Eduardo González, apoderado de la Asociación Nacional Republicana (ANR), criticó que Luis Alberto Wagner, exsenador y dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), sin ser candidato tenga en su poder una considerable cantidad de dinero en efectivo a días de las elecciones municipales del próximo domingo, sin tener en cuenta la ley de financiación y trazabilidad.
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Wagner explicó a los medios presentes que gran parte del dinero en efectivo que le fue arrebatado y luego recuperado del poder de los asaltantes estaba dirigida a las elecciones municipales del próximo 10 de octubre. El resto, cerca de G. 40 millones, estaba destinado a la compra de un terreno familiar.
En principio mencionó otros montos y luego agregó: “G. 120 millones para tratar de tener 7 a 8 mil votos, no es mucho”, dijo el exsenador sin precisar a qué concretamente se refería.
“Luis Alberto Wagner debe explicar por qué tenía G. 100 millones para las elecciones. Él no es candidato. ¿Para quién era el dinero? ¿Él declaró ese monto por ley de financiamiento político? El PLRA debe cumplir con la ley y demostrar la trazabilidad de la misma”, escribió González.
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Recordó además que Wagner es miembro del Directorio del PLRA y no pugna por ningún cargo en estas elecciones municipales. “El PLRA entregó bonos y no dinero a los candidatos, entonces por qué él va a tener G. 100 millones en efectivo para las elecciones si hay una ley de financiamiento político que a todos obliga a informar del origen de todo dinero”, añadió.
Antecedente
Un grupo de al menos cinco hombres, algunos de ellos portando armas de fuego, ingresó a la casa de la familia del dirigente y exsenador liberal Luis Alberto Wagner buscando una gran cantidad de dinero en efectivo.
Los asaltantes lograron hacerse de un botín de alrededor de G. 185 millones, pero el dinero fue recuperado finalmente por los agentes de la Policía Nacional tras un enfrentamiento a tiros con los asaltantes.
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Defensores de Prieto no refutan las acusaciones en su contra
El diputado liberal Adrián “Billy” Vaesken participó del programa “Fuego cruzado”, emitido por el canal GEN/Nación Media, para debatir sobre el pedido de intervención de la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, que desde la oposición es calificada como una persecución política, evadiendo las denuncias de graves irregularidades.
El legislador expresó que este pedido de intervención es “inconstitucional y un garrote político”.
“Nosotros, desde la oposición, ya tenemos una postura bien definida, creemos que es inconstitucional la solicitud que hace la Contraloría General de la República, que está siendo utilizada como un garrote político, esa es nuestra visión, eso es lo que vemos y lo que sentimos”, refirió el legislador.
Con relación a la conformación e integración de la comisión de intervención en la Cámara de Diputados, indicó que, como bancada C del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), decidieron no participar. “Mi bancada y la bancada PL, del Partido Liberal, hemos decidido no integrar las comisiones de intervención, porque en primer lugar creemos que es inconstitucional y, segundo, porque funciona como un garrote político”, expresó.
NEPOTISMO ADMITIDO
Por otra parte, sobre el caso de nepotismo, admitido públicamente por el intendente esteño en una entrevista televisiva, el legislador excusó: “Están en cargos de confianza, son nueve puntos (en el informe de la Contraloría), en los puntos más importantes no pone como punto relevante el tema de nepotismo. Yo estuve investigando y son cargos de confianza, los cargos de confianza él (el intendente) lo puede disponer”.
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Paraguay pierde competitividad y grandes oportunidades de negocio sin Ley de Caña de Azúcar
La importancia de fortalecer al sector cañero paraguayo, que produce uno de los azúcares orgánicos más reconocidos de la región, fue abordada durante el encuentro anual de la Red de Azúcar CLAC (Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio Justo) que se llevó a cabo en la ciudad de San Bernardino con representantes de Costa Rica, El Salvador, Ecuador, República Dominicana y Alemania.
En la oportunidad, Ramona Vargas, presidenta de la Coordinadora Paraguaya de Productores de Comercio Justo, manifestó que “Paraguay tiene todo para crecer como potencia azucarera en la región, tierra fértil, tradición productiva y oportunidades de exportación; sin embargo, le falta lo más importante, una ley que ordene y fortalezca al sector productivo con garantías”.
Esta premisa fue secundada por los participantes, expertos nacionales, regionales y autoridades, que coincidieron en la necesidad de que el Congreso trate y apruebe el proyecto de ley de la Caña de Azúcar presentado hace más de cinco años. “Necesita ser llevado a pleno para ser una realidad”, remarcaron.
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Durante el encuentro se presentaron también avances técnicos, oportunidades de mercado y casos concretos que demuestran las oportunidades que posee Paraguay. “No se trata solo de producir caña de azúcar, estamos hablando de empleo, desarrollo rural, justicia social y acceso a mercados internacionales”, enfatizó Vargas.
