El expresidente está bajo sospecha por las serias irregularidades financieras detectadas en su patrimonio: USD 45 millones en reservas operativas sin respaldo, un crecimiento desmedido de inversiones y millonarias discrepancias en cuentas por cobrar con proveedores. Ahora se suman las cuentas offshore en Seychelles, que podrían anexarse a la causa por la Fiscalía

• LA CAJA NEGRA

El Ministerio Público sigue adelante con la investigación penal abierta en setiembre de 2024, tras las inconsistencias detec­tadas en las ganancias gene­radas por las empresas dis­tribuidoras de asfalto Aldia SA y Createc SA, vinculadas al expresidente Mario Abdo Benítez.

La pesquisa, que permanece en curso actualmente, apunta a determinar posibles delitos tras detectarse multimillo­narias ganancias por venta de asfalto a contratistas del Estado.

Un crecimiento exponencial de 70 veces más en la venta de asfalto desde que asumió el poder, las inconsistencias en los estados financieros y el misterioso destino de las uti­lidades registradas (USD 45 millones) en las empresas liga­das al exmandatario son los aspectos claves del lucrativo negocio.

El equipo de fiscales asignado a la investigación solicitó una serie de informes a la Contra­loría, a la Dirección de Ingre­sos Tributarios, a la Seprelad y a las empresas que realizaron transacciones comerciales con las empresas Aldia y Crea­tec SA. Así también se remi­tieron pedidos de informes específicos a estas últimas para que informen sobre las inconsistencias detectadas en sus estados financieros. La investigación apunta a los directivos de ambas empre­sas y al principal accionista de ambas, el expresidente Mario Abdo Benítez. La causa penal fue asignada por el fis­cal general del Estado, Emi­liano Rolón Fernández, a un equipo de fiscales especiali­zados en Delitos Económi­cos y Anticorrupción: Jorge Arce, María Verónica Valdez y la fiscal adjunta María Sole­dad Machuca. La causa fue iniciada luego de que la Con­traloría General de la Repú­blica (CGR), respaldada por un informe de la Dirección Nacional de Ingresos Tribu­tarios (DNIT), presentara evidencias de anomalías en las operaciones financieras de ambas empresas, que expe­rimentaron un crecimiento desproporcionado, superior a la media del mercado, en sus ingresos con la provisión de asfalto.

El expediente, identificado como causa n.º 82/2024, tiene como principal objetivo esclarecer los posibles deli­tos económicos derivados de las operaciones de Aldia SA y Createc SA, que experimen­taron un crecimiento finan­ciero sin precedentes durante el gobierno de Abdo Benítez. Las indagaciones se centran en analizar los movimien­tos financieros y la declara­ción patrimonial del expre­sidente, así como el destino de los USD 45 millones (G. 329.000 millones) que ambas empresas habrían acumu­lado en reservas operativas sin justificar su uso.

Entre las principales incon­sistencias detectadas figu­ran: discrepancias contables, cuando la DNIT identi­ficó diferencias en las cuen­tas de deudores por venta, que ascienden a G. 155.500 millones en proveedores locales. Incrementos abrup­tos en inversiones: Aldia SA pasó de tener G. 1.397 millo­nes en inversiones en 2022 a G. 40.515 millones en 2023. Utilidades no declaradas claramente: la Contraloría informó sobre ingresos des­proporcionados que habrían sido derivados a fondos opera­tivos, sin evidencia de un uso claro y transparente.

El permanente aumento del volumen destinado a esas reservas de ambas empre­sas, sin evidencia de las dismi­nuciones que corresponden según la legislación tributa­ria, sugiere la evidencia de que no fueron aplicadas para los fines previstos, sino más bien para otros.

La falta de un registro docu­mental que exponga el des­tino final del dinero enviado a la cuenta de “reservas” eleva las sospechas de que el mecanismo era utilizado aparentemente para la eva­sión de impuestos y el even­tual lavado de dinero.

Tras la denuncia realizada por el periodista argentino Luis Gasulla, de Periodismo y Punto, una nueva sospecha salpica al expresidente que ahondan las dudas sobre su patrimonio y el origen de su fortuna. Se refiere a cuentas bancarias en islas Seychelles de empresas que tendrían como beneficiarios finales a Abdo Benítez y a su esposa, Silvana López Moreira. Se trata inicialmente de unos 21 millones de dólares, que habrían sido producto de depósitos al momento de la habilitación y de remesas desde empresas aparente­mente fantasmas desde zonas como Hong Kong o Dubái.

