El abogado Carlos Palacios, representante legal del expresidente de la República Horacio Cartes, afirmó que la Contraloría General de la República (CGR) permite la rectificación de las declaraciones juradas (DDJJ) de los funcionarios públicos sin plazos determinados, lo cual se encuentra establecido en la Ley 5.033 del 2013 de reglamentación, por lo que el caso del exmandatario con la sociedad inmobiliaria panameña es un caso cerrado.

“La presentación y rectificación de las declaraciones juradas por parte de los funcionarios públicos es una práctica absolutamente normal y además está respaldada en la propia ley que reglamenta las declaraciones juradas por parte de los funcionarios públicos, que es la Ley 5.033 del 2013, de manera que esto es algo corriente, habitual, así como también lo hacen los contribuyentes de impuestos”, explicó el abogado.

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Palacios señaló que el tema fue bastante aclarado tanto por parte de los asesores jurídicos del exmandatario como desde la propia Contraloría con relación a la rectificación de la declaración jurada, que fue lo que se realizó en este caso, y no un ocultamiento de sus bienes como quisieron instalar algunos medios de comunicación.

“Se instaló este tema de la presentación de la declaración jurada del señor Cartes, en ese punto hay ciertos medios que le tratan de buscar la vuelta, mirar el arbolito en medio del bosque, hacer una tormenta en un vaso de agua, pero para mí es una tontería y algo absolutamente ridículo”, cuestionó.

El abogado explicó una vez más que ya fue aclarado que la sociedad panameña fue creada para la adquisición de un inmueble y que la creación de la misma fue de manera legal; incluso, aseguró que el propio Cartes dio las directivas de remitir todos los documentos para aclarar la situación.

“Inversión inmobiliaria absolutamente lícita”

“Creo que este tema está aclarado, que fue una compra hecha antes de la asunción a su cargo de presidente, es una inversión inmobiliaria absolutamente lícita, la compra de un departamento para su familia, ese fue el objeto de la constitución de la sociedad, un objeto totalmente lícito y sobre todo muy habitual porque es la forma normal de adquirir activos en esa jurisdicción”, manifestó.

En este sentido, el profesional manifestó que ya fueron aclarados todos los puntos con relación al tema, teniendo en cuenta que todas las documentaciones están disponibles para su revisión, tanto para la Contraloría como para el Ministerio Público si así lo requieren.

“Tanto la Contraloría como la Fiscalía tienen todas las prerrogativas legales para solicitar los informes pertinentes en caso de que así sea, desde un principio no ha habido nada que ocultar, entonces el patrimonio del señor Cartes es un libro abierto, así que yo creo que no hay mucho que agregar al respecto”, sostuvo el letrado.

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