“La redención política no tiene relevancia si no se emancipa al hombre de la miseria”, mencionó el presidente de la República, Santiago Peña, citando una frase del caudillo colorado y exvicepresidente Luis María Argaña (1932-1999), para anunciar la remisión al Congreso Nacional del proyecto de Transferencias Monetarias para la Inclusión Social y Reducción de la Pobreza.

“Recordando las palabras de un gran patriota, tomamos acciones firmes para transformar la vida de nuestra gente”, comentó a través de sus redes sociales oficiales. “Tras 20 años de vigencia, el Gobierno del Paraguay actualiza el marco legal para dotar de mayor efectividad a los programas sociales”.

“Con el Registro Social de Hogares, se avanzará en una focalización más precisa hacia las poblaciones en situación de pobreza, con prioridad para las comunidades indígenas y las personas con discapacidad a través de programas como Tekoporã”, agregó. “El compromiso del Gobierno del Paraguay es que ningún paraguayo quede sin recibir la ayuda que necesita”.

En diciembre de 2025, el Poder Ejecutivo promulgó un decreto mediante el cual se crea el Registro Social de Hogares (RSH), una herramienta que será implementada por el Gabinete Social, liderada por el Ministerio de Desarrollo Social, con el objetivo de establecer criterios claros de elegibilidad y pertinencia para las familias beneficiarias de los programas sociales del Estado.

El nuevo registro incorpora un instrumento unificado de medición del nivel socioeconómico de los hogares, lo que permitirá evitar la duplicidad de beneficios y contar con una base de datos centralizada que facilite una mejor asignación y optimización de los recursos destinados a la asistencia social.

Para su operativización estaba prevista la creación de una base de datos única con el apoyo técnico del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic). Esta plataforma será utilizada por las 30 instituciones que integran el Gabinete Social y que ejecutan fondos en el ámbito de la política social.

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El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, celebró la rápida concertación de unidad alcanzada entre los diferentes movimientos internos de la Asociación Nacional Republicana (ANR), en torno a la figura del candidato a intendente de Asunción, Camilo Pérez, solo 48 horas después de las internas del domingo pasado. El parlamentario vaticinó un efecto espejo de la concordia capitalina a nivel país para enfrentar a la oposición en los comicios municipales del 4 de octubre.

“Yo felicito la apertura de los movimientos disidentes del partido, en menos de 48 horas ya tenemos la unidad en Asunción y esto será el espejo en los 262 municipios restantes. La prioridad para la ANR es ahora ganar la mayor cantidad de municipios”, indicó Núñez, este miércoles, a los medios de comunicación en el Parlamento.

Pérez logró consolidarse en capital con 81.416 frente a su entonces adversario, el senador de la disidencia Arnaldo Samaniego, quien solo reunió el 43.574. A nivel nacional, el movimiento Honor Colorado arrasó en las urnas con un total de 1.055.296 votos, imponiendo candidatos a intendente en otros 239 distritos de los 263 municipios del país.

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Mientras que los movimientos disidentes solo lograron capitalizar 221.581 votos, conquistando solo 16 ciudades. Un total de ocho fueron conquistadas por el movimiento Colorado Añetete, liderado por el exmandatario, Mario Abdo Benítez; siete por el movimiento Fuerza Republicana, comandado por el exvicepresidente de Abdo, Hugo Velázquez, y uno por el movimiento Causa Republicana, dirigido por la senadora Lilian Samaniego.

“Yo había adelantado semanas atrás que íbamos a ganar como movimiento más de 200 intendencias, pero me equivoqué, ganamos en 243 localidades. Ahora todos somos listas 1 y la prioridad para el Partido Colorado ahora mismo es ganar la mayor cantidad de municipios“, comentó Núñez al argumentar que la mirada de la centenaria nucleación encabezada por Horacio Cartes se centra en las municipales generales y no en las presidenciales del 2028.

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Las declaraciones de Chase se dieron luego de que la Corte Suprema se pronunciara sobre la acción presentada por González en busca de revertir su pérdida de investidura.

El líder de la bancada de Honor Colorado en la Cámara de Sena­dores, Natalicio Chase, sos­tuvo que la decisión de la Corte Suprema de Justicia de rechazar la acción promo­vida por la exsenadora Kattya González responde exclusi­vamente a criterios jurídicos y no a presiones o injerencias políticas.

Las declaraciones de Chase se dieron luego de que la Corte Suprema se pronun­ciara sobre la acción presen­tada por González en busca de revertir su pérdida de investidura, resuelta por el Senado en febrero de 2024. El parlamentario oficialista señaló que el máximo tribu­nal del país actuó dentro de sus atribuciones constitu­cionales y respetando plena­mente el principio de separa­ción de poderes. “Respetando la independencia de poderes, la Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre una deci­sión del Senado que se ajusta a lo que establece la Consti­tución Nacional”, expresó el legislador, al referirse al fallo emitido por los ministros de la máxima instancia judicial.

