El juez electoral Ariel Teodoro Romero ordenó como medida cautelar la suspensión del juzgamiento y cómputo de las actas electorales del distrito de Villarrica, correspondientes a las elecciones internas del pasado 20 de junio de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Partido Colorado, a las resultas del presente juicio de amparo.
Esta resolución electoral se genera a raíz del amparo presentado por el abogado Juan Sosa Bareiro, apoderado del Movimiento Esperanza Republicana, quien recurrió a la garantía constitucional contra la ANR porque se negaron a contabilizar los votos de forma manual, pese a las sospechas de fraude que involucra al movimiento del senador Rodolfo Friedmann y su madre, la candidata a concejala Guadalupe Alfaro.
Asimismo, el magistrado ordenó a la parte recurrente que presente la contracautela de carácter personal en secretaría a los efectos legales antes de la implementación de la presente resolución.
Denuncia de fraude
Tras las denuncias por sospechas de intervención en el registro y conteo de votos para la lista de concejales de la ANR en la ciudad de Villarrica, por parte del movimiento del senador Rodolfo Friedmann y su madre, la candidata a concejala Guadalupe Alfaro, y movimientos opositores solicitan al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) el recuento manual de votos.
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Ypytá: acusan ante el JEM al juez Édgar Rivas por mal desempeño y piden su suspensión en el cargo
La abogada Analía Rebollo, representante legal de Marcos Miltos, directivo de la firma Ypytá S.A. Inmobiliaria, Ganadera y Comercial, presentó una acusación por mal desempeño en sus funciones contra el criticado juez en lo Civil y Comercial de Asunción, Édgar Rivas Laguardia. Asimismo, se solicita el enjuiciamiento y la suspensión en sus funciones del magistrado Rivas ante las irregularidades en el juicio civil mencionado.
La acusación contra Rivas se estructura en dos etapas principales. Primero, su actuación en el ámbito procesal al habilitar de forma injustificada la feria judicial a finales de 2025 en el expediente individualizado como N.° 530/2014, caratulado: “Ypytá S.A. Inmobiliaria, Ganadera y Comercial sobre convocatoria de acreedores, hoy quiebra”.
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La segunda actuación irregular fue la de haber intervenido y firmado la Escritura Pública N.° 2 del 31 de marzo de 2026, en la cual formalizó la transferencia de activos de la fallida en favor de un tercero, incurriendo en múltiples vicios de nulidad e irregularidades sustanciales. Finalmente, se cuestiona su comportamiento como director del proceso en relación con las actuaciones que afectan y vinculan específicamente a este tercero.
Ante las graves acusaciones presentadas formalmente ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), órgano juzgador de jueces, se espera que los mismos actúen de forma inmediata y estudien el caso, haciendo lugar al enjuiciamiento del cuestionado juez Rivas y solicitando su inmediata suspensión por desempeñarse de forma dudosa e irregular en el referido expediente civil.
Ahora, los integrantes del JEM —cuya presidenta es Alicia Pucheta y que integran César Garay, Manuel Ramírez Candia, Enrique Berni, Mario Varela, Pedro Díaz Verón, Alejandro Aguilera y Diego Candia— tendrán que evaluar la causa, admitir la acusación, enjuiciar al juez Rivas y solicitar la suspensión en sus funciones.
Corte define confirmación o no en el cargo
El pleno de la Corte Suprema de Justicia tendrá que definir la terna para el cargo de juez en lo Civil y Comercial del Séptimo Turno de la capital, cuyo titular es el criticado magistrado Édgar Rivas Laguardia, quien pretende seguir en el cargo a pesar de ser sumamente cuestionado por los profesionales del derecho. Además de Rivas, integran la terna Óscar Pedro Juan Sosa Domínguez y Giovana Monserrat Basualdo González.
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Justicia ordena suspensión total de la causa penal que afectaba a Ana Kim y directivos
La jueza Cinthia María Garcete Urunaga hizo lugar a la cuestión prejudicial y ordenó la suspensión total del proceso penal contra Elizabeth Kim Jang, Ana Kim Jang, Namjun Kwon, Alexis Florentín Gauto y Antonio Ramón Galeano Vega.
El caso tiene que ver con una supuesta retención de dinero por el rescate de acciones, aunque este pago se encuentra en pleno juicio civil de cobro de guaraníes, según expediente n.º 135/2026)
En efecto, el juzgado de garantías n.º 5 de Ciudad del Este frenó el avance del proceso penal hasta que se resuelvan las controversias civiles y comerciales que sustentan las acusaciones y cuyos antecedentes la Fiscalía utilizó como elementos de convicción sin siquiera realizar diligencias previas, con total desconocimiento de los afectados.
Para la defensa, el fallo deja al descubierto una actuación arbitraria por parte de la Fiscalía, que imputó apresuradamente delitos graves por un conflicto entre socios que ya se estaba tramitando en el fuero civil y comercial.
