Luego de escuchar los diferentes argumentos y posturas de las distintas bancadas, el plenario de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría el pedido de acuerdo constitucional para dar intervención a la Municipalidad de Asunción, cuya gestión está a cargo del intendente colorado Óscar “Nenecho” Rodríguez. El registro del voto electrónico marcó un total de 74 votos a favor y 1 voto en blanco.

En este caso, incluso la bancada oficialista estuvo de acuerdo en que se lleve adelante esta intervención, reconociendo la predisposición del jefe comunal de la capital, quien manifestó ante la comisión especial que estudió el pedido presentado por el Poder Ejecutivo a petición de la Contraloría General de la República, su voluntad de ponerse a disipación a fin de aclarar cualquier duda que exista y desmentir aquellas que considera falsas en su contra.

Al respecto, el diputado Rodrigo Gamarra, quien presidió la comisión especial que analizó el pedido, defendió el trabajo que llevó adelante esta mesa que emitió un único dictamen por la aprobación.

Destacó que se realizó un trabajo serio y transparente, con compromiso institucional, dejando de lado cualquier tipo de presión externa. Señaló que las sesiones que llevaron adelante fueron públicas y abiertas con total acceso a la ciudadanía.

Informó que recibieron en audiencia tanto al contralor general Camilo Benítez, a los concejales municipales y al propio intendente Oscar Rodríguez, que acudió con su equipo técnico y jurídico, valorando su completa predisposición y apertura a formar parte del proceso de evaluación de su gestión.

No obstante, sostuvo que luego de escuchar todas las voces, y analizar los documentos consideraron que es necesario un análisis mas profundo. “Una intervención administrativa no debe entenderse como una condena, sino como una herramienta prevista por la ley para esclarecer con mayor amplitud y sin restricciones de tiempo ni de forma, las observaciones señaladas. Por ello aconsejaron la aprobación de la intervención”, expresó.

A su turno, el diputado colorado Esteban Samaniego pidió disculpas a la ciudadanía, por tanta incoherencia en una sola sesión de la Cámara Baja. Teniendo en cuenta que solo minutos antes, cuando se trató el pedido de intervención de Ciudad del Este, se dijo que la intervención es inconstitucional, que no es válida que tiene vicios de origen. “Pero ahora en este punto, cuando el intendente ya no pertenece a la oposición, sí corresponde la intervención”, cuestionó.

En tanto, el legislador Derlis Rodríguez indicó que la intervención estatal no quebranta ni violenta la autonomía del municipio, sino que por el contrario, robustece, porque ayuda a corregir las cosas. Explicó que la auditoría es una ciencia exacta, que ayuda a dar claridad cuando existen dudas sobre una gestión ya sea municipal o de gobernaciones.

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“La intervención a la municipalidad de Ciudad del Este resulta necesaria y viable”, indicó el diputado Alejandro Aguilera, quien estuvo a cargo de la comisión especial que analizó el requerimiento realizado por la Contraloría General de la República, el pasado 16 de mayo, tras detectar graves irregularidades en la gestión.

“La función principal de la Contraloría es velar por el control las actividades económicas y financieras del Estado, de los departamentos y las municipalidades. Esta comisión considera que se encuentra reunido el sustento legal de la presentación del pedido de intervención por parte de la Contraloría”, dijo el legislador defendiendo la legitimidad del órgano extrapoder en haber requerido la intervención.

Siguió sosteniendo que existieron méritos suficientes, por lo que fue aprobado el pedido y "la ciudadanía exige una respuesta efectiva en la lucha contra la corrupción y manejo discrecional de los recursos públicos y la intervención contribuirá para garantizar la transparencia y el respeto a las garantías constitucionales”.

Aguilera detalló que en la gestión de Prieto, de acuerdo a los reportes remitidos por la Contraloría se observan estados financieros con graves inconsistencias, saldos irregulares, clasificaciones erróneas, variaciones injustificadas, incumplimientos de disposiciones legales y consecuente omisión de transferencias de recursos a otros organismos y entidades del Estado.

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A la vez, existen inconsistencias y falta de justificación en la asignación y gestión de las transferencias, incumplimiento de los procesos para las contrataciones empleando transferencias para la ejecución de obras, incumplimiento de los procesos legales establecidos para las transferencias a oenegés, irregularidades en las transferencias a comisiones vecinales y a organizaciones sin fines de lucro.

Diferencias en la construcción de obras por falta de ejecución de ítems o por que fueran ejecutadas en cantidades diferentes con recursos del Fonacide, Royalties y compensaciones, pago efectuado a proveedores sin que estos hayan presentado documentaciones exigidas y sin que estén cumplidas las exigencias legales, entre otras irregularidades.

