El presidente de la Cámara de Senado­res, Basilio Núñez, sostuvo que desde la ins­titución legislativa están abiertos a aplazar un poco más el tratamiento del pro­yecto de reforma de la Caja Fiscal, previsto para el 25 de marzo, con el objetivo de seguir conversando con los diferentes gremios y lle­gar a un acuerdo sobre las modificaciones que puedan ser incluidas, ya que la san­ción automática da un plazo hasta junio.

“No estamos cerrados a propuestas de postergar sine die (sin fecha), no sig­nifica que nosotros poster­gamos para que se trate el último día, sine die signi­fica ponerse de acuerdo en mesa directiva o en plena­ria y tratar la semana que viene, o se trata en abril, en mayo”, explicó el legislador en entrevista con la 780 AM.

Sin embargo, señaló que existe un plazo para con­cluir el circuito legislativo de este proyecto. “Nosotros tenemos un plazo, creo que en junio fenece el plazo, por­que a partir de marzo ter­minado el receso, empieza también la cuenta regresiva para que no tenga sanción ficta”, mencionó el legislador

Núñez explicó que con la san­ción ficta quedará el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados. “Adelanto, tam­bién, nosotros no vamos a jugar a la sanción ficta por­que queremos que sea la ver­sión Diputados, nosotros y previa a la sesión con dife­rentes sectores de senadores, de diferentes partidos, estu­vimos en comunicación con los sectores, entonces ahora la idea es qué modificaciones se pueden incluir para que la ley sirva verdaderamente”, refirió.

Por otra parte, sostuvo que mientras más se dilate el tratamiento de esta inicia­tiva del Poder Ejecutivo, el Estado sigue perdiendo y el déficit en la Caja Fiscal sigue creciendo y se estima que, para este 2026, llega­ría a unos USD 400 millo­nes. “Nosotros estamos en receso, pero el déficit no está en receso, si uno hace una cuenta matemática y exac­tamente este año estamos perdiendo 10.000 millo­nes guaraníes por día, bien hecho ese cálculo, 40 millo­nes de dólares por mes, y más de 400 millones de dólares, 450 creo, en este año 2026 va a ser el saldo negativo, el saldo en rojo, el déficit, que vamos a tener este año”, con­cluyó el titular legislativo.

“Yo no soy un jubilado VIP, yo soy un aportante VIP y todos los que estamos ahora en ejercicio somos aportantes VIP”, sostuvo el titular del Congreso.

El presidente del Congreso Nacional, Basilio Núñez, anunció que propondrá a sus colegas tratar primero la eli­minación del aporte esta­tal a la Caja Parlamentaria antes que el proyecto de ley de reforma de la Caja Fiscal que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Dipu­tados, cuyo estudio en el Senado quedó postergado para el 25 de marzo. “Para tener una empatía con la gente fui el primero que dijo: si nosotros vamos a tocar la Caja Fiscal donde de alguna forma se está poniendo 900 millones de dólares, vamos a empezar por casa”, señaló a la 1080 AM. El senador colorado afirmó que la Caja Parlamen­taria maneja cinco millones de dólares y debe dar el ejem­plo. “Y ahí nosotros propusi­mos eliminar el aporte esta­tal. Que diga en un articulado: ya no más, va a ser una espe­cie de caja privada”, expresó.

El titular del Senado reveló que muchos de sus colegas rehúsan analizar la modifi­cación de la Caja Fiscal por­que “no quieren tratar la Caja Parlamentaria”.

“Yo no soy un jubilado VIP, yo soy un aportante VIP y todos los que estamos ahora en ejercicio somos aportantes VIP”, sostuvo. El congresista comentó que cuando se desem­peñó como diputado ya le saca­ban un 22 % de su dieta. “Y yo decía tengo que meter un poco de política. Yo le estoy pagando al papá de Kattya González, así como ellos pueden decir que están pagando a otro colo­rado. Yo quiero dejar de ser aportante VIP y no quiero ningún privilegio. Por eso dije vamos a eliminar definitiva­mente el aporte estatal”, signi­ficó. En este punto, el médico y político colorado anunció que propondrá a sus pares priorizar el tratamiento de la Caja Par­lamentaria y luego la Fiscal. “Nosotros vamos a proponer tratar primero la Caja Parla­mentaria y después la Caja Fis­cal”, manifestó Nüñez.

