Una situación que puso en evidencia el carácter violento de la protesta de camioneros se registró en la localidad de Doctor Juan Eulogio Estigarribia (Campo 9), en el departamento de Caaguazú, cuando un supuesto líder de los camioneros obligó a un conductor que trasladaba harina a que detenga su marcha y se pliegue a la protesta.
El conductor del camión transportador de harina viajaba acompañado de su pareja, quien filmó íntegramente el hecho y fue agredida física y verbalmente por una persona, a quienes los usuarios de redes sociales identificaron como Arnaldo René Meza Ozuna, presidente de la Asociación de Transportistas de Campo 9 y concejal municipal por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) en la citada localidad, por el sector efrainista.
El concejal actuó en todo momento de manera violenta y prepotente, amenazando al conductor, quien en todo momento trató de mantener la calma para evitar una mayor violencia.
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“Llamá a quien quieras”
“Llamá a quien quieras, en Campo 9 nosotros somos la ley. Te podemos dejar una hora o un día aquí”, vociferaba Meza Ozuna, mientras amenazaba con dejarlos atrapados en la protesta por el tiempo que él quisiese.
El conductor pidió consideración por la carga que transportaba y el concejal liberal amenazó con quitarles la llave del vehículo porque estaba siendo filmado por la mujer.
Concejal agresor
Momentos después, el concejal liberal agredió a la mujer tratando de sacar el teléfono con el que lo estaban filmando, pero no logró su objetivo. Finalmente, el transportista retenido avanzó, mientras la mujer sollozando, mostraba las marcas del forcejeo que dejó en sus brazos el concejal “piquetero”.
Arnaldo René Meza es actual concejal municipal por el PLRA en la localidad de J. Eulogio Estigarribia, donde percibe un salario de G. 9.170.000, de acuerdo a lo publicado en el portal de datos de funcionarios públicos, y, además, figura como proveedor del Estado en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, habiendo sido adjudicado en el año 2011 en una contratación directa para la compra de un camión a ser utilizado en la Municipalidad de Campo 9.
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Irán crea una comisión para investigar las protestas por carestía
El gobierno iraní anunció el viernes la creación de una comisión de investigación para examinar las recientes protestas contra el alto costo de vida, que derivaron en movilizaciones antigubernamentales con un saldo de miles de muertos. “Se formó un comité de investigación con representantes de las instituciones pertinentes, que está recopilando documentos y tomando declaraciones”, declaró la portavoz del gobierno, Fatemeh Mohajerani, a la agencia local de noticias ISNA.
La portavoz no precisó si la comisión se centrará únicamente en las demandas económicas que desencadenaron las protestas o si también investigará las miles de muertes ocurridas durante las movilizaciones. “El informe final se publicará para conocimiento público y para posibles acciones legales una vez concluido el proceso”, señaló.
Las protestas, que comenzaron a finales de diciembre por la crisis económica y evolucionaron hacia un movimiento más amplio con un punto álgido a inicios de enero, dejaron más de 3.000 muertos, según el recuento oficial. Las autoridades iraníes sostienen que la gran mayoría de las víctimas eran miembros de las fuerzas de seguridad o transeúntes asesinados por “terroristas” vinculados a Israel y Estados Unidos.
Sin embargo, organizaciones de defensa de los derechos humanos basadas fuera de Irán estiman que la cifra de fallecidos es mucho mayor y que muchas de las víctimas murieron a causa de la represión de las fuerzas de seguridad.
Liberan a líderes reformistas
Dos líderes del sector reformista de Irán que habían sido detenidos en los últimos días tras las masivas manifestaciones antigubernamentales de enero fueron puestos en libertad el jueves por la noche, informaron medios locales. El bando reformista apoyó al presidente Masud Pezeshkian durante su campaña en 2024, pero varias de sus figuras se distanciaron del gobierno y respaldaron las protestas, iniciadas en diciembre ante el costo de la vida pero que se extendieron a todo el país contra el sistema teocrático de la República Islámica.
El portavoz del Frente Reformista, la principal coalición de esa corriente política, Javad Emam, había sido detenido el domingo. En 2009 fue uno de los responsables de la campaña de Mir Hosein Mousavi, figura de la oposición iraní y ex primer ministro, bajo arresto domiciliario desde 2011. La detención de Emam se produjo tras las de otras tres personalidades del bando reformista, entre ellas Ebrahim Asgharzadeh, exmiembro del Parlamento.
Emam y Asgharzadeh “fueron liberados hace unos minutos tras pagar una fianza”, aseguró el jueves por la noche su abogado, Hojjat Kermani, a la agencia Isna, según el diario Etemad. Azar Mansouri, líder desde 2023 del Frente Reformista y exasesora del expresidente reformista Mohamad Jatamí (1997-2005), permanece detenida.