“Se ha detectado una persistencia en aquellas transgresiones en la gestión y administración que afectan a los recursos municipales. A pesar de los hallazgos que detonan inconsistencias y desviaciones, los antecedentes revelan que la administración municipal ha incurrido reiteradamente en múltiples faltas y que ninguna ha sido corregida por ninguna de las vías jurídicas, administrativas ni legales”, refiere el dictamen expuesto por Aguilera.

Los diputados de la oposición recurrieron nuevamente a los ataques y el desgastado discurso de persecución política como único mecanismo de defensa a Miguel Prieto. Sin argumentos técnicos, indicaron que el único “pecado” del líder del movimiento Yo Creo, fue haber ganado en dos ocasiones la intendencia esteña.

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Durante la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados han dedicado el espacio de oradores a realizar un análisis profundo sobre la situación que atraviesa hoy en día la sociedad paraguaya, tras los hechos trágicos que han enlutado no solo a familias, sino que conmueve a la ciudadanía en general. El último caso es la horrenda muerte de la joven de 17 años, María Fernanda Benítez.

La diputada líder de la bancada oficialista, Rocío Abed se pronunció al respecto, señalando que el caso de la adolescente tiene muchas aristas para ser analizadas, pero sobre todo existe un aspecto fundamental en todo que es la salud mental de los adolescentes.

Indicó que se habla mucho de endurecer las penas, y que tal vez sea una parte de la solución en algunos casos, pero también es consciente que no es la solución plena cuando hay necesidad de una familia que contenga a los niños, niñas y adolescentes.

“Podemos exigir hoy justicia y creo que todos debemos hacer lo máximo para que esto se logre. Lo que sí es triste ver, es que nuevamente haya gente que quiera cabalgar sobre la desgracia y atribuir esto como responsabilidad exclusiva del Estado. Creo que esto va mucho más allá del Estado”, cuestionó.

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Señaló que este lamentable hecho una vez más demuestra que se ha fracasado como sociedad, como familia y sí también como Estado; ya que en este caso particular no se activó ningún sistema, no fue efectivo ningún protocolo. Llamó a hacer un mea culpa, porque no basta con legislar y sobrelegislar para endurecer las penas.

“Es sumamente egoísta pensar que acá solo fracasó las instituciones, hemos fracasado todos, yo como una mamá de un adolescente, hemos fracasado toda la sociedad paraguaya. Esto nos debe llevar a tomar medidas, más allá de las palabras, debemos tomar medidas creativas y no solo tirar la culpa a un solo sector. Respetemos el luto de la familia y no cabalguemos solamente para tirar la responsabilidad a otras instituciones”, enfatizó.

El legislador liberal Carlos Pereira señaló que estos hechos llaman a la reflexión como sociedad, y que más allá de bajar la edad para elevar la sanción; no considera como única solución al problema. Así como llama a toda la clase política a reflexionar y buscar las estrategias, ojalá que no se limite a la represión y el castigo.

“Esto se volvió cultural, esta forma de ver y accionar con violencia ante cualquier situación se ve a diario; lo vemos más en reiteradas situaciones y ese entorno social, el primer anillo que es la familia no reacciona. Hoy vemos a niños de 4 años reaccionar contra sus padres, donde ya no existe límites, donde se muestra afecto y cariño dándoles todos y sin límites y esto genera estos hechos violentos, ya no tienen miedo, ya no esconden su accionar violentos y ya no miden hasta donde pueden causar daño”, cuestionó.

En tanto, la diputada Jazmín Narváez lamentó que este hecho está demostrando “la suciedad de nuestra sociedad”, cuestionando qué fue lo que llevó a un adolescente acabar con la vida de otra adolescente y el poco respeto hacia la vida que existe hoy en día, lo que le lleva a pensar en el grave problema de salud mental de la sociedad.

“Más allá que a todos nos duela, nos tiene que ocupar porque nosotros tenemos la posibilidad de hacer algo, si no se hizo antes, se puede hacer ahora. Lo que no se puede es hacer como que no pasó nada. Nuestra sociedad fue interpelada con esta muerte. Desde luego el Estado, las instituciones y los que tenemos algún rol de poder. Yo me siento interpelada y espero que juntos podamos encontrar el camino de una solución”, acotó.

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• Lima, Perú. AFP.

