La ministra de Trabajo, Mónica Recalde, aclaró sobre todos los puntos cuestionados por gremios de choferes en el marco del proyecto de ley de Reforma Integral del Transporte Público, que se encuentra en el Congreso Nacional a iniciativa del Poder Ejecutivo. La ministra señaló que todas las garantías fueron previstas e incluidas en el documento.

Uno de los principales puntos que causa discrepancias entre representantes del Ejecutivo y los diferentes gremios de choferes, es tanto la huelga como el paro, sobre esta cuestión, Recalde señaló que se puso en mesa de diálogo. Asimismo, sostuvo que la huelga y el paro están garantizados por la propia Constitución Nacional.

“Ahí hay una discusión con los trabajadores con respecto al servicio imprescindible, cómo nosotros protegemos este servicio de transporte público para toda la ciudadanía y cómo se podría contraponer con respecto al derecho a la huelga”, indicó durante su participación en el programa Fuego Cruzado del canal GEN.

Refirió que desde el Ministerio de Trabajo no se ve una contraposición, “al contrario, consideramos que esta modificación que ha presentado el senador (Natalicio) Chase, justamente a pedido de los trabajadores, establece que las situaciones de huelga y paro deben ser garantizadas, pero que también se exige un funcionamiento mínimo cuando existe una huelga general de transporte”.

Otro punto en discusión es la definición de servicio imprescindible, donde fue incluido por una comisión del Senado, en el artículo 20 que, en caso de paro o huelga, este no debe exceder el 30 %, y entre el 70 a 60 % debe estar operativo para garantizar el servicio a la ciudadanía.

“Hay que diferenciar, en cuanto una línea de transporte o una concesionaria, ya sea por trabajadores o por paro, esto está garantizado el derecho a huelga porque lo que el Estado pretende garantizar es que la movilidad ciudadana esté protegida”, explicó.

En lo que respecta a la situación de los trabajadores, también cuestionado por los gremios, se incluyó entre las modificaciones, se incorporó en el artículo 39, la sustitución del empleador como se establece en el Código de Trabajo.

“Está taxativamente establecido que un operador de servicio que sustituya a otro, deberá incorporar a los conductores de buses que hayan prestado servicios por al menos en los dos últimos años y que queden cesados del operador anterior. Le obliga a la nueva línea, a la nueva operadora absorber al plantel completo”, aseveró.

El presidente de la Federación de Trabajadores de Transporte, Juan Godoy, quien también participó del programa Fuego Cruzado, expuso sobre los cuestionamientos y sus argumentaciones para este reclamo. Uno de las principales preocupaciones es la situación en que quedarán los trabajadores choferes con la creación de nuevos consorcios de empresas.

“Primeramente, cuestionamos a división de las empresas, una empresa va constar de tres empresas, y ahí están los trabajadores, ¿a quién le pertenecen los trabajadores?, al dueño del vehículo, al dueño del patio de estacionamiento, o al dueño del patio de servicio de estacionamiento. Todavía no se especificó ese tema”, apuntó.

Mientras que el secretario de Educación de la Federación de Trabajadores de Transporte, Hugo Zayas, señaló que no están de acuerdo con el porcentaje de operatividad en los casos de huelga y paro. “A nosotros no se nos dijo en ningún momento, nosotros pedimos un mínimo, ellos están pidiendo que el 70 % trabaje, entonces no es una huelga. Una resolución no está sobre la Constitución Nacional”, sentenció.

El expresidente de la República y dirigente colorado, Nicanor Duarte Frutos, realizó un análisis en el programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media de lo que serán las elecciones nacionales del 2028, con componentes cruciales, la gestión del actual presidente de la República, Santiago Peña, y el liderazgo del presidente de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes.

“Las internas presidenciales van a depender mucho de cómo se va desarrollando el movimiento Honor Colorado y cómo el presidente Peña se va conectando con el pueblo, con la dirigencia, con la sociedad, porque evidentemente necesitamos mejorar muchas cosas, por más esfuerzo que se estén haciendo los hombres del Gobierno, todavía hay espacios para servir mejor a la comunidad”, señaló el exmandatario.

