El Ministerio Público anunció la apertura de una investigación penal contra Iván Giménez Cabrera e Iris Giménez Cabrera, sobrinos de la senadora Noelia Cabrera Petters, señalados por supuesto caso de planillerismo.

La causa se abre a escasos días de que se hiciera público el hecho, no obstante, el caso de la supuesta fortuna del expresidente Mario Abdo Benítez ocultada en un paraíso fiscal no pasó de la fase preliminar.

En su resolución de apertura de investigación, la Fiscalía manifiesta que luego de haber tomado conocimiento del hecho y con el afán de esclarecerlo, ordenó la investigación de acción penal pública hacia los sobrinos de la legisladora del Partido Liberal y se designó a Laura Giacummo, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos como fiscal del caso.

Tanto Iván como Iris costaron al Estado paraguayo al menos G. 494.500.000, dado que habrían sido contratados en agosto del 2023 y sus salarios ascendían a G. 13.500.000 y G. 8.000.000 respectivamente, por esta razón, el Ministerio Público los investigará por la supuesta comisión de hechos punibles contra el patrimonio del Estado.

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El caso generó indignación ciudadana, puesto que mientras percibían un salario dentro de la Comisión de Derechos de Personas con Discapacidad del Senado, ellos trabajaban, aparentemente, en el estudio jurídico del abogado Milciades Centurión, quien sería pareja de la parlamentaria.

Pese a que el caso se hizo público hace apenas cuatro días, lo trascendido en la prensa fue suficiente para que la Fiscalía, sin más preámbulos, inicie con una investigación. Lastimosamente, esta misma celeridad no se aplica para investigar la supuesta fortuna oculta, que asciende a USD 21 millones, del expresidente Mario Abdo y que generó revuelo internacional.

Una investigación periodística del portal argentino PeriodismoyPunto apunta al exmandatario por acumular la mencionada cantidad de dinero. Los depósitos a bancos de Seychelles, África, iniciaron cuando este estaba en pleno ejercicio de la Presidencia y provienen de diferentes empresas.

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La fortuna escapó de los controles de instituciones como la Contraloría General de la República, dado que esto no fue declarado por Abdo Benítez al dejar el cargo y quien, según los papeles presentados al órgano contralor, solo tenía un patrimonio de USD 3 millones.

Más allá de que el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, haya anunciado que el caso era objeto de una investigación preliminar, las semanas transcurrieron sin avances para este hecho donde se presume la existencia de hechos punibles como enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, aún así, no se abrió oficialmente una causa ni tampoco se designaron fiscales para investigar a Abdo.

El Tribunal Supremo español rechazó el martes un recurso del fiscal general del Estado para evitar ir a juicio por haber filtrado presuntamente documentos judiciales contra la pareja de una figura de la oposición conservadora, en otro revés para el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.

Álvaro García Ortiz deberá enfrentar un juicio por un presunto delito de revelación de secretos relacionado con la filtración de un correo electrónico relativo a Alberto González Amador, pareja de la influyente figura de la derecha, Isabel Díaz Ayuso.

El año pasado, los medios españoles publicaron un supuesto borrador de acuerdo entre la fiscalía general y el abogado de González Amador, un empresario que está siendo investigado por presunto fraude fiscal.

Según estas informaciones, Amador habría mencionado un posible acuerdo de culpabilidad en el que admitiría los presuntos delitos a cambio de evitar un juicio.

El Partido Popular (PP), la principal formación de la oposición de derecha, acusó a los aliados de Sánchez de organizar la filtración para perjudicar a Ayuso, una figura ascendente de la derecha española.

El Tribunal Supremo inició una investigación contra Ortiz en octubre del año pasado tras una denuncia de Amador, cuya empresa prestaba servicios sanitarios y vio cómo sus ingresos se disparaban durante la pandemia del Covid-19.

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Nombrado por el gobierno de Sánchez en 2022, Ortiz negó haber filtrado informaciones sobre Amador, ni de forma personal ni a través de su oficina.

La Sala de Apelación del Tribunal Supremo comunicó este martes que rechazaba el recurso de García Ortiz e informó en un comunicado que decidió “mayoritariamente que los indicios recabados durante la instrucción por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos son suficientes para que se pueda formular acusación por los hechos investigados”.

