• Buenos Aires, Argentina. AFP.

Empuñando libros en alto, cientos de miles de personas se mani­festaron en toda Argentina para repudiar los recortes de fondos a la universidad pública, en lo que constituye la mayor manifestación hasta el momento contra la polí­tica de ajustes del presidente ultraliberal Javier Milei.

Entre 100.000 personas, según la policía, y medio millón, según la Universi­dad de Buenos Aires (UBA), se congregaron en la capital argentina. Otras decenas de miles protestaron en ciudades del interior como Córdoba, Rosario y Mar del Plata “en defensa de la educación uni­versitaria pública y gratuita”.

“Creemos en la capacidad igualadora de la educación pública y gratuita, en el poder transformador de la universi­dad como formidable herra­mienta de movilidad social ascendente”, leyó Piera Fer­nández, estudiante y presi­denta de la Federación Uni­versitaria Argentina en la emblemática Plaza de Mayo, epicentro de la convocatoria que inundó las calles aledañas.

“La educación nos salva y nos hace libres. Convocamos a la sociedad argentina a defen­derla”, prosiguió.

Los manifestantes levanta­ban libros en señal de pro­testa, así como carteles que decían “Milei o educación” o “la universidad luchando también está enseñando” y viñetas de la emblemática tira cómica “Mafalda”.

“Esto es importante para los que estudiamos y para los que trabajamos, porque la educa­ción pública levanta un país”, dijo a la AFP Nicolás Villagra, un estudiante de la UBA de 24 años, con la voz ensordecida por la música y los timbales.

Los Consejos de Presidentes de Comité de Central y Cordillera llevaron adelante una reunión el fin de semana, en la que han decidido no acompañar el pedido de la Coordinadora de Intendentes Liberales sobre el adelantamiento de elecciones partidarias.

Ambas organizaciones de dirigentes de base expresaron su molestia por la decisión inconsulta de los intendentes, quienes intentan acortar el mandato de las autoridades partidarias, tanto a nivel local como nacional. Además, anunciaron que en la semana comunicarán al Directorio sus decisiones a fin de que se tenga en cuenta a la hora de tomar una resolución en el pleno de la conducción nacional.

Le puede interesar: “Récord absoluto”: Indert registró G. 12.000 millones en recaudación al mes de abril

Conforme al comunicado que han emitido en conjunto los dirigentes de Comité de ambos departamentos, exponen como argumento para oponerse al pedido de adelantar las elecciones internas partidarias, señalan que tropieza con impedimentos constitucionales y legales.

En tal sentido, señalan el artículo 154 de la Ley 1975/02 que modifica la ley electoral que expresa que se establecen dos periodos para la elección de autoridades nacionales, departamentales y partidarias, por lo que las elecciones partidarias deberán indefectiblemente realizarse en forma conjunta con las internas municipales o en su defecto en el 2027 con más internas presidenciales.

Por otra parte, la Ley 6318/19 en su artículo 3° que habla del sistema de votación electrónica será utilizada de manera obligatoria. Esto obligaría a que en caso de adelantamiento la Justicia Electoral deberá alquilar un año antes las urnas, lo que implicaría una ingente erogación presupuestaria, que el TSJE no tiene previsto.

A todo esto debe sumarse el impedimento de acortar mandatos, situación no prevista en las normativas vigentes, requisito necesario para su aplicación al ser los partidos políticos sujetos de Derecho Público.

En otro apartado del comunicado, aclaran que sí están de acuerdo con la reforma del estatuto partidario. “Estamos a favor porque también venimos analizando de manera permanente la situación del partido, por lo que consideramos que es momento de un análisis profundo de fondo y de forma para realizar todas las modificaciones necesarias de manera a ajustarlo a la realidad actual”, mencionan.

Asimismo, lamentan la falta de un diálogo de representantes de la Coordinadora de Intendentes liberales con las autoridades partidarias de las bases para llevar adelante un petitorio el cual también los afecta directamente.

Siga informado con: Ejecutivo acuerda proyectos viales y sanitarios en zonas vulnerables

Un sector de dirigentes de Alto Paraná del partido Tekojoja, apuntan a convocar a elecciones con la finalidad de derrocar al exsenador, Sixto Pereira de la presidencia de la organización política. El exparlamentario se refirió a este hecho y minimizó la disconformidad al interior del partido y afirmó que este tipo de situaciones son normales.

