El titular del Partido Cruzada Nacional, Paraguayo “Payo” Cubas, extendió invitaciones a las máximas autoridades de los partidos de oposición con representación parlamentaria con el fin de consensuar una metodología que facilite la definición de una candidatura única presidencial rumbo a las elecciones generales del 2028.

La convocatoria está fijada para el próximo 1 de noviembre a las 15:00 en un bar de Asunción. El objetivo de la iniciativa es construir una estrategia común y evitar la dispersión de votos. “El evento tendrá por fin tratar el método de la unidad entre todos los partidos de la oposición con vista a ir todos juntos con una sola chapa presidencial a las elecciones generales del 2028”, indica parte del documento.

El documento, que también se encuentra firmado por el secretario ejecutivo de Cruzada Nacional, Lucio Rojas, menciona que cada nucleación política deberá limitar la participación de su delegación oficial a un máximo de tres personas y deberán confirmar presencia antes del 23 de octubre.

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En la danza de nombres para la presidencia de la República figuran, por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el gobernador de Central y líder del movimiento Nuevo Liberalismo, Ricardo Estigarribia; el exsenador Blas Llano; el exdirector paraguayo de Itaipú, Carlos Mateo Balmelli; los senadores Eduardo Nakayama, Celeste Amarilla, Enrique Salyn Buzarquis.

También corren las versiones de que también tendría intenciones el ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Víctor Ríos. Mientras que el Partido Yo Creo impulsa la candidatura del exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y por el sector independiente, la exsenadora Kattya González.

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El senador del Partido Yo Creo, José Oviedo, dijo que desde la oposición se analiza impulsar una lista única para los cargos de senadores y diputados con miras a las elecciones generales del 2028. A la vez, afirmó que el sector debe concretar previamente un proyecto de gobierno para luego definir la candidatura presidencial y no caer en el electoralismo.

“A lo mejor vamos a definir una lista unificada para el Senado y Diputados, en eso estamos. También se está conversando sobre esto, no sabemos si se dará finalmente, es un poco más difícil. En las elecciones del año 2023 la concertación opositora inicialmente planteó una lista unificada, pero después se desbandó el tema”, señaló en el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Oviedo mencionó que el líder de su partido y exintendente de Ciudad del Este, destituido por corrupción, Miguel Prieto, no rechaza la propuesta realizada desde el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), consistente en que todos los aspirantes presidenciales de la oposición se sometan a unas elecciones internas a padrón abierto para definir una candidatura única que enfrente a la Asociación Nacional Republicana (ANR).

“El presidente de nuestro partido no se cierra a ningún mecanismo, si entre todos definimos si tiene que ser unas elecciones internas a padrón abierto, sin problema, solo tenemos que ponernos todos de acuerdo en el método. Le escuché a muchos líderes liberales decir que su partido tiene que encabezar la chapa presidencial, bueno se entiende es un partido centenario con estructura a nivel nacional, pero si vamos a ir unidos tenemos que elegir a uno solo de la oposición y si serán unas internas, sin problemas, como dije, Miguel no se cierra a eso, estamos abiertos a cualquier método de elección”, manifestó.

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El legislador agregó que “las internas a padrón abierto son un método bastante democrático, pero hay que ver los mecanismos para lograr eso, si vamos a poder utilizar todo el padrón o solamente el padrón liberal. Hay que ver cómo se equilibran los recursos, las fuerzas. Nosotros no podemos decidir nomás ir a unas internas porque debemos considerar que el PLRA tiene una estructura muy grande y Yo Creo recién fue partido hace un año, por ahí también podría venir un cuestionamiento de nuestra gente. Entre febrero o marzo ya tendríamos que tener un método de elección, ya que luego debemos hacer campaña”.

Sin embargo, Oviedo consideró fundamental que previamente la oposición deberá definir un proyecto de gobierno para luego debatir sobre las candidaturas. “Cometimos este error también con la concertación en el 2023, donde el proceso se centró mucho en lo electoral y no en lo programático, se eligieron primero los candidatos y desde ahí se comenzó a trabajar en un proyecto de gobierno”, lamentó.

