El abogado Ricardo Preda fue consultado respecto al mensaje del secretario de la Presidencia, Mauricio Espínola, quien pidió que los medios del Grupo Nación detengan por 50 días las labores periodísticas que critiquen la gestión del actual gobierno de Mario Abdo Benítez y la de sus ministros.
“Obviamente la censura previa está prohibida por la Constitución, si bien no es un hecho punible que yo te diga no publiques algo. Ahora bien, yo te digo no publiques algo o vas a tener represalias sería una coacción”, explicó Preda.
Aclaró que es algo que no es correcto ante la Constitución Nacional, ya que configuraría hecho punible si existe una amenaza y hace que la persona se vea constreñida. En esa línea resaltó que la Carta Magna garantiza que se hagan responsables de los materiales publicados. “No toda cuestión prohibida por la Constitución es inmediatamente un delito”, indicó.
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Buscó convencer al dueño de medios
Preda continúo su análisis del discurso hecho por Mauricio Espínola y destacó: “Él no se dirigió directamente al periodista, él lo que trató es de convencerle al dueño de los medios, del que cree que tiene alguna influencia sobre los periodistas. Él (Mauricio Espínola) se dirigió al dueño (Horacio Cartes) porque cree que tiene influencia en sus periodistas para que dejen de publicar lo que están publicando”.
Por otra parte, el jurista se centró en analizar la cuestión del cargo en la Presidencia y el cargo de presidente de seccional durante el hecho. Y en ese sentido fue claro en señalar que no se puede escindir (dividir) lo que sostiene una persona desde su función profesional. “No se puede separar lo que dice un funcionario de su cargo cuando lo dice públicamente”, recalcó.
El secretario político de Mario Abdo expresó desde Misiones: “Quiero dirigirme al líder de Honor Colorado y pedirle que durante estas internas cese el fuego inmisericorde por parte de sus medios de comunicación, don Horacio. De colorados a un gobierno colorado donde todos hemos sido partícipes. Por lo menos por estos 50 días el cese del fuego”, atinó a decir Espínola.
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Primeras peleas en el abdismo: candidatura de Centurión incumple acuerdo previo
Sin haberse dado a conocer el cronograma electoral para las municipales del 2026, dentro de Fuerza Republicana ya se dan los primeros roces entre sus integrantes luego del anuncio del diputado Daniel Centurión sobre su precandidatura para la intendencia de Asunción, lo que según el propio exdiputado, Hugo Ramírez, arriesgan su pertenencia dentro del abdismo.
También cuestionó al expresidente Mario Abdo, quien estaría basando sus decisiones en el afecto y no en la voluntad de la dirigencia.
“Nosotros habíamos quedado en un acuerdo, en un pacto, en un objetivo donde la prioridad era un candidato que pueda unir las fuerzas para poder liderar a la apasionada disidencia colorada y ayer nos tomó de imprevisto la decisión del compañero Dani Centurión que incumple el acuerdo, después que no vengan a acusarnos a nosotros de que dividimos la disidencia”, aseveró.
El exlegislador afirmó que lo que necesitan como abdismo es una visión fuerte, con personas que puedan liderar y convencer al electorado, unir a la disidencia y a través de eso obtener la legitimidad que les permita no solamente llegar a los cargos, sino también para gobernar posteriormente.
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“Las imposiciones no unen, dividen y el consenso se construye no con declamaciones, sino con acciones concretas, con diálogo y con respeto al trabajo de la dirigencia, eso es buscar la unidad”, afirmó ante la 800 AM. Ramírez recordó que para las municipales del 2021, renunció sus pretensiones a la intendencia, a favor de Centurión, pese a que él estaba mejor posicionado. El resultado fue la derrota.
“A pesar de que yo era el que tenía más chances de ganarle a Óscar ‘Nenecho’ Rodríguez, decidimos por la coyuntura acompañarlo al que menos medía, se puso todo el aparato del Estado, se invirtieron muchísimos recursos y se perdió estrepitosamente. No puede ser que la disidencia solamente tenga un candidato y el principal problema sea que el expresidente, que es el líder natural del movimiento, no comprenda su rol trascendental dentro de la disidencia”, cuestionó.
Ramírez siguió con su crítica hacia Mario Abdo afirmando que él debería dejar “la cancha libre” para todos los que aspiran a la intendencia y que finalmente sea candidato, aquel que logre la musculatura política y adhesión popular. El exdiputado se pronunció en contra de que se impongan candidatos dentro de la disidencia.
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“Yo siento que el expresidente está precipitando apoyos a candidatos en cuales él tiene afecto, si yo le quiero a alguien le elijo para mi compadre, para el padrino de mi hijo, pero la política se maneja de manera diferente. Si yo dentro de la disidencia no voy a tener la libertad, que es algo que debe predominar, por qué me voy a quedar a que me impongan si tengo la posibilidad de irme”, concluyó.
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Intervención: ¿se puede tumbar a un intendente sin que existan hechos punibles?
- Por Nadia Denis (nadia.denis@nacionmedia.com).
