Los avances y alternativas para la implementación de mecanismos de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) del financiamiento climático fueron analizados por técnicos del Viceministerio de Administración Financiera (VAF) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) junto a consultores del proyecto de fortalecimiento de capacidades, financiado por el Fondo Verde para el Clima (GCF).

La actividad se enmarcó en las acciones impulsadas por el MEF, en su carácter de autoridad nacional designada ante el GCF, orientadas a fortalecer las capacidades institucionales y mejorar los sistemas de seguimiento de las inversiones vinculadas a la acción climática.

En ese sentido, participaron de la reunión la directora general de Informática y Comunicaciones, Carmen Martínez, junto con su equipo técnico; la representante de la Dirección General de Presupuesto, Cristina Pereira, y consultores especializados que acompañan el proceso de diseño e implementación del sistema MRV, informó el MEF.

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“Durante el encuentro se abordaron aspectos relacionados con la interoperabilidad de sistemas, el acceso a datos y el aprovechamiento de fuentes de información disponibles, con el objetivo de optimizar el seguimiento de los recursos destinados a iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático”, detallaron.

Igualmente se analizaron alternativas técnicas para facilitar la integración y el procesamiento de información presupuestaria vinculada a la Taxonomía Verde y su articulación con el Presupuesto General de la Nación (PGN), a fin de fortalecer la trazabilidad y el monitoreo de las inversiones climáticas en el país.

La iniciativa del Fondo Verde busca fortalecer la capacidad del país para conservar la biodiversidad y mejorar los servicios ecosistémicos en áreas protegidas, contribuyendo así a la mitigación y adaptación al cambio climático. Fue establecido en 2010 como mecanismo financiero de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

Asimismo, mediante el programa país, liderado por el MEF en su rol de autoridad nacional designada, contribuye como un instrumento estratégico que orienta las acciones climáticas del Paraguay hacia un desarrollo sostenible y de largo plazo, al tiempo que facilita la movilización de recursos financieros internacionales destinados a la fomentar la resiliencia de la economía ante factores climáticos.

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Docentes, científicos y académicos de la Facultad de Ingeniería impulsan una propuesta para frenar la caída sostenida de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) en los rankings internacionales; además de fortalecer la producción científica, evitar la fragmentación institucional y optimizar las cargas horarias. Con ese objetivo, conformaron el Movimiento Independiente de Docentes (MID) que promueve cambios estructurales profundos.

En un contexto global marcado por el avance acelerado de la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías y la competencia internacional por el conocimiento; los integrantes del MID sostienen que la Facultad de Ingeniería de la UNA continúa arrastrando problemas estructurales postergados desde hace años y debe iniciar lo antes posible la reforma de sus estatutos.

Entre los principales desafíos, estos profesionales, encabezados por Diego Stalder ingeniero electrónico, doctor en Computación Aplicada por el Instituto de Pesquisas Espaciais INPE (Brasil), e investigador de la FIUNA, identificaron la necesidad de integrar de manera efectiva la docencia, la investigación y la innovación; equilibrar las cargas horarias académicas; y aumentar la cantidad de docentes integrales mediante la agrupación de cátedras y el acceso al escalafón por méritos académicos y científicos.

“Si bien es cierto que la Facultad de Ingeniería ha duplicado la cantidad de graduados entre el 2019 y 2025, este año se llegó a 265 egresados; no obstante, el informe de la Aneaes indica que sólo el 19,05 % de los estudiantes logra graduarse en un plazo razonable, con casos de permanencia que alcanzan hasta 11 años, priorizando la inserción al mercado laboral, y retrasando la presentación y defensa de tesis. Resulta especialmente preocupante que las autoridades no hayan podido identificar las causas de esta situación ni presentar planes de mejoras”, expresó Stalder.

A esta situación se suma la reciente Resolución n.° 142/2026 de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), que determinó la no acreditación de la carrera de Ingeniería Civil bajo el Sistema ARCU-SUR, el mecanismo oficial de acreditación universitaria del Mercosur y Estados asociados (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) que certifica la calidad académica de los programas universitarios.

Sobre este punto, José Colbes, ingeniero electrónico, doctor en Ciencias de la Computación por el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE, México), docente e investigador de la UNA, señaló que: “La institución cuenta con estructuras y reglamentos, pero estos no se traducen en prácticas efectivas. La autoevaluación funciona muchas veces como un proceso burocrático previo a las acreditaciones y no como una verdadera herramienta de gestión académica”, sentenció.