La Cámara de Diputados de Argentina aprobó el jueves una iniciativa que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad, un proyecto impulsado por el presidente Javier Milei que ahora deberá ser debatido en el Senado.

El proyecto de ley, que obtuvo 149 votos a favor y 100 en contra en la Cámara Baja, busca modificar el sistema penal juvenil del país que data de 1980.

Argentina mantiene la edad punible más alta de Sudamérica, donde en la mayoría de los países es de 14 años. Brasil y Ecuador son los países donde es más baja (12 años).

Según los estándares internacionales la edad mínima de responsabilidad penal es aquella en la que un menor no puede ser considerado penalmente responsable de sus actos y por lo tanto no puede ser juzgado.

El oficialismo llevó adelante una profusa campaña mediática promovida por la senadora y exministra de Seguridad Patricia Bullrich, bajo el eslogan “delito de adulto, pena de adulto”.

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“Si una persona se encuentra con otra que ha tomado la decisión de lastimarla, de dañarla o de matarla, a los 14 años comprende que eso está mal y debe tener consecuencias. Eso se llama delito”, dijo el diputado oficialista Ramiro Gutiérrez al defender el proyecto.

Legisladores opositores criticaron que el gobierno impulsara el tratamiento del proyecto con un trámite expedito en comisión, donde la mayoría de los expertos, entre ellos defensores de la niñez de varias provincias, se expresaron contra la reforma.

También cuestionaron los tiempos de adecuación de las instalaciones carcelarias antes de que entre en vigor la norma, igual que el presupuesto asignado por considerarlo escaso.

“Todo el sistema político debería trabajar para que esto suceda solo en casos excepcionales, pero vemos aquí que quienes promueven una Argentina que desarma las estructuras públicas trae una discusión de ‘cárcel y bala’ para dar respuesta a problemas de niños, niñas y adolescentes pobres que no encontraron un Estado que les diera lo necesario”, dijo en el debate la diputada peronista Victoria Tolosa Paz.

El debate parlamentario se da en un momento de gran sensibilidad social por delitos cometidos por adolescentes que tuvieron fuerte repercusión mediática.

El más reciente ocurrió en diciembre pasado en la provincia de Santa Fe cuando dos adolescentes de 14 y 15 años torturaron y mataron a puñaladas a otro de 15 tras emboscarlo en un galpón abandonado con la ayuda de una chica de 16 años, la única arrestada por el homicidio.

Este miércoles, los padres del joven asesinado y otros familiares de víctimas de menores pidieron frente al Congreso por la aprobación de una nueva ley penal juvenil que permita la punición de casos similares.

• Fuente: AFP

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El diputado José Rodríguez propone la instalación de una mesa de trabajo conjunta con senadores para analizar en comisión el proyecto de ley que prohíbe el uso de celulares en las instituciones educativas.

El legislador colorado es el impulsor de la citada propuesta, que ya cuenta con media sanción de la Cámara Baja y deberá ser analizada en el Senado.

Según el proyectista, la idea es lograr consensuar objetivos y lineamientos con un documento similar al que fue presentado por el Poder Ejecutivo - Ministerio de Educación y Ciencias.

Se pretende establecer una instancia de diálogo y acompañar el tratamiento, conforme expuso en su presentación.

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“La idea es proporcionar la información técnica y comparada necesaria a fin de garantizar una aprobación responsable, teniendo en cuenta la relevancia de esta normativa para la protección integral de niños, niñas y adolescentes”, indicó.

El parlamentario recordó que la iniciativa surgió como respuesta a una creciente preocupación por el uso indiscriminado y sin control de dispositivos electrónicos en el ámbito escolar, que impacta negativamente en el proceso de aprendizaje y en la salud emocional de los estudiantes.

“Nuestros niños tienen que volver a tener la educación de antes, en la que se enfocaba más en la lectura, la interacción, los juegos didácticos y el respeto a la tecnología. No me parece apropiado que los niños pierdan la concentración debido al uso excesivo de celulares”, subrayó.