El pedido del Poder Ejecutivo para intervenir las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este, en proceso en la Cámara de Diputados, generó gran revuelo político y ambos intendentes, y sus respectivos aliados, han salido a defender su gestión, pero, cuáles son los motivos por los cuales se puede solicitar la intervención.
En conversación entre La Nación/Nación Media y el abogado Ricardo Preda, explicó que la existencia de un hecho punible o un indicio del mismo no es el único causal para una intervención; la sospecha de malos manejos administrativos, que no constituyan un delito, también pueden requerir la medida constitucional de la intervención.
“Por ejemplo, si yo utilizo un rubro en otro, es decir, dinero que está para construcciones para pagar salarios de los funcionarios, eso propiamente no es un delito porque no hay un perjuicio patrimonial, pero es una mala administración porque estoy usando incorrectamente los rubros”, detalló.
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Hay un extenso listado de cuestiones que no corresponden a un delito como tal, pero sí habla de una mala gestión del administrador de gastos. Por citar algunos: falta de rendición de cuentas, desorganización en los registros contables y administrativos, inadecuado manejo de bienes patrimoniales, falta de respuesta a requerimientos de órganos de control, entre otros.
“Los defensores de uno de los intendentes, decía que ‘acá no hay perjuicio patrimonial’, yo desconozco porque no profundicé ninguno de los dos casos y no sé si es el caso, pero si una municipalidad paga todo con cheques al portador, eso es una mala administración, no necesariamente es un perjuicio patrimonial porque de por ahí se pagaron deudas que eran reales, pero no está bien que se pague de esa manera porque eso es poco transparente”, sostuvo.
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La intervención
La intervención es una herramienta que está presente en el artículo n.° 165 de la Constitución y que está regulada por la ley n.° 317/1994. En estas normativas, se menciona la atribución de la Contraloría para cursar la solicitud de las intervenciones, mediante el Ministerio del Interior (Poder Ejecutivo), así como de las Juntas Municipales.
La Cámara de Diputados conformó dos comisiones especiales para investigar los motivos del pedido de intervención y que deberán emitir un dictamen en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de su instalación. Posteriormente, el pleno deberá tratar este punto y definir si presta el acuerdo al Poder Ejecutivo para intervenir la municipalidad.
En caso de aprobarse la intervención, el Ejecutivo deberá designar a un interventor que tiene un plazo de 90 días, con posibilidad de prórroga, y deberá realizar una auditoría administrativa, financiera y legal de la gestión del intendente suspendido. Finalizado este trabajo, deberá remitir un informe recomendando la restitución o destitución del intendente
¿Pero, si el intendente renuncia, sigue en pie la intervención? No, si la renuncia presentada por el jefe comunal es aceptada por la Junta Municipal, la intervención queda sin efecto, no obstante, si existen presunciones de hechos punibles, el Ministerio Público tiene atribuciones para investigar.
“El hecho de que se le destituya o renuncie no cambia en absoluto de que el Ministerio Público va a estar obligado a perseguir esos delitos. Desde el punto de vista de los malos manejos que no constituyan hechos punibles que generan algún tipo de responsabilidad, igual la Municipalidad va a poder reclamar a esa autoridad que hizo incorrectamente, hay acciones civiles establecidas si hay algún perjuicio causado por el administrador, pero que no constituya hechos punibles”, puntualizó Preda a LN.
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EE. UU. denegará visas a funcionarios extranjeros por censuras en redes
- Washington, Estados Unidos. AFP.
Estados Unidos anunció este miércoles que denegará visas a funcionarios extranjeros que bloqueen publicaciones estadounidenses en las redes sociales. El jefe de la diplomacia, Marco Rubio prevé combatir así las “flagrantes acciones de censura” en el extranjero contra empresas tecnológicas estadounidenses. No especificó qué funcionarios perderían la visa.
Pero la semana pasada afirmó en el Congreso que consideraba sancionar al juez brasileño Alexandre de Moraes, a cargo del juicio por golpismo al expresidente Jair Bolsonaro y que se ha enfrentado a Elon Musk al bloquear temporalmente su red social X. Washington también ha criticado duramente a Alemania y el Reino Unido por restringir lo que estos países consideran discursos de odio.
“Es inaceptable que funcionarios extranjeros emitan o amenacen con órdenes de arresto contra ciudadanos o residentes estadounidenses por publicaciones en redes sociales en plataformas estadounidenses mientras se encuentren físicamente en territorio estadounidense", declaró Rubio en un comunicado. “Es igualmente inaceptable que funcionarios extranjeros exijan que las plataformas tecnológicas estadounidenses adopten políticas globales de moderación de contenido o participen en actividades de censura que excedan su autoridad y se extiendan a Estados Unidos”, afirmó.
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“Intrusiones”
“No toleraremos intrusiones en la soberanía estadounidense, especialmente cuando tales intrusiones socavan el ejercicio de nuestro derecho fundamental a la libertad de expresión”, sostuvo.
Rubio ha revocado las visas estadounidenses de miles de personas, en su mayoría estudiantes que protestaron contra la ofensiva israelí en la Franja de Gaza.