Sin embargo, su abogado indicó que la liberación de Mansouri podría producirse “en los próximos días, una vez que se anule su orden de detención”. Estas figuras del grupo reformista habían sido acusadas de “atentar contra la unidad nacional” y “coordinarse con la propaganda enemiga”, según la agencia Fars.
Joven manifestante iraní
Un joven iraní de 18 años, acusado de la muerte de un policía durante las protestas masivas desatadas en enero contra el gobierno, corre el riesgo de ser ejecutado, aseguró el jueves la oenegé Iran Human Rights (IHR). Manifestaciones contra el aumento del costo de vida estallaron en Irán a finales de diciembre antes de transformarse en un movimiento de protesta antigubernamental en todo el país, que alcanzó su punto máximo entre el 8 y 9 de enero.
Según IHR, grupo con sede en Noruega, Saleh Mohammadi ya fue condenado a muerte, pero el poder judicial iraní aseguró que aún no hay una sentencia definitiva. El tribunal ordenó que el ahorcamiento se lleve a cabo en público en el lugar del presunto crimen, en Qom, una ciudad del centro de Irán, precisó la ONG.
El jefe del poder judicial, Gholamhossein Mohseni Ejeï, había advertido que no habría “indulgencia” con las personas declaradas culpables de actos violentos durante las manifestaciones. Saleh Mohammadi, que participó en competiciones internacionales de lucha, fue juzgado el 3 de febrero por un tribunal de Qom por el asesinato de un policía el 8 de enero, de acuerdo con IHR.
El joven fue “obligado” a confesar durante la investigación, según la misma fuente. Posteriormente, “se retractó ante el tribunal”, que finalmente lo condenó. El IHR asegura que cientos de personas están siendo procesadas por cargos relacionados con las manifestaciones, lo que podría acarrearles la pena de muerte. El órgano de prensa del poder judicial, Mizan, confirmó que Saleh Mohammadi fue detenido, aunque añadió que “no se había dictado ninguna sentencia definitiva y ejecutoria contra él”.
El joven tiene 20 días para apelar su condena a muerte, según la IHR, que advierte de que en el pasado se ha ejecutado a personas antes de que expirara ese plazo. Más de 7.000 personas murieron durante la ola de protestas, según la organización estadounidense Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), de las cuales 6.506 manifestantes fueron abatidos por las fuerzas de seguridad.
Fuente: AFP.
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Justicia argentina acusa por corrupción a exfuncionario de Milei
La justicia argentina acusó al exfuncionario del presidente Javier Milei que dirigía la agencia para la atención de personas con discapacidad y a otras 18 personas de haber cobrado sobornos y desviado fondos del organismo, según documentos judiciales publicados el lunes.
La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) fue disuelta en diciembre tras denuncias de corrupción que salpicaron a la hermana del presidente, Karina Milei.
Según una resolución a la que accedió la AFP, un juez federal acusó al exdirector de la Andis, Diego Spagnuolo, por presunto cobro de sobornos, fraude al Estado y asociación ilícita entre 2023 y 2025. También dispuso el procesamiento de otras 18 personas, entre ellas funcionarios de Andis y privados. A todos les embargó los bienes.
“Se acreditó la existencia de una organización criminal integrada por funcionarios públicos dentro de la Andis y actores privados del sector salud”, indicó la resolución, y agregó que “dicha organización se dedicó a desviar recursos públicos a través de compras direccionadas y sobreprecios”.
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El caso estalló en agosto tras la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo en los que aseguraba que Karina Milei, secretaria general de la presidencia, recibía un 3 % del monto pagado por la agencia para la compra de medicamentos.
Spagnuolo renunció a su cargo días después. El presidente dijo primero que mentía en los audios, aunque luego Spagnuolo arguyó ante la Justicia que los audios fueron manipulados. Sin embargo, la fiscalía mantuvo la acusación en base a otras pruebas.
Los audios no fueron usados como prueba por el fiscal ni por el juez, y no son mencionados en la resolución, que se basa en documentación recabada en allanamientos y declaraciones indagatorias.
Karina Milei no está entre los acusados. Sin embargo, para el juez, las pruebas sugieren que el mecanismo de corrupción en Andis “no se trató de algo encapsulado” y “podría tener otro nivel de complicidades” que debe ser investigado.
“La causa Andis confirma punto por punto lo que denunciamos”, señaló a la AFP el abogado Gregorio Dalbón, que fue quien denunció penalmente los presuntos hechos de corrupción en agosto.
“El Gobierno nacional, y en particular quienes tienen responsabilidad política sobre el área, deben dar explicaciones urgentes”, añadió Dalbón, que es uno de los abogados de la líder opositora y expresidenta Cristina Kirchner (2007-2015) en otras causas. El gobierno disolvió en diciembre la Andis y delegó las funciones de asistencia del organismo al ministerio de Salud.
Desde que asumió Milei, en diciembre de 2023, la Andis ha estado bajo una auditoría que ha permitido detectar decenas de miles de beneficiarios irregulares.