Refirió que, a dos años de gestión de Peña, aún hay ciertos sectores que deben tener resultados, pero que por el momento su administración está dando resultados positivos y prudentes. “No podemos negar, hay demandas insatisfechas, pero vivimos en una pacificación social importante, producto de la gobernabilidad del sistema democrático que hoy tenemos gracias a una mayoría construida desde el coloradismo con otros actores de la oposición”, describió.

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Comentó que otro factor crucial serán las acciones o el comportamiento de su equipo ministerial: “El presidente Peña tiene que mirar su gabinete y ver por qué tiene problemas en las bases, en las comunidades, hay que generar mayor presencia territorial con actores que sean leales no solo al partido, sino al Gobierno, y que tengan fe y esperanza en el presidente de la República y en el vicepresidente, y especialmente el vicepresidente, si quiere ser candidato a presidente, tiene que trabajar mucho todavía, tiene que tener una estrategia definida de construcción de adhesión, de esperanza y de acercamiento al partido”, apuntó.

Afirmó que “el candidato del Partido Colorado va a tener como aproximación de argumento electoral lo que está haciendo el gobierno de Peña, este es un gobierno que no bajó ninguna de las políticas sociales, por el contrario, aumentó las políticas sociales e incrementó el presupuesto de las políticas sociales”.

“Para mí hoy, el movimiento hegemónico y de expansión en el Partido Colorado es el movimiento Honor Colorado, y Horacio Cartes, nos guste o no nos guste, así dicen las encuestas, así dicen los sondeos, es el líder político de mejor imagen en el partido y con una altísima consideración fuera del partido”, expresó el expresidente con relación al rol que tendrá el oficialismo en las próximas elecciones.

Duarte Frutos indicó que es muy difícil que el movimiento Honor Colorado decline o ceda una candidatura propia. “Veo como una posibilidad absolutamente lejana. Ahora, el candidato del oficialismo a la presidencia de la República en las internas va a tener un gran apoyo del presidente Cartes si decide jugarse de vuelta la conducción partidaria, porque las internas partidarias para elegir a la Junta de Gobierno, coinciden. Si Horacio es candidato otra vez a la presidencia de la Junta va a tener un gran factor de arrastre”, manifestó.

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Nicanor Duarte Frutos también se refirió a las Elecciones Municipales del 2026, principalmente en las dos capitales más grandes del país, electoralmente hablando, Asunción y Ciudad del Este. Ambas comunas fueron sacudidas en las últimas semanas por las intervenciones correspondientes.

“El coloradismo pierde a un intendente electo (por la renuncia de Óscar Rodríguez), pero por una articulación interna logra que el sucesor sea un concejal colorado (por Luis Bello). El desafío es cómo podemos conservar el gobierno municipal en el 2026, porque la ciudad de Asunción tiene un electorado muy volátil, donde las identidades partidarias no son tan fuertes y radicales como en varios lugares del interior del país, y hemos perdido elecciones en capital varias veces”, argumentó.

En lo que respecta a Ciudad del Este, dijo que “Miguel Prieto tiene que demostrar que puede ser un líder nacional, porque aparentemente la pretensión es la primera magistratura. Yo dije que Prieto es un líder distrital, y se enojaron algunos opositores, pero yo parto de una realidad objetiva: hubiese sido un líder departamental, su candidato tenía que haber ganado la gobernación en el Alto Paraná, y la gobernación gana un dirigente colorado joven (por César ‘Landy’ Torres)”.

Agregó que el gran desafío para Prieto, con más de 50 denuncias penales y tres imputaciones por corrupción, será demostrar que puede superar esta situación. “Hay un sector de la sociedad y un sector importante del sector mediático que automáticamente condena y acepta a priori la acusación de corrupción, pero cuando la misma acusación se hace a una autoridad que no es colorada, que es de la oposición, se plantea como una construcción del sentido común de que es una persecución política”, sentenció el exmandatario.

La Asociación Rural del Paraguay (ARP) emitió un comunicado en el que deja en claro que no acompañará ningún intento de levantar la vacunación contra la fiebre aftosa mientras no existan beneficios reales, comprobables y contundentes para el país. El gremio sostiene que el estatus sanitario logrado es un patrimonio de décadas de trabajo que no puede ponerse en riesgo con decisiones apresuradas.

La ARP advirtió que un brote de aftosa tendría un impacto devastador en la economía nacional, con cierre de mercados, pérdida de empleos y consecuencias sociales graves. Recordó el antecedente de 2011, cuando un solo brote generó pérdidas por más de 1.000 millones de dólares, equivalente a casi el 3 % del PIB, golpeando directamente a miles de familias paraguayas.

