El intendente interino de la ciudad de Villarrica, departamento de Guairá, Alejandro Aguilera (ANR-HC), pidió de motu proprio que la Contraloría General de la República audite su gestión al frente de la municipalidad. El joven jefe comunal saliente asumió en febrero de este año la vacancia dejada por Gustavo Navarro, quien renunció al cargo buscando su reelección, pero perdió por más de 3.000 votos.
“Solicité que se haga una auditoría exhaustiva de toda mi gestión, ya que mañana voy a estar entregando el municipio de la ciudad de Villarrica, mañana fenece mi periodo. También acerqué todas las documentaciones a la administración para que la Contraloría pueda realizar su trabajo”, dijo en contacto con La Nación.
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Pregonan transparencia
Aguilera, quien forma parte del movimiento Honor Colorado, indicó que su accionar forma parte del compromiso asumido desde un principio y que es pregonar la transparencia. “Es responsabilidad nuestra demostrar que nuestra administración no tiene absolutamente nada que ocultar”, expresó el intendente villarriqueño, quien entrega el mandato el día de mañana.
Asimismo, indicó que esta presentación también obedece a la manipulación mediática que existe en la ciudad de la mano de un conglomerado de medios de comunicación de la familia Sosa, cuyo hijo es candidato a gobernador. Indicó que todos los días intentan instalar una mentira acerca de su gestión, por lo que con la auditoría de la CGR se refutarán estas acusaciones infundadas.
“Para que no quede ninguna duda de que no tenemos absolutamente nada que esconder, personalmente fui a pedir a la Contraloría que al entregar mi administración se instale en Villarrica y revise lo que tenga que revisar”, aseveró el jefe comunal interino.
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Minería y medioambiente: buscan consensuar una ley sobre uso de químicos
Este lunes se desarrolló la audiencia pública sobre el proyecto de ley que plantea la prohibición del uso de cianuro de sodio en piletas y mercurio en procesos de producción minera. Al término del encuentro, el diputado Alejandro Aguilera, proyectista de la iniciativa dio detalles sobre los puntos abordados.
“Buscamos un punto intermedio, que se trabaje respetando el medioambiente, los mineros dicen que ellos cumplen con todas las leyes vigentes hoy, que están sometidos a los controles y que no tienen ningún problema en que se los siga controlando, pero nosotros tenemos denuncias que no podemos hacer caso omiso, vamos a seguir analizando esto”, enfatizó el legislador.
En este encuentro estuvieron presentes mineros de Paso Yobái, representantes de empresas concesionarias, el intendente de ese distrito, Óscar Chávez, técnicos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y referentes de la sociedad civil.
“Fue un espacio importante de diálogo. Nos munimos de mucha información. Los mineros fueron escuchados, dieron sus versiones sobre los trabajos que realizan, y también se presentaron investigaciones”, detalló Aguilera. El parlamentario admitió que existe una postura dividida respecto al uso de cianuro.
“Los representantes del Mades manifestaron que actualmente no existe un químico que reemplace al cianuro en los procesos mineros y que dentro de los elementos utilizados, este es el menos nocivo. No así el mercurio, cuya utilización ya está desaconsejada por acuerdos internacionales. Sin embargo, hay sospechas de que aún se estaría utilizando. El Mades negó esa información, alegando no contar con registros de su uso”, explicó.
Aguilera señaló que el proyecto será analizado en varias comisiones, como la de Minas y Energía, antes de avanzar en el tratamiento parlamentario. “Vamos a estudiar y profundizar este tema para llegar a una solución que beneficie a la comunidad. No estamos en contra de la minería; reconocemos que genera empleo en Guairá. Pero también tenemos la responsabilidad de velar por el medioambiente”, sostuvo.
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Mediante la iniciativa, se plantean sanciones significativas para quienes violen la prohibición que van desde penas privativas de libertad de cinco a diez años y multas de 500 a 2.500 jornales mínimos. En casos graves, esto puede aumentarse de seis a doce años, con multa de 1.000 a 5.000 jornales mínimos.
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CGR entregó informe de gestión al Congreso: más de USD 160 millones de indicios de hechos punibles
En cumplimiento al mandato constitucional, el contralor general de la República, Camilo Benítez, entrego este lunes al presidente del Congreso Nacional, senador Basilio Núñez, el informe de gestión anual de la Contraloría General.
