Un informe de 261 páginas, concluido tras meses de intervención revelan un descalabro administrativo en la Cooperativa Poravoty a cargo de grupo de policías que ocasionó un perjuicio de G. 274.235 millones, según los interventores del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop).

Las conclusiones señalan atrocidades financieras perpetradas en la institución y sindican como principales responsables al Consejo de Administración y Junta de Vigilancia, conforme a las normativas que rigen. Así también, la auditoría interna es mencionada como parte de los responsables por la falta de controles y las omisiones.

El referido informe subraya que, principalmente, por la falta de registración de las previsiones reales de la “Cartera de Préstamos morosa que supera al 80 %, así también para los Activos de Riesgo e implícitamente el no reconocimiento de esta condición contable, aumenta el resultado de la “Pérdida del Ejercicio” posicionándolo en G. 274.235.906.590”, esto al cierre del periodo 2024.

La pericia realizada refiere además que al 30/11/2024, cuyo último registro en la Herramienta Alerta Temprana, la entidad muestra una calificación de Riesgo Alto Crítico” con 15,3 % (R-), a consecuencia de los indicadores financieros fuera de los rangos establecidos.

La crítica situación financiera de la cooperativa tiene a 700 ahorristas que desde hace mucho tiempo están si poder hacer uso de su dinero, muchos de ellos jubilados y con delicado estado de salud.

Entre numerosas irregularidades detectadas por el equipo interventor resaltan temerarias operaciones en la concesión de créditos ficticios por G. 13.355 millones, presumiblemente para ocultar, distorsionar la situación real y financiera de la institución. Saltaron evidencias de análisis deficientes, falta de documentaciones requeridas para el efecto, garantías insuficientes, insuficiente capacidad de pago, aspectos que hacen que los préstamos sean otorgados en condiciones desfavorables para los intereses de la cooperativa.

“Se evidenciaron, además que existen otorgamientos de créditos por montos muy elevados y de antigua data y cuya devolución de capital han sido ínfimas, incluso en algunos casos nulas, afectando directamente a los estados financieros de la Cooperativa”.

Se encontraron 313 armas de fuego, 28.450 municiones, 392 cargadores de pistolas, entre otros elementos. Debido al riesgo que representaba la permanencia de las armas dentro de las instalaciones de la cooperativa, la intervención solicitó a la Dirección General de Material Bélico (Digemabel) para su custodio. No es un dato menor que, “se ha verificado la adquisición de Armas por parte de la cooperativa, para ello fue proporcionado por parte de los funcionarios a cargo del área de ventas, 3 (tres) contratos, los cuales fueron realizados con la empresa International Auto Supply SA, representado por el Sr. Diego Hernán Dirisio, junto con el Sr. Paulo César Fines Ventura (funcionario de la empresa en su calidad de gerente comercial), aclarando que ambos se encuentra actualmente en prisión en el marco del Operativo Dakovo, cuya intervención tiene como objetivo principal desmantelar una red criminal implicada en el tráfico de armas de Europa hacia Paraguay, y desde allí a las facciones criminales de Brasil.

En el área de inmuebles, el informe detalla irregularidades en operaciones de miles de millones de guaraníes. “Los hechos y demás vinculaciones jurídicas desarrolladas en el apartado de inmuebles evidencian la desviación importante de los principios de transparencia y fidelidad en el manejo de los bienes y valores de la cooperativa, siendo que la función de mayor raigambre de los administradores es el deber de cuidado, inherente al cargo o función desempeñada, concomitante con el perjuicio financiero con la adquisición de inmuebles al contado, sin contar con un fondo propio para la inversión o un plan de financiamiento y rentabilidad en el rubro inmobiliario”.

Se constató también “un incumplimiento generalizado y sistemático de la normativa vigente en materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT), así como de las disposiciones reglamentarias establecidas por los organismos supervisores (Incoop y Seprelad), deficiencias en la gestión del oficial de cumplimiento, ausencia de controles adecuados para la identificación de personas expuestas políticamente, falta de actualización normativa en los manuales internos y una alarmante concentración de ahorros a plazos sin los mecanismos de mitigación correspondientes. La situación detectada representa un riesgo significativo para la transparencia, sostenibilidad financiera y la integridad operativa de la entidad, así como un eventual canal de ingreso de activos de origen ilícito”.

Cabe recordar que la cooperativa Poravoty registra unos 14.000 socios, de los cuales 3.000 están activos. Algunos de los exdirectivos (todos renunciantes) que se encuentran en la mira por el millonario perjuicio generado son: Miguel González Duarte (presidente, exsuboficial), Silvio Vera González (excomisario), Luis Alberto Delgado. Los miembros de Junta de Vigilancia: Calixto Talavera, Catalino Espínola, Heber Caldeira, entre otros.

El titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) Jalil Rachid, destacó que desde que asumió la administración de esta institución marcaron como objetivo que todos los agentes volvieran a salir a las calles, ya que era una práctica que se había dejado de lado en gestiones anteriores.

El ministro destacó que esta decisión dejó resultados altamente positivos desde el comienzo de su planificación, la reactivación de estas actividades.

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“La vuelta a las calles de nuestros agentes ha permitido recabar información, la ciudadanía ha confiado en los agentes especiales que han presentado denuncias, sin dar nombres ni apellidos, resguardando la identidad de la fuente, para saber los lugares donde eventualmente se estarían traficando o dedicando al microtráfico o narcomenudeo”, comentó.

