Ante el veto del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, al proyecto de ley conocido como “el autoblindaje” referente al proceso para el estudio de la pérdida de investidura de un congresista, el senador del Partido Hagamos, Antonio Apuril, instó a la ciudadanía a ejercer presión para archivar el documento.
“Sigamos presionado entre todos. El Congreso debe aceptar el veto del Poder Ejecutivo al proyecto de autoblindaje, y para que eso ocurra es fundamental que siga la presión de la ciudadanía. A no bajar la guardia”, sostuvo.
Con el proyecto sancionado el pasado 20 de mayo por los senadores, se pretendía establecer un nuevo mecanismo para la pérdida de investidura, disponiendo que para ello se debe reunir una mayoría absoluta.
Esto implica dos tercios de los votos y ya no con mayoría simple, tal como se venía aplicando. Tras esta decisión tomada por el gobernante, el texto volverá al Congreso Nacional, que tiene la facultad de ratificarse o aceptar el veto del Poder Ejecutivo.
Votos necesarios para destituir a un parlamentario
La iniciativa se inició en la Cámara de Senadores y fue modificado en la Cámara de Diputados, donde se incluyó en el artículo 9º que debe darse la expulsión con mayoría absoluta de 2/3 en cada cámara respectiva. Con ello se fijó que en el Senado serían necesarios 30 votos y en Diputados 53 votos para que un legislador pierda su investidura. Actualmente se encuentra vigente la mayoría simple para su aprobación, que sería 41 en Diputados si se encuentran los 80 presentes y 23 en el Senado si están los 45 senadores.
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Nueve postulantes presentaron sus propuestas para la Defensoría del Pueblo
La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores escuchó en audiencia pública a nueve de diez postulantes convocados a presentar sus propuestas para la Defensoría del Pueblo. Uno de los inscriptos no acudió ni justificó su ausencia.
Durante la jornada, los candidatos defendieron sus proyectos y principales líneas de gestión, con énfasis en el fortalecimiento institucional, la atención a la ciudadanía, el acceso a la Justicia y la protección de los derechos humanos.
Uno de los expositores fue Walter Agustín Olmedo, quien planteó revisar la estructura y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo y ampliar su presencia territorial para facilitar el acceso a la Justicia de comunidades vulnerables.
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Uno no se presentó a la audiencia
En tanto Basilia Martínez Espínola destacó la importancia de fortalecer el trabajo cercano a las comunidades, con especial atención a las familias y los niños. A su vez, Alberto Daniel Rivero Mendoza propuso avanzar en la transformación digital de la institución, reducir la burocracia y fortalecer sus capacidades técnicas, además de impulsar campañas de educación en derechos humanos en castellano y guaraní.
Por otra parte, Nelson Manuel Morínigo Espínola sugirió priorizar áreas como salud y discapacidad, y propuso mejorar la gestión de medicamentos a partir de los requerimientos recibidos por la Defensoría. A su turno, Francisco Recalde Gutiérrez sostuvo que se debe garantizar el cumplimiento efectivo de las funciones de la Defensoría y fortalecer la responsabilidad de quienes ejercen funciones públicas.
Lucía Amarilla Acosta manifestó la necesidad de establecer mecanismos para medir los resultados de las gestiones realizadas a partir de las denuncias y fortalecer la articulación con gobiernos locales y entidades educativas.
Se sumó además, Miguel Marecos Chamorro con el planteamiento de implementar estrategias innovadoras para brindar respuestas efectivas a las necesidades de la ciudadanía y fortalecer la coordinación con las instituciones públicas.
También realizaron sus respectivas presentaciones Osvaldo Battilana Alvarenga y Pablo Méndez Frutos, quienes expusieron sus propuestas ante los integrantes de la comisión y participantes de la audiencia pública. Por último, el postulante Miguel Ángel Stampf Mohaxsi no se presentó a la audiencia pública, por lo que fue consignado como ausente sin justificación.
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Ovelar no descarta incluir aumento para médicos en el presupuesto del 2027
El senador Silvio Ovelar indicó que no se puede descartar que en medio del tratamiento del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal del 2027 se pueda analizar un aumento para médicos del sistema de Salud Pública, exigido por gremios médicos. “Yo no descarto”, expresó el legislador en conversación con los medios de prensa en el Senado.
Ovelar recordó que el presupuesto se define en la Cámara de Senadores, donde se da el primer tratamiento del proyecto presupuestario, por lo que la financiación del aumento salarial a médicos podría ser analizado en esta instancia.
El aumento al Impuesto a la Renta Empresarial, fue citado nuevamente por el senador Ovelar como una de las opciones para esta financiación. “Para todos los programas sociales, que está ejecutando este Gobierno y lo que debe sostener el Gobierno a lo que viene después, es inevitable que en algún momento tengamos que aumentar el Impuesto a la Renta Empresarial, para aquellos que ganan más de 2.000 millones de guaraníes también puedan aportar más, eso implica también aumentar impuestos al tabaco, al alcohol, a las bebidas azucaradas”, refirió.