El proceso provocó interrupciones en las prestaciones y quejas de beneficiarios, que protagonizaron numerosas protestas callejeras en reclamo de más fondos para la entidad en el marco de un severo ajuste presupuestario.
- Fuente: AFP
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Defensa de Cristina Kirchner pidió la nulidad de megajuicio por corrupción
La defensa de la expresidenta argentina Cristina Kirchner pidió el martes la nulidad del megajuicio por corrupción en su contra por considerar que el proceso “surgió de un engaño”.
En el juicio iniciado en noviembre, Cristina Kirchner y otros 85 exfuncionarios y empresarios están acusados de formar una trama para obtener beneficios o contratos de obra pública a través de sobornos entre 2003 y 2015, cuando Argentina estuvo gobernada por el marido de la exmandataria, Néstor Kirchner, y luego por ella.
El juicio, que se lleva adelante de manera remota por videollamada a ritmo de dos audiencias semanales, se reanudó el martes tras el receso judicial de verano con una audiencia en la que las defensas hicieron planteos al tribunal.
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El abogado defensor de Kirchner, Carlos Beraldi, hizo una exposición de una hora y media en la que señaló que existe “una nulidad evidente” en la causa.
Beraldi dijo que la causa “surgió de un engaño” ya que tanto el juez que instruyó la causa como el fiscal fueron elegidos “a dedo”. Además apuntó contra los testimonios de los empresarios que declararon como testigos en carácter de “arrepentidos”.
“Lo que se hizo es convertir a la justicia en un elemento de presión y de chantaje que vulneraba de manera directa una de las garantías más elementales, que es el derecho de defensa en juicio”, apuntó.
La acusación sostiene que empresarios entregaron paquetes de dinero a emisarios de los gobiernos del matrimonio Kirchner, y la expresidenta, como supuesta jefa de esta trama, fue “la principal receptora” de los pagos.
Kirchner, referente de la actual oposición peronista (centro-izquierda), suele participar de las audiencias desde su apartamento en Buenos Aires, donde cumple seis años de prisión domiciliaria tras una condena en otra causa por corrupción.
Sin embargo, la exmandataria no estuvo presente en la audiencia del martes, ya que la instancia actual, que continuará en las próximas jornadas con planteos de otras defensas, no requiere la presencia de los acusados.
Se espera que el proceso dure varios años y están llamados a declarar cientos de testigos. Es “la investigación de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina”, afirmó en un informe en octubre la fiscal Estela León.
- Fuente: AFP
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Nicaragua condena por corrupción a histórico comandante sandinista
La justicia de Nicaragua condenó por corrupción al histórico comandante sandinista Bayardo Arce, exasesor económico del presidente Daniel Ortega, y confiscó sus bienes, informó este martes el gobierno nicaragüense, sin precisar la pena.
Arce, de 76 años, fue encarcelado a finales de julio del año pasado tras caer en desgracia por una purga interna en los círculos de poder. Según opositores nicaragüenses exiliados, la depuración es dirigida por la copresidenta Rosario Murillo con el aval de Ortega, su esposo, para garantizar la sucesión.
La Procuraduría General de Justicia señaló en un comunicado que un juzgado de Managua declaró en juicio la “responsabilidad penal” del comandante sandinista por el delito de “lavado de activos en la modalidad de defraudación al Estado”.
Según la acusación, Arce orquestó un “esquema estructurado” para la utilización de “fondos de origen ilícito” por casi 3.000 millones de dólares, relacionado con la evasión de impuestos mediante el uso de sociedades mercantiles y cuentas bancarias.
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Junto a su asistente, Ricardo Bonilla, también condenado, utilizaron “testaferros” y realizaron “préstamos ficticios y transferencia internacionales hacia Panamá y las Islas Vírgenes Británicas”, de acuerdo con la Procuraduría.
Por el caso, el ente judicial ordenó la “cancelación de sociedades” y el “decomiso de bienes” de Arce y Bonilla, sin mencionar si la condena también implica una sentencia de prisión.
Arce es el tercer miembro de la vieja guardia del exguerrillero Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, en el poder) que pierde el favor del gobierno en Nicaragua. Henry Ruiz está en arresto domiciliario desde marzo de 2025 y Humberto Ortega, exjefe del Ejército y hermano del presidente, también lo estaba cuando murió en setiembre de 2024.
Arce y Daniel Ortega fueron compañeros en la lucha armada contra el dictador Anastasio Somoza, derrocado en 1979 con el triunfo de la revolución sandinista.
Ortega, de 80 años, gobernó Nicaragua en los años 1980. Tras varios años en la oposición, se mantiene en el poder desde 2007 luego de elecciones cuestionadas por la comunidad internacional.
En los últimos meses se le ha visto en actos públicos con dificultad para caminar -padece lupus e insuficiencia renal-, por lo que analistas opositores aseguran que Murillo se encamina a sucederlo.
- Fuente: AFP