Con base en la experiencia de otros países, como Brasil, el proyecto plantea una prohibición total del uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos personales dentro de las instituciones educativas, aunque se establecen excepciones estrictamente reguladas.

El propósito es asegurar un entorno educativo seguro, saludable y enfocado en el desarrollo académico, social y emocional.

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El acuerdo de libre comercio firmado entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea se presenta como una oportunidad estratégica para fortalecer la integración económica, ampliar el acceso a mercados y potenciar el comercio birregional con oportunidades inmediatas para varios sectores.

Rodrigo Maluff, viceministro de Comercio y Servicios, mencionó a La Nación/Nación Media que como Gobierno la estrategia apuntará a un acercamiento con el sector privado para explicar los alcances finales y todo lo que está incluido para empezar a disminuir o aumentar la información a fin de que las partes que recibirán beneficios inmediatos los puedan tomar.

“Porque eso es lo que queremos, ser el primer país que ratifica y el primer país que empieza a aprovechar los espacios por el acuerdo de Unión Europea-Mercosur”, indicó. Esto, porque la producción de carne bovina de pollo, cerdo, tiene nuevos cupos a conquistar, así como también el azúcar orgánica, arroz, maíz, vehículos y tractores, entre otros.

Otro de los productos que interesa y que se podría estar enviando a Europa es el biodiésel. Por ello, la idea es sentarse con el sector privado a hablar al respecto de las oportunidades que están en el acuerdo, en los cupos para el Mercosur, así como en los cupos especiales para Paraguay y tratar de llevar estas acciones de forma ágil.

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Paraguay obtuvo una cuota exclusiva para el acceso al mercado europeo con arancel de 0 % en azúcar orgánica: 10.000 toneladas anuales, biocombustibles: 50.000 toneladas anuales y carne porcina: 1.500 toneladas adicionales a las otorgadas a los otros países del Mercosur.

En carne bovina se tienen casi 100.000 toneladas para el bloque y se deberá trabajar con los socios para ver qué parte de esto alcanzará Paraguay para la exportación sin aranceles. “En realidad esas 100.000 toneladas va a tener 7,5 % de arancel”, detalló Maluff.

Después otro gran potencial en cuanto a proteína animal a debatir con los socios, es la carne de pollo, ya que el cupo es de 180.000 toneladas, la mitad de carne con hueso y la otra mitad sin hueso, por lo que ese potencial se apuntará a empezar a utilizar de manera inmediata.

También en relación al maíz dijo que el potencial es grande sobre lo que se puede llegar a hacer, y en productos especiales como en biocombustibles, fuera del etanol que es para todos los países, se tiene el cupo especial de biodiésel para el mercado paraguayo.

“Esto es positivo para el que quiere trabajar con Europa. Lo que nosotros hacemos como Gobierno es facilitar el marco de trabajo para aquellos a los que les es rentable operar”, destacó el viceministro.

En cuanto a los países, detalló se tendrán disponibles 27 miembros de la Unión Europea y claramente se espera llegar con fuerza a donde mayor consumo existe, como Francia, España, Italia. “Pero la idea es llegar a toda la UE con nuestros productos”, añadió.

Si bien Paraguay puede estar preparado con la ratificación del Congreso, se estará trabajando con la Unión Europea, mientras que su Parlamento se reúne para ratificarlo, a fin de que entre temporalmente en vigencia con los países del Mercosur que lo aprueben.

“O sea, si nosotros aprobamos y ellos hacen esta tarea que es una vigencia temporal hasta tanto esté ratificado por el Congreso, podríamos estar operando en el mes de marzo”, destacó acerca del plan de ejecución. Si esto no se logra, habrá que esperar primeramente la ratificación en el viejo continente, para luego como país ratificante del acuerdo empezar a trabajar en ello.

En tanto, en donde se tienen cupos especiales, todavía habrá una negociación por medio de los socios del Mercosur para los productos que tienen cupos compartidos.

El Gobierno socializó el jueves último ante unos 100 empresarios y representantes de gremios el acuerdo de libre comercio entre ambos bloques. Destacó que se trata de una oportunidad única para el país. Actualmente, el Paraguay exporta por valor de USD 230 millones anuales y, de ponerse en marcha el convenio, podría suponer en los próximos 9 años un potencial de USD 8.500 millones anuales.

