El monto de la inversión hecha por Yacyretá fue de 1.567 millones de guaraníes, para la adquisición de 61.975 unidades de estos medicamentos. Foto: Gentileza.
EBY entregó a Salud casi 62 mil medicamentos para tratamientos contra el COVID
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La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) entregó este martes aproximadamente 62 mil unidades de productos farmacológicos al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), que serán utilizadas en el tratamiento contra el COVID-19.
El monto de inversión realizada por la binacional fue de 1.567 millones de guaraníes para la adquisición de 61.975 unidades de estos medicamentos. La entrega se realizó esta mañana en el Parque Sanitario del Ministerio de Salud, ubicado en la ciudad de Mariano Roque Alonso. El acto fue desarrollado con la presencia del director paraguayo de la EBY, Nicanor Duarte Frutos; el ministro de Salud, Julio Borba, y el director general de Insumos Estratégicos, Derlis León.
El director de la entidad binacional, Nicanor Duarte Frutos, durante el acto de entrega, destacó que desde la entidad están cumpliendo con el acompañamiento a Salud Pública en la lucha contra la pandemia, en lo que respecta con los aportes e inversiones.
“Hicimos un concurso conforme a los proveedores que el MSPBS remitió. Hoy estamos entregando medicamentos por 1.000 millones de guaraníes. Anteriormente, hace unas semanas atrás, 200 millones, y en la próxima semana vamos a completar más de 1.500 millones, conforme al ítem o los medicamentos que nos proporcionaron”, enfatizó.
Igualmente, aseguró que la EBY seguirá con esta cooperación para con la cartera sanitaria, de manera de fortalecer la política de gobierno con el objetivo principal de bajar el nivel de hospitalizados mediante la inmunización masiva.
“Hay pedidos permanentes del ministerio (de Salud) y la idea es apoyar y fortalecer la política del gobierno, de bajar el nivel de hospitalizados, aumentar el número de inmunizados y crear las condiciones para una normalidad futura inmediata en el marco del crecimiento económico que hoy estamos teniendo”, refirió Duarte Frutos
Cooperación internacional apunta a fortalecer la interdicción del narcotráfico fluvial
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La Secretaria Nacional Antidrogas en coordinación con la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD/OEA), habilitó un curso para fortalecer las capacidades investigatovas y la lucha contra el narcotráfico por vía fluvial.
La apertura del curso “Investigación e Interdicción del Tráfico Ilícito de Drogas por Vía Fluvial”, tiene por objetivo fortalecer las capacidades de investigación, análisis de riesgo e interdicción del narcotráfico en los ámbitos fluvial, portuario y logístico.
El acto de apertura se realizó en el Salón Auditorio de la Base de Operaciones de la SENAD y estuvo encabezado por el Ministro Secretario Ejecutivo, Jalil Rachid, junto a autoridades nacionales, representantes de la CICAD/OEA, instructores de la Armada Nacional de Colombia y participantes del curso. La capacitación se extenderá del 6 al 10 de julio y reúne a 25 agentes especiales de la SENAD y 5 representantes de la Prefectura General Naval de la Armada Paraguaya.
Durante su intervención, el ministro Jalil Rachid destacó los resultados obtenidos mediante el nuevo paradigma de lucha contra el narcotráfico impulsado desde agosto de 2023, señalando que, como consecuencia de las estrategias implementadas y la articulación con organismos internacionales, hace casi tres años no se registran incautaciones de cargamentos de cocaína en Europa con origen en Paraguay.
Asimismo, subrayó que este escenario refleja la efectividad del trabajo conjunto entre las instituciones nacionales y sus contrapartes internacionales, remarcando que la cooperación es un componente indispensable para fortalecer los controles sobre las hidrovías, consideradas corredores estratégicos tanto para el comercio regional como para las organizaciones criminales transnacionales.
El curso forma parte de los esfuerzos orientados a consolidar capacidades técnicas y operativas para enfrentar las nuevas modalidades del tráfico ilícito de drogas, promoviendo el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre Paraguay y organismos internacionales especializados.
Parlatino aprobó una declaración impulsada por el diputado paraguayo Carlos Núñez Salinas para reforzar la cooperación, la inteligencia y el control en las zonas fronterizas. Foto: Archivo
Parlatino declara ofensiva regional contra economías ilícitas que mueven USD 300.000 millones
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El Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), aprobó una declaración estratégica sobre soberanía, seguridad nacional y gobernanza regional frente al crimen organizado y las economías ilícitas. La iniciativa partió del presidente alterno del bloque regional, el diputado paraguayo Carlos Núñez Salinas, con la cual apunta a aplastar las economías ilícitas de USD 300 mil millones que amenazan a la región y la Triple Frontera.
La propuesta que fue acogida y convertida en Declaración del Parlatino, impulsa una respuesta regional coordinada para fortalecer la seguridad fronteriza, proteger la soberanía de los Estados y combatir el avance del crimen organizado transnacional.
En su presentación, el legislador paraguayo explicó que la iniciativa surge ante una realidad que exige acciones inmediatas. Señaló que las economías ilícitas en América Latina y el Caribe superan los USD 300 mil millones anuales, una cifra comparable con el producto interno bruto de varios países de la región.
“El narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas, el contrabando y la minería ilegal han transformado las fronteras en zonas de alta vulnerabilidad. Estas organizaciones ya no actúan como estructuras delictivas aisladas, sino como redes transnacionales con recursos económicos, capacidad tecnológica y sistemas logísticos que desafían directamente la autoridad de los Estados”, sostuvo el presidente alterno de Parlatino.
