El presidente del Congreso Nacional, el senador Basilio Núñez, lamentó la férrea defensa que sigue ejerciendo la oposición al destituido intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El líder del movimiento Yo Creo fue apartado ayer del cargo mediante una amplia mayoría en la Cámara de Diputados, tras graves irregularidades confirmadas por una intervención.

“Los opositores que quieren ser gobierno defendieron hechos de corrupción que fueron verificados, constatados; en vez de llevar en alto la bandera de la transparencia. La ciudadanía con todo esto sacará sus conclusiones. Con esto se ve la incoherencia de estas personas“, sostuvo Núñez en una entrevista con el programa “La caja negra”, emitido por Unicanal.

Entre los principales hechos de corrupción que motivaron la destitución de Prieto figuran el uso de comisiones vecinales para saquear el dinero de la comuna, las cuales, según el interventor Ramón Ramírez, eran “simples fachadas”. Otro de los puntos guarda relación sobre el uso de los recursos canalizados mediante el Consejo Local de Salud, entre el 2019 y 2022, que alcanzaron más de G. 10.500 millones, que demuestran serios incumplimientos a las normativas vigentes.

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Asimismo, el senador comentó que “un total de 50 denuncias tiene Miguel Prieto. Ojalá la Fiscalía General de Estado y el Poder Judicial no se presten a las chicanas. En su gestión hubo robos asquerosos con protección de un gran sector mediático“.

“La caída de Prieto ya era algo anunciado, él cometió varios tipos de corrupción, esto iba a llegar más temprano que tarde. Yo celebró porque no debemos olvidar que fue un intendente corrupto que robó durante la pandemia mediante la compra de víveres”, repudió Núñez.

En el informe final de la intervención, a cargo del economista Ramón Ramírez, se refiere que G. 6.000 millones se destinaron a obras y refacciones que fueron ejecutadas sin ningún tipo de control técnico ni administrativo, lo que impide determinar si esas inversiones realmente se realizaron como figuran en las facturas presentadas, o siquiera si se hicieron.

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Entre las irregularidades detectadas durante la gestión de Prieto se encuentra una presunta malversación por G. 29.000 millones. El desfalco guarda relación con dinero que debía destinarse en obras y bienes de capital, pero habría sido desviado para cubrir gastos corrientes, transferencias y pago de deudas, según reveló el economista Ramírez.

Prieto contaba con una partida presupuestaria equivalente a G. 83.000 millones, que estaba asignada al financiamiento de gastos de capital. Ramírez también presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público, luego de detectar la presunta existencia de una caja paralela, cuyos recursos fueron recaudados por diferentes impuestos, sin embargo, no ingresaron finalmente a las arcas de la comuna. Señaló que existiría un daño patrimonial de unos G. 75 millones que no registraron entrada a Tesorería.

El presidente de la República, Santiago Peña, reafirmó su compromiso en defensa del consumidor e informó que desde el Gobierno se están realizando estrictos controles en los supermercados, expendios de alimentos, incluyendo también a los frigoríficos, no solo en la calidad, sino también en el control de los precios, como una política de Estado.

“Cuando nosotros empezamos a ver que este aumento de las ventas venía gran parte en detrimento de precios sobre la canasta básica, nosotros dijimos, tenemos que salir a controlar y a defenderle al consumidor. Nuestra decisión es: vamos a cuidar al consumidor, que hoy lastimosamente está indefenso”, dijo el mandatario este domingo en entrevista al programa “Mina en casa”.

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El jefe de Estado explicó que, en los últimos 22 meses, en el registro de indicadores mensuales, ha habido un continuo crecimiento, que no se veía desde el 2006, 2007 y 2008.

“Nunca la economía ha crecido durante tanto tiempo; ahora, muchos de estos números, de las estadísticas macroeconómicas, no se reflejan en un bienestar de la clase media, la clase baja, y eso en gran medida es porque el Estado ha sido muy exitoso en construir la estabilidad macroeconómica, que le beneficia al gran empresario y una red de protección social que le ayuda al más vulnerable”, indicó.

En este sentido, se refirió a la clase media, que se encuentra en el medio, y es el sector que está más indefenso ante la mano invisible del mercado. “Nosotros tenemos que cuidar el capitalismo de los abusos de los capitalistas y en el Paraguay nosotros tenemos tres instituciones principalmente, que son muy nuevas”, apuntó.

Peña se refirió a la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco), institución que parte de los paraguayos no sabe que existía, era una institución opaca, muerta. “Entonces, la primera medida fue traer a la mesa Sedeco, yo debo ser el primer presidente de la República que se reúne con la ministra de Sedeco”, detalló.

Así también, citó a la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom), que es “una institución que tiene que evitar que los grandes grupos económicos que tienen un poder monopólico u oligopólico usen ese poder en detrimento del consumidor”.

Y como tercera institución de control, el mandatario mencionó a la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), que es para los que están en la industria farmacéutica, para control de los medicamentos. “Nosotros pasamos una reforma que pusimos al mismo nivel, así como controlamos los medicamentos, también tenemos que controlar los alimentos”, afirmó Peña.

