El Instituto de Previsión Social (IPS) fue comunicado a través de una nota firmada por Augusto José Felix Paiva, subcontralor General de la República, quien se encuentra actualmente como encargado de despacho de la Contraloría General de la República (CGR), del próximo inicio de una fiscalización especial inmediata (FEI).

La coordinación, seguimiento y cumplimiento de los trabajos estarán a cargo de los titulares de la Dirección de Control de la Administración Descentralizada y de la Dirección General de Control de Contrataciones del Estado.

Las personas designadas para llevar a cabo esta FEI realizarán entrevistas, solicitudes y verificaciones en el lugar. Las solicitudes de provisión de documentos e informes serán canalizadas a través de los supervisores o jefes de equipos designados.

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Adquisiciones y contrataciones

Los temas que incluirán esta fiscalización serán las adquisiciones realizadas en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19, así como los detalles de las contrataciones públicas realizadas por la institución.

Las profesionales Alba Sotelo y Martha Bavera fueron designadas supervisoras y jefa de equipo, respectivamente. La CGR solicitó al IPS la designación de un nexo oficial para facilitar los medios y las documentaciones solicitadas por los auditores.

Un equipo de trabajo de 10 personas, la mayor parte de ellos auditores, incluyendo las profesionales mencionadas anteriormente, formarán parte de esta tarea de fiscalización al IPS.

Agua tónica de Petropar

La medida entrará en vigencia a partir de los cinco días contados desde la recepción de la mencionada nota de comunicación y que, según consta en el documento, tiene fecha 1 de octubre pasado.

La carta orgánica de la CGR indica que es el organismo de control de las actividades económicas y financieras del Estado, de los Departamentos y de las Municipalidades, en la forma determinada por la Constitución Nacional y por esta ley goza de autonomía funcional y administrativa.

La FEI ha logrado detectar casos emblemáticos, como el que involucró el año pasado a la extitular de Petropar, Patricia Samudio, en la compra de agua tónica, pallets, bidones, etc., alegando que servirían para combatir la pandemia global del COVID-19.

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