“En todos los partidos hay crisis, los acuerdos son los que unifican, y de hecho hay cuestionamientos, eso es normal, de diversas experiencias estamos y este partido construimos como una herramienta genuina para que se defienda y transforme esta sociedad, no entramos para hacer una herramienta política solamente, como un mercado para ganar espacios en el sector público, sean en las municipales o en el Parlamento”, expresó.

Pereira no profundizó en el malestar interno de Tekojoja, cuyos dirigentes altoparanaenses afirmaron que no existe financiación para las bases. El exparlamentario afirmó que el fin del partido es generar militantes militantes que luchen por la transformación de la sociedad, por la inequidad en la tenencia de tierras y por la falta de políticas para el sector indígena y que no buscan simplemente ser un trampolín para acceder a cargos públicos.

Lea también: Buscan derrocar a Sixto Pereira de la presidencia del Partido Tekojoja

“Hay mucha decepción posterior a estas elecciones, ahora se está recomponiendo espacios sobre cómo debatir y reorientar, en el Frente Guasu mismo discutimos, no se niega la unidad, pero así como está tampoco puede funcionar porque fue una cuestión de crisis y en las últimas elecciones se abrieron dos frentes”, manifestó a la 1020 AM.

El exsenador recordó que la falta de acuerdos ya proviene desde la época electoral, donde pese a los intentos, no se pudo consensuar entre todos los actores de la oposición y mientras un sector del Frente Guasu, respaldó la candidatura de Efraín Alegre, otros sintieron que la chapa no representaba a todas las visiones y se volcaron hacia otras postulaciones, como la de Paraguayo Cubas.

“Nosotros dijimos que en la chapa debía haber esperanza para que sea el reflejo de otros sectores socioeconómicos e ideológicos y tampoco aceptó (Efraín), entonces algunos sectores de nuestro grupo se fueron a apoyar a Payo, pero Payo no es proyecto, no es construcción y los resultados ya están a la vista, puede ser un elemento importante para dividir y que no haya unidad”, aseveró.

Le puede interesar: Experto estadounidense observa con preocupación avance chino en la región

Dos investigadores de la Fiscalía de Colombia fueron secuestrados en el suroeste del país por el Estado Mayor Central, la mayor facción de las disidencias de las FARC que rechazaron el acuerdo de paz de 2016, informaron autoridades este sábado.

Los rebeldes admitieron haber retenido a los funcionarios junto a “una acompañante” el viernes, en una zona rural del municipio Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca.

Las dos mujeres y el hombre “se encuentran en buen estado de salud”, indicó el Estado Mayor Central (EMC) en un boletín este sábado.

Según los disidentes los investigadores “fueron sorprendidos” en “un punto de control y registro” con “dos armas con su respectiva munición además de dispositivos electrónicos para recopilar información”.

Le puede interesar: Falleció Milagro de Jesús, la niña que “resucitó”

“Esperamos por medio de organismos internacionales se puedan generar las condiciones de seguridad para su liberación”, añadió la organización que rechazó entregar las armas como lo hizo el grueso de la guerrilla de las FARC cuando firmó un histórico pacto de paz.

La Fiscalía condenó “vehementemente la inaceptable retención” y pidió “respeto por la vida e integridad” de las víctimas. El gobierno de Gustavo Petro intenta negociar de nuevo las paz con los disidentes desde hace más de un año en medio de dificultades para llegar a acuerdos.

Una serie de ataques contra civiles y la fuerza pública en medio de una tregua pactada a finales del año pasado colmaron la paciencia del presidente.

Los diálogos empezaron a diluirse el 17 de marzo, cuando el gobierno decretó el fin del cese al fuego bilateral en tres departamentos del suroeste del país tras el asesinato de una líder indígena por parte de los rebeldes.

El martes apartó de los diálogos al comandante rebelde alias Iván Mordisco, en un esfuerzo por salvar la política de “paz total” con la que busca desactivar el conflicto de seis décadas por medio del diálogo con los principales grupos armados.

Le puede interesar: “Canarias tiene un límite”: protestan contra el turismo de masas

En 2022 la inteligencia militar calculaba el pie de fuerza del EMC en unos 3.500 combatientes. La organización controla rentas del narcotráfico y la minería ilegal. Colombia vive un conflicto armado de seis décadas que ha dejado 9.5 millones de víctimas entre secuestrados, desaparecidos, desplazados y asesinados.

Fuente: AFP