El embajador Raúl Florentín, representante permanente del Paraguay ante la Organización de los Estados Americanos, manifestó ayer ante el pleno que la OEA no puede permanecer en silencio ante la intención del presidente nicaragüense Daniel Ortega de suprimir las elecciones libres en el país centroamericano, eliminando la participación de opositores, lo que compromete la seguridad hemisférica.

“Deseamos agradecer en primer lugar a la delegación de los Estados Unidos de América por su iniciativa para la convocatoria de esta sesión extraordinaria, que contó con el copatrocinio de Paraguay, así como con el de las delegaciones de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Panamá y Uruguay, a quienes también agradecemos, declaró Florentín durante el debate en que se planteó una reunión extraordinaria de cancilleres sobre este tema.

“Hemos escuchado con suma atención y preocupación a la relatora de Nicaragua o para Nicaragua, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, comisionada Rosa María Payá, a quien agradecemos por su presentación”, agregó el diplomático paraguayo. “Observamos como extremamente graves las declaraciones del dictador nicaragüense Daniel Ortega del 19 de julio pasado, en que mencionó que en Nicaragua nunca más se celebrarían elecciones, así como el posterior anuncio del 24 julio de llevar a cabo una modificación constitucional a inicios de septiembre próximo”.

“Parece hasta irónico que este tipo de declaraciones tengan lugar justamente en el año en que conmemoramos el vigésimo quinto aniversario de la Carta Democrática Interamericana. Solemos escuchar con frecuencia en este ámbito el rol fundamental que desempeña la OEA en materia democrática en la región y el orgullo que representa el despliegue de las misiones de observación electoral, cuya intervención, en no pocas ocasiones, salvó la democracia de los Estados miembros”, puntualizó Florentín.

El representante de Paraguay mencionó otras situaciones histórica vinculantes: “En ese sentido, me permito traer a colación un ejemplo que antecede incluso a la adopción de la Carta Democrática Interamericana, la misión de observación electoral encabezada por el entonces secretario general de la OEA, Joao Clemente Baena Soares, durante las elecciones generales celebradas en Nicaragua en 1990. Hoy sabemos que la presencia de nuestra organización fue determinante para garantizar una transición pacífica y hacer posible la toma posesión de Violeta Chamorro, la primera mujer elegida democráticamente para ejercer la presidencia de la República en el continente americano”.

“Los ejemplos del pasado también nos recuerdan la responsabilidad que como organización tenemos frente al presente y al futuro de nuestro hemisferio. No podemos permitir que la OEA permanezca en silencio ante una situación de esta gravedad, que ha dejado de ser únicamente una cuestión de violaciones de los derechos humanos y de erosión de la democracia para convertirse en un desafío que compromete la seguridad hemisférica”, refirió.

“Esta afirmación no la hacemos solo nosotros. La propia Asamblea General de la OEA, en su resolución 3022, aprobada en junio de 2024 en Asunción, ya advirtió, y cito: ‘La crisis democrática y de derechos humanos en Nicaragua afecta la estabilidad y la seguridad de otros países en la región’. Fin de la cita”, recordó el vocero del gobierno paraguayo.

“La misma preocupación fue reiterada este lunes por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su comunicado de prensa número 15.226. Al respecto, la Comisión señaló, y cito: ‘La intensificación de la represión transnacional del régimen, sumada a la migración forzada de personas nicaragüenses, ha generado serios desafíos en materia de seguridad para otros Estados de la región. A esta situación se suma el impacto del accionar del crimen organizado en Nicaragua y otros países de la región’. Fin de la cita”, acotó Florentín

Continuó: “Por último, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha venido advirtiendo sobre el desacato sistemático de sus decisiones por parte del Estado de Nicaragua, habiendo urgido al Consejo Permanente para la aplicación de garantías colectivas en respuesta al incumplimiento de sus fallos por parte del régimen. Esto es particularmente grave porque atenta contra la efectividad misma del sistema interamericano”.

