El ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa, informó que los recursos de la Ley de Ollas Populares se utilizaron al 100% y mediará por lograr la reasignación de presupuesto. Los ciudadanos de los bañados reclamaron el recorte presupuestario que se dio a través de la Ley de Consolidación Económica y Contención Social para alimentar a miles de familiares.
“Los fondos que nos acreditaron, nosotros los ejecutamos al 100%. Ellos se manifestaron frente a Mburuvicha Róga y me expresaron el interés de que pueda mediar ante el Poder Legislativo para que se puedan asignar nuevamente los recursos”, indicó a la 1020 AM.
Nota relacionada: Exigen recursos para ollas populares frente a Mburuvicha Róga
Los recursos con los que contaba la SEN eran de G. 15 mil millones, según el ministro. Resaltó que en su momento las ollas populares llegaron a mucha gente en aquel momento tan complicado que atravesamos como país.
Esperan conversar con los representantes para evaluar la situación y estudiar la posibilidad de lograr la reasignación de estos recursos. Descartó que la SEN pueda hacerse cargo del financiamiento de las ollas populares con fondos propios, porque ya están asignados.
La ley destinaba recursos económicos para la realización de ollas populares en los barrios carenciados de la capital y otros puntos del país, pero fue modificada en el Congreso Nacional. Por ese motivo exigen que el presidente de la República vete parcialmente esta propuesta.
Te puede interesar: La Policía reprime a organizadores de ollas populares frente a Mburuvicha Róga
Dejanos tu comentario
Socializan Ley que permite reducción de penas a través del trabajo
El Ministerio de Justicia continúa con las jornadas de socialización de la Ley N.º 7621/2025 que permite la reducción de penas a través del trabajo y el estudio.
En esta ocasión, la charla llegó al Complejo de Mujeres Privadas de Libertad de Emboscada (Comple), donde se pudo abarcar al 100 % de la población.
De esta manera los instructores aseguraron el acceso equitativo a la información sobre los beneficios previstos en la citada legislación.
Las autoridades del Ministerio de Justicia destacan que la socialización de la normativa constituye una herramienta clave para que las personas privadas de libertad puedan tomar decisiones informadas sobre su proceso de reinserción.
Durante los encuentros se explicaron los derechos y beneficios establecidos en la normativa, promoviendo el conocimiento jurídico y la redención de la pena asociada al trabajo penitenciario.
Las jornadas fueron coordinadas por la Dirección de Bienestar y Reinserción Social, bajo la conducción de María Rosalía González.
Se busca el fortalecimiento del impacto de las políticas públicas orientadas a una justicia más restaurativa y humana.
Leé también: Peña dispuso tarifa cero en peajes para posibilitar reencuentro con la familia
Dejanos tu comentario
Peña promulga acuerdo con UE y resalta oportunidades para el Paraguay
El presidente de la República, Santiago Peña, promulgó este lunes la ley que aprueba el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, consolidando un paso histórico para la inserción internacional del país y habilitando una nueva etapa de oportunidades para la producción, la inversión y el empleo.
A través de sus redes sociales, el mandatario paraguayo destacó que hace 35 años atrás, Asunción fue la cuna del Mercosur y hoy vuelve a ser protagonista con la promulgación de esta ley, que abre una nueva etapa de enormes oportunidades para el Paraguay y la región.
El mandatario destacó que los productos paraguayos podrán ingresar con mejores condiciones al mercado europeo, ampliando el potencial exportador de sectores estratégicos.
Le puede interesar: Paraguay da paso clave con primer centro integral infantil
Al mismo tiempo, se facilitará el acceso a tecnología, maquinaria e insumos provenientes de Europa a menores costos, fortaleciendo la competitividad de la industria nacional.
“Nuestros productos van a ingresar a uno de los mercados más grandes del mundo y facilitamos la llegada de tecnología, maquinaria e insumos europeos a menores costos. Desde el Gobierno del Paraguay sabemos que este es el camino, integrar estrategias para atraer inversiones, impulsar la competitividad y generar más empleo para todos los paraguayos”, expresó a través de sus redes sociales.
