La Cámara baja del Congreso argentino rechazó este miércoles el veto del presidente Javier Milei a una ley que aumentaba fondos para personas con discapacidad, y ahora el Senado deberá definir si el bloqueo del mandatario sigue en pie.

Aprobada por el Congreso en julio, la ley declaraba la emergencia en la atención a personas con discapacidad para regularizar pagos atrasados de las prestaciones de salud y garantizarlos hasta diciembre de 2027.

Restablecía además el cupo laboral en el Estado para personas discapacitadas, eliminado por la administración de Milei.

El rechazo al veto alcanzó los dos tercios necesarios: 172 diputados votaron su anulación, 73 en contra y 2 se abstuvieron.

Mientras el Senado no rechace también el veto del presidente ultraliberal, este seguirá vigente.

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Milei, que asumió en diciembre de 2023, sostiene que la Ley de Emergencia en Discapacidad atenta contra el superávit en las cuentas públicas que su gobierno, a fuerza de ajuste fiscal, consiguió en 2024 por primera vez desde 2010.

Según estimó la Oficina de Presupuesto del Congreso, la ley tenía un impacto fiscal de entre 0,22% y 0,42% del PIB. Se espera que este miércoles la Cámara baja trate además el veto de Milei a un aumento de las jubilaciones, aprobado también en julio.

La ley vetada contemplaba un aumento de 7,2 % más un bono de unos 100 dólares para los que reciben la pensión mínima. La pensión y el bono actualmente suman unos 260 dólares mensuales, un tercio de la canasta básica del adulto mayor.

• Fuente: AFP

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El presidente del Congreso Nacional, el senador Basilio Núñez, lamentó la férrea defensa que sigue ejerciendo la oposición al destituido intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El líder del movimiento Yo Creo fue apartado ayer del cargo mediante una amplia mayoría en la Cámara de Diputados, tras graves irregularidades confirmadas por una intervención.

“Los opositores que quieren ser gobierno defendieron hechos de corrupción que fueron verificados, constatados; en vez de llevar en alto la bandera de la transparencia. La ciudadanía con todo esto sacará sus conclusiones. Con esto se ve la incoherencia de estas personas“, sostuvo Núñez en una entrevista con el programa “La caja negra”, emitido por Unicanal.

Entre los principales hechos de corrupción que motivaron la destitución de Prieto figuran el uso de comisiones vecinales para saquear el dinero de la comuna, las cuales, según el interventor Ramón Ramírez, eran “simples fachadas”. Otro de los puntos guarda relación sobre el uso de los recursos canalizados mediante el Consejo Local de Salud, entre el 2019 y 2022, que alcanzaron más de G. 10.500 millones, que demuestran serios incumplimientos a las normativas vigentes.

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Asimismo, el senador comentó que “un total de 50 denuncias tiene Miguel Prieto. Ojalá la Fiscalía General de Estado y el Poder Judicial no se presten a las chicanas. En su gestión hubo robos asquerosos con protección de un gran sector mediático“.

“La caída de Prieto ya era algo anunciado, él cometió varios tipos de corrupción, esto iba a llegar más temprano que tarde. Yo celebró porque no debemos olvidar que fue un intendente corrupto que robó durante la pandemia mediante la compra de víveres”, repudió Núñez.

En el informe final de la intervención, a cargo del economista Ramón Ramírez, se refiere que G. 6.000 millones se destinaron a obras y refacciones que fueron ejecutadas sin ningún tipo de control técnico ni administrativo, lo que impide determinar si esas inversiones realmente se realizaron como figuran en las facturas presentadas, o siquiera si se hicieron.

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Entre las irregularidades detectadas durante la gestión de Prieto se encuentra una presunta malversación por G. 29.000 millones. El desfalco guarda relación con dinero que debía destinarse en obras y bienes de capital, pero habría sido desviado para cubrir gastos corrientes, transferencias y pago de deudas, según reveló el economista Ramírez.

Prieto contaba con una partida presupuestaria equivalente a G. 83.000 millones, que estaba asignada al financiamiento de gastos de capital. Ramírez también presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público, luego de detectar la presunta existencia de una caja paralela, cuyos recursos fueron recaudados por diferentes impuestos, sin embargo, no ingresaron finalmente a las arcas de la comuna. Señaló que existiría un daño patrimonial de unos G. 75 millones que no registraron entrada a Tesorería.