“Como bien lo señaló el tribunal en el asunto Juan Sebastián Chamorro y otros respecto a Nicaragua, la garantía colectiva se traduce en una obligación que tienen tanto los Estados partes, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como los Estados miembros de la OEA entre sí, de proteger el efecto útil de la Convención Americana y evitar que la justicia interamericana se torne ilusoria”, dijo el embajador en la parte final.

“Me permito aquí agradecer la presencia en sala de la víctima de este emblemático asunto ante la CIDH o la Corte IDH, el señor Juan Sebastián Chamorro. Muchas gracias por estar acá”, indicó al mencionar al precandidato presidencial nicaragüense que pidió una reforma electoral y fue encarcelado por el gobierno de Daniel Ortega, cinco meses antes de los comicios de noviembre de 2021. Chamorro fue liberado en febrero de 2023, y expulsado a Estados Unidos tras serle revocada la nacionalidad.

“Señor presidente, por la gravedad de la situación que representa un abierto desafío a las democracias del hemisferio, me complace anunciar ante este Consejo el copatrocinio de la República del Paraguay al proyecto de resolución presentado por la delegación de los Estados Unidos, a los efectos de activar la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores prevista en la carta de la OEA para considerar la situación grave que estamos viviendo en Nicaragua”, concluyó el embajador de Paraguay.

Estados Unidos y países aliados propusieron ayer miércoles ante la Organización de Estados Americanos (OEA) una reunión extraordinaria de cancilleres para analizar posibles medidas contra Nicaragua, cuyo gobierno quiere excluir a la oposición de las elecciones. Esa reunión debería realizarse antes de septiembre, cuando el régimen nicaragüense prevé aprobar esa reforma constitucional, propuso Michael Kozak, responsable de la oficina para América Latina en el Departamento de Estado.

Washington formuló esa demanda al inicio de una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, que agrupa a todos los embajadores de la organización regional. La moción fue bien recibida por una amplia mayoría, pero México y Brasil formularon reservas. La propuesta debía ser en principio votada este mismo miércoles, pero los representantes levantaron la sesión para seguir negociando.

“Estados Unidos, junto con Argentina, Costa Rica, Panamá y Paraguay, está presionando a la OEA para ir más allá de declaraciones sobre Nicaragua. Es hora de una acción colectiva contra el asalto de la dictadura Murillo-Ortega a las libertades del pueblo nicaragüense y a la estabilidad de nuestro hemisferio. Las palabras solas no han funcionado. La acción está retrasada”, publicó el embajador Leandro Rizzuto, representante permanente de Estados Unidos ante la OEA, en su cuenta oficial de X.

La resolución “sigue en la agenda del Consejo Permanente” pero “se necesitan más conversaciones” explicó una fuente de la OEA a la AFP bajo anonimato. Nicaragua, aislada diplomáticamente en la región, se retiró de la OEA en noviembre de 2023. El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, declaró recientemente que su país iba a acabar con las elecciones, ya que a su juicio la oposición está al servicio de Estados Unidos.

La reforma que irá a debate ante la Asamblea Nacional nicaragüense propone ampliar el periodo presidencial a siete años “prorrogables”. Los opositores, dijo Ortega la semana pasada, son “golpistas” y “traidores a la Patria”. Ortega, de 80 años, y su esposa Rosario Murillo, de 75, cogobiernan con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad, especialmente tras las protestas de 2018 cuya represión dejó más de 300 muertos, según la ONU.

“Se acabó el tiempo de las declaraciones sin acciones. Ahora es el momento de una respuesta formal, institucional y colectiva”, pidió Kozak en su discurso ante los países miembros. La propuesta de resolución “propone convocar una reunión de consulta de ministros de relaciones exteriores para determinar una respuesta colectiva apropiada”, indicó Kozak.

