El presidente del Congreso Nacional, el senador Basilio Núñez, lamentó la defensa férrea que sigue ejerciendo la oposición al destituido intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El líder del movimiento Yo Creo fue apartado ayer del cargo por corrupción mediante una amplia mayoría en la Cámara de Diputados, tras graves irregularidades confirmadas por una intervención.

“Los opositores que quieren ser gobierno defendieron hechos de corrupción que fueron verificados, constatados. En vez de llevar en alto la bandera de la transparencia, la ciudadanía con todo esto sacará sus conclusiones. Con esto se ve la incoherencia de estas personas“, sostuvo Núñez en una entrevista con el programa “La Caja Negra”, emitido por Unicanal.

Entre las principales graves irregularidades que motivaron la destitución de Prieto, figuran el uso de comisiones vecinales para saquear el dinero de la comuna, las cuales según el interventor Ramón Ramírez, eran “simples fachadas”. Otro de los puntos guarda relación sobre el uso de los recursos canalizados mediante el Consejo Local de Salud, entre el 2019 y 2022, que alcanzaron más de G. 10.500 millones en dicho periodo, demuestran serios incumplimientos a las normativas vigentes.

Asimismo, el senador mencionó que “un total de 50 denuncias tiene Miguel Prieto. Ojalá la Fiscalía General de Estado y el Poder Judicial no se presten a las chicanas. En su gestión hubo robos asquerosos con protección de un gran sector mediático“.

De dicho monto, G. 6.000 millones se destinaron a obras y refacciones que fueron ejecutadas sin ningún tipo de control técnico ni administrativo, lo que impide determinar si esas inversiones realmente se realizaron como figuran en las facturas presentadas, o siquiera si se hicieron.

Entre las irregularidades detectadas durante la gestión de Prieto se encuentra una presunta malversación por G. 29.000 millones. El desfalco guarda relación con dinero que debía destinarse en obras y bienes de capital, pero habría sido desviado para cubrir gastos corrientes, transferencias y pago de deudas, según reveló el economista Ramírez.

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Prieto contaba con una partida presupuestaria equivalente a G. 83.000 millones, que estaba asignada al financiamiento de gastos de capital. Ramírez también presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público, luego de detectar la presunta existencia de una caja paralela, cuyos recursos fueron recaudados por diferentes impuestos, sin embargo, no ingresaron finalmente a las arcas de la comuna. Señaló que existiría un daño patrimonial de unos G. 75 millones que no ingresaron a Tesorería.

“La caída de Prieto ya era algo anunciado, él cometió varios tipos de corrupción, esto iba a llegar más temprano que tarde; yo celebró porque no debemos olvidar que fue un intendente corrupto que robó durante la pandemia mediante la compra de víveres”, repudió Núñez.

El presidente de la República, Santiago Peña, reafirmó su compromiso en defensa del consumidor e informó que desde el Gobierno se están realizando estrictos controles en los supermercados, expendios de alimentos, incluyendo también a los frigoríficos, no solo en la calidad, sino también en el control de los precios, como una política de Estado.

“Cuando nosotros empezamos a ver que este aumento de las ventas venía gran parte en detrimento de precios sobre la canasta básica, nosotros dijimos, tenemos que salir a controlar y a defenderle al consumidor. Nuestra decisión es: vamos a cuidar al consumidor, que hoy lastimosamente está indefenso”, dijo el mandatario este domingo en entrevista al programa “Mina en casa”.

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El jefe de Estado explicó que, en los últimos 22 meses, en el registro de indicadores mensuales, ha habido un continuo crecimiento, que no se veía desde el 2006, 2007 y 2008.

“Nunca la economía ha crecido durante tanto tiempo; ahora, muchos de estos números, de las estadísticas macroeconómicas, no se reflejan en un bienestar de la clase media, la clase baja, y eso en gran medida es porque el Estado ha sido muy exitoso en construir la estabilidad macroeconómica, que le beneficia al gran empresario y una red de protección social que le ayuda al más vulnerable”, indicó.

En este sentido, se refirió a la clase media, que se encuentra en el medio, y es el sector que está más indefenso ante la mano invisible del mercado. “Nosotros tenemos que cuidar el capitalismo de los abusos de los capitalistas y en el Paraguay nosotros tenemos tres instituciones principalmente, que son muy nuevas”, apuntó.

