A través de la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) en un caso que involucra a un agente policial, el Estado se salvó de abonar una indemnización de G. 1.117.990.000. La destitución del agente de la Policía Nacional se dio durante el gobierno de Fernando Lugo a resultas de un sumario administrativo y por resolución del Tribunal de Calificaciones de la citada institución, confirmada luego por decreto.

La Procuraduría informó que el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de la capital, cuarta sala, a través de un incidente promovido por este organismo público de control, resolvió declarar la caducidad del juicio contra el Estado paraguayo sobre indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual. Destaca que se evitó un cuantioso daño patrimonial a las arcas del Estado.

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En dicha pretensión, el recurrente solicitó que se le indemnice por el supuesto actuar ilícito del entonces expresidente de la República, quien en pleno uso de sus facultades constitucionales emitió el Decreto Nº 5.032 el 8 de setiembre del 2010, en el cual determinó dar de baja al suboficial segundo Jorgelino Centurión Cuevas, a raíz de un sumario administrativo en donde se comprobó que el mismo había cometido faltas graves durante el ejercicio de sus funciones.

Según los antecedentes del caso, Centurión Cuevas fue procesado por robo de un fusil Galil y en julio del 2010 fue destituido junto con otros diez agentes de la institución involucrados en delitos varios.

Con la intervención de la PGR y tras cumplir con los pasos procesales, el Tribunal resolvió declarar operada, a petición de parte, la caducidad de instancia de los recursos de apelación y nulidad interpuestos contra el AI Nº 813, de fecha 17 de setiembre del 2018, dictado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Cuarto Turno de la capital, e impone las costas al apelante.

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