Por otra parte, el presidente se refirió al caso de la cadena de minimercado mediatizado la semana pasada. “La medida no tiene que ver con Biggie, y tiene todo que ver con el consumidor. Nosotros estamos cumpliendo dos años y la verdad que los números macroeconómicos son buenos, eso dicen las estadísticas”, aseveró.

En este caso, contó que fue advertido de las “consecuencias”, teniendo en cuenta que la cadena también pertenece a un grupo de medios, pero aclaró que el mismo control se está realizando en otros locales, supermercados, expendios de alimentos y frigoríficos.

“Hoy la noticia es Biggie, porque también ese medio de comunicación que es propiedad de Biggie le ha dado destaque, pero en realidad nosotros estamos haciendo un control sobre todas las cadenas, todos los supermercados, todo lo que es expendio de alimentos y principalmente controlando, nosotros estamos haciendo investigaciones, qué está pasando en los frigoríficos, cómo se están fijando los precios”, sentenció.

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Por primera vez Europa no ha registrado incautaciones de cocaína con origen en Paraguay durante 2025, según el informe de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) sobre el comportamiento del tráfico marítimo de cocaína entre 2019 y 2025.

El documento detalla que, hasta la fecha, las estadísticas marcan cero decomisos en puertos europeos de cargamentos procedentes de nuestro país, un hecho sin precedentes en el periodo analizado. En contraste, los años previos muestran un flujo constante de incautaciones.

En 2019, Paraguay fue origen del 1,85 % de las aproximadamente 202 toneladas de cocaína decomisadas en Europa, lo que representa 3.720 kilos de la cocaína incautada. En 2020, la participación subió a 2,94 % de unas 213 toneladas, llegando a los 6.103 kilos de la sustancia ilícita que partió desde nuestro país.

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El salto más notable ocurrió en 2021, cuando se alcanzó un 10,57 % sobre un total de 303 toneladas, equivalente a más de 32 toneladas de droga que surcó de puertos paraguayos con destino a Europa.

La tendencia decreció un poco en 2022, con un 2,63 % de las 323 toneladas decomisadas, es decir, un total de 7.481 kilos, pero volvió a subir en 2023 llegando a los 13.523 kilos decomisados, impulsado por cargamentos récord detectados en Bélgica y España.

En 2024, la cifra cayó de forma drástica al 0,89 % de las 405 toneladas incautadas en el continente, un total de 3.600 kilos fueron incautados el 3 de septiembre en Portugal, y la mejor estadística se ha logrado en el 2025, de los 77.859 kilos de cocaína que fue decomisada en Europa, ninguno corresponde a Paraguay.

Cabe mencionar que durante el gobierno de Mario Abdo se flexibilizaron los controles en puertos y la gestión de Arnaldo Giuzzio al frente de la Senad, desmanteló las bases de la institución que se encontraban en las zonas portuarias y como resultado se obtuvo los kilos y kilos de cocaína decomisada. Ya durante este Gobierno, se volvieron a instaurar y endurecer los controles que llevaron a cero la incautación de cocaína.

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El titular de Petróleos Paraguayos (Petropar), Eddie Jara, manifestó que mediante las gestiones impulsadas en los dos años del gobierno de Santiago Peña, se evitó una posible quiebra técnica de la firma estatal. Detalló que encontraron balances financieros “muy golpeados” con gastos que podrían haber llevado al ente a convertirse en la siguiente Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco).

“Cuando llegamos (agosto del 2023) encontramos a Petropar en el puesto cuarto o quinto en participación de mercado. Se destruyó el valor del posicionamiento de la marca Petropar, lo que generamos hasta el 2018 y esto es lo que quiso el Gobierno anterior“, sostuvo a la 1020 AM.

Asimismo, Jara acotó: “Hay indicadores como los estados financieros, las ventas a la red, cuanto vendía y debía cada operador exponen que no había gestión. Hay que ver qué foco tenía el gobierno de Abdo Benítez y preguntarnos si ese interés estaba relacionado a quien financió su campaña política“, indicó.

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Recordó que durante el gobierno de Horacio Cartes, dejaron a la administración de Abdo Benítez una Petropar bastante saludable, con un patrimonio positivo con una caja equivalente a USD 200 millones.

“Los estados financieros de Petropar actualmente están reflejando las gestiones que venimos realizando desde agosto del 2023. Nosotros encontramos balances golpeados. Si se mantenía la tendencia de lo que se venía gastando y como se venía manejando la empresa, hoy éramos Copaco”, refirió.

Detalló que entre las acciones que fueron implementadas bajo el gobierno de Peña para sacar nuevamente a flote la institución fue la erradicación de la superpoblación de funcionarios. “Encontramos que de 800 personas, Petropar pasó a tener 1300 personas durante el periodo 2018-2023. Lo primero que hicimos fue sacar gente. Sacamos casi 500 personas en los primeros tres meses de la a. Era imposible pagar tanto”, cuestionó.

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