El legislador remarcó que considera que el dictamen de la Corte es correcto y justo. “Tardó un poco, pero yo creo que salió en el sentido que tenía que salir. Yo me ratifico en que fue una acción que tomó el Senado, así como otros tan­tos, creo que nueve casos en el periodo anterior. Y bueno, no pueden ser reclamados por la Corte Suprema”, remarcó.

Chase rechazó las versio­nes que atribuyen la resolu­ción judicial a una supuesta influencia política del ofi­cialismo o de sectores par­lamentarios. A su criterio, la determinación de la Corte constituye una validación de que el procedimiento lle­vado adelante por la Cámara Alta se enmarcó dentro de las facultades que la Cons­titución otorga al Congreso Nacional. El senador remarcó que tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial actua­ron en el ámbito de sus res­pectivas competencias. En ese sentido, insistió en que el análisis realizado por los ministros de la Corte se basó en aspectos jurídicos y consti­tucionales, sin interferencias externas.

El caso de Kattya González se convirtió en uno de los episo­dios políticos y judiciales más debatidos de los últimos años, generando posiciones encon­tradas entre el oficialismo y sectores de la oposición.

Recordó que lo más discu­tido fue si estaba o no vigente el reglamento interno. A lo que agregó que aunque esté vigente ese reglamento interno del Senado, era inconstitucional. “Entonces no puede tener validez. Desde ese punto de vista el reglamento debería ser descartado, porque nin­gún reglamento ni ley puede estar en contra de la Constitu­ción, que es la ley madre, y es la ley número uno en la pirámide de Kelsen".

El proyecto impulsado por el gobierno de Santiago Peña que plantea la fusión entre el Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería) y la Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales (Sederrec) quedó sancionado en el Congreso Nacional a través del mecanismo de la sanción ficta o automática. La propuesta será remitida al Ejecutivo para su promulgación o veto.

La iniciativa tenía como plazo constitucional límite para su tratamiento en el Legislativo el 31 de mayo y debía ser analizada de vuelta por el Senado, luego de haber sufrido modificaciones por Diputados. Mediante la fusión de ambas instituciones estatales se apunta a optimizar gastos y centralizar la asistencia y protección consular, así como potenciar la capacidad operativa y eliminar la redundancia de funciones.

Con este proyecto, que forma parte del proceso de reorganización institucional, se impulsa dentro de la Cancillería la creación del Programa Especializado para Repatriados y Refugiados Connacionales, una dependencia que contará con autonomía financiera y administrativa para ejecutar sus funciones.

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Mediante esta propuesta, la Cancillería podrá promover programas de retorno voluntario, elaborar programas de registros de connacionales en el extranjero, coordinar asistencia para la reinserción laboral y social de quienes regresen al país, así como articular acciones con organismos internacionales, a través de sus embajadas y consulados. Igualmente, cuenta con atribuciones específicas para asistir a compatriotas víctimas de trata de personas, violencia o situaciones de riesgo en otros países.

También se contempla la transferencia total de los activos de la secretaría a la Cancillería como bienes muebles, bienes inmuebles, recursos financieros, documentación institucional y programas en ejecución.

Además, permite a la Cancillería asumir competencias más amplias como diseñar y fiscalizar políticas de repatriación, coordinar la asistencia de paraguayos retornados y negociar acuerdos internacionales vinculados a la migración y retorno. Otra facultad será llevar los registros de paraguayos residentes en el exterior, coordinar programas de reasentamiento, gestionar asistencia a connacionales en situación de vulnerabilidad y expedir certificados de repatriación para acceder a beneficios legales.

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A la vez, estipula que todos los funcionarios permanentes de la Secretaría de Repatriados pasarán a integrar automáticamente el plantel de la Cancillería, garantizando la antigüedad, los derechos laborales adquiridos, los aportes jubilatorios y la continuidad administrativa de los cargos.

Sin embargo, no pasarán a formar parte del escalafón diplomático y consular, por lo que seguirán rigiéndose a la normativa aplicable a los funcionarios públicos de la administración central y no por el régimen especial de la carrera diplomática.

Los funcionarios contratados de dicha secretaría que quedará extinta mantendrán la vigencia de sus contratos bajo las condiciones establecidas hasta su vencimiento. En caso de promulgarse el proyecto de ley quedará erradicado el cargo de secretario ejecutivo de la Secretaría de Repatriados.

Por otra parte, la propuesta mantiene los incentivos destinado a fomentar el retorno de connacionales que hayan residido en el exterior durante al menos dos años consecutivos. El proyecto detalla que quienes cumplan con este requisito podrán ingresar al país, por única vez y libres de tributos.

Con relación al menaje de hogar, se establece hasta un valor equivalente a 850 jornales mínimo diarios, para herramientas y maquinarias de trabajo se estipula hasta un valor de 3.000 jornales mínimos diarios mientras que para los vehículos utilitarios se establece hasta 1.700 jornales mínimos diarios, siempre que tenga al menos 3 años de uso.

El proyecto de ley estipula que estos bienes no podrán ser vendidos, transferidos, ni cedidos durante un periodo de 3 años y en caso de incumplimiento, deberán abonar los impuestos correspondientes y podrán aplicarse sanciones por defraudación fiscal.