En conferencia de prensa, el contralor Benítez explicó que este documento contiene todas las actividades de control que han llevado adelante el año pasado. Todas las auditorías financieras, tanto de cumplimientos, fiscalizaciones especiales, los exámenes de correspondencias, como reportes de indicios de hechos punibles con millonarios montos afectados.
“Los reportes de indicios de hechos punibles arrojan una cifra que no es menor, más de 160 millones de dólares, que ya fueron remitidos al Ministerio Público”, precisó.
Agregó que el informe entregado explica además la nueva capacidad que tiene la CGR después de haberse promulgado la Ley de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción.
“La Contraloría siempre ha tenido y sigue teniendo un aspecto represivo contra la corrupción. Pero, hoy cuenta también con otros aspectos, que tienen que ver con la prevención de la corrupción, promoviendo la cultura de integridad, transparencia y de rendición de cuentas”, acotó.
Control del Hambre Cero
Mencionó que el principal control que llevan adelante tiene que ver con el programa “Hambre Cero en las Escuelas”. “Creemos que es el desafío más grande que tiene el Poder Ejecutivo, y nuestra responsabilidad es ser custodio del control del servicio de alimentación”, precisó.
Al respecto, indicó que la CGR ha llevado adelante más de 400 verificaciones in situ. “Nosotros creemos que sin el control concurrente de la Contraloría, el servicio de alimentación escolar se podría ver perjudicado. Creemos que este rol de vigilantes que tenemos hace que las empresas lo tomen más en serio y puedan proveer el servicio todos los días”, acotó.
Explicó que por ley constitucional, la CGR debe realizar la presentación anual de la gestión que lleva adelante y esperar que el Senado lo pueda analizar. Mencionó que el informe que entregó en la fecha es un complemento al que presentarán más adelante, que tiene que ver con la ejecución presupuestaria 2024 del Gobierno.
Importantes avances
A su turno, el senador Basilio Núñez, titular del Congreso, resaltó que desde el Senado considera que se está avanzando y mejorando el sistema de control, cumpliendo de ese modo el rol constitucional que le compete al Poder Legislativo.
“Creo que estamos yendo por buen camino, que se fortalece con la asistencia del contralor y su equipo. Estamos fortaleciendo departamentos como la Auditoría Interna, estamos implementando el MECIP (Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay), que no se implementaba como debía ser en periodo anteriores, pero ahora hay una voluntad política de hacerlo”, acotó.
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¿Cuánto se ha avanzado en mejorar la seguridad?
El martes 1 de julio será la presentación del informe de gestión del presidente Santiago Peña ante el Congreso. En este contexto, el ministro del Interior, Enrique Riera, dio detalles sobre las acciones de su cartera en pos de mejorar la seguridad, una de las aristas más importantes para este gobierno, según el propio mandatario.
En conversación con La Nación/Nación Media, Riera destacó la implementación del plan estratégico institucional de la cartera, previsto hasta el año 2028. Según explicó, este plan se articula en tres ejes: el fortalecimiento de la Policía, la mejora de la seguridad ciudadana y el afianzamiento de la gobernabilidad democrática mediante la coordinación con instituciones públicas, especialmente con las 17 gobernaciones y 263 intendencias del país.
Uno de los pilares señalados por Riera fue la implementación de la ley n.° 7280 de Reforma y Modernización de la Policía Nacional, con una inversión de alrededor de USD 100 millones destinados a demandas sociales históricas dentro de la institución. A esta medida se sumó una inversión de más de USD 90 millones, proveniente de la Itaipú Binacional, para equipamiento y fortalecimiento operativo.
Reforma policial
La modernización se estructuró en dos etapas: la primera enfocada en el bienestar policial y la segunda en la operatividad. Entre las acciones realizadas, el ministro mencionó la incorporación anual de 5.000 nuevos aspirantes con capacitación orientada al servicio efectivo, así como mejoras tecnológicas, equipamiento logístico y procesos de depuración interna.
Se destacó la exigencia legal del test de integridad (polígrafo) para los ascensos, aplicada actualmente a toda la cúpula del Comando institucional, y la elevación jerárquica de la Dirección General de Asuntos Internos.
En cuanto a recursos, Riera detalló la incorporación de 1.000 motocicletas, más de 600 camionetas, 2.800 radios con GPS, 1.500 chalecos balísticos (con previsión de compra de 8.000 más), así como el egreso de cerca de 5.000 nuevos agentes, entre ellos 224 Linces.