Peña se refirió a la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco), institución que parte de los paraguayos no sabe que existía, era una institución opaca, muerta. “Entonces, la primera medida fue traer a la mesa Sedeco, yo debo ser el primer presidente de la República que se reúne con la ministra de Sedeco”, detalló.

Así también, citó a la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom), que es “una institución que tiene que evitar que los grandes grupos económicos que tienen un poder monopólico u oligopólico usen ese poder en detrimento del consumidor”.

Y como tercera institución de control, el mandatario mencionó a la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), que es para los que están en la industria farmacéutica, para control de los medicamentos. “Nosotros pasamos una reforma que pusimos al mismo nivel, así como controlamos los medicamentos, también tenemos que controlar los alimentos”, afirmó Peña.

Por otra parte, el presidente se refirió al caso de la cadena de minimercado mediatizado la semana pasada. “La medida no tiene que ver con Biggie, y tiene todo que ver con el consumidor. Nosotros estamos cumpliendo dos años y la verdad que los números macroeconómicos son buenos, eso dicen las estadísticas”, aseveró.

En este caso, contó que fue advertido de las “consecuencias”, teniendo en cuenta que la cadena también pertenece a un grupo de medios, pero aclaró que el mismo control se está realizando en otros locales, supermercados, expendios de alimentos y frigoríficos.

“Hoy la noticia es Biggie, porque también ese medio de comunicación que es propiedad de Biggie le ha dado destaque, pero en realidad nosotros estamos haciendo un control sobre todas las cadenas, todos los supermercados, todo lo que es expendio de alimentos y principalmente controlando, nosotros estamos haciendo investigaciones, qué está pasando en los frigoríficos, cómo se están fijando los precios”, sentenció.

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El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Hugo Fleitas, informó que se logró suspender el remate de varios locales pertenecientes a la organización política. A través de su cuenta en X (antes Twitter), Fleitas señaló que los bienes partidarios “se respetan y no se negocian” y agradeció el respaldo de militantes, dirigentes y el equipo jurídico que acompañó las gestiones.

El titular del PLRA resaltó que la medida fue posible “con mucho esfuerzo y gracias al apoyo de mucha gente comprometida”, reafirmando que continuarán trabajando para “dar siempre lo mejor” a la nucleación política. La suspensión del remate evita, por el momento, la pérdida de inmuebles utilizados para actividades partidarias en distintas localidades del país.

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Es sabido que el Partido Liberal arrastra una difícil realidad financiera desde ya hace varios años, deudas que fueron adquiridas durante la presidencia de Efraín Alegre y que en su mayoría, han permanecido impagas hasta la fecha, llevando a los acreedores a realizar demandas y promover embargos en contra del partido.

La situación económica adversa del PLRA también ha sido un factor que ha contribuido a su inestabilidad política. Muchos dirigentes liberales han cuestionado la gestión de Fleitas al frente de la institución, puesto que señalan que su administración no ha terminado de dilucidar el monto real de la deuda.

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El presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel, alertó a la ciudadanía sobre el uso indebido de su nombre en supuestas gestiones realizadas mediante mensajes, llamadas u otros medios digitales. Desmintió categóricamente haber solicitado contrataciones, donaciones u otros beneficios institucionales por canales informales, y reafirmó que toda actuación debe regirse por los principios de legalidad, transparencia y ética pública.

Diesel fue tajante al señalar que no ha autorizado ni autorizará ningún tipo de gestión o intermediación que no se encuentre estrictamente enmarcada dentro de los canales formales y legales de la administración judicial.

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La aclaración se emite en atención a la circulación de mensajes y comunicaciones a través de medios digitales, en los que se menciona indebidamente el nombre del ministro Diesel para la supuesta realización de pedidos institucionales, tales como contrataciones, donaciones u otros beneficios. Al respecto, el titular de la Corte expresó su preocupación ante la gravedad del hecho y advirtió que este tipo de acciones podrían configurar figuras punibles.

En ese contexto, hizo un llamado a la ciudadanía a desestimar cualquier comunicación que invoque su nombre por fuera de los canales institucionales establecidos, y reiteró que toda actuación del Poder Judicial debe regirse por los principios de legalidad, transparencia y ética pública.

Finalmente, reafirmó el compromiso de la Corte Suprema de Justicia con la integridad institucional, la confianza ciudadana y la estricta observancia del marco legal vigente. Señaló, además, que cualquier intento de obtener beneficios indebidos será perseguido y denunciado conforme a derecho.

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