• Por Juan Marcelo Pereira
• juan.pereira@nacionmedia.com

Los legisladores Alejandro Aguilera y Derlis Maidana se refirieron sobre el caso judicial que salpica al exministro abdista de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Wiens, quien fue imputado por el Ministerio Público por lesión de confianza y daño a obras construidas, en el marco del fallido proyecto vial Metrobús.

“No podemos desnaturalizar a las instituciones afirmando automáticamente una persecución política cada vez que existe una investigación fiscal. Las causas judiciales deben analizarse en el ámbito técnico y jurídico, no en el político“, dijo Aguilera en una entrevista con La Nación/Nación Media.

Wiens, buscando el ropaje ciudadano, refirió que la justicia se encuentra al servicio del poder, ya que supuestamente el oficialismo colorado pretende “ganar en tribunales lo que no pueden en las urnas”, olvidando que en las internas coloradas del 2022 terminó siendo derrotado ampliamente por el actual presidente de la República, Santiago Peña, del movimiento Honor Colorado.

“El caso del proyecto Metrobús fue una obra de enorme impacto para el área metropolitana y generó muchas esperanzas, la suspensión de las obras generó perjuicios muy serios a la ciudadanía, por lo que la sociedad paraguaya merece conocer la verdad y que exista claridad sobre lo ocurrido“, comentó Aguilera.

El diputado también fue consultado sobre el intento de Wiens en buscar impunidad mediante fiscales a su medida. El dirigente abdista, mediante sus abogados Enrique Kronawetter y Federico Hutteman, terminó recusando a los agentes del caso, Yeimy Adle, Nathalia Silva y Giovanni Grisetti.

“Es importante ser muy responsables y respetar la institucionalidad. Estamos ante un proceso judicial en curso, y en un Estado de Derecho corresponde que sean la Fiscalía y el Poder Judicial quienes determinen responsabilidades, con base en las pruebas y garantizando el derecho a la defensa. Cualquier ciudadano tiene la posibilidad de ejercer los recursos legales que considere pertinentes, como la recusación, y eso forma parte de las garantías procesales”, dijo Aguilera.

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“El discurso de persecución política y las estrategias de sus abogados de recusar a los fiscales, todo eso forma parte de las estrategias defensivas trazadas por el afectado y sus defensores, pero considero que tanto el Ministerio Público, como el Poder Judicial, deben seguir haciendo su trabajo para llegar a un buen esclarecimiento del hecho y ver si existen responsables de lo sucedido“, opinó el senador Maidana.

El acta de imputación fiscal refiere que Wiens, al asumir el cargo de ministro de Obras Públicas en agosto del año 2018, tenía la obligación de resguardar el patrimonio estatal y garantizar la continuidad de las obras del Metrobús, adjudicadas a la firma portuguesa Mota Engil.

Señala también que, antes de la administración de Wiens, el proyecto del Metrobús registraba un avance físico del 40 %. En ese contexto se habían construido seis estaciones, por las cuales el Estado paraguayo pagó la suma de G. 6.924.624.006. Por otro lado, el MOPC, bajo la gestión de Wiens, desembolsó G. 8.030.693.029 para la rehabilitación del tránsito en la zona afectada, mediante obras no contempladas en el contrato y la demolición de lo ya construido.

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• Por Juan Marcelo Pereira
• juan.pereira@nacionmedia.com

Los legisladores Alejan­dro Aguilera y Derlis Maidana se refirieron sobre el caso judicial que sal­pica al exministro abdista de Obras Públicas y Comunica­ciones, Arnoldo Wiens, quien fue imputado por el Minis­terio Público por lesión de confianza y daño a obras construidas, en el marco del destruido proyecto vial metrobús.

“No podemos desnaturalizar a las instituciones afirmando automáticamente una per­secución política cada vez que existe una investiga­ción fiscal. Las causas judi­ciales deben analizarse en el ámbito técnico y jurídico, no en el político”, dijo Agui­lera en una entrevista con La Nación/Nación Media.

Wiens, buscando el ropaje ciudadano, refirió que la Jus­ticia se encuentra al servicio del poder, ya que supuesta­mente el oficialismo colorado pretende “ganar en tribuna­les lo que no pueden en las urnas”, olvidando que en las internas coloradas de 2022 terminó siendo derrotado ampliamente por el actual presidente de la República, Santiago Peña, del movi­miento Honor Colorado.

“El caso del proyecto metrobús fue una obra de enorme impacto para el Área Metro­politana y generó muchas esperanzas, la suspensión de las obras generó perjui­cios muy serios a la ciuda­danía, por lo que la sociedad paraguaya merece conocer la verdad y que exista claridad sobre lo ocurrido”, comentó Aguilera.

El diputado también fue consultado sobre el intento de Wiens en buscar impu­nidad mediante fiscales a su medida. El dirigente abdista, mediante sus abogados Enri­que Kronawetter y Federico Hutteman, terminó recu­sando a los agentes del caso, Yeimy Adle, Nathalia Silva y Giovanni Grisetti.

“Es importante ser muy res­ponsables y respetar la insti­tucionalidad. Estamos ante un proceso judicial en curso, y en un Estado de derecho corresponde que sean la Fis­calía y el Poder Judicial quie­nes determinen responsabili­dades, con base en las pruebas y garantizando el derecho a la defensa. Cualquier ciu­dadano tiene la posibilidad de ejercer los recursos lega­les que considere pertinen­tes, como la recusación, y eso forma parte de las garantías procesales”, dijo Aguilera.