En cuanto al Plan Académico 2023, mencionaron que no fue suficientemente socializado con docentes y estudiantes para lograr su implementación efectiva, una falta que los pares evaluadores resaltaron. Además, con el cambio vertiginoso de la tecnología se requieren mecanismos sistemáticos y permanentes de actualización curricular.

Otros temas que consideran urgentes son: la implementación transparente de futuros concursos de escalafonamiento, la consolidación de los ajustes curriculares, el impulso de políticas de innovación, la creación de nuevos programas de posgrado, la participación activa de la universidad en políticas públicas y el fortalecimiento de los proyectos de extensión y vinculación con la sociedad.

Finalmente, señalaron que el MID impulsa una propuesta basada en la pluralidad, la transparencia, la excelencia académica, la innovación, la democracia, la inclusión, la participación y la responsabilidad social, valores que consideran fundamentales para fortalecer el futuro institucional y académico de la facultad. Más info: @mid.fiuna2025 en Instagram.

Por iniciativa de la Comisión de Obras Públicas del Senado, este miércoles se realizó una reunión técnica con especialistas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), donde se evaluó el proyecto que modifica la Ley de la Reserva Ñu Guazú.

Durante la exposición de motivos de la propuesta, se explicó que la iniciativa guarda relación con el Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el MOPC y el Ministerio de Defensa Nacional (MDN), para la cesión de una superficie del Área Silvestre Protegida Ñu Guazú, destinada a la ampliación de la ruta Tape Tujá.

Según lo expuesto, el convenio tiene por objeto establecer los términos y condiciones para la cesión, a título oneroso, de una porción del inmueble correspondiente a la Reserva de Recursos Manejados Ñu Guazú, a fin de posibilitar la ejecución de obras de infraestructura vial.

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Sobre el punto, el director de la comisión asesora, ingeniero José Duré, indicó que la iniciativa tiene como finalidad permitir la ejecución de obras vinculadas al Corredor Vial en la zona de Tape Tujá. Explicó que los senadores integrantes del ente asesor solicitaron información complementaria para profundizar el análisis técnico de diversos aspectos del proyecto.

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El pleno de la Cámara de Senadores aceptó el rechazo de la Cámara de Diputados en modificar la administración del programa de alimentación escolar Hambre Cero en las Escuelas, y dejar la administración de la misma a los gobernadores.

Desde el Senado, la propuesta fue retirar el manejo de Hambre Cero de dos gobernaciones, Concepción y Alto Paraná, lo que fue rechazado por Diputados, ahora con la aceptación de la versión de la Cámara Baja el proyecto va al archivo.

El presidente de la Comisión de Hacienda, y proyectista, senador Silvio Ovelar, argumentó que con el tratamiento de la iniciativa en Diputados, se midió la temperatura sobre la administración de los gobernadores, y finalmente se rechazó este proyecto en esa instancia.

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“Cuando nosotros decidimos acá destinar los fondos de la gobernaciones de Concepción y Alto Paraná, nosotros decíamos claramente que Diputados tendría el tiempo necesario para que tenga ya un dictamen de la Contraloría para que se pronunciaran. Hoy nos podemos ratificar en nuestra decisión, pero ya sabemos cuál va ser el resultado”, expuso ante la sesión extraordinaria de este martes.

Así también, señaló que esta decisión fue un acuerdo entre colegas, para que la administración del programa de alimentación escolar siga en ambas gobernaciones. “No cambié para nada mi parecer respecto a la gestión de varias administraciones, pero tampoco quiero caer en el error de generalizar y de decir que todos están haciendo mal porque eso no es cierto”, explicó.

Por su parte, el líder de la bancada de Honor Colorado, Natalicio Chase, expuso ante el pleno que la propuesta fue bastante analizada y que finalmente cumplió con un objetivo, verificar la administración.

“Después de un análisis suficientemente aclarado por parte de los gobernadores, creo que lo que buscó la medida en aquel momento, ante la generación de dudas particulares ya ha generado el proceso de verificación que está llevando adelante la Contraloría general de la República”, señaló.

El legislador también sostuvo que “en conversación también con el Poder Ejecutivo, la propuesta de aceptar la versión que viene de diputados y seguir manejando el programa Hambre Cero de la misma forma”.

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