Mayor equipamiento
Además, se instalaron 1.200 computadoras, se integró el sistema de inteligencia Bravo, se actualizó el sistema Guardián y se proyectó la entrega de 1.971 teléfonos móviles para 600 comisarías, 300 subcomisarías y 150 puestos policiales.
El ministro también mencionó la incorporación de tobilleras electrónicas para el monitoreo de casos de violencia intrafamiliar, bajo un decreto firmado en 2023. Además, se amplió el sistema de videovigilancia del 911 con más de 931 cámaras operativas, 15 instaladas en hospitales del Instituto de Previsión Social (IPS) y otras 150 en puntos semafóricos de Asunción.
En el área operativa, la institución apunta a alcanzar 57.000 efectivos policiales, acercándose al estándar internacional de 300 policías por cada 100.000 habitantes en turnos de ocho horas, conforme a criterios de la ONU.
En total, desde 2023 se detuvieron a más de 34.000 personas, aunque solo 8.000 fueron procesadas, lo cual, según Riera, revela la necesidad de una mayor articulación con el sistema judicial.
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Lucha contra las adicciones
El informe también hizo énfasis en el Plan Sumar, que ahora entra en una segunda fase denominada “Sumar en tu barrio”. Esta etapa implica acciones conjuntas con los ministerios de Educación y Salud, así como visitas semanales a los 19 distritos de Central y todos los barrios de Asunción. El objetivo es abordar integralmente la problemática del consumo de drogas entre jóvenes, que según cifras oficiales afecta a unos 90.000 menores de 25 años en la zona.
El enfoque del plan es ofrecer atención primaria en salud, fortalecer la comunidad educativa e intervenir directamente con organizaciones civiles y comités barriales, para lo cual se han conformado comisiones de seguridad comunitarias en coordinación con autoridades locales.
En materia de estadísticas, el Ministerio del Interior reporta que Paraguay se ubica entre los países con tasas de homicidio más bajas de la región, con una tendencia decreciente en los hechos punibles desde 2022. Entre 2023 y 2024 se registraron 4.000 denuncias menos y se incrementó el porcentaje de delitos esclarecidos.
Por último, el perjuicio económico ocasionado al narcotráfico por incautaciones de cocaína, crack y marihuana, entre julio de 2024 y mayo de 2025, fue estimado en más de USD 60 millones.
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Jueces realizan jornada de trabajo en la Penitenciaría Regional de Villarrica
Desde la Corte Suprema de Justicia informaron que este viernes Jueces de Ejecución Penal y de Garantías del departamento de Guairá, junto con funcionarios de la Coordinación de Supervisión Penitenciaria de la Corte, realizaron una jornada de control y verificación en la Penitenciaría Regional de Villarrica.
Indicaron que el presidente del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Guairá, magistrado Juan Carlos Bordón, recibió a los funcionarios judiciales a fin de coordinar las labores previstas.
“En la oportunidad se desarrollaron entrevistas programadas con personas privadas de libertad (PPL), con el objetivo de recabar información sobre la situación procesal de sus respectivas causas”, expusieron.
Participantes
Según indicaron, de la catividad participaron los jueces penales de Ejecución y de Garantías:
- Marlene Romero, Derlis Johnny Duarte (1.er Turno)
- Marcela Mallorquín (2.º Turno)
- Dionicia Alfonso (3.er Turno)
- Juan Ruiz Díaz (4.º Turno)
- Marcelo Ramírez (5.º Turno)
- Porfirio Martínez (juez penal de Garantías de Colonia Independencia)
- Omar Baeza (juez de Ejecución Penal de Caaguazú).
También estuvieron presentes representantes del Ministerio de la Defensa Pública, abogados:
- Rosa Bernal
- Abel Téllez
- Cristian Fernández
- Edgar Vázquez
Estos trabajaron de forma conjunta con el equipo de la Coordinación desde tempranas horas. Asimismo, participaron representantes del Ministerio de Salud.
La doctora Lilian Luraschi, encargada de la Coordinación de Supervisión Penitenciaria de la CSJ, participó de la actividad junto con su equipo técnico.
La iniciativa tuvo como finalidad brindar asistencia jurídica y procesal a las personas privadas de libertad, mediante intervenciones articuladas entre los jueces penales de Garantías y de Ejecución, con la colaboración del director del establecimiento penitenciario, Darío Cristaldo, quien facilitó la provisión de datos para el seguimiento de los procesos.