueblo Mbya Guaraní, ubicada en Raúl Arsenio Oviedo, Caaguazú. Para algunos parlamentarios del frente opositor, el Estado nuevamente violó las normas nacionales e internacionales que protegen a los pueblos indígenas.

En tanto, algunos líderes indígenas denunciaron que el propio Indi habría dado su visto bueno al desalojo de la comunidad que ocupaba unas 1.000 hectáreas que forman parte de su territorio ancestral.

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