La declaración impulsada por el diputado paraguayo Carlos Núñez Salinas plantea una respuesta regional frente al narcotráfico, el contrabando, la trata y el lavado de dinero. Foto: Archivo
Mencionó que en este complejo escenario regional, Paraguay ocupa un rol geográfico crítico, enfrentando desafíos mayúsculos en zonas vulnerables como la Triple Frontera (punto neurálgico compartido con Argentina y Brasil).
“Esta región fronteriza, históricamente afectada por la porosidad de sus límites y dinámicas comerciales complejas, es utilizada por facciones criminales internacionales para el lavado de dinero, el contrabando a gran escala y el tráfico de armas y drogas. El fortalecimiento de la seguridad en este sector estratégico se vuelve, por ende, una prioridad urgente dentro de la agenda continental”, remarcó.
Cooperación regional
La declaración promovida por el presidente Alterno plantea fortalecer los marcos legislativos nacionales y avanzar hacia mecanismos de cooperación regional que permitan mejorar el intercambio de inteligencia, desarrollar operaciones coordinadas y reforzar la vigilancia de las zonas fronterizas, respetando la soberanía de cada país.
Conforme al documento declaratorio, propone priorizar la inversión pública en tecnologías avanzadas para el control territorial, incluyendo vigilancia satelital, radares de interceptación aérea, drones de reconocimiento de largo alcance y sistemas biométricos en los puntos de tránsito legal.
Además, la iniciativa también contempla la elaboración de una agenda regional de seguimiento, con la participación de distintas comisiones del Parlatino, para evaluar los avances legislativos y la implementación de políticas contra el crimen organizado transnacional. Se plantea, además, la presentación de un informe anual sobre la situación de las fronteras y las acciones adoptadas por los países miembros.
“Con esta Declaración, el Parlatino reafirma que la seguridad, la defensa de la soberanía y el control efectivo del territorio constituyen condiciones fundamentales para preservar la democracia, promover el desarrollo económico y garantizar el bienestar de los pueblos de América Latina y el Caribe”, concluye el documento.
Desde el organismo regional se destaca que la propuesta del diputado Carlos Núñez Salinas coloca en el centro del debate regional la necesidad de pasar de las acciones aisladas a una verdadera estrategia continental, basada en la cooperación, la tecnología, la coordinación legislativa y el fortalecimiento institucional. Frente a un crimen organizado que no reconoce fronteras, América Latina y el Caribe necesitan una respuesta conjunta, firme y proporcional al desafío.
Región Sanitaria de Central recibió G. 1.500 millones en medicamentos
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El Parque Sanitario de la XI Región Sanitaria – Central recibió un importante lote de medicamentos e insumos por parte del Ministerio de Salud Pública, que representa una inversión de G. 1.583.159.605. Estos recursos permitirán continuar abasteciendo a los servicios de salud del departamento Central, asegurando la disponibilidad necesaria para la atención efectiva de la población.
El lote, proveído a través de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud, incluye medicamentos para el Programa de Diabetes, antihipertensivos, aerosoles para tratar cuadros respiratorios, medicamentos antialérgicos, antibióticos de uso estacional, así como insumos hospitalarios de uso frecuente.
Esta entrega forma parte del abastecimiento regular impulsado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, con el objetivo de apoyar el funcionamiento óptimo de los establecimientos sanitarios y garantizar una atención oportuna y de calidad para las personas y familias del departamento Central.
El foco de la discusión gira en torno a la implementación de mecanismos como el factoraje, que permitiría dar liquidez a las empresas afectadas por retrasos en pagos de obras públicas.FOTO: ARCHIVO
Cesión de créditos: cómo funciona la herramienta que plantea el Gobierno para cancelar deudas
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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) impulsa un mecanismo de cesión de créditos para avanzar en la cancelación de las deudas que el Estado mantiene con constructoras y empresas proveedoras de medicamentos. La herramienta fue presentada inicialmente como un esquema de factoraje, aunque especialistas aclaran que, jurídicamente, se trata de una figura diferente.
La medida apunta principalmente a obligaciones pendientes del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), sectores que concentran una parte importante de los compromisos acumulados por el Estado con proveedores.
Aunque el término “factoraje” fue utilizado en las primeras presentaciones oficiales, el mecanismo previsto corresponde en realidad a una cesión de créditos, explicó a La Nación/Nación Media un experto y consultor en derecho económico y tributario.
En la práctica, esto significa que las empresas que poseen créditos pendientes de cobro contra el Estado podrán transferir esos derechos a una entidad financiera. A cambio, recibirán un pago inmediato, aunque por un monto inferior al valor total de la deuda.
Posteriormente, será el banco quien pase a ocupar el lugar del acreedor y cobre directamente al Estado en los plazos establecidos. El procedimiento prevé que cada empresa negocie individualmente con una entidad financiera interesada en adquirir el crédito.
Por ejemplo, si una empresa tiene pendiente el cobro de G. 100 millones, el banco podría adquirir ese derecho de cobro entregándole G. 93 millones. La diferencia corresponde al descuento aplicado por la entidad financiera para asumir la operación.
De esta manera, el proveedor obtiene liquidez inmediata y deja de esperar el pago estatal, mientras que el banco pasa a ser el nuevo acreedor.
Según el especialista, este esquema no constituye una novedad absoluta en el país. Antecedentes similares fueron aplicados anteriormente por el Instituto de Previsión Social (IPS) y también se habrían utilizado en otros organismos públicos para atender compromisos pendientes con proveedores.
Sin embargo, la propuesta actual incorpora una característica adicional: la emisión de certificados digitales vinculados a los créditos cedidos. Uno de los aspectos novedosos del mecanismo es que los créditos cedidos estarán respaldados por certificados registrados en la depositaria de valores del Banco Central del Paraguay (BCP).