Tras conocerse la noticia, el PP volvió a pedir la dimisión del fiscal general. “Quien se sienta en el banquillo de los acusados no puede perseguir delitos. El fiscal general debe dimitir inmediatamente”, escribió el líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo, en su cuenta de X.

El caso contra Ortiz agrava los problemas que acechan al gobierno de izquierda que preside el socialista Pedro Sánchez, del que varios miembros de su entorno o excolaboradores están siendo investigados en diferentes causas.

• Fuente: AFP

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El experto en materia del sistema financiero y derecho bancario, el abogado Carlos Palacios, y la periodista de investigación de Nación Media, Rosana Escobar, coincidieron en señalar que existen mecanismos para indagar y comprobar si el expresidente Mario Abdo Benítez y su esposa Silvana López Moreira podrían ser o no los beneficiarios finales de los 21 millones de dólares distribuidos en dos cuentas bancarias en las islas Seychelles, según publicó el portal argentino PeriodismoyPunto.

Durante el programa “Fuego Cruzado”,que se emite por canal GEN/Nación Media, analizaron las evidencias que fueron expuesta por la investigación del portal de noticias que encabeza el periodista argentino Luis Gasulla, respecto a dos cuentas bancarias depositadas por dos empresas cuyos beneficiarios finales serían el exmandatario y su esposa.

Palacios señaló que, aparentemente, estos fondos no figurarían en la declaración de bienes del exjefe de Estado. Por lo tanto, señaló que, en principio, parecería una situación de ocultamiento de activos, escenario que configuraría un eventual hecho de enriquecimiento ilícito.

A su turno, la periodista Rosana Escobar, quien llevó adelante una investigación profunda sobre las empresas de Mario Abdo Benítez vinculadas al tema asfalto; señaló que hay mucha similitud en el manejo del dinero con relación a los depósitos en las islas Seychelles, encontrando un mismo modus operandi en el manejo financiero,

“Parece que es la misma práctica que hizo acá en Paraguay, porque acá la fortuna que amasaron sus empresas en el país no se ve reflejada en su declaración jurada, sino que se fueron a esos fondos de reserva. Hasta ahora nadie sabe dónde están, dónde hubo movimientos tampoco, y que están constituidas en un gran porcentaje por deudas también; deudas infladas que los proveedores o los clientes suyos no reconocen”, explicó la periodista.

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Al respecto, el doctor Palacios explicó que el tema de los paraísos fiscales antiguamente se constituían con facilidad mediante acciones al portador; pero luego de la crisis financiera del 2008, obligó a las compañías bancarias a nominar a quienes constituían las empresas.

A partir de entonces, indicó que todas aquellas personas que no querían revelar su identidad constituían sociedades con otras sociedades, armando unos esquemas de sociedades por capas; buscando siempre de ocultar la verdadera identidad del dueño o del beneficiario final. Es así que las legislaciones se fueron ajustando y es así que surge la figura del “beneficiario final”.

“Es como una pirámide, sin aparecer en ella, la persona que aparece como accionista en la sociedad puede no ser el beneficiario final de esa empresa, porque por encima de la que figura como primera dueña puede haber otros dueños hasta llegar a una persona física de carne y hueso, que finalmente se puede identificar como la persona que controla o que es titular de los activos que existen en esta sociedad”, comentó Palacios.

La periodista Escobar como el experto jurídico en finanzas señalaron que existen los elementos y herramientas para que el Ministerio Público inicie una investigación, ya que la publicación periodística accedió a datos bastante concretos y específicos, como, por ejemplo, los nombres de estos dos bancos, que efectivamente existen, operan y están habilitados para funcionar en Seychelles. Además de números de cuenta, los nombres de las sociedades titulares y movimientos de los depósitos o transferencias que se recibieron.

“No se trata de una información vaga sino de una información concreta que puede perfectamente servir como punta del ovillo para que el Ministerio Público inicie una investigación con toda seriedad. Ahora, que la persona afectada haya salido rápidamente a desmentir en forma directa y a través de sus abogados, esa es la dinámica que existe cuando hay una revelación de la posible existencia de un delito”, comentó Palacios.

