El contralor general de República, Camilo Benítez, resolvió hoy aprobar la realización de una fiscalización especial inmediata (FEI) a la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar). La resolución de fiscalización se dio a conocer en el mismo momento en que se estaba llevando a cabo la interpelación a José Ortiz, titular de la Conajzar, en la Cámara de Senadores.
De esta manera, la Contraloría dispone la ejecución de la FEI a la Conajzar debido a las denuncias por supuestas irregularidades con juegos de tragamonedas y quiniela. Denuncian que la Conajzar otorgó sin licitación ni ley nacional, como establece la Constitución Nacional, la concesión del cobro de cánones y explotación a una empresa privada que es cuestionada por su perfil financiero y jurídico.
Ortiz se defiende
El titular de la Conajzar, José Ortiz, se defendió de las acusaciones diciendo que son las municipalidades las que dan la autorización de uso de máquinas en lugares privados, y que la ley de Conajzar no tiene prevista la incautación de las máquinas, pero sí se puede fiscalizar y clausurar el local. Sostuvo que por falta de reglamentación la Conajzar procede de esa forma.
Alegó, además, que desde hace 10 años viene funcionando así la Conajzar y que todos los miembros de la comisión actuaron con una mirada cómplice y nadie hizo nada. Dijo que si bien no tiene votos en primera instancia, y en caso de desempate, es el colegiado de todos sus miembros el que decide el accionar de la Conajzar. Ante las evidentes irregularidades expuestas, expresó que son a causa de la falta de reglamentación de la ley.
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Concejales piden intervención de la Municipalidad de Encarnación
Tres concejales de la ciudad de Encarnación presentaron una nota a la Contraloría General de la República solicitando una auditoría especial y la eventual intervención de la Municipalidad, encabezada por el intendente Luis Yd. Se trata de los ediles Eduardo Florentín, Andrés Morel Fretes y Eduardo Rebruk.
La solicitud está motivada por el arrendamiento presuntamente irregular de un terreno municipal. Según argumentan los concejales, dicho predio estaría siendo utilizado como hospedaje en el marco del Mundial de Rally que se desarrolla en el departamento de Itapúa.
Los denunciantes cuestionan la legalidad del contrato y exigen que se verifique el cumplimiento de los requisitos administrativos y financieros, además de la transparencia en el manejo de bienes públicos. De comprobarse irregularidades, los ediles piden que se proceda a la intervención formal de la comuna.
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El documento dirigido al contralor Camilo Benítez señala como principal cuestionamiento la “irrisoria suma de arrendamiento” por valor de G. 65.510.000, los cuales fueron acordados en pagos de 3 cuotas. De acuerdo a la información, dicho pago aún no se ingresó a las arcas municipales
Los ediles denunciantes consideran “ínfimo” dicho monto, ya que la tarifa se fijó conforme a la ordenanza municipal 288/2015, la cual considera ya está desactualizada.
“El principal vicio que advertimos y que origina el perjuicio patrimonial es que el precio de arrendamiento se fijó con base en la ordenanza municipal 288/2015. Dicha normativa tiene una antigüedad de 10 años, por lo que sus aranceles se encuentran absolutamente desfasados, con relación a los valores actuales de mercado”, expone parte de los argumentos de la denuncia.
Los concejales cuestionan al jefe comunal por utilizar una tabla de precios obsoleta para arrendar un inmueble que será utilizado en un evento de “altísima demanda y valorización”, como es el Rally Mundial. Como evidencia del perjuicio que está causando al patrimonio municipal, los concejales mencionan que el arrendatario Jhon Daniel Pérez, ya se encuentra publicando el alquiler de las instalaciones bajo la denominación comercial “Villa Rally Itapúa”.
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Señalan que la oferta para el usufructo final para el público nacional e internacional es significativamente superior, cotizando incluso en dólares. “Un cálculo preliminar basado en sus propias publicaciones, y que se adjunta a la nota de denuncia, sugiere que el arrendatario podría obtener ingresos hasta 60 veces superiores al monto que se comprometió a pagar al municipio de forma financiada”, expresa el documento.
Otras irregularidades
Asimismo, los ediles señalan que al margen del arrendamiento en una tarifa menor al precio del mercado; señalan que desde la firma del contrato a la fecha el municipio aún no ha recibido el pago de ninguna cuota por el usufructo del inmueble que ya está siendo ofertado.
Además, señalan un eventual daño al municipio porque existen la sospecha que el arrendatario no cuenta con la autorización de la Organización del Rally Mundial, para el usufructo del nombre de manera comercial; por lo que el municipio podría incurrir en el delito de uso indebido de marca, lo que podría acarrear contingencias legales a la comuna por cedente del inmueble.
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Denuncia de Giuzzio: “Fue un show montado”, calificó gerente de Tabesa
El equipo fiscal que investiga la denuncia presentada en 2022 por el exministro Arnaldo Giuzzio contra Horacio Cartes no encontró elementos contra el expresidente y solicitó la desestimación de la causa. La acusación del extitular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y del Ministerio del Interior, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, también afectó a la empresa paraguaya Tabacalera del Este S. A., al ser señalada por supuesto tráfico ilícito de cigarrillos.
“Sabíamos que esto iba a ocurrir porque desde el primer momento, todo lo que dijo el incompetente de Giuzzio, era una enorme estupidez”, opinó José Ortiz, gerente de Tabesa, este viernes en comunicación con el programa “Arriba hoy”, emitido por canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media. “Se realizó una denuncia manipulada con ayuda de la prensa. Fue un show montado y liderado por Mario Abdo Benítez”, aseguró.