Remarcó que mediante estas actividades se tuvieron resultados muy importantes que derivaron al 100 % de efectividad en lo que respecta a la presencia y despliegue de los agentes especiales de la Senad en las calles, pero también en la zona fronteriza del país.

“Hemos sacado resultados muy buenos, mediante estas patrullas y controles que se han realizado, siempre en el marco del respeto de las normativas vigentes, el derecho constitucional de la libre circulación, pero atentos nuestros agentes especiales, acompañados igualmente a fuerzas especiales en puntos estratégicos del país”, acotó.

Rachid enfatizó que esta práctica de control se reactivó durante su administración y está dando resultados muy positivos, por lo que continuará siendo la línea de trabajo, por instrucción del Ejecutivo.

Solo por citar algunas cifras, la Senad infligió pérdidas por más de 379 millones de dólares a las estructuras criminales. Como evidencia de ello, solo en las últimas semanas se logramos importantes avances en la lucha contra el crimen.

Por un lado, la operación Traición asestó un duro golpe al crimen organizado con la incautación de más de 13.500 kilos de marihuana en Canindeyú y la operación Esquilo atacó el microtráfico, incautando 1.272 dosis de cocaína.

Mientras que la operación “Nueva Alianza 51”, que concluyó recientemente con más de 1 millón de kilos de marihuana que quedaron fuera del mercado en 12 días de operaciones conjuntas, causando un lucro cesante de USD 30 millones en Paraguay, considerando el precio promedio local de la droga y aproximadamente USD 150 millones en el mercado brasileño, según el precio final de comercialización, según datos del ente.

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El presidente de la Junta Municipal de Asunción, Luis Bello, informó que se registra un incremento en las recaudaciones de la Municipalidad de Asunción, mientras avanza el proceso de intervención, que encabeza el economista Carlos Pereira, desde el 24 de junio pasado.

En conversación con La Nación/Nación Media, Bello describió que se implementó la publicación diaria de los ingresos tributarios, lo que permitió observar que se registró el doble de los ingresos de lo que se venía recaudando.

“Estamos notando signos muy positivos, como el avance muy significativo en las recaudaciones, también pudimos ver que en la página web se carga y publica el resultado de las recaudaciones del día en los diferentes rubros, impuestos, tasas, contribuciones, patentes, etcétera”, dijo el titular de la Junta Municipal, que mantiene su apoyo total a la gestión del interventor.

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Además, comentó que está al tanto de que Pereira está avanzando, sin ningún inconveniente, en lo que respecta a su examen documental en relación a las seis objeciones que realizó la Contraloría General sobre la administración del intendente Óscar Rodríguez.

“Una vez que se activa este tipo de mecanismo de control puede generar todo tipo de reacciones, pero, en general, se está desarrollando con normalidad, porque se entiende que es parte de nuestra democracia y se está continuando, esperando los resultados, lo que habla muy bien de nuestra sociedad y de la clase política”, resaltó.

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El concejal Ernesto Guerín manifestó su respaldo a la intervención de la gestión del intendente Miguel Prieto y sostuvo que el proceso debe servir para esclarecer múltiples irregularidades que, según dijo, afectan seriamente a la administración municipal.

“Ojalá que todo salga a la luz y que la gente sepa que el intendente es un corrupto, que su equipo es un corrupto. Son más de lo mismo, a pesar de que vendieron que iban a ser el cambio”, expresó en conversación con La Nación/Nación Media.

El edil señaló que el interventor Ramón Ramírez se encuentra realizando un trabajo minucioso, pero enfrenta serias dificultades debido a la falta de documentación clave. “El intendente hizo desaparecer documentación, no tiene acceso a muchos documentos y eso obliga a rebuscar información de otras formas. Es bastante arriesgado lo que hizo Miguel Prieto”, denunció.

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Guerín recordó que ya comenzaron a revelarse hechos preocupantes, como adjudicaciones por más de G. 30.000 millones poco antes de que el intendente sea suspendido en sus funciones. Aseguró además que aún no se abordaron otros puntos críticos, como el uso de comisiones vecinales, amaños en licitaciones, sobrecostos, nepotismo, pago de viáticos a concejales, entre otros.

El concejal también indicó que el Ministerio Público finalmente tendrá que intervenir. “Creo que habrá denuncias penales por todo lo que se está encontrando. Todos los días hay denuncias en la municipalidad”, señaló. Mencionó además que la denuncia sobre el caso “Navidad Sustentable”, presentada por él, fue una de las bases para solicitar la intervención, pero que ese tema aún no fue tratado por el equipo interventor.

En cuanto a los argumentos que utiliza Prieto para defender su gestión en torno a las obras adjudicadas, Guerín respondió: “Claro que existen, eso no es lo que se debate. Lo que se debate es cuánto costaron esas obras, cuánto se sobrefacturó, y por qué siempre ganan las mismas empresas amigas que hacen trabajos de pésima calidad”.

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El edil también mencionó que Prieto y su entorno confiaban en evitar cualquier proceso de control gracias a su mayoría en la Junta Municipal. “Ellos nunca esperaron la intervención porque tenían una mayoría aplastante. Ellos no veían venir esto, por eso intentaron boicotearlo hasta el final”, concluyó.