“El discurso de persecución política y las estrategias de sus abogados de recusar a los fiscales, todo eso forma parte de las estrategias defensivas trazadas por el afectado y sus defensores, pero consi­dero que tanto el Ministerio Público, como el Poder Judi­cial, deben seguir haciendo su trabajo para llegar a un buen esclarecimiento del hecho y ver si existen responsables de lo sucedido”, opinó el senador Maidana.

El acta de imputación fiscal refiere que Wiens, al asu­mir el cargo de ministro de Obras Públicas en agosto del año 2018, tenía la obligación de resguardar el patrimonio estatal y garantizar la conti­nuidad de las obras del metro­bús, adjudicadas a la firma portuguesa Mota Engil.

El nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, expuso los lineamientos estratégicos que orientarán la gestión institucional durante el período febrero 2026–febrero 2027, en concordancia con el Plan Estratégico Institucional 2026–2030.

El acto fue precedido por palabras del presidente saliente, César Diesel, quien destacó el trabajo desarrollado y formalizó la transición institucional. Participaron también los vicepresidentes primero y segundo, doctores Luis María Benítez Riera y Gustavo Santander Dans, integrantes del Consejo de Superintendencia.

Durante su intervención, el nuevo titular de la máxima instancia judicial destacó que la conducción del Poder Judicial es una responsabilidad colegiada, señalando que el liderazgo institucional recae en el Pleno y no en una persona en particular. En ese contexto, anunció que la gestión se desarrollará sobre ejes programáticos alineados con el Plan Estratégico Institucional 2026–2030, priorizando eficiencia administrativa, modernización tecnológica y mecanismos de transparencia.

Entre los desafíos centrales mencionó el fortalecimiento del Registro Unificado Nacional (RUN), herramienta estratégica para el desarrollo económico y para el ordenamiento progresivo de situaciones registrales pendientes.

Señaló que su implementación constituye un proceso técnico de largo alcance orientado a dotar de mayor seguridad jurídica al sistema registral. En materia de transparencia institucional, anunció el fortalecimiento del Observatorio de Causas Judiciales Emblemáticas mediante la incorporación de personal permanente, con el objetivo de consolidar un servicio estable de información pública sobre causas de interés ciudadano.

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Asimismo, confirmó la continuidad del sistema de publicación de conclusiones de auditorías internas, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes. En el ámbito tecnológico, informó que se impulsará una plataforma accesible para el seguimiento de denuncias ciudadanas, permitiendo mayor trazabilidad y transparencia en la gestión administrativa.

Respecto a la digitalización de procesos, anunció el inicio progresivo de la digitalización de los trámites de nacionalización que se sustancian en la Sala Civil, así como de los sumarios administrativos vinculados al ejercicio de la competencia disciplinaria de la Corte Suprema de Justicia. El proceso comenzará con la digitalización de notificaciones dirigidas a funcionarios, abogados y escribanos.

Como plan piloto, se prevé la implementación de un sistema de control biométrico para personas procesadas o condenadas que cumplen medidas alternativas en sus domicilios, con el objetivo de optimizar el registro de comparecencias y fortalecer los mecanismos de control. Asimismo, señaló que se trabajará en la reorganización de los modelos de gestión en los juzgados, adecuándolos a la realidad del proceso judicial digital, en coordinación con la Dirección General de Planificación y Desarrollo.

En materia de fortalecimiento institucional, se proyecta avanzar en la digitalización progresiva de juzgados de Paz, con una meta estimada de hasta 59 unidades durante el año, conforme a disponibilidad operativa, dando continuidad a los procesos iniciados recientemente en J. Augusto Saldívar y Capiatá, como parte de un progreso gradual orientado a reducir la dependencia del expediente físico.

Posteriormente destacó la reciente implementación y ampliación del Sistema Integral de Gestión de los Registros Públicos (SIGRE), herramienta que permite la realización de trámites a distancia y que continuará incorporando mejoras progresivas. El presidente concluyó señalando que estos lineamientos constituyen una síntesis inicial de trabajo para el período, cuyo desarrollo será informado oportunamente conforme avance la gestión.

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Este jueves, en el penal de Villarrica se confirmó la muerte del Isaías Raúl Torres, que en el 2017 fue condenado a 40 años de cárcel por matar por placer a un locutor. Esta persona se sintió mal durante la noche de ayer y, pese a la reanimación realizada por paramédicos, no se pudo hacer nada para salvarlo.

El fiscal Pedro Martín Escalada intervino en la penitenciaría y ordenó que el cuerpo de Torres, un ciudadano argentino de 37 años, sea trasladado hasta la Morgue Judicial de Asunción para la autopsia.

Según datos aportados por guardiacárceles, el hombre indicó que se sentía mal estando en el pabellón 1 de la penitenciaría y fue auxiliado por los guardias, que lo llevaron hasta el área de enfermería, donde el personal de sanidad hizo todo lo posible por estabilizarlo y reanimarlo, pero falleció en el intento.

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Isaías Raúl Torres y Gissella Eliana Milea Otto fueron condenados a 40 años de cárcel tras ser hallados culpables por la muerte del locutor radial Agustín Emmanuel Bogado Quintana, de 32 años, quien fue asesinado en su propia vivienda con una manopla de hierro, el 8 de febrero del 2013.

Gissella Eliana Milea Otto falleció en el año 2018 tras quitarse la vida en su celda en el centro de reclusión Buen Pastor, en Asunción. El Tribunal de Sentencia en aquella oportunidad habría indicado que el crimen del locutor fue por placer y se trató del primero que se registró en Paraguay.

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