Desde la Cámara Paraguaya de Biocombustibles y Energías Renovables (Biocap) ven al acuerdo de manera positiva. “Lo vemos como una oportunidad estratégica. No es para exportar, yo creo, los commodities que nosotros tenemos en Paraguay, sino tratar de darle valor agregado con productos terminados. Esto es una idea un poco general”, explicó a La Nación Massimiliano Corsi, titular del gremio.

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Como visión de la Biocap, dijo que es normal que este razonamiento funcione, porque no se busca exportar commodities, sino energía renovable, dándole un valor agregado. “El acuerdo abre mercados, no garantiza ventas seguras o automáticas, porque sabemos que existe libre mercado, pero siempre habrá la necesidad de ser una industria eficiente para que el costo que llega a Europa sea competitivo respecto a otros países”, mencionó.

Remarcó que además es una oportunidad para el país y para toda la región. “Como Paraguay ya exportamos biocombustibles a Europa, ya lo hicimos, ya tenemos la experiencia, no es que partimos desde cero. Es una oportunidad más”, añadió.

Asimismo, dijo que el país tiene la capacidad instalada, las materias primas, y excedentes, así como la posibilidad de certificar productos de alta calidad para poder exportar, hablando del biodiésel y del etanol, que también encajan con la agenda climática europea.

Corsi sostuvo que Europa precisa descarbonización, y se necesita para favorecer todo eso trabajar sobre los marcos regulatorios para la exportación del biodiésel, ya que hoy día si se exporta se paga el IVA.

Por su parte, Héctor Cristaldo, titular de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), manifestó que después de 25 años de negociaciones se llegó a la firma del acuerdo y si bien falta la aprobación de los parlamentos el desafío vendrá para el sector privado y que en las negociaciones puedan dinamizar el comercio entre ambos bloques.

Todavía se atraviesa el proceso de formalización y luego el sector privado, tanto los importadores o exportadores de cada bloque se pondrán a negociar y ver si se puede conseguir los logros que se esperan de todo acuerdo comercial.

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Cristaldo acotó que la soja antes del acuerdo ya contaba con arancel cero. “En Paraguay nuestra relación con la Comunidad Europea es, digamos, desventajosa en ese sentido. Tenemos una balanza comercial deficitaria”, indicó.

El bloque compra por USD 1.280 millones, mientras que la UE nos compra USD 392 millones. “Entonces, esa brecha, si con esto se va cerrando, sería un punto importante para Paraguay. Paraguay negoció muy bien, con mucha firmeza”, destacó.

A su vez, se hizo un trabajo importante para evitar que el reglamento 1115 entre dentro del acuerdo. “Porque ahí iba a formar parte de nuestro marco jurídico al estar en un convenio internacional e iba a quedar por encima de nuestras leyes”, dijo el presidente de la UGP.

También se consiguieron otras ventajas como resguardo a través de los cupos directos, compartidos con los que tiene el cerdo, el azúcar, el biocombustible, precisó. En general, detalló que Paraguay tomó su resguardo con respecto a las salvaguardias que solamente se aplicarán si es Paraguay el que genera el problema.

Por otra parte, explicó que todavía se manejarán con cautela, sin entrar en el triunfalismo, pues este será un proceso que en el mediano a largo plazo presentará su resultado. “Al corto plazo no vamos a ver todavía nada, porque es así, no es automático”, expresó.

El Parlamento Europeo remitió la semana al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el acuerdo de libre comercio firmado por la UE con el Mercosur tras una votación cele­brada en Estrasburgo. Esto, a fin de que la corte revise si es compatible con los tratados de la UE.

La deci­sión, adoptada por 334 votos a favor y 324 en contra, con 11 abstenciones, significó que la justicia de la UE, con sede en Luxemburgo, deberá analizar si el acuerdo recientemente firmado en Paraguay respeta los tratados del bloque de los 27 países.

El acuerdo es uno de los más importantes en la historia a nivel global. Crea un mercado de bienes y servicios de 800 millones de consumidores y casi una cuarta parte del PIB mundial.

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