Un conflicto de tierras entre productores e indígenas en el departamento de Canindeyú, obligó a las autoridades departamentales a buscar cómo corregir esta situación a través del diálogo entre las partes afectadas, pero denunciaron que Sixto Pereira, senador del Frente Guasú, intervino para que los indígenas no participen del mismo.

La diputada Cristina Villalba, solicitó al comisario general, Luis Arias, comandante de la Policía Nacional, la formación de una mesa de diálogo interinstitucional para el análisis de la situación de la localidad de Corpus Christi en Canindeyú, que sufre por las invasiones a propiedades privadas. Lamentó que no todas las partes hayan acudido a este llamado al diálogo, aunque sí se hicieron presentes los propietarios y productores, no así el grupo de indígenas, acusados de la invasión.

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La presencia de Sixto Pereira

“El día 20 de noviembre, el senador Sixto Pereira estuvo con esos nativos y tenemos reportes de eso y al parecer en esa reunión se trató que ellos no participen de la reunión convocada para destrabar esta situación”, afirmó la diputada. Explicó que tanto ella como el intendente y el gobernador César Ramírez, tienen interés de resolver de manera pacífica este conflicto que se produce en su departamento. “Buscamos que cada uno ocupe el espacio que le corresponde por ley”, explicó Villalba.

Indígenas alquilan sus tierras

Los indígenas tienen asignadas por ley, una propiedad de 5.000 hectáreas, colindantes con la propiedad que fue invadida y que es motivo del conflicto actual en esa zona del país. Villalba explicó que parte de esas 5.000 hectáreas pertenecientes a los indígenas, están siendo arrendadas por terceros, por lo que pidieron al Indi que llegue a verificar esta situación. “Se tiene que ver si eso es algo permitido por la ley y queremos que sean los indígenas quienes exploten esas tierras y no la alquilen”, añadió.

La diputada Villalba pidió la instalación de una mesa de diálogo entre autoridades y afectados por las invasiones a propiedades privadas en Canindeyú. Foto: Gentileza.

Familias afectadas

“Existen al menos 3.000 personas afectadas porque no pueden trabajar en las tierras invadidas, gran parte forman parte de la localidad de Corpus Christi y con esta reunión deseamos enviar un mensaje fuerte a toda la población, que no permitiremos injerencia externa y que haremos respetar la ley y la propiedad privada, basado en los títulos de propiedades”, advirtió la legisladora. Con respecto al desalojo que las autoridades deben cumplir de acuerdo a las disposiciones judiciales, la diputada dijo que si se llegó a ese punto es porque se realizaron todos los pasos legales.

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No queremos otro Curuguaty

El intendente de Corpus Christi, también llegó hasta la sede de la comandancia en Asunción, acompañado de varios productores de la zona y de la diputada. “Con esto buscamos evitar que suceda otro Curuguaty, por lo que tenemos que agotar todas las instancias. Lastimosamente los nativos no llegaron pero nosotros como autoridades tenemos que hacer nuestra parte”, afirmó Riveros.

Denunció que esta práctica, de llevar a cabo invasiones a propiedades privadas comenzó en un lugar y se vienen expandiendo hacia otros sectores, por lo que se vieron motivados a buscar soluciones basadas en el diálogo y pidió a instituciones como el Instituto Nacional del Indígena (Indi) a que participen más por ser una problemática del Estado paraguayo.

“Queremos que el Indi se involucre más en estas cuestiones que afectan a los nativos de la zona de Corpus Christi pero además es una lástima que los nativos no hayan acudido a esta mesa de diálogo”, afirmó el intendente.

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