Legisladores de diferentes bancadas de la Cámara de Diputados presentaron un proyecto de ley que busca establecer el primer marco normativo integral de ciberseguridad en Paraguay, respondiendo a las crecientes amenazas digitales que enfrenta el país en un contexto de mayor digitalización.

La iniciativa, denominada “Ley de Ciberseguridad de la República del Paraguay”, tiene como objetivo central proteger las infraestructuras críticas, la información y los sistemas digitales, así como garantizar los derechos de las personas frente a amenazas y delitos cibernéticos.

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De acuerdo a la exposición de motivos, los proyectistas fundamentan la necesidad de fortalecer la soberanía digital del país. “Paraguay no es ajeno a esta realidad y ha enfrentado crecientes amenazas cibernéticas que ponen en riesgo la confidencialidad, integridad y disponibilidad de datos sensibles tanto en el sector público como en el privado”, señala la exposición de motivos.

Asimismo, plantean que el Estado paraguayo ejercerá soberanía sobre el dominio paraguayo en el ciberespacio, incluyendo capacidades para enfrentar amenazas híbridas, medidas de prevención y mitigación, y el fortalecimiento de la resiliencia social. También contempla el ordenamiento de las redes sociales y la regulación de la Inteligencia Artificial.

De acuerdo a la información, señalan que una de las principales innovaciones del proyecto es la creación del Viceministerio de Ciberseguridad dentro del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), que tendrá a su cargo la elaboración y actualización de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad (E-Ciber Paraguay).

Asimismo, se propone la creación del Consejo Nacional de Ciberseguridad (CONCIBER), un organismo multisectorial integrado por representantes de los tres poderes del Estado, fuerzas de seguridad, empresas de telecomunicaciones, universidades y gremios empresariales. Los miembros del consejo durarían cinco años en sus funciones, según la iniciativa.

El proyecto establece obligaciones específicas para operadores de infraestructuras críticas, quienes deberán implementar protocolos de seguridad y notificar cualquier incidente cibernético en un plazo máximo de 24 horas.

El documento también contempla la homologación obligatoria de equipos y software de ciberseguridad importados al país. En cuanto al financiamiento, se destinaría al menos el 20 % del Fondo Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (FONTIC), además de aranceles por homologaciones y otros recursos del Presupuesto General de la Nación.

La propuesta incluye la incorporación obligatoria de contenidos de ciberseguridad en los programas educativos de nivel primario, secundario y universitario, tanto en instituciones públicas como privadas. Además, establece capacitación anual obligatoria para funcionarios públicos y empleados de sectores estratégicos.

El proyecto contempla, igualmente, la adhesión del Paraguay al Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia y otros tratados internacionales pertinentes, promoviendo la cooperación con organismos internacionales y países aliados en materia de ciberseguridad.

Finalmente, los proyectistas consideran que esta iniciativa representa “un paso fundamental para la soberanía digital de Paraguay”, asegurando la protección de la información y la continuidad de los servicios esenciales en un entorno cada vez más interconectado.

Cabe señalar que el proyecto fue presentado por los diputados colorados Rodrigo Blanco, Edgar Chávez, Miguel Ángel Del Puerto, Yamil Esgaib, Mauricio Espínola, Luis González Vaesken, Pedro Ortiz, German Solinger. Igualmente, se sumaron, los liberales, Antonio Buzarquis, Arnaldo Valdez, Jorge Ávalos Mariño y la diputada patriaqueridista Rocío Vallejo.

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Este lunes, Plan Internacional en Paraguay, en alianza con el Ministerio de la Mujer, presentó el proyecto “Más derechos, mejores cuidados” que busca visibilizar los avances y acciones en materia de Políticas Públicas de Cuidados que permitan a las mujeres invertir su tiempo en estudio y trabajo remunerado. Este se desarrollará en Asunción, Central, Caaguazú, Guairá y San Pedro.

La ministra Cynthia Figueredo, expresó que el proyecto se enmarca bajo el lema “Fortaleciendo el futuro de los Cuidados: Plan&Acción” que se desplegará en cinco localidades del país: Asunción, Central, Caaguazú, Guairá y San Pedro, y se desarrolla en estrecha colaboración con organizaciones locales de defensa de los derechos de mujeres.

“El Gobierno del Paraguay reafirma su compromiso con las acciones para fortalecer las políticas de cuidados, una responsabilidad que recae mayoritariamente sobre las mujeres. El Ministerio viene impulsando estrategias con el objetivo de fortalecer las políticas públicas para llevar adelante las acciones y permitir a las mujeres invertir su tiempo en estudio y trabajo remunerado”, apuntó durante la presentación.

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La representante de Plan Internacional en Paraguay, Noelia Errecarte, explicó que esta iniciativa complementa los planes desde el Estado; que van de la mano al gran impulso que está dando el Ministerio de la Mujer a la temática de cuidados como centro y foco de la política pública.

“Buscamos que más de 2.600 mujeres cuidadoras hayan podido acceder a formación e información. Además de otras herramientas que van a ser fundamentales para que puedan conocer, exigir y hacer goce pleno de sus derechos como trabajadoras, con dignidad”, puntualizó.

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Por su parte, Jonathan Sauvé, el consejero de Asuntos Políticos, Económicos y Públicos de la Embajada de Canadá en Argentina, dijo que es muy importante para el gobierno de su país apoyar iniciativas locales y trabajar mano a mano con el gobierno de Paraguay.

