La vicepresidenta de la Asociación de Fiscales del Paraguay, Belinda Bobadilla, requirió la urgente aplicación de protocolos de seguridad para sus colegas Verónica Valdez y Jorge Arce, quienes fueron presuntamente amenazados por el exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio. El exsecretario de Estado actualmente afronta un juicio oral y público por cohecho pasivo agravado.

Bobadilla dijo que ambos agentes de la unidad especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción vienen siendo amedrentados de forma constante por Giuzzio, razón por la cual solicitó tomar la situación con la mayor seriedad, considerando el perfil político y las conexiones que mantendría el exfuncionario abdista.

La causa judicial que enfrenta Giuzzio se encuentra ligada a su vínculo con el capo narco brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua. “Se debe aplicar los mecanismos de seguridad teniendo en cuenta el perfil de la persona que realiza el acto de amedrentamiento. Acá no se trata de tener la piel sensible como él mismo manifestó en algunos medios de comunicación, acá se toma lo que una persona dice o hace, con seriedad, teniendo en cuenta no solo el caso de corrupción que están investigando los colegas”, manifestó a la 650 AM.

“Según lo que nos refirieron los dos agentes fiscales, todo esto ya se dio con anterioridad, incluso en una oportunidad Giuzzio golpeó la puerta contra la fiscal Valdez, tiene una actitud prepotente, se observa claramente en los videos. No se trata de episodios aislados, no estamos hablando de un solo episodio”, sentenció Bobadilla.

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Bobadilla acotó: “Giuzzio es un exministro, exsenador, tiene contactos, cuenta con un poder fáctico hasta el día de la fecha. Los agentes fiscales no somos ciudadanos privilegiados, pero sí cumplimos un rol constitucional fundamental. Sobre todo para los fiscales que tienen a sus cargos la investigación de hechos de corrupción de personas con poder político o económico”.

La cámara del canal GEN/Nación Media captó el lunes último el momento en el que el exministro del Interior y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) increpa a ambos agentes del Ministerio Público, apuntando con el dedo. “Vamos a hablar después”, mencionó de manera prepotente tras ser vinculado a Marcus Vinicius por su exviceministro de Defensa Interna, Pablo Ríos, y otros testigos claves que se desempeñaron como funcionarios de la empresa Ombú S.A. del capo narco.

El presunto amedrentamiento de Giuzzio surgió luego de que el fiscal Arce le haya solicitado concentrarse en su defensa como recurso para apaciguar el atropello y garantizar el respeto al debido proceso. “Abranlena chamigo una causa, tenganna huevos. Yo estoy súper concentrado en mi defensa, ustedes lo que tienen que concentrarse después”, dijo el acusado al reclamar imputaciones contra otras personas ajenas a su causa.

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El senador colorado Patrick Kemper salió al paso de las críticas de la oposición, que califica de “farsa” la conformación de las ternas para los cargos principales de la Contraloría General de la República (CGR) tras la inclusión del actual contralor Camilo Benítez, quien busca su reelección.

Kemper afirmó que, bajo la gestión de Benítez, el órgano extrapoder tuvo un crecimiento significativo en los controles y resultados en cuanto a la fiscalización y controlar del uso de los recursos económicos, financieros y patrimoniales del Estado.

El parlamentario manifestó que muchas de las denuncias por hechos de corrupción que actualmente salen a la luz, particularmente en entidades como el Instituto de Previsión Social (IPS), los municipios de Asunción y de Ciudad del Este, son producto de los trabajos realizados por la dirección actual de la Contraloría.

“Esas denuncias son parte del informe de la Contraloría. Gran parte de todas las denuncias que hoy están saliendo de IPS y de otras instituciones son producto del trabajo de los auditores de la Contraloría General de la República. Los datos matan el relato”, manifestó ante la intención de la oposición de desestimando el reiterado discurso opositor, que señala un supuesto intento de copamiento por parte del oficialismo colorado.

El legislador recordó que hasta abril de 2019 las declaraciones juradas eran de carácter reservado, mientras que actualmente más de 1.600.000 declaraciones juradas están disponibles de manera pública, gratuita y de fácil acceso. Según Kemper, esta apertura permitió generar antecedentes para investigaciones por posibles casos de enriquecimiento ilícito.

A la vez destacó el aumento de los informes de análisis patrimonial. “Hasta el 2019 se habían generado 256 informes de análisis patrimonial de gestiones anteriores”, indicó. En contraste, afirmó que entre 2019 y 2026 se realizaron 1.217 informes, lo que representa un incremento del 375 %.

En cuanto a los sumarios por incumplimiento de la obligación de presentar declaraciones juradas, señaló que antes de 2019 no existían procesos de este tipo, mientras que actualmente hay 1.073 sumariados, con multas por G. 8.856 millones, de las cuales aproximadamente el 26% ya fue cobrado.

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Kemper también resaltó el alcance de las auditorías sobre autoridades. “Hoy se hicieron auditorías sobre presidentes, expresidentes, ministros de Corte, exministros de Corte, ministros del Poder Ejecutivo”, manifestó. A esto sumó más de 69 sumariados por conflictos de intereses y 325 informes remitidos al Ministerio Público.

Uno de los datos que consideró más relevantes fue el impacto económico de las investigaciones de la Contraloría. “Hasta el 2019, el resultado del impacto económico de los trabajos investigativos de la Contraloría representaban 35 millones de dólares. Del 2019 al 2026, como bien estaba mostrando el presidente, casi, casi es 1.000 millones de dólares”, puntualizó.