En vez de esperar a que la justicia civil defina si las deudas existen o si las asambleas son válidas, el Ministerio Público se apuró a armar una causa penal sobre hechos que todavía estaban en plena discusión comercial.
A esto se sumó la postura de la querella, que, según cuestionó la defensa, abusó de sus derechos procesales al pretender usar la vía criminal como un método de presión para doblarles el brazo a los imputados y cobrar por la fuerza lo que debe resolverse en el ámbito mercantil.
La resolución dejó en claro tres puntos clave:
Apropiación y deuda pendiente de definición: se acusaba una supuesta retención de dinero por el rescate de acciones, pero ese pago está en pleno juicio civil de cobro de guaraníes (Expte. N.º 135/2026). Si un juez civil todavía no determinó si existe la deuda o cuánto se debe, esa definición resulta necesaria para evaluar la acusación penal por apropiación.
Estafa y lesión de confianza sujetas a la decisión civil: todo el reclamo por las asambleas y la distribución de acciones se está juzgando en la demanda de nulidad civil (Expte. N.º 150/2026). Si la justicia civil confirma que los actos de la empresa fueron legales, esa decisión incidirá directamente en el sustento de las acusaciones penales.
Protección a los imputados: la resolución bloqueó cualquier intento de citar a los imputados para imponerles medidas cautelares o restricciones a su libertad mientras la causa penal siga suspendida. Para la defensa, resultaba absurdo querer aplicar medidas coercitivas sobre hechos cuya validez ni siquiera está definida en el fuero correspondiente.
Al final, hasta la propia Fiscalía terminó aceptando la suspensión ante los argumentos presentados por la defensa. Para el equipo jurídico de los afectados, esta resolución no solo frena un manoseo penal injustificado, sino que rectifica un procedimiento torcido y recuerda que la justicia penal no está para resolver peleas comerciales ni para prestarse al juego de querellas abusivas.
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Ordenan detención de jefa de operaciones de Ueno Casa de Bolsa por destruir evidencia fiscal
Los agentes fiscales Ruth Benítez y Silvio Corbeta intervinieron en un procedimiento en Ueno Casa de Bolsa, durante el cual fue detenida una funcionaria que se desempeñaba como jefa de Operaciones de la entidad, Andrea Benítez, por su presunta vinculación con el hecho punible de frustración de la ejecución penal.
Según los datos preliminares, al momento de la llegada de la comitiva fiscal, la funcionaria habría estado destruyendo documentos relacionados con inversiones bursátiles del expresidente de la República, Santiago Peña. Ante esta situación, la agente fiscal Ruth Benítez dispuso su detención en el marco de las diligencias investigativas desarrolladas por el Ministerio Público en el caso Ueno Bank.
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El procedimiento forma parte de las actuaciones fiscales destinadas a recabar y preservar elementos de interés para el esclarecimiento de los hechos investigados. La mujer podría ser imputada en las próximas horas, y se solicitaría su prisión preventiva ante la gravedad del suceso registrado al momento del ingreso de los fiscales a la mencionada firma.
En caso de que la mujer sea imputada tendrá que comparecer ante un juez para la audiencia de imposición de medidas cautelares en la que se definirá si la misma estará privada de libertad en la cárcel de mujeres de Emboscada o será beneficiada con libertad ambulatoria.
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Por paro docente, no habrá servicio de alimentación escolar este lunes
El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) informa a la ciudadanía que este lunes, 9 de noviembre, no habrá servicio de alimentación escolar en los departamentos de Central y Presidente Hayes, además de capital (Asunción) ante la movilización anunciada por gremios docentes.
Las instituciones educativas y los proveedores adjudicados en el marco del llamado a Contratación de Alimentación Escolar fueron alertados de la situación en atención a los comunicados emitidos por los sindicatos del sector educativo del Paraguay que convoca para mañana a una manifestación y a la paralización total de las actividades escolares.
Docentes asociados de la UNE-SN, FECI, FEP y OTEP- A se movilizarán para exigir al Gobierno garantías para la protección de los fondos públicos y jubilatorios; la devolución total de los 60 millones de dólares de la Caja Fiscal, los 350 millones de dólares del IPS y de los demás fondos afectados. Y el cumplimiento del Presupuesto General de Gastos de la Nación correspondiente al 2027, entre otros reclamos del sector.
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Asimismo, se tuvieron en cuenta las comunicaciones recibidas de las instituciones educativas a través de correos electrónicos y las consultas realizadas mediante los grupos de WhatsApp, de las que se desprende que una amplia mayoría se adherirá a la medida de fuerza.
“Ante la incertidumbre respecto al normal desarrollo de las actividades académicas en esta fecha, se dispone la suspensión de la provisión de los servicios de alimentación escolar para esta jornada”, señala el comunicado del MDS.
Desde la institución explicaron que la medida se adopta con el propósito de “resguardar los recursos públicos destinados al programa Hambre Cero y evitar el desperdicio de alimentos” que pudiera generarse como consecuencia de la suspensión o disminución de las actividades escolares.
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