Procuraduría evitó indemnización de G. 1.117 millones a policía destituido en la era Lugo
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A través de la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) en un caso que involucra a un agente policial, el Estado se salvó de abonar una indemnización de G. 1.117.990.000. La destitución del agente de la Policía Nacional se dio durante el gobierno de Fernando Lugo a resultas de un sumario administrativo y por resolución del Tribunal de Calificaciones de la citada institución, confirmada luego por decreto.
La Procuraduría informó que el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de la capital, cuarta sala, a través de un incidente promovido por este organismo público de control, resolvió declarar la caducidad del juicio contra el Estado paraguayo sobre indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual. Destaca que se evitó un cuantioso daño patrimonial a las arcas del Estado.
En dicha pretensión, el recurrente solicitó que se le indemnice por el supuesto actuar ilícito del entonces expresidente de la República, quien en pleno uso de sus facultades constitucionales emitió el Decreto Nº 5.032 el 8 de setiembre del 2010, en el cual determinó dar de baja al suboficial segundo Jorgelino Centurión Cuevas, a raíz de un sumario administrativo en donde se comprobó que el mismo había cometido faltas graves durante el ejercicio de sus funciones.
Según los antecedentes del caso, Centurión Cuevas fue procesado por robo de un fusil Galil y en julio del 2010 fue destituido junto con otros diez agentes de la institución involucrados en delitos varios.
Con la intervención de la PGR y tras cumplir con los pasos procesales, el Tribunal resolvió declarar operada, a petición de parte, la caducidad de instancia de los recursos de apelación y nulidad interpuestos contra el AI Nº 813, de fecha 17 de setiembre del 2018, dictado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Cuarto Turno de la capital, e impone las costas al apelante.
Mujer muere en medio de tiroteo entre pandilleros en la Chacarita
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Una mujer identificada como Ingrid Cattebecke Ozorio (41) murió en la madrugada de este viernes en el barrio Ricardo Brugada de Asunción, conocido como la Chacarita, tras recibir una bala perdida, aparentemente en medio de un enfrentamiento entre pandilleros. Según la Policía, el autor de los disparos sería un menor de edad.
La señora habría salido a mirar al balcón al escuchar el enfrentamiento y fue ahí que recibió el proyectil en el pecho. Según su madre, la fallecida deja cuatro huérfanos; dos nenas y dos varones.
La pelea entre pandillas se registró aproximadamente a las 01:30 de la madrugada, sobre las calles Florencio Villamayor entre Independencia Nacional y Yegros.
Fueron los médicos del Hospital de Trauma -hasta donde fue llevada la persona herida- quienes reportaron el hecho a la Policía. La paciente fue sometida a una cirugía a la que no resistió. Según los intervinientes, la señora al escuchar los disparos realizados en la vereda de su vivienda salió a mirar y allí recibió el impacto de bala que le causó la muerte.
“Estuve en el lugar del incidente ocurrido a la madrugada referente a lesión por arma de fuego, que fue auxiliada esta persona hasta el Hospital de Trauma y posteriormente falleció lastimosamente”, dijo el comisario Víctor Presentado, jefe de la Comisaria Quinta de Asunción a la 780 AM.
Policía alcoholizado chocó contra una casa en Luque
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Un oficial de la Policía Nacional que se encontraba conduciendo en estado de ebriedad terminó chocando contra una vivienda ubicada en el barrio Molino de la ciudad de Luque.
El oficial inspector Julio César Cáceres, de 40 años, fue detenido por los vecinos luego de haber estrellado su automóvil contra una vivienda. El conductor tras el percance intentó darse a la fuga.
Como parte del procedimiento, Cáceres fue sometido a la prueba de alcotest, la cual arrojó como resultado 0,647 gramos por litro. Igualmente, en el interior del automóvil fueron encontradas varias latas de cerveza.
El automóvil del oficial habría impactado primeramente por el portón de la casa y terminó ingresando al predio de la misma hasta chocar contra la vivienda. El automóvil tumbó varios pilares que sostienen la estructura, por lo que el techo se derrumbó. El vehículo debió ser retirado de la sala de la casa.