“Con el gobierno de Canadá tenemos cinco prioridades de política exterior con nuestro gobierno actual y la promoción de los derechos humanos, la diversidad y la inclusión, el apoyo a las mujeres y las niñas siempre es un tema muy importante”, indicó.

El proyecto de Plan International Paraguay, en alianza con el Ministerio de la Mujer, será implementado como parte del compromiso asumido en el reciente convenio firmado entre ambas instituciones, y cuenta con la financiación del Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de Canadá (GAC).

En cumplimiento al mandato constitucional, el contralor general de la República, Camilo Benítez, entrego este lunes al presidente del Congreso Nacional, senador Basilio Núñez, el informe de gestión anual de la Contraloría General.

En conferencia de prensa, el contralor Benítez explicó que este documento contiene todas las actividades de control que han llevado adelante el año pasado. Todas las auditorías financieras, tanto de cumplimientos, fiscalizaciones especiales, los exámenes de correspondencias, como reportes de indicios de hechos punibles con millonarios montos afectados.

“Los reportes de indicios de hechos punibles arrojan una cifra que no es menor, más de 160 millones de dólares, que ya fueron remitidos al Ministerio Público”, precisó.

Agregó que el informe entregado explica además la nueva capacidad que tiene la CGR después de haberse promulgado la Ley de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción.

“La Contraloría siempre ha tenido y sigue teniendo un aspecto represivo contra la corrupción. Pero, hoy cuenta también con otros aspectos, que tienen que ver con la prevención de la corrupción, promoviendo la cultura de integridad, transparencia y de rendición de cuentas”, acotó.

Mencionó que el principal control que llevan adelante tiene que ver con el programa “Hambre Cero en las Escuelas”. “Creemos que es el desafío más grande que tiene el Poder Ejecutivo, y nuestra responsabilidad es ser custodio del control del servicio de alimentación”, precisó.

Al respecto, indicó que la CGR ha llevado adelante más de 400 verificaciones in situ. “Nosotros creemos que sin el control concurrente de la Contraloría, el servicio de alimentación escolar se podría ver perjudicado. Creemos que este rol de vigilantes que tenemos hace que las empresas lo tomen más en serio y puedan proveer el servicio todos los días”, acotó.

Explicó que por ley constitucional, la CGR debe realizar la presentación anual de la gestión que lleva adelante y esperar que el Senado lo pueda analizar. Mencionó que el informe que entregó en la fecha es un complemento al que presentarán más adelante, que tiene que ver con la ejecución presupuestaria 2024 del Gobierno.

A su turno, el senador Basilio Núñez, titular del Congreso, resaltó que desde el Senado considera que se está avanzando y mejorando el sistema de control, cumpliendo de ese modo el rol constitucional que le compete al Poder Legislativo.

“Creo que estamos yendo por buen camino, que se fortalece con la asistencia del contralor y su equipo. Estamos fortaleciendo departamentos como la Auditoría Interna, estamos implementando el MECIP (Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay), que no se implementaba como debía ser en periodo anteriores, pero ahora hay una voluntad política de hacerlo”, acotó.

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El presidente de la Administración Nacional de Elec­tricidad (Ande), Félix Sosa, habló de las proyecciones de consumo a nivel país y ase­guró que se debe acompañar el crecimiento con inversio­nes constantes por parte de la estatal. El plan maestro del ente contempla USD 5.000 millones en inversión para los próximos 10 años.

De acuerdo con las prospec­tivas energéticas, al ritmo actual de consumo, Para­guay estaría utilizando toda la potencia que dispone a par­tir de 2030 si no se introdu­cen nuevas fuentes de genera­ción en la matriz energética. Sobre el punto, el titular de la Ande afirmó que las inver­siones deben acompañar el ritmo de consumo para hacer frente a este posible déficit energético.

“Es fundamental que las inversiones se realicen de forma constante para poder acompañar el consumo de energía eléctrica que tene­mos. Paraguay aumenta su consumo un 6,5 % de forma anual, pero en los últimos tiempos ese crecimiento ha aumentado bastante”, explicó. Este aumento expo­nencial se debe principal­mente a la instalación de sectores de consumo inten­sivo, como las criptominerías que apuran a las autoridades a implementar estrategias para dar abastecimiento.

“Siempre es importante tener una buena planificación para ir avanzando y que no se lle­gue a eso. No me gustaría hablar de una crisis ener­gética en ningún momento, porque al final todos los paí­ses del mundo proyectan el aumento de generación para poder seguir acompañando ese crecimiento del consumo de energía eléctrica”, dijo Sosa a la radio 1080 AM.

El titular de la Ande reco­noció que anteriormente en nuestro país no se hablaba de la necesidad de generar nue­vas fuentes de energía porque se pensaba que las represas binacionales podrían cubrir las nuevas demandas. Sin embargo, con la instalación de nuevas industrias y el cambio del ritmo de consumo, surgió la necesidad de diversificar la matriz energética.

La empresa estatal cuenta con un plan maestro que abarca transmisión, distribución y generación, con un horizonte de planificación proyectado hasta el año 2043. Sosa manifestó que desde la institución están apostando fuertemente a la inversión del sector privado para la generación de nuevas fuentes, mientras desde la Ande se acompaña con el refuerzo de las líneas de transmisión y distribución.

“La inversión necesaria, según el Plan Maestro de la Ande, en transmisión y distribución de energía eléctrica, en los siguientes 10 años es de USD 5.000 millones. En este momento está en proceso de ejecución varias obras importantes por un monto de USD 640 millones, aproximadamente”, comentó.