El abogado Óscar Tuma califica de “retroceso” el proyecto de Ley que plantea el divorcio exprés. Indicó que se está tocando “algo que funciona bien”. El exdiputado cuestionó la iniciativa que se debate en el Senado y advirtió que introduce plazos y requisitos que ya fueron eliminados.

En conversación con el programa “Arriba Hoy” de Gen y Universo 970Am/Nación Media, explicó que la ley actual (vigente desde hace años, de la que él fue proyectista) ya permite el divorcio de común acuerdo de forma rápida, sin plazos mínimos de matrimonio y en una sola presentación ante el juez.

Mencionó que cuando se presentó el proyecto contenía varios errores, partiendo del hecho que se basaba en modificaciones de la Ley del año 1991, la cual ya había sido derogada con otra legislación que había sido proyectista y no tuvieron en cuenta la ley vigente, por lo tanto todo el texto contenía errores.

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“La propuesta establecía plazos, cuando que la ley vigente no contempla plazos. La ley del año 91 establecía que para un divorcio de común acuerdo debía esperar 3 años. Con la Ley vigente no es necesario esperar un día, es decir, al día siguiente del matrimonio ya se pueden divorciar si es que hay común acuerdo. Con la modificación que ellos estaban planteando de vuelta establecía que se tenía que esperar un año; esto es porque se fijaban en la ley derogada”, comentó.

Indicó que los asesores del Senado se le acercaron y se realizó algunas modificaciones al proyecto; pero aun así hoy considera que existen algunas dudas con respecto a la gratuidad del proceso.

“No estamos ante un proceso de espera, la Ley vigente es prácticamente exprés, no tiene casi la intervención de un abogado. Pero el proyecto que plantea habla de la no necesidad de presentación de un abogado. Aclaro que hoy en día para un abogado, un divorcio no representa un dinero importante, porque prácticamente es un trámite administrativo. Acá en la capital no se cobra más de dos millones y medio por divorcio y en el interior tengo amigos abogados que cobran hasta 1 millón por divorcio de común acuerdo”, precisó.

Por lo tanto, señaló que la cuestión no es el dinero, el problema es que no se puede divorciar sin plantear la disolución. “Este proyecto plantea que se pueden plantear ante el juez sin abogado para que se resuelva el divorcio. Pero cómo hará con la disolución. Se le está diciendo a la pareja que puede ir ante el juez sin abogado, pero no se le advierte que para la disolución si deben contar con abogados”, acotó.

Explicó que la disolución es un trámite que se realiza abogado de por medio, para la repartición de bienes y otras cuestiones y por más que no existan bienes en común debe llevarse a cabo y tienen que seguirse los trámites. “Entonces, todavía no se está redondeando la idea de lo que se pretende con el proyecto de modificación. Por eso, no veo la necesidad de modificar algo que está funcionando, para generar una complicación mayor para mí”, indicó.

Tuma sostuvo que como abogado incluso como legislador, trabajó siempre en la premisa que cuando se plantean modificaciones a leyes vigentes deben generar una incidencia importante en el sistema legislativo, no solamente hacer cambios que simplemente signifiquen pasar el proceso de espera de 10 días a reducir a 3 días.

“Yo plantearía otros cambios de la ley vigente, como es el tema de disolución. Lo que no pude conseguir en el 2010, porque eso se testó en ambas cámaras, es dividir el divorcio de la disolución, porque lo que dificulta siempre en los divorcios son la disolución que en términos sencillos es saber qué le toca a cada uno. Esto es lo que lleva tiempo, genera conflictos, porque se tienen que tazar los bienes, se tienen que poner de acuerdo, si no hay acuerdo se remata, es un trámite que dura un año y medio con suerte”, concluyó.

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El abogado Oscar Tuma emitió un comunicado en sus redes sociales en el que realiza una aclaratoria a la opinión pública, en representación del doctor Líbero Antonio Oropallo, mediante el cual niega ser el dueño, accionista, director o responsable administrativo de la clínica de genética ubicada en Asunción, que fue clausurada en la fecha, tras constatarse que operaba sin la habilitación correspondiente del Ministerio de Salud Pública.

El representante legal del Dr. Oropallo aseguró que la institución pertenece a terceros, quienes son los titulares y responsables de su administración, habilitación, funcionamiento y gestión interna.

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“La vinculación del Dr. Oropallo con dicho establecimiento se limita a la existencia de un contrato comercial celebrado con los propietarios, mediante el cual estos fueron autorizados a utilizar su nombre e imagen profesional con fines de identificación, posicionamiento y marketing institucional”, expresa el comunicado.