El presidente Peña sostuvo que esta decisión forma parte de una visión clara de desarrollo, orientada a integrar al Paraguay a las grandes dinámicas del comercio internacional, atraer inversiones y generar empleo de calidad para la ciudadanía.
De la articulación a la acción
Desde la Presidencia de la República resaltaron que este avance se da tras el encuentro “Impulso Mercosur–UE Paraguay: sector público y privado”, encabezado por el jefe de Estado, donde se consolidó una agenda de trabajo conjunta entre el Gobierno, el sector productivo y representantes de la Unión Europea.
En ese espacio participaron autoridades nacionales y actores clave del sector económico, reafirmando que la articulación entre el Estado y el sector privado será determinante para transformar este acuerdo en resultados concretos.
La promulgación de la ley marca así el inicio de una nueva etapa, en la que Paraguay se posiciona para competir mejor, atraer más inversiones y generar más empleo, consolidando su presencia en los mercados globales con una estrategia clara y sostenida.
Dejanos tu comentario
Pensión para adultos mayores: Rojas advierte sobre campaña de manipulación política
El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, advirtió que existe una campaña de manipulación con fin político e ideológico en torno a la pensión universal para adultos mayores que apunta principalmente a que el programa sea administrado y ejecutado por las municipalidades, situación que considera un retroceso.
“Hay una manipulación, mala intención e incluso una especie de politización y esto lo digo con absoluta responsabilidad. Hay personajes que se hacen llamar líderes de ese sector que se pasan incitando con una intención de ideologizar y generar una suerte de reacción popular”, advirtió al programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media.
Las afirmaciones de Rojas surgieron ante la manifestación realizada el lunes y martes pasado por un grupo de 600 personas de la tercera edad, provenientes en su mayoría de Central y Caaguazú, que exigieron la inmediata inclusión de los ciudadanos de 65 años de edad al programa de asistencia y su renuncia, pese a que la ley 7322/24 fija la inclusión automática por criterio de la edad de mayor a menor, conforme a la disponibilidad presupuestaria.
“Les recibimos en la sala de reuniones, entraron 35 representantes más o menos, les escuchamos, pero sale la cabeza del grupo y plantea cuatro cosas clave, que cobren la totalidad de las personas de 65 años de edad sin discriminación de forma inmediata, que se aumente la pensión al 50 % del salario mínimo y hoy el monto es de 25 %, que se eliminen las cuentas que se bloquean por falta de movimiento y por último algo que me llamó la atención pidieron que vuelvan a las municipalidades la administración del programa“, remarcó.
Ante dichos requerimientos, Rojas les detalló que el ministerio solo es un órgano de aplicación de la ley y que es el Congreso Nacional la institución encargada de plantear modificaciones de acuerdo a la disponibilidad financiera. Señaló también que es necesario contar con un dictamen técnico/financiero para evaluar la sostenibilidad del programa.
Leé también: Núñez rechaza ocultamiento de datos sobre licitaciones con dinero de Taiwán
Igualmente, el ministro les explicó que el presupuesto destinado al programa es de USD 495 millones anuales y que sus requerimientos demandarían un monto de USD 630 millones anuales a las arcas del Estado.
“Les expliqué y brindé respuestas a todos sus requerimientos y en cuanto a que el programa sea administrado por las municipalidades, es un retroceso. No es que yo piense que las municipalidades no puedan manejarlo, sino que realmente ahí vamos a volver a entrar en un famoso censo de datos con altos costos para el Estado, vamos a volver a entrar en este es mi amigo y este no es mi amigo“, dijo.
El secretario Estado acotó: “Cuando yo les dije todas las dificultades, reaccionaron incluso agrediendo. Yo tuve que pedir permiso y retirarme de la reunión, luego ellos salieron a las calles a pedir mi renuncia. Yo les dije que mi renuncia la tiene el presidente de la República, Santiago Peña, desde el primer minuto en que firmó el decreto de mi nombramiento, es él quien puede disponer del cargo“.