Entre los casos más notorios destaca el de Rumeysa Ozturk, una alumna de doctorado turca de la Universidad de Tufts, quien escribió un artículo de opinión en un periódico estudiantil criticando la postura de la universidad sobre Gaza.
Agentes enmascarados la arrestaron en una calle de Massachusetts (noreste) y se la llevaron. Un juez ordenó recientemente su liberación.
La regulación de las redes sociales se ha convertido en un grito de guerra para muchos de la derecha estadounidense. Sobre todo, desde que Trump fue suspendido de Twitter (ahora X) y Facebook por motivos de seguridad después de que una turba de partidarios suyos atacara el Capitolio de Estados Unidos tras su derrota en las elecciones de 2020 frente al expresidente demócrata Joe Biden.
En Brasil, donde simpatizantes de Bolsonaro, aliado de Trump, irrumpieron en el palacio presidencial, el Congreso y la Corte Suprema en 2023 tras la derrota electoral del expresidente derechista, Moraes se ha propuesto, según él, proteger la democracia a través de su poder judicial.
En 2024, Moraes bloqueó temporalmente X en todo Brasil hasta que la red cumpliera su orden de eliminar las cuentas acusadas de difundir desinformación.
Más recientemente, el magistrado ordenó suspender Rumble porque esta plataforma para compartir videos populares entre los conservadores y la extrema derecha se negaba a bloquear la cuenta de un usuario residente en Estados Unidos que era buscado por difundir desinformación.
Alemania, cuyo ministro de Relaciones Exteriores se reunió el miércoles con Rubio, restringe el discurso de odio y la desinformación en línea para aislar a los extremistas. Esgrime que han aprendido la lección de su pasado nazi.
En un discurso pronunciado en Múnich en febrero, el vicepresidente estadounidense JD Vance criticó a Alemania por rechazar a la extrema derecha.
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“Estrategia de censura”
En un ensayo publicado el martes, un funcionario del Departamento de Estado acusó a los europeos de seguir una “estrategia de censura, demonización e instrumentalización burocrática” similar a la observada contra Trump y sus partidarios.
“Lo que esto revela es que el proyecto liberal global no facilita el florecimiento de la democracia”, escribió Samuel Samson, asesor de la oficina de derechos humanos del Departamento de Estado.
“Más bien pisotea la democracia y, con ella, la herencia occidental, en nombre de una clase gobernante decadente que teme a su propio pueblo”.
Las visas se han convertido en una herramienta de política exterior estadounidense como nunca antes.
El martes el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ordenó suspender la tramitación de las visas de estudiante.
El gobierno se propone examinar los perfiles en redes sociales de los extranjeros que quieren estudiar en universidades estadounidenses, según un cable interno firmado por Rubio.
La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, declaró el miércoles que Pekín instó a Washington a “salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los estudiantes internacionales”. En su intento por controlar las principales universidades estadounidenses, la administración ya ha revocado visas de estudiantes extranjeros y deportado a algunos de los participantes en las protestas contra la guerra en Gaza.
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No hay margen de dudas sobre la facultad de la Contraloría para pedir intervenciones, sostiene Preda
El abogado penalista, Ricardo Preda, dejó en claro que la Contraloría General de la República (CGR), tiene facultades constitucionales para pedir la intervención al Poder Ejecutivo, a las municipalidades, cuando existen indicios de hechos punibles, sostenidos en dictámenes elaborados por esta institución.
“El artículo n.° 2 de la ley n.° 317/1994 por lo menos deja sin lugar a dudas de que la Contraloría tiene la facultad de solicitar al Poder Ejecutivo que inicie ese trámite, lo que no quiere decir que esta institución defina que se va a hacer esa intervención o no, ahí va a intervenir el Ministerio del Interior y luego va a necesitar el acuerdo de la Cámara de Diputados", explicó.
En contacto con “Tarde de perros”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media, el abogado recordó que las intervenciones tienen un componente político, dado que la Cámara Baja debe aprobar dicha solicitud, no obstante eso no cambia el hecho de que el ente contralor pueda hacer esa solicitud, independientemente de lo que se resuelva en los otros estamentos.
El artículo n.° 165 de la Constitución Nacional establece que los gobiernos municipales y departamentales pueden ser intervenidos por el Poder Ejecutivo, con acuerdo de la Cámara de Diputados, también en casos de solicitud de la Junta Municipal o de desintegración de la misma, la tercera opción es por graves irregularidades con previo dictamen de la Contraloría General de la República.
“La reglamentación de ese artículo, es la ley n.° 317 de 1994 y en su artículo n.° 2 aborda los casos de intervención, que incluyen los hechos señalados directamente por la Contraloría con dictamen y a solicitud de esta, es decir, le da la facultad a la Contraloría de solicitar la intervención, obviamente luego hay otros trámites que se deben seguir, pero de que la Contraloría puede solicitar, sí lo puede", recalcó.
Las aclaraciones de Preda se dan en medio del reciente pedido de la Contraloría, anunciado por el propio contralor Camilo Benítez, a intervenir las municipalidades de Asunción y de Ciudad del Este ante indicios de hechos punibles. Todo esto luego de una investigación llevada a cabo por la mencionada institución y la emisión de dictámenes al respecto.
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