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Asimismo, Palacios señaló que la Fiscalía y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) cuentan con las herramientas como para iniciar esa investigación mediante la cooperación con los grupos de unidades de inteligencia financiera de diversos países.

Indicó que justamente la República de Seychelles, en su afán de salir de la lista gris de paraísos fiscales, desde hace unos años ha formado parte del Grupo Egmont, que es el organismo internacional que permite la cooperación e intercambio de inteligencia entre las unidades inteligencia financiera de varios países, incluido también Paraguay.

“Esta información no es pública, la base de datos para saber quiénes son los titulares o los beneficiarios finales de las empresas constituidas en esa jurisdicción solamente se pueden acceder a través de estos mecanismos oficiales; por eso la responsabilidad recae yo creo que en la Seprelad y fundamentalmente en el Ministerio Público”, insistió Palacios.

Agregó que la Seprelad podría estar guardando el debido sigilo, no como ocurrió en otros casos durante el gobierno de Abdo, pero ya debería estar tramitando de manera oficial la investigación. “Ahora, si la información llega a recibirse y confirma la existencia de estas cuentas, ahí si esta investigación cobraría fuerza y podría derivar eventualmente en una imputación contra el expresidente”, puntualizó.

Por su parte, Rosana Escobar recordó que la investigación de la Fiscalía sobre eventual enriquecimiento ilícito de Mario Abdo lleva ya un año, sin tener noticias de avance en la investigación.

“Lo que tiene que hacer, reitero, la Fiscalía es sencillo, es revisar las cuentas bancarias, así nomás, es donde está la plata, dónde se fue, uno puede ponerle todo el ropaje que quiera, el concepto que quiera, financieramente hablando, pero hay que revisar dónde está la plata, nomás, sencillo, va a la cuenta y ya está”, acotó.

La Contraloría General de la República se encuentra analizando posibles acciones ante la supuesta fortuna no declarada del expresidente de la República, Mario Abdo Benítez. Así lo confirmó el director de Declaraciones Juradas, Armindo Torres, a La Nación/Nación Media.

“Si esto se constata, si esto es verdad, estaríamos ante un caso de declaración falsa y una intencionalidad de ocultar un enriquecimiento ilícito”, advirtió Torres, quien recordó que ya existe un análisis de correspondencia a Abdo que está suspendido actualmente, debido a los llamativos ingresos que obtuvo de sus empresas del rubro de la construcción.

El director también precisó que se había recurrido tanto al Ministerio Público como a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) de modo a obtener detalles sobre el fondeo a largo plazo de unas inversiones de las cuales la Contraloría no tenía detectado el origen y, por ende, se necesitaba indagar en ese aspecto en que no tiene potestad sobre empresas privadas.

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“Hemos escuchado que la Fiscalía abrió una investigación preliminar y, eventualmente, la Contraloría podría pedir algún informe a través de la Cancillería, pero eso sería mucho más lento, otras instituciones que tienen esos convenios internacionales como creo que es el caso del Ministerio Público que tienen ese canal, así como también la Seprelad, pero la Contraloría no tiene y estamos evaluando qué acciones tomar”, sostuvo.

Torres precisó que en la próxima semana tendrían más claridad sobre el caso y podrían solicitar informes a través del Ministerio Público de modo a poder avanzar en el examen de correspondencia, el cual puede seguir adelante, pese al blindaje con que cuenta Abdo por sus fueros como senador vitalicio.

Desde la Contraloría afirmaron que sería muy positivo poder tener claridad sobre esta supuesta fortuna oculta en Seychelles, noticia que trascendió a través una investigación periodística de Argentina. “Sería muy bueno para la República aclarar esta situación, inclusive para el expresidente, y si es así, que hay una cuenta con dinero, también seguir la ruta del dinero”, aseveró.

Los depósitos a cuentas que presuntamente tienen como beneficiarios finales a Abdo y su esposa Silvana López Moreira se habrían dado mientras el exmandatario aún estaba en función de gobierno, por lo que, para la Contraloría, es importante saber de dónde provinieron esos fondos que hoy estarían descansando en un paraíso fiscal, de acuerdo a la investigación de PeriodismoYPunto. “Hoy día hay mecanismos con que se puede seguir la ruta del dinero”, dejó en claro Torres.

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