Dina Boluarte es quizás la presidenta más impopular del mundo, con apenas un 2 % de aprobación. Pero se aferra al poder y analistas dan por descartado que terminará su mandato en 2026, pese al rechazo de los peruanos y múltiples escándalos. “¿Hasta cuándo vamos a vivir con miedo? ¡Lárgate Dina!”, leía una pancarta en una reciente marcha en Lima por el auge del crimen organizado.

Sin bancada propia, la presidenta conservadora de 62 años gobierna Perú desde hace dos años y medio en tácita alianza con el Congreso controlado por la derecha y ultraderecha, una economía blindada frente a la crisis política y una campaña electoral donde no puede participar. Quizás su principal carta es la ausencia de líderes alternativos que amenacen su precaria estabilidad de aquí al 2026, cuando termina su gobierno, en medio de una apatía social.

La persiguen una docena de investigaciones fiscales por la represión policial que causó la muerte de 50 manifestantes, su omisión en declarar joyas y relojes de lujo que recibió como regalos, o su cirugía de nariz no declarada.

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Pero su popularidad se evaporó sobre todo con el auge de la extorsión del crimen organizado.

“¡Dina traidora, corrupta y asesina!”, leía otra pancarta de una reciente marcha contra la gestión de la mandataria.

En mayo Boluarte tocó fondo en los sondeos, con 2 %, un punto porcentual menos respecto a la medición de abril de la firma Ipsos.

“Podríamos estar hablando entonces de un récord mundial de desaprobación presidencial, y además sostenida”, dijo a la AFP el presidente de la encuestadora Ipsos Perú, Alfredo Torres.

“Está desde hace casi un año por encima del 90 % de desaprobación y su aprobación cayendo al mínimo”, añadió. “Es un caso único” en 40 años de encuestas en Perú, destacó.

Ipsos hace encuestas en 90 países y tampoco tiene un registro tan bajo de aprobación en otro lugar.

“Señor, perdónalos porque no saben lo que encuestan”, se defendía ya la presidenta en diciembre, cuando los estudios de opinión ya la perfilaban como la más impopular del mundo.

Boluarte inició su mandato en diciembre de 2022 con 21 % de aprobación y 68 % de desaprobación.

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“En Perú hay una paradoja política: Boluarte es la presidenta más débil de la última década, por su impericia y carecer de partido”, dice a la AFP el analista político Augusto Álvarez, director de A3R.net, un medio digital.

Sin embargo, “esa también es su fortaleza pues para muchos, incluyendo el congreso -que puede destituir mandatarios-, es un gran negocio tener una presidente frágil a la que usan como piñata para sacarle de todo”.

La mayoría conservadora del Congreso además la apoya porque si la despide debe nombrar a la presidencia a un parlamentario de consenso, tarea prácticamente imposible a raíz de la actual polarización.

Su impopularidad se remonta a cuando reemplazó al destituido Pedro Castillo y decidió quedarse en el poder en vez de convocar a elecciones anticipadas.

Boluarte, hasta entonces su discretísima vicepresidenta, engrosó así el historial de inestabilidad peruana.

Desde 2016, Perú ha tenido seis presidentes, dos destituidos por el Congreso, dos que renunciaron antes de correr la misma suerte, uno que completó su mandato interino de 8 meses y Boluarte que llegó luego del frustrado golpe de Castillo.

Aun así, la gente no sale a protestar masivamente “porque sienten que no vale la pena: si renuncia o es destituida sería reemplazada por un congresista, pero el Congreso también tiene pésima imagen. Por eso hay abulia en las calles”, dice el responsable de Ipsos.

En los sondeos “no hay ningún candidato que cautive, por eso la gente no tiene apuro por sacarla del poder y opta por seguir con ella”.

En las calles de Lima los peruanos no ahorran críticas.

Boluarte “no tiene empatía, es una presidenta incapaz, no resuelve el problema de la seguridad. Estamos esperando que termine y se vaya para que entre un nuevo gobierno a resolver este problema”, dice Saturnino Conde, un profesor de 63 años.

Pero hay excepciones. “Es injusto que tenga tan baja su aprobación porque con ella la economía se está manteniendo (...) No veo que sea motivo de desagrado que lleve un Rolex, que se haya hecho cirugías”, señaló a la AFP Blanca Romero, una historiadora de 75 años.

El buen ritmo de la economía peruana contribuye a evitar su colapso. En el primer trimestre el PIB creció 3,9 %, y en todo el año pasado se expandió 3,3 %. “Otra razón por la que Boluarte se sostiene es que la economía sigue caminando, hay una resiliencia enorme y los ingresos de la población están creciendo”, resalta Álvarez.