El abogado Tuma insiste en nombre de su representado que debe quedar absolutamente claro que no se trata de una clínica de propiedad del Dr. Oropallo, ni de un establecimiento administrado por su defendido.

“El Dr. Oropallo no realiza consultorio médico en dicho lugar, ni tiene intervención en la gestión operativa diaria de la clínica. Por tanto, cualquier afirmación que lo presente como dueño, responsable directo o administrador del establecimiento resulta inexacta y puede inducir a error a la opinión pública”, concluye el comunicado.

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El gobierno de Chile anunció el jueves que presentará una reforma legislativa para ampliar de cinco a 180 días el plazo de detención de inmigrantes en situación irregular mientras se tramita su expulsión del país.

El presidente José Antonio Kast, un abogado de extrema derecha de 60 años, adquirió el poder en marzo con la promesa de expulsar a los cerca de 330.000 inmigrantes sin permiso de residencia que se estima viven en Chile, a quienes el mandatario les atribuye un aumento en la inseguridad en el país.

En su primera rendición de cuentas, Kast aseguró el lunes que buscará “fortalecer el control migratorio, la capacidad de expulsión efectiva y ampliar los plazos de retención” de indocumentados, actualmente de cinco días.

Este jueves, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, precisó que el gobierno presentará un proyecto de ley que permitirá que “sea de 180 días” el plazo de detención provisional de un migrante indocumentado que cometa un delito, a fin de gestionar su expulsión del país.

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“Cinco días resulta del todo insuficiente, porque después esas personas quedan en libertad y no son encontradas”, explicó el ministro a la prensa, durante un operativo policial para fiscalizar a migrantes.

Arrau no precisó cuándo se presentará esta reforma, ante una consulta de la AFP.

El gobierno también impulsa un proyecto de ley para convertir en delito el ingreso ilegal a Chile, que actualmente se considera solo una falta.

Kast dijo el lunes que incentivará “la salida voluntaria de inmigrantes ilegales que se encuentran en Chile”, y promete perdonar multas y no prohibirles regresar en el futuro de formar regular.

• Fuente: AFP

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Bolivia anunció ayer miércoles la expulsión de la embajadora de Colombia a la que acusa de “injerencia” luego de que el presidente Gustavo Petro calificara las protestas que enfrenta el gobierno de Rodrigo Paz como una “insurrección popular”. Desde inicios de mayo, campesinos, obreros, mineros y otros trabajadores exigen con fuertes manifestaciones la renuncia del recién asumido mandatario boliviano, en medio de la peor crisis económica del país en cuatro décadas.

La decisión “responde a la necesidad de preservar los principios de soberanía, no injerencia y respeto mutuo entre Estados“, dijo la cancillería boliviana en un comunicado. El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que dio a la embajadora, Elizabeth García, un “plazo”, sin precisar, para que abandone el país, y agregó que esta decisión no implica una ruptura de relaciones bilaterales.

En su cuenta en la red social X, Petro dijo el pasado domingo que “Bolivia vive una insurrección popular” como “respuesta a la soberbia geopolítica”, y agregó que su gobierno “está dispuesto, si es invitado, a buscar fórmulas pacíficas de salida a la crisis política boliviana”.

Bolivia “considera indispensable que toda valoración o pronunciamiento externo respecto de la situación interna del país” se haga con “responsabilidad” y “prudencia diplomática”, precisó la cancillería. En declaraciones a Caracol Radio ayer miércoles, Petro respondió al conocer la medida de Bolivia: “Si por proponer un diálogo sacan a la embajadora, es porque se están pasando a extremismos”.

“Bolivia, tal como está en este momento, amerita que se abra a un gran diálogo nacional (...), o la consecuencia puede ser una masacre sobre la población”, agregó el mandatario colombiano. Con constantes enfrentamientos con la policía y bloqueos de carreteras que aíslan y mantienen desabastecida a la ciudad de La Paz, sede de gobierno, los manifestantes insisten en pedir la renuncia del presidente boliviano.

El gobierno de Paz considera que las protestas en su contra son un intento de “golpe de Estado” y que son orquestadas por el exmandatario socialista Evo Morales, prófugo de la justicia por un caso de presunta trata de una menor. La expulsión de la embajadora colombiana llega un día después de que Estados Unidos respaldara públicamente a Paz. “Esto es un ‘golpe’ financiado por esa alianza entre política y crimen organizado en toda la región” de América Latina, dijo el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau.

Fuente: AFP.