El legislador añadió: “Voy a sugerir que primero tengamos un equipo técnico trabajando en ese proyecto de gobierno. Yo estoy seguro que vamos a lograr estar unidos, consideramos que tendremos una oferta electoral muy atractiva para la población”.

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La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que modifica el Código Civil y prohíbe el matrimonio antes de los 18 años.

El texto con media sanción establece que ninguna per­sona menor de 18 años podrá contraer matrimonio, sin excepciones por consenti­miento de los padres, tutores o autorización judicial.

Se prohíbe expresamente el matrimonio entre una persona menor de edad y una persona adulta, con la advertencia de que los casos de incumplimiento serán denunciados ante el Ministe­rio Público. Durante la sesión, la diputada Dalia Estigarri­bia, titular de la Comisión de Niñez y Adolescencia, funda­mentó a favor de la aprobación del citado proyecto de ley.

La legisladora insistió en la necesidad de establecer meca­nismos legales que impidan que se produzcan abusos bajo la apariencia de un matrimo­nio.

Aclaró que la propuesta se enmarca en los compro­misos asumidos por Para­guay para impulsar acciones, políticas públicas y medidas legislativas orientadas a pre­venir y erradicar el matri­monio infantil y las uniones tempranas y forzadas.

Con­cretamente el texto establece que no podrán contraer matri­monio las personas que no hayan cumplido 18 años, inde­pendientemente de que cuen­ten con el consentimiento de sus padres, tutores o una auto­rización judicial. Con ello se busca eliminar las excepcio­nes que actualmente permi­ten habilitar matrimonios antes de esa edad.

En sesión ordinaria, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley “Que modifica los artículos 1º y 6º de la Ley Nº 7349/2024 - De pensión para niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad, víctimas colaterales de feminicidio u homicidio de su progenitor en un contexto de violencia familiar”, presentado por la legisladora Dalia Estigarribia (PLRA-Central). El documento se deriva ahora a la Cámara de Senadores para su consideración.

Durante su tratamiento en el plenario, la Comisión de Presupuesto, presidida por la diputada Cristina Villalba brindó detalles del dictamen de aprobación con modificación, conforme a las sugerencias técnicas del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. El diputado Rubén Rubin, explicó que “son variantes pequeñas, pero de enorme significado: técnicamente pequeñas, de forma, pero de fondo enorme, con un impacto social gigante”, expresó.

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A su turno, la diputada colorada Rocío Abed valoró el alcance de la referida normativa y recomendó su aprobación en carácter de presidente de la Comisión de Equidad Social e Igualdad de Derechos del Hombre y la Mujer. De esa manera, quedó aprobada una nueva redacción para dar mayor claridad y al mismo tiempo reflejar mejor el objeto del proyecto de ley, según expresaron en el plenario.

La propuesta introdujo la modificación del artículo 6º de la Ley Nº 7349/2024, teniendo en cuenta que el proyecto original proponía únicamente la modificación del artículo 1º.

La iniciativa busca ampliar el alcance del régimen de asistencia económica mensual destinado a niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad que quedan en situación de vulnerabilidad como consecuencia del feminicidio u homicidio de uno de sus progenitores en un contexto de violencia familiar, a fin de garantizar que la protección estatal no esté condicionada al vínculo biológico con el autor del crimen.

Es importante mencionar que la redacción vigente de la Ley Nº 7349/2024, limita el acceso a la pensión a los descendientes del autor del feminicidio u homicidio. Según los fundamentos del proyecto, esta disposición deja fuera a otros menores de edad y personas con discapacidad que, pese a no ser hijos biológicos del agresor, convivían con la víctima y dependían de ella emocional y económicamente.

Se señala además que, hijastros y otros niños, niñas, adolescentes o personas con discapacidad que integraban el entorno familiar de la víctima también pueden sufrir consecuencias devastadoras, como traumas psicológicos, pérdida del sustento económico, interrupción de su entorno escolar y social, además de una profunda desestabilización de sus condiciones de vida.

Mencionan que esta exclusión puede generar una doble victimización, al privar de asistencia a personas que también quedaron en situación de desamparo como consecuencia de la violencia familiar. Se consideró necesario establecer criterios de protección que contemplen la vulnerabilidad real de quienes sufrieron las consecuencias de estos hechos, independientemente de su vínculo de consanguinidad con el agresor.

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