Trazabilidad
La caña de azúcar representa un pilar clave para la agricultura familiar, generando trabajo para más de 185.000 personas de forma directa e indirecta en todo el país.
Hoy en día los mercados internacionales como Estados Unidos, la Unión Europea o Asia no compran solo por precio, sino que exigen productos con normas claras, respaldo institucional y trazabilidad. “Sin una ley, Paraguay pierde competitividad y grandes oportunidades de negocio”, explicó la experta alemana, Monika Berresheim.
Por su parte, Jonathan Romero, productor de caña de azúcar de El Salvador, compartió que su país cuenta con una ley desde el 2001, que protege el cultivo de la caña de azúcar y genera garantías a los productores.
“Esta ley fue creada para garantizar la estabilidad económica y la transparencia para los productores, en El Salvador, el 3 % del PIB depende directamente del sector azucarero”, graficó.
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Mexicanos acuden el domingo a las urnas para elegir a todos sus jueces
- México. AFP.
Los mexicanos empezarán a elegir el próximo domingo a todos sus jueces, un ejercicio inédito en el mundo que el oficialismo de izquierda defiende como panacea contra la impunidad, pero que según sus críticos consolidará un régimen autoritario y abrirá una rendija a los criminales. La elección es fruto de una reforma impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), quien enfrentó el bloqueo judicial a ambiciosos proyectos, desde cambios constitucionales hasta grandes obras.
Su sucesora y copartidaria, la izquierdista Claudia Sheinbaum, argumenta que el voto popular ayudará a reducir los intolerables niveles de impunidad: 90% de casos sin sentencia. Pero para sus detractores, el verdadero objetivo es controlar el poder judicial y acabar con el único contrapeso al oficialismo, que domina el legislativo y la mayoría de gobernaciones.
“Hay quienes dicen que el pueblo no sabe. Pues están muy equivocados. El pueblo es muy inteligente y sabe por quién va a votar”, asegura la popular mandataria, quien rechaza que los mexicanos sean indiferentes a la elección.
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Sin embargo, se estima que solo la mitad de los electores sabe la fecha de los comicios y cuatro de cada 10 están seguros de participar, según encuestas de los diarios El Universal y El País.
En un contexto de franco debilitamiento de los partidos opositores, activistas llamaron a protestar el domingo contra esta primera etapa, en la que serán elegidos 2.600 jueces federales y magistrados de 19 de 32 estados. Los restantes 4.000 jueces locales serán votados en 2027.
La jornada no tiene antecedentes, pues si bien países como Estados Unidos o Bolivia contemplan la elección popular de algunos jueces, en ninguno se había empleado hasta ahora para designar a todos los magistrados.
Aunque en el papel el proceso es apartidista, expertos opinan que la Suprema Corte de Justicia -gran piedra en el zapato de López Obrador- podría quedar con una mayoría afín al gobierno.
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Exabogada del “Chapo”
En un país golpeado por la corrupción y la violencia criminal, la elección aumenta el temor de que los jueces terminen sometidos al poder político y económico, o a las amenazas de narcotraficantes.
Una oenegé crítica de los comicios detectó a 19 candidatos señalados por vínculos con cárteles, corrupción y abuso sexual.
Incluso Silvia Delgado, una antigua abogada del legendario narcotraficante Joaquín “el Chapo” Guzmán, preso a perpetuidad en Estados Unidos, es candidata a jueza del estado de Chihuahua (norte).
La eventual victoria de personas cuestionadas solo podrá impugnarse tras la votación, en la que participan miles de aspirantes que fueron seleccionados por los tres poderes del Estado.
La elección también desafía la independencia de la justicia.
“Podría incrementar el riesgo de que los candidatos (...) busquen complacer a los votantes o a patrocinadores de campañas con el fin de incrementar sus posibilidades de reelección”, lo que comprometería la imparcialidad, advirtió en un informe Margaret Satterthwaite, relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados.
Para Olimpia Rojas Luviano, abogada de 28 años, “la justicia no se vota” porque ante todo requiere funcionarios especializados y con experiencia. La sociedad mexicana “no está preparada para este ejercicio”, añade a la salida de un despacho judicial capitalino.
Confusión
La impunidad y la desconfianza apuntalan el discurso de Sheinbaum, quien en su conferencia de prensa diaria exhibe a jueces que -según ella- favorecen a delincuentes y entorpecen la administración de justicia.
“En mis cuarenta y pico de años de litigante, jamás le he dado a un juez, mucho menos a un magistrado, ni un solo centavo para que dicten una sentencia a mi favor”, asevera Claudia Rojas, abogada civil con 48 años de carrera.
Expertos sostienen que la liberación de muchos sospechosos suele ser resultado de investigaciones deficientes de las fiscalías, entes autónomos que no fueron tocados por la reforma.