Cuestionó que Giuzzio, siendo ministro del Interior en ese momento, llevó la denuncia a una entidad no autorizada para recibir esas acusaciones, la Seprelad. “No lleva a la Fiscalía, que es el órgano competente, y tampoco llevó a la Policía, siendo ministro del Interior, que son los dos órganos autorizados para recibir denuncias”, explicó.
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Agregó que esto constituye en “una prueba fehaciente de la persecución política que recibió el expresidente Horacio Cartes y sus empresas, y principalmente Tabesa”, aseguró Ortiz.
Mientras tanto, destacó que la Fiscalía realizó una investigación muy detallada sobre todos los puntos denunciados por Giuzzio, y esto consta en el documento de pedido de desestimación. “La Fiscalía no dejó de revisar ninguno de los ítems, Giuzzio decía que Tabesa vendía cigarrillos a empresas de maletín; en el informe dice que trabajó con la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, en aquel entonces Subsecretaría de Tributación, y resulta que existían todas las empresas”, apuntó Ortiz.
Con el pedido de la Fiscalía de la desestimación, Ortiz sostuvo que se comprueba que con todo esto el único objetivo fue atacar a Horacio Cartes en un escenario político electoral, por instrucciones del propio presidente de la República y contrincante político, Mario Abdo Benítez.
“Este sucio, incompetente, delincuente, relacionado con narcotraficantes, se dio el tupé y denunció a la empresa de mayor aportante al fisco, haciendo un daño enorme a su reputación, pero todo con un objetivo político de persecución política. Sin dudas, instruccionado por el presidente de la República Mario Abdo Benítez en aquel momento para echar fuera de la cancha a Horacio Cartes”, sentenció.
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DNIT y Conajzar: nuevos roles en las licitaciones de juegos de azar
La ley 7438, cuyo decreto reglamentario fue emitido en mayo, marca un antes y un después en el proceso de licitación de los juegos de azar en Paraguay, con cambios sustanciales en las funciones de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar).
El sector se prepara para la renovación de concesiones clave, incluida la de la quiniela, una de las más polémicas, según explicó el abogado José Silguero. Indicó que la reglamentación delimita el rol de cada organismo y establece los pasos para avanzar con los llamados a licitación, que estaban en pausa a la espera de este marco normativo.
“En el rubro de juegos de azar, estuvimos esperando atentamente esta reglamentación, ya que en ella se delimitan los requerimientos y procesos para las licitaciones, especialmente de aquellos juegos cuya concesión está llegando a su fin y deben volver a licitarse. Entre ellos, el caso más polémico es el de la quiniela, cuya concesión culmina este año”, expresó a la 1020 AM.
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Continuó explicando que la DNIT, como ente contralor (anteriormente esta función la tenía el Ministerio de Economía y Finanzas), es la encargada de emitir los lineamientos para la elaboración del pliego de bases y condiciones. A partir de estos lineamientos, la Conajzar elabora el pliego correspondiente, que luego debe ser enviado nuevamente al DNIT para su homologación.
Otro de los cambios referidos es la incorporación de nuevas modalidades de juegos de azar que antes no estaban reguladas por la Ley 1016, como el casino online y el lotto; además, la modificación del régimen aplicable a algunas modalidades ya existentes, como ocurre con la rifa, que deberá ser autorizada por resolución de la Conajzar cuando sea de distribución general, en todo o parte del territorio nacional, aun cuando sea con carácter ocasional y sin ánimo de explotación permanente.
La Ley 7438 introdujo un cambio importante en la composición de los 5 integrantes de la Conajzar, que reemplaza al representante del MEF por uno de la DNIT, quién, a diferencia de los demás representantes, tendrá dedicación exclusiva y ejercerá, al mismo tiempo, la función de Director General de la Comisión de Juegos de Azar.
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“Creemos saludable una intervención”, dice diputado sobre gestión de Prieto
El diputado Avelino Dávalos, integrante de la Comisión Especial que analizó el pedido de intervención a la Municipalidad de Ciudad del Este, manifestó que la Contraloría fue contundente en sus señalamientos de irregularidades hacia la gestión de Miguel Prieto, lo cual no pudo ser contrarrestado por el jefe comunal, lo cual amerita una intervención, según explicó.
“Se recibió una contestación de parte de la Contraloría General de la República (CGR) donde ratifican que existe faltante de documentos e inclusive, con notas de reiteración en su momento requiriendo esa documentación, entonces creemos saludable una intervención en la que se pueda aclarar todos los hechos y sobre todas las cosas, tener resultados como corresponde”, expresó.
En diálogo con “Tarde de perros”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media, el legislador señaló que personalmente, fue muy claro en su posición a favor de una intervención, ya que el contralor, Camilo Benítez, fue muy preciso señalando las irregularidades detectadas, como la falta de respaldo documental sobre un gasto de G. 42.000 millones.
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“También se habló de forma clara de cuatro informes de la Contraloría con dictámenes en contra de la municipalidad y remitidos al Ministerio Público, además de todo lo que es de conocimiento público, la cantidad de denuncias que obran en la Fiscalía. El presidente de la Comisión consultó de vuelta a la Contraloría sobre la falta de documentación respaldatoria, porque en la visita del intendente, él había dicho que era falso, pero eso fue ratificado por el ente contralor”, añadió.
Cabe mencionar que todavía se desconoce si el dictamen de la Comisión será tratada este martes 10 de junio en una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, puesto que esto es potestad de la Mesa Directiva. “Creo que es conveniente una intervención para poder dilucidar los temas, el que nada debe, nada teme”, ratificó.