El vicepresidente del Instituto Paraguayo de Profesionales del Sector Eléctrico (IPPSE), Guillermo Krauch, respaldó el proyecto del Poder Ejecutivo remitido al Congreso Nacional que plantea que la dependencia del Viceministerio de Minas y Energía pase del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) al Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

“Crear un nuevo ministerio llevaría mucho tiempo organizativo que tal vez podría postergar llevar adelante los emprendimientos. Darle una visión diferente al objetivo del Viceministerio de Minas y Energía podría ser una manera de impulsar los proyectos que están hace mucho tiempo en las carteras y en los planes que tiene la Ande (Administración Nacional de Electricidad) para llevar adelante“, indicó el ingeniero electrotécnico y máster en administración de empresas, este martes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La iniciativa forma parte del paquete de diez proyectos de leyes económicas que tienen como fin la transformación integral del Estado paraguayo. “Escuché que se considera que el Ministerio de Industria y Comercio tiene más disponibilidad de tiempo para atender al sector energético e impulsar los emprendimientos que ahora hacen faltan en el sentido de tener un abastecimiento seguro y al costo adecuado para que el país pueda desarrollarse, hasta parece una buena idea”, refirió.

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Krauch recordó que, meses atrás, el Instituto Paraguayo de Profesionales del Sector Eléctrico emitió un informe técnico que evidenciaba un preocupante atraso en las inversiones planificadas en el sector energético. El documento refería que la falta de ejecución de proyectos compromete la confiabilidad del sistema eléctrico y la calidad del servicio prestado por la Ande.

En el informe advirtieron que de seguir las demoras podrían esperarse colapsos. “El plan de generación está bastante demorado. Tenemos muy poco tiempo, hay varias cuestiones administrativas, legales, ambientales y financieras que resolver, la urgencia a mí modo de ver es enorme. Llevar adelante un ministerio nuevo demoraría un año y no tenemos ese tiempo, entonces debemos acelerar todo lo que se pueda”, comentó tras insistir en la concreción inmediata de emprendimientos de nueva fuentes de generación de energía.

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De confirmarse que es beneficiario final, el expresidente paraguayo Mario Abdo Benítez repite el esquema de cuentas offshore que ya fue investigado y condenado en la Argentina con la expresidenta Cristina Fernández.

El escándalo denun­ciado por el periodista argentino Luis Gasu­lla, de Periodismo y Punto, sobre la supuesta fortuna no declarada del expresidente Mario Abdo Benítez en cuen­tas en paraísos fiscales remite a un antecedente cercano que también tuvo ribetes de estré­pito. El caso coincide en las islas Seychelles como destino del dinero oculto, pero en el caso argentino ya tuvo escla­recimiento con la condena por parte de la Justicia. Pero las similitudes no se remiten solamente a un destino.

Tanto en el caso conocido como “La ruta del dinero K”, en referencia a la for­tuna de Cristina Fernández y Néstor Kirchner, como en el que involucra al expresi­dente paraguayo Mario Abdo Benítez, se repite un patrón frecuente: el uso de empre­sas offshore registradas en paraísos fiscales, específica­mente en las islas Seychelles, para ocultar la trazabilidad del dinero.

Las islas Seychelles, un paraíso fiscal enclavado en pleno océano Índico, cerca de las costas de Madagascar, aparecen como uno de los des­tinos finales del dinero lavado por numerosos empresarios y políticos a nivel mundial. Estas islas ofrecían hasta hace pocos años opacidad bancaria total, sin requeri­mientos sobre beneficiarios finales; sociedades offshore que se constituían en menos de 48 horas sin control efec­tivo y la ausencia de coope­ración judicial internacio­nal eficaz (hasta que en 2021 mejoró sus normas y salió de la lista negra del GAFI).

En ambos esquemas monta­dos (bajo sospecha en el caso del expresidente paraguayo), las cuentas no están a nom­bre de los políticos implica­dos, sino de sociedades que actúan como intermedia­rias, lo que torna más difícil la detección del vínculo directo con los fondos.

No obstante, en los dos casos, las filtraciones señalan a los beneficiarios finales que en el caso de los K se refiere al empresario Lázaro Báez y su familia, Abdo y su esposa en el segundo. En el caso de las cuentas vinculadas al expre­sidente, estas reciben remesas desde otras zonas de empre­sas establecidas en Hong Kong o Dubái, lo cual dificulta aún más hacer un seguimiento al origen de los fondos.

Otra coincidencia es el intento de ambos protagonistas por desmarcarse de las acusaciones. En el caso K, se recurrió a la negación y a dis­cursos políticos que intenta­ban desacreditar las denun­cias. En relación a Abdo, fue el propio exmandatario que recurrió a un comunicado en redes sociales negando la existencia de estas supues­tas cuentas y aleccionando a sus aliados (políticos y en los medios) que lo defiendan de la “campaña política” montada en su contra.