El presidente de la Comisión Antilavado, el senador Dionisio Amarilla, confirmó este jueves que su informe final ya fue remitido a los Estados Unidos. El pasado 14 de julio, la Comisión Bicameral de Investigación de Carácter Transitorio para la Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Dinero y Otros Delitos Conexos, dio por culminada su actividad.

“Hubo una campaña mediática en contra de esta comisión. Nosotros hicimos un trabajo serio. El informe final ya fue trasladado a los Estados Unidos, estamos en condiciones de ir a defender, inclusive, si nos convocan en algún momento. Estamos muy tranquilos con el trabajo que se realizó”, sostuvo el legislador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) a la 780 AM.

El documento había sido remitido previamente a la Cancillería, el pasado 25 de julio, para su remisión con sus conclusiones y recomendaciones al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. “Ojalá que las autoridades de ese país convoquen al embajador paraguayo designado Gustavo Leite, quien fue relator de la comisión y conoce al dedillo los detalles de los datos tabulados, consolidados, y nadie puede negar la discrecionalidad con que se utilizaron los fondos aportados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional a Paraguay”, comentó.

El senador había detallado anteriormente que mediante la labor de la Comisión Antilavado quedó evidenciado que USD 52 millones proveídos por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y que USD 5 millones otorgados por el Gobierno paraguayo fueron dilapidados por las oenegés. El 71 % del millonario recurso fue para salarios.

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Los trabajos de la CBI, que fueron aprobados por el Congreso Nacional, también ya fueron entregados al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la República, al Ministerio de Defensa Nacional y al Ministerio de Economía y Finanzas, tal como lo había anunciado Amarilla.

En total son nueve tomos que constan de 1.311 folios con sus respectivos anexos. Desde el tomo I hasta el VI se centra en el eje uno, “Lavado de activos ligado al financiamiento de político vía organizaciones sin fines de lucro; el VII se basa en el eje dos, “Lavado de activos provenientes del tráfico de armas”; el VIII analiza el “Lavado de activos provenientes de actividades ilícitas, blanqueadas e ingresadas al sistema financiero vía bancos y empresas”.

Por último, el tomo IV contiene el informe ejecutivo, conclusiones y recomendaciones. Los anexos entregados en pendrive contienen audios, videos, notas varias, convocatorias, documentos tabulados, presentaciones de convocados, informe final, entre otros.

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El senador Juan Carlos Galaverna asumió este lunes la presidencia de la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales (Conaderna), tras la renuncia de la senadora liberal Noelia Cabrera, involucrada en un escándalo por sus sobrinos planilleros en el Senado. La instalación de la nueva mesa directiva se realizó en la Sala Paz del Chaco, con la presencia del presidente del Senado, Basilio Núñez.

El cambio se dio a través de la resolución firmada por el presidente del Congreso, Basilio Núñez, en la cual se modifica la resolución N° 15 de fecha 7 de julio del 2025, por la cual se integró la Conaderna para el periodo del 1 de julio del 2025 al 30 de junio del 2027.

“Con esta resolución queda designado el senador Juan Carlos Galaverna como presidente de Conaderna acompañado del colega senador Rojas, como miembro. Desde la presidencia vamos a estar acompañándole, también a los funcionarios, sabemos que va a realizar una función acorde al cargo”, indicó el presidente del Senado.

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“Vamos a honrar el cargo, esta confianza que nos deposita todo el pleno del Senado, y estamos para trabajar. La primera medida que quiero anunciar, como presidente de esta comisión es que vamos a poner a disposición esa camioneta (que fue utilizada por la senadora Cabrera), vamos a poner a disposición de la presidencia del Senado, y también vamos a solicitar un corte administrativo”, expresó el senador Galaverna.

Explicó que, al darse el cambio, solicitará un corte administrativo para interiorizarse de cómo se encuentra la situación administrativa de la comisión. En cuanto a la camioneta utilizada por la senadora Cabrera, en el cargo de presidenta de la Conaderna, indicó que entregará a la presidencia del Senado, ya que no requiere de su uso. “Yo tengo mi vehículo particular, no necesito utilizar ese vehículo”, señaló.

El presupuesto manejado por la comisión es de G. 4.813 millones, de los cuales ya se ha ejecutado el 41 %, de acuerdo a las explicaciones del senador. “El 77 % va destinado a pagos de salarios de todos los funcionarios y el restante es para gastos operativos de la comisión”, apuntó.

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