Te puede interesar: Líder Amarilla salpicado a red narco busca apoyo institucional del PLRA
Dejanos tu comentario
Núñez rechaza ocultamiento de datos sobre licitaciones con dinero de Taiwán
El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, salió al paso de las publicaciones periodísticas realizadas por el diario ABC Color, donde se alega que ocultó datos sobre cinco llamados a licitaciones por USD 3 millones, recursos provenientes de los USD 8 millones donados por la República de China (Taiwán) al Poder Legislativo.
“Ante publicaciones periodísticas que generan cuestionamientos sobre los procesos vinculados a la cooperación, el Congreso Nacional considera oportuno aclarar que los mismos se ajustan plenamente al marco jurídico vigente y a los mecanismos institucionales de control. Las afirmaciones relativas a supuesta opacidad, direccionamiento o irregularidades carecen de respaldo técnico y omiten considerar tanto el marco normativo aplicable como los mecanismos de control implementados“, afirma el comunicado emitido por Núñez.
Señala también que “El Congreso Nacional reitera su compromiso con la transparencia, la legalidad y la plena colaboración con las instituciones de control, manteniendo a disposición toda la información necesaria para su verificación”.
La publicación de ABC color refiere que durante las convocatorias, los procesos se realizaron eludiendo la Ley de Contrataciones Públicas, ocultando los contratos y negando solicitudes de acceso a la información.
El medio de comunicación alega que los contratos, destinados a modernizar la infraestructuras del Congreso Nacional, salieron a luz recién en febrero y que fueron tramitados “con una reglamentación oculta hasta la fecha”. A la vez expresa que estuvo marcado por plazos cortos y la cancelación de los llamados originales por falta de oferentes.
Ante dichas acusaciones, Núñez argumentó que “la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas ha determinado de manera expresa que los procedimientos vinculados a este proyecto se encuentran excluidos del ámbito de aplicación de la Ley 7021/2022, conforme a lo dispuesto en su artículo 3°, inciso k), en razón de tratarse de una cooperación internacional en la cual no existe erogación de fondos públicos ni administración financiera por parte del Congreso“.
Agrega que “en ese sentido, no corresponde sostener que se ha eludido la ley, cuando es el propio órgano rector en materia de contrataciones públicas el que ha establecido su inaplicabilidad en este caso concreto. No obstante dicha exclusión, el Congreso Nacional ha adoptado estándares reforzados de transparencia en la ejecución del proyecto, orientado a la modernización y mejoramiento de la infraestructura del Poder Legislativo, mediante recursos de cooperación internacional".
Lea también: Fiscalía abrió investigación contra Chaqueñito tras difusión de audios
Pasos realizados para las licitaciones
La presidencia de Núñez detalla que, durante el proceso de licitación, se dictó un Reglamento Interno de Contrataciones que reproduce sustancialmente los principios, etapas y garantías procedimentales previstos en la Ley Nº 7021/2022, adecuándolos a la naturaleza del proyecto y su fuente de financiamiento.
Añade que los llamados fueron publicados en la plataforma de la DNCP, posibilitando la participación de oferentes, aun cuando no existía obligación legal de canalizarlos a través de dicho sistema.
Sostiene que se conformaron instancias técnicas especializadas, como la Unidad Ejecutora del Proyecto y el Comité de Evaluación, que garantizan la trazabilidad, el análisis técnico y el control en cada etapa del proceso.
Intervención de la Contraloría
“Cabe señalar, además que, en septiembre de 2025, la Presidencia del Congreso Nacional solicitó formalmente a la Contraloría General de la República la verificación de los procesos de contratación vinculados a este proyecto, en el marco de los principios de transparencia y probidad, poniendo a disposición toda la documentación correspondiente”, manifiesta la nota.
Menciona además que "este antecedente demuestra que no solo no existió ocultamiento alguno, sino que se promovió activamente el control institucional desde el inicio del proceso. Actualmente, los procesos se encuentran sometidos a la verificación del órgano constitucional competente, lo cual refuerza las garantías de control y fiscalización".
Te puede interesar: Giuzzio suprimió controles pese a alertas de acción narco en puertos