“El texto establece explícitamente que no autoriza el uso de la fuerza armada”, precisó. “Lo que pedimos a este consejo es que defina qué deben decidir los ministros”, añadió el alto funcionario diplomático estadounidense. “En nuestra opinión, los ministros deberían reunirse antes del 1 de septiembre”, añadió.

“Los ministros deberían examinar todo el abanico de opciones lícitas disponibles en los planos diplomático, institucional, económico y de seguridad colectiva”, propuso Kozak ante la OEA. La convocatoria de una reunión de cancilleres es una de las potestades de la OEA, y sería “un espacio propicio” de debate, indicó Uruguay en su moción de apoyo.

En términos similares se expresaron la mayoría de países aliados de Washington, que suponen una mayoría (en torno a 18) en la actual composición del Consejo Permanente. Pero México consideró por su parte que “debe ponderarse adecuadamente la convocatoria a una reunión de consulta” de los cancilleres, y que hay que buscar “canales de diálogo” con Managua, explicó el embajador ante la OEA, Alejandro Encinas Rodríguez. “La organización debe desempeñar un papel constructivo, priorizando la apertura de canales de negociación”, añadió Brasil.

Fuente: AFP.

Los senadores Gustavo Leite y Antonio Barrios, de la bancada Honor Colorado, presentaron este miércoles un proyecto de ley que busca recortar G. 500 mil millones de gastos prescindibles para aplicarlos -de manera inmediata- a medicamentos a través del Ministerio de Salud Pública.

La iniciativa busca autorizar la transferencia de créditos presupuestarios de organismos y entidades del Estado de la administración central a favor de la cartera sanitaria y se proponen medidas excepcionales para su ejecución. “Esto guarda relación con una presentación que yo hiciera aquí hace dos semanas sobre el clamor de la ciudadanía de tener medicamentos en los hospitales a tiempo”, fundamentó ante el pleno el senador Leite.

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Destacó el trabajo de la Comisión Bicameral de Presupuesto que ha identificado más de 500.000 millones de guaraníes de gastos prescindibles que aún no fueron obligados dentro del presupuesto vigente, que “serán aplicados a medicamentos ahora”.

El congresista aclaró que el monto no es para pagar deudas contraídas con farmacéuticas, sino a la compra de “medicamentos nuevos ahora”. “Estoy entregándole esto, está a disposición para los quieran adherirse”, expresó el legislador colorado al pedir al secretario general del Senado que reciba y haga público el documento.

El parlamentario solicitó que el proyecto sea tratado como primer punto del orden del día en la próxima sesión de la Cámara Alta y que las comisiones se reúnan cuanto antes para emitir los dictámenes pertinentes.

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Senadores que integran la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, convocaron a una mesa técnica con representantes de diferentes sectores para evaluar el alcance e implementación de la Ley Nº 7411/2025, que regula el uso de armas de fuego, explosivos, precursores químicos y artículos pirotécnicos.

Asistieron a la reunión, miembros de la Asociación de Comerciantes de Armas de Fuego y de la Cámara Paraguaya de Empresas de Servicios y Sistemas de Seguridad. Así también estuvieron representadas las Asociaciones de Cazadores Deportivos del Paraguay, la Federación Paraguaya de Tiro y el Gremio de Clubes de Tiro. Estos referentes exteriorizaron su preocupación por la lenta implementación de la nueva normativa.

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Según manifestó el vicepresidente de la citada comisión asesora, Rubén Velázquez la aplicación de la ley avanza con lentitud, por lo que dificulta la importación tanto de armas como de municiones. “La intención es que esta nueva ley se implemente de manera gradual, pero con mayor agilidad. Actualmente, los procesos son muy lentos y eso dificulta las importaciones”, refirió.

Dijo que los representantes de los gremios consideran que se trata de una normativa moderna, que resuelve muchos de los problemas que existían en materia de trazabilidad de las armas. Aunque se quejaron su “aplicación aún avanza con demasiada lentitud”, conforme expresó el legislador.

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