El senador también destacó la digitalización de las rendiciones de cuentas, que actualmente se realizan de manera online, y la incorporación de tecnología para el control del gasto público. A la vez resaltó la implementación de mecanismos de transparencia e integridad. Según indicó, actualmente existen 224 unidades de transparencia y anticorrupción operativas en los tres poderes del Estado.

Por otra parte, defendió el desempeño internacional de la institución y recordó que Paraguay ocupó por primera vez la presidencia de la OLACEFS durante el periodo 2023-2025, tras una elección por unanimidad en México. “No es justo cuando se habla de que esta gestión es ineficiente. Fortalecer una institución como esta es apostar realmente a tener un Estado más eficiente y, sobre todo, que la aplicación de los fondos públicos, producto de los contribuyentes, de todos los paraguayos, sean aplicados de forma eficiente para beneficio de todos ellos”, indicó.

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El líder de la bancada del movimiento Honor Colorado en el Senado, Natalicio Chase, considera factible un plan gradual para cumplir con el reclamo de reajuste salarial que exige el gremio de médicos a través de una huelga iniciada el lunes pasado, mientras sigue el diálogo desde el Gobierno para atender la adquisición de mayores insumos y medicamentos, el pago por los feriados así como el nombramiento de los profesionales contratados.

“Yo estoy totalmente de acuerdo con los médicos quienes exigen una mejor remuneración para su servicios, pero también hay una realidad económica en nuestro país que se debe atender. Buscamos articular un consenso sobre un posible plan de ajustes a lo largo del tiempo”, refirió Chase a los medios de comunicación. “El impacto presupuestario es inmenso, yo creo que los médicos son conscientes de la realidad, se puede llegar a tener consensos sobre un plan de parcialización”.

Las afirmaciones de Chase surgen específicamente sobre el pedido de un aumento directo de G. 3.000.000 por vínculo, solicitando pasar de los G. 5.000.000 actuales a un total de G. 8.000.000 por cada contrato de 12 horas semanales. Los gremios argumentan que, desde 2012, su poder adquisitivo cayó de 2,8 a 1,7 salarios mínimos.

“Queremos ser un puente de entendimiento entre el grupo médico y el Gobierno, y nosotros como representantes del pueblo lo haremos, tenemos que articular soluciones que se puedan dar, tratar de entender las limitaciones que tiene el Estado y cuales son los ajustes que se pueden hacer”, dijo en el marco de la reunión entre senadores que integran la mesa directiva, la ministra de Salud Pública, María Teresa Barán, y el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera.

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Chase no descarta que el ajuste salarial para los profesionales de blanco sea tenido en cuenta en el próximo tratamiento del Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2027. “Claro que es posible, pero el análisis debe hacerse sabiendo donde vamos a recortar. El presupuesto no es infinito, entonces debemos ver cuál es el pronóstico para el año que viene y ver si ese ajuste se hace una sola vez o parcialmente en varios años”, comentó.

Añadió que el levantamiento de la huelga nacional dependerá exclusivamente de la apertura al diálogo entre el Ejecutivo y los médicos. “Nosotros somos el puente para que el entendimiento se lleve adelante, nos preocupa una huelga indefinida ya que la atención médica es uno de los puntos principales en cualquier sociedad y ahora está debilitada con la inasistencia de los médicos, debe solucionarse lo antes posible.

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El exministro de Abdo exigió con prepotencia imputaciones contra terceros que no se relacionan con esta causa.

El exministro del Inte­rior, Arnaldo Giuzzio, tuvo un tenso cruce con los fiscales Verónica Val­dez y Jorge Arce, que preo­cupa al Ministerio Público y a la Asociación de Fiscales por la amenaza a la seguri­dad de dichos agentes; el lunes pasado, al concluir la audien­cia del juicio público y oral en que el exviceministro de Seguridad Interna Pablo Ríos prestó nuevamente declara­ción y complicó aún más al acusado sobre su presunto vínculo narco.

“Declaró durante 4 horas aproximadamente. Entre lo que se puede mencionar como relevante es que se le exhi­bieron comunicaciones que él (Ríos) mismo tuvo con el señor Marcus Vinicius”, resu­mió Valdez a la prensa.

“Él reconoció estas comuni­caciones y entre la informa­ción que se exhibió estuvie­ron fotografías de vehículos, que él reconoció que eran de la Policía Nacional y que esos vehículos fueron reparados efectivamente por el señor Marcus Vinicius a través de su empresa y que él dijo que uno de los vehículos iba a ser apadrinado (o patrocinado)”.

“Aparte de eso, también reco­noció otras comunicaciones que tuvo con él, que estos vehículos estuvieron en su empresa. Reconoció una fil­mación donde estaba uno de estos vehículos. Y esto es rele­vante porque se sostiene efec­tivamente que se recibieron beneficios del señor Marcus Vinicius a cambio de futuras licitaciones”, agregó la agente fiscal.

La próxima jornada se desa­rrollará el martes 1 de setiem­bre, a las 10:30, con la declara­ción de nuevos testigos. Estas circunstancias antecedieron a la inusual situación en que el acusado Giuzzio encaró a los fiscales e interrumpió su diá­logo con la prensa en pasillo de tribunales, exigiendo con pre­potencia imputaciones contra terceros que no se relacionan con esta causa: “Ábranle na chamigo una causa, tengan na huevo”. Para luego rema­tar, con el dedo alzado, ya a las espaldas de los fiscales: “Uste­des lo que tienen que concen­trarse después. Después (con énfasis). Vamos a hablar des­pués”.