Afortunadamente, la familia que habita el lugar no se encontraba en el momento del accidente, ya que estaban trabajando en el negocio familiar distante aproximadamente una cuadra del sitio.
“Una vecina me avisó del accidente; cuando estaba llegando a casa, me crucé con el hombre que intentaba darse a la fuga y le atajé. No podía ni hablar de lo mal que estaba. Yo exijo que se haga responsable de los destrozos y que mande reparar todos los daños”, indicó José González, propietario de la casa afectada, en conversación con canal Trece.
Comenzó el juicio al policía Oliver Lezcano, acusado por el crimen del militar Líder Ríos
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Este miércoles 30 de julio dio comienzo al juicio oral y público para el agente policial Oliver Lezcano y su pareja, Ada Ruiz Díaz, quienes están acusados por el homicidio doloso del militar Líder Javier Ríos, ocurrido en enero del 2023. El tribunal de sentencia que tiene a su cargo juzgar a los acusados está integrado por los jueces Fabián Weisensee, Cándida Fleitas y Laura Ocampo.
Desde el Ministerio Público valoran el trabajo técnico policial sobre el cual se basa la acusación y que ha sido atacado por las defensas a través de numerosos incidentes, todos ellos rechazados en etapa preliminar como también al inicio del juicio oral.
Al inicio del juicio oral se presentaron más de 24 incidentes por parte de los acusados, numerosos de ellos relacionados a las actuaciones policiales en el marco de la investigación del asesinato del efectivo militar, quien además trabajaba de manera independiente como chofer de plataforma de transporte.
Se fugó de Tacumbú
El agente policial Oliver Lezcano se fugó de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú el 28 de setiembre del año pasado, donde cumplía prisión preventiva desde el 26 de enero de 2023. Su fuga fue motivo de polémica debido a que el propio ministro de Justicia, Ángel Barchini, había asegurado a pesar de no contar con pruebas que el mismo fue asesinado y desmembrado dentro de la cárcel, versión que posteriormente fue desmentida con un video por parte del procesado agente policial.
La Procuraduría General de la República, en ejercicio de la representación legal del Estado, defendió la improcedencia de la demanda y sostuvo que no se cumplían los requisitos legales para una condena.FOTO: ARCHIVO
La Corte Suprema de Justicia rechazó una demanda promovida por un exfuncionario de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), quien reclamaba alrededor de G. 5.400 millones en concepto de indemnización por supuestos daños y perjuicios derivados de una destitución que consideraba injustificada.
Los ministros de la Corte César Garay, Eugenio Jiménez y Alberto Martínez Simón firmaron la resolución judicial.
En la demanda civil, el exfuncionario de la Ande había solicitado el 3 % mensual de intereses sobre tal monto, suma que alcanzaba los G. 11.500 millones solo en intereses. Además, se ahorraron los posibles honorarios profesionales de los abogados del demandante, lo que habría representado un desembolso total de G. 20.608.583.310 para el Estado paraguayo.
La Procuraduría General de la República, en ejercicio de la representación legal del Estado, defendió la improcedencia de la demanda y sostuvo que no se cumplían los requisitos legales para una condena por responsabilidad civil extracontractual.
En su sentencia, la Corte señaló que no se acreditaron ni la existencia de un daño jurídicamente comprobado, ni el vínculo causal directo entre la actuación de los funcionarios y los perjuicios alegados, ni un factor de atribución válido.
El fallo resalta que las demandas contra el Estado deben demostrar con claridad los cuatro elementos esenciales de la responsabilidad civil: antijuridicidad, daño, nexo causal y factor de atribución. La sola disconformidad con un acto administrativo no basta para fundar una pretensión indemnizatoria, especialmente cuando los actos cuestionados ya han sido revisados en otras vías jurisdiccionales.
Este caso constituye un precedente relevante en la defensa del erario público y reafirma el compromiso institucional de la Procuraduría General de la República en asegurar una representación jurídica eficiente, que permita resguardar los intereses del Estado ante reclamos infundados.