Otros factores que complican la elección han sido las restricciones para promocionar a los candidatos, que en su mayoría apelaron a las redes sociales, y la complejidad del sufragio.
En el caso de Ciudad de México los votantes deberán marcar nueve boletas (6 para jueces federales, 3 para locales). Solo los candidatos federales suman 3.414, debido a lo cual los resultados recién se conocerán a partir del 2 de junio. “Creo que hasta las propias personas que lo idearon ni siquiera saben cómo se hace”, afirma Rojas Luviano, quien pese a sus reparos acudirá a votar. “Salgan a votar y participen, porque no es solo criticar”, añade.
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Venezuela celebra hoy elecciones sin oposición mayoritaria
Venezuela elige este domingo a gobernadores y parlamentarios en unos comicios que vislumbran un triunfo aplastante del chavismo ante el llamado a la abstención de la oposición mayoritaria a 10 meses de la cuestionada reelección de Nicolás Maduro.
Poco más de 21 millones de electores están llamados a las urnas para elegir a 285 diputados a la Asamblea Nacional y 24 gobernaciones, incluida por primera vez la representación de un estado recién creado para el territorio Esequibo en disputa con Guyana.
La encuestadora Delphos proyectó una participación de 16 %, la mayoría militantes del chavismo. El proceso abrió a las 6:00 (10:00 GMT) y en la primera hora la mayoría de los centros de votación en el centro de Caracas estaban desiertos, apenas un puñado de electores en fila. La imagen dista de las concurridas presidenciales del 28 de julio pasado.
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“Está vacío también por la hora”, dijo a la AFP Carla Romero, funcionaria pública de 52 años. “Es un proceso de participación ciudadana importante”, señaló por su parte Samadi Romero, estudiante universitaria de 32 años que votó por el hijo de Maduro para diputado y por otros dos candidatos del partido de gobierno, el PSUV.
Las urnas estarán abiertas hastas las 18:00 (22:00 GMT), aunque los centros deben permanecer operativos mientras haya votantes en fila.
70 arrestos
La elección sigue a una ola de más de 70 arrestos, que incluyó al dirigente Juan Pablo Guanipa, un cercano aliado de la jefa de la oposición, María Corina Machado.
A todos los acusaron de pertenecer a una “red de terrorismo” para sabotear los comicios del domingo, que Machado tachó de “farsa” y llamó a no participar. Las denuncias del chavismo sobre planes conspirativos de la oposición con apoyo de Estados Unidos son cotidianas.
El gobierno restringió los pasos fronterizos terrestres y suspendió la conexión aérea con Colombia, que según el ministro del Interior, Diosdado Cabello, fue usada por supuestos “mercenarios” para atacar el proceso electoral. Más de 400.000 funcionarios de los cuerpos de seguridad fueron desplegados para la elección.
“Allá la ultraderecha que pretende amenazar al pueblo”, dijo Maduro el sábado en un acto oficial. “Este pueblo está seguro de su destino y lo va a demostrar” en la elección del domingo.
“Centros vacíos”
El chavismo tiene 253 de los 277 escaños de la Asamblea Nacional, luego que la oposición se marginara de las pasadas legislativas en 2020. También controla 19 de las 23 gobernaciones actuales. Machado llamó a dejar “todos los centros vacíos” como parte de su reclamo contra el resultado de las presidenciales que asegura Maduro se robó.
El Consejo Nacional Electoral (CNE), acusado de servir al presidente, proclamó vencedor a Maduro sin publicar el escrutinio detallado de la votación, como manda la ley. La autoridad alegó un jaqueo del sistema, que aseguró ahora fue blindado.
Las protestas tras la proclamación de Maduro dejaron 28 muertes y más de 2.400 arrestos. Una pequeña escisión de la oposición desconoció el llamado de Machado y participa este domingo. La encabeza el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, quien buscará un escaño en el Parlamento. “Hay que votar como un acto de resistencia”, sostuvo.
“Simbólico”
Para el Esequibo se elige al gobernador y ocho parlamentarios, que tendrán en principio un mandato simbólico, pues Guyana administra esta rica región de 160.000 km2.
El presidente guyanés, Irfaan Ali, denunció la elección como una “amenaza”, mientras la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que lleva un caso relacionado con el diferendo, pidió a Venezuela abstenerse de celebrar estos comicios. Están convocados a votar poco más de 21.000 electores en centros ubicados en el estado venezolano de Bolívar (sureste), fuera del territorio en disputa.
“Merecemos recuperar nuestro Esequibo”, expresó Misael Zapara en El Dorado, uno de los pueblos que votará por las nuevas autoridades. Guyana pidió a la CIJ que ratifique las fronteras establecidas en un laudo de 1899, pero Venezuela apela al Acuerdo de Ginebra que firmó en 1966 antes de la independencia de Guyana del Reino Unido que anulaba ese fallo y sentaba las bases para una solución negociada.
Fuente: AFP