“Por ello, el modelo de vacunación vigente ha sido clave para construir el prestigio sanitario del país y una marca reconocida a nivel mundial por la calidad, trazabilidad y seguridad de su carne”, según el comunicado.

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El gremio ganadero resaltó además que diversas asociaciones y empresas del sector productivo ya expresaron su respaldo a la continuidad del modelo, lo que refleja unidad y responsabilidad ante un tema estratégico para el país.

“En los últimos días, distintas asociaciones y empresas del sector productivo han respaldado la continuidad de la vacunación, reflejando la representatividad, unidad, madurez y responsabilidad del sector ante un tema estratégico para el país”, indican. “Vacunar no es una opción; vacunar es una obligación con el país y una responsabilidad compartida con las futuras generaciones”, acotaron.

Finalmente, la ARP reafirmó su compromiso con la salud animal, la seguridad alimentaria y el futuro productivo de Paraguay. Advirtió que quienes impulsen un levantamiento sin sustento técnico podrían ocasionar un daño irreparable a la economía nacional, insistiendo en que vacunar no es una opción, sino una obligación compartida con las futuras generaciones.

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El analista y experto en asuntos internacionales Mario Paz Castaing habló sobre el memorando de entendimiento firmado entre Estados Unidos y Paraguay para la cooperación en el Acuerdo de Tercer País Seguro (STCA), en el marco de una asociación estratégica que ofrece a los solicitantes de asilo que se encuentran actualmente en territorio norteamericano la oportunidad de tramitar sus solicitudes de protección en Sudamérica.

“El Acuerdo de Tercer País Seguro que se suscribió en un memorándum de entendimiento es una declaración de voluntades que no tienen una consecuencia o un impacto directo, ya sea en lo jurídico, en lo económico, lo financiero, lo administrativo, explorar posibilidades, es un acuerdo de entendimiento”, dijo Castaing durante su participación en el programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media.

Respecto a lo que supone esta cooperación para ambos países, el analista manifestó: “En lo inmediato nada, porque lo que se expresa es una voluntad de hacerlo, que sea oportuna o inoportuna, en términos políticos, es otro tema, que se haya comunicado en una forma que no debería ser, sino una información un poco más generalizada, socializada con anterioridad también”.

Agregó que “en los términos legales tienen que haber acuerdos específicos que implementen este deseo de cooperación y colaboración internacional basada en los instrumentos que ya el Paraguay asumió como compromiso del derecho internacional público”.

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“Cuando haya un acuerdo específico, que registre las preocupaciones legítimas que tenemos, que se socialice bien qué es lo que va a firmar el Paraguay en concreto sobre este tema. Cuando surjan esos acuerdos específicos, necesariamente requerirán la ratificación legislativa. Cuando se celebren los acuerdos específicos, ahí sí yo estoy totalmente de acuerdo, no puede estar en vigencia en el Paraguay sin aprobación del Congreso”, apuntó.

“En la práctica, vemos que esto es una cosa mucho más grande, o puede ser mucho más grande y que desborde incluso las propias necesidades que tenemos internas en el país, que no son pocas, y como el problema del asilo y del refugio en el mundo en que vivimos es un asunto de tremenda y permanente vigencia, en una corriente antimigratoria, que rechaza a los migrantes”, expresó.

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El presidente paraguayo Santiago Peña “es un gran aliado y socio fuerte de Estados Unidos”, declaró Marco Rubio, jefe de la diplomacia estadounidense, durante la firma del acuerdo en Washington, el pasado 14 de agosto, que, según él, contribuirá a prevenir “la migración ilegal” que “representa una amenaza para la seguridad nacional”, una de las prioridades de Washington.

El acuerdo de entendimiento facilita a los solicitantes de asilo que se encuentran actualmente en Estados Unidos presentar sus solicitudes en Paraguay, informó Rubio en un comunicado. Esto permite “que nuestras naciones compartan la carga de gestionar la inmigración ilegal mientras se pone fin al abuso del sistema de asilo de nuestra nación”, añade en la nota. “Vamos a cooperar en muchos temas más”, dijo Rubio en español durante el acto, que contó con la presencia del canciller paraguayo Rubén Ramírez Lezcano.