Pero claramente la intención al apelar a esa estrategia es la preventiva. Es por ello que Mario Abdo y su equipo de abogados envió un pedido ofi­cial al Gobierno de Seyche­lles pidiendo confirmación sobre la titularidad e inexis­tencia de cuentas a su nombre, sabiendo que estas no están registradas directamente a él, sino a través de terceras firmas. En ambos casos, se intenta cerrar el escándalo desde el aspecto formal, sin desmontar el circuito del dinero.

La clave en los dos procesos está en la capacidad del Minis­terio Público en investigar más allá de los titulares de las cuentas. La ruta del dinero, es decir, el camino que recorren los fondos desde su origen hasta su destino final, per­mite detectar irregularida­des, incluso cuando los nom­bres no figuran en los papeles visibles. En el caso argen­tino, la Justicia logró probar lavado de dinero y condenar a los responsables. En el caso paraguayo, aún resta deter­minar si la Fiscalía tomará un rumbo autónomo o cederá ante presiones políticas.

El sonado caso de “La Ruta del Dinero K”, que fuera iniciada a través de una denuncia que la hiciera hace 10 años el perio­dista Jorge Lanata (Perio­dismo para Todos) involucra a Báez y otros acusados por lavado de dinero proveniente de la obra pública. Báez fue condenado a 12 años de pri­sión en 2021 por lavado de dinero y a 6 años en 2022 por asociación ilícita con Cristina Fernández de Kirchner. Ade­más, se le inhibieron los bie­nes y se le prohibió salir del país.

La Justicia determinó que se lavaron más de USD 55 millo­nes, aunque se sospecha que el monto real fue mucho mayor.

El esquema que siguió la ruta del dinero K era bastante común para operaciones que pretendían convertirse en lavado de activos. Así se hacía primeramente la extracción de dinero en efectivo: millones de dólares en efectivo salían en valijas desde Santa Cruz hacia Buenos Aires (documentado en cámaras de seguridad). Luego el traslado al exterior: el dinero era llevado en vuelos privados a Uruguay, luego transferido a bancos en Suiza, Panamá y otros.

Un paso clave era la creación de sociedades offshore: a través de firmas como SGI (conocida como La Rosadita) se constituían empresas pantalla en paraísos fiscales como Panamá, Belice, Hong Kong y Seychelles. Otra instancia eran las cuentas bancarias en los paraísos fiscales: estas sociedades abrían cuentas en bancos de paraísos fiscales. En Seychelles, por ejemplo, se documentaron empresas vinculadas a Báez con fondos millonarios sin una justificación clara. El lavado a través de inversiones y retornos: una vez blanqueado, parte del dinero retornaba a la Argentina mediante compras de propiedades, campos, autos de lujo y financiamiento de medios y empresas.

El ministro de la Corte Manuel Ramírez Candia es el preopi­nante para destrabar una vez más el proceso penal que enfrentan los exminis­tros de Mario Abdo Benítez, acusados por asociación cri­minal, usurpación de funcio­nes públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicio en el marco del pro­ceso penal conocido como filtración de información de Seprelad (Secretaría Nacio­nal de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes). Igual­mente integran la sala penal de la máxima instancia judi­cial César Diesel y Gustavo Santander.

El expediente está en el gabi­nete del ministro Ramírez Candia desde el 17 de julio y una vez que el alto magis­trado termine su voto debe­rán igualmente votar los dos ministros restantes para poder destrabar el presente proceso penal.

Los exministros de Abdo recurrieron a la Corte bus­cando dejar sin efecto la resolución del Tribunal de Apelación que confirmó la determinación adoptada por la jueza Cynthia Lovera, quien decidió estudiar los doce incidentes iniciales del presente caso pero a raíz de las chicanas no se pudo ana­lizar aún.

En el presente caso están acusados y con pedido de jui­cio oral y público debido a que tiene más de 206 elementos probatorios René Fernán­dez, Arnaldo Giuzzio, Car­los Arregui, Daniel Farías, Carmen Pereira, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene.

En el mes de junio los cama­ristas María Belén Agüero, Bibiana Benítez y Arnaldo Fleitas han rechazado una chicana más presentada por la defensa de los acusados, pero la defensa de los mis­mos volvieron a recurrir el caso a la sala penal de la Corte que hoy ya tiene sufi­cientes motivos para poder aplicar una sanción discipli­naria a los abogados y acusa­dos que presentan escritos dilatorios.

Desde abril de 2024 sigue pendiente de estudio y reso­lución doce chicanas pre­sentadas por la defensa de cada uno de los hoy acusa­dos exministros de Mario Abdo Benítez. Las chicanas deben ser analizadas por la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera.

El Minis­terio Público presentó en su escrito de acusación un total de 206 elementos de prue­bas, entre ellos, testimo­nios, documentos y pericias que sustentan la responsabi­lidad de los acusados.