Mientras tanto, sostuvo que el legislativo también debe “arreglar la casa” para poder plantear este tipo de salidas presupuestarias. “Primera cuestión, nosotros mismos tenemos que racionalizar los recursos, y eso va en paralelo, si vos querés aumentar los impuestos, primero se tiene que poner en orden la casa, primero tenés que tener autoridad, una lipoaspiración presupuestaria, las contrataciones, los viáticos, todo esto que está por demás, todo eso tratar de ordenar”, apuntó.
Mientras tanto, cuestionó el método de presión de los médicos, y recordó los métodos usados por los docentes. “Esto no es nuevo, en el 2017, los docentes también estaban en una situación similar y en ese entonces el ministro de Hacienda era Santiago Peña y el ministro de Educación era Enrique Riera, y yo era el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, yo les dije que negocien y acepten la gradualidad y aceptaron. Ellos (los médicos) no hablaron en ningún momento sobre la posibilidad de esa gradualidad”, sentenció.
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Gustavo Leite: “Siempre que hay un aumento presupuestario para salud es buena noticia”
El senador Gustavo Leite se refirió a la propuesta del Poder Ejecutivo con el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal del 2027 en el cual se señala un importante incremento para el Ministerio de Salud Pública, principalmente para la compra de medicamentos. El legislador indicó que a partir de ahora se debe analizar punto por punto el proyecto presupuestario, y principalmente analizar la financiación de puntos claves, como salud.
“No tuve tiempo todavía de interiorizarme sobre el presupuesto, quiero ser responsable, siempre que hay un aumento presupuestario para salud es buena noticia, ahora, quiero entender si es para pagar la deuda o es para más medicamentos, de dónde va salir la plata, 11 % de aumento es un número espectacular, ambicioso, ¿va crecer 11 % la recaudación?. Tenemos que entender los de talles del presupuesto”, dijo en conversación con los medios de prensa.
Señaló además que se debe analizar la financiación para el pago de deudas de medicamentos, y cómo financiar la compra de nuevos medicamentos que habló el ministro de Economía y Finanzas (MEF) Óscar Lovera, al momento de presentar el proyecto presupuestario ante el Congreso Nacional.
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“Necesitamos poner más plata para medicamentos, esto es una línea del Partido Colorado, no es nuevo. El presidente del Partido Colorado expresó varias veces la prioridad de nuestro partido en el Gobierno debe ser mejorar sensiblemente, fácticamente los indicadores de salud, uno de ellos medicamentos, otro de ellos es mejorar los hospitales”, señaló el legislador.
Leite también recordó que a su regreso de los Estados Unidos, tras dejar la embajada paraguaya, una de sus primeras propuestas fue el recorte de gastos y redestinar a la compra de medicamentos, pero no tuvo acompañamiento de sus colegas.
“Lo que amerita ahora es estudiar, cuando vine (de los Estados Unidos) yo dije que falta medicamentos, propuse cortar 400 millones de dólares de este presupuesto porque no está todavía comprometido, la ventaja del presupuesto del 2027 es que está todavía en el papel, nada se puede comprometer. Nada que quiera poner más dinero a medicamento puede ser un error”, señaló.
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Oposición traba integración de comisión para investigar casos de corrupción en IPS y Salud
El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, recriminó la falta de interés por parte de la oposición para integrar la comisión especial de investigación de la Cámara Alta con la finalidad de dar seguimiento a las denuncias de presuntos hechos de corrupción en el Instituto de Previsión Social (IPS) y en el Ministerio de Salud Pública.
“No se conforman porque hay bancadas de la oposición que no envían la lista de sus representantes, yo no puedo actuar de niñero para los colegas. Se le puede dar a la oposición para que presidan la comisión, pero si no se anotan cómo le daremos”, indicó el legislador, este miércoles, a los medios de comunicación, antes de la sesión del Senado.
La creación de una comisión especial de investigación fue propuesta desde la bancada del movimiento Honor Colorado, que además ya definió la nómina de sus representantes, que son los senadores Natalicio Chase, Antonio Barrios y Lizarella Valiente.
La solicitud para la creación del bloque surge en el marco de la causa judicial que investiga irregularidades y adendas en contratos adjudicados a la firma Neighpart S.A. para la instalación de quirófanos modulares que no se concluyeron.
De acuerdo a la investigación fiscal, las obras fallidas ocasionaron un perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones a la previsional. El caso derivó en la imputación de los expresidentes del IPS, Jorge Brítez y Vicente Bataglia.
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La lista de imputados sigue con los funcionarios del Consejo de Administración, como Hugo Enrique Aranda, gerente de Logística; y Juan Manuel Villar, director de la Unidad Operativa de Contrataciones. A ellos se suman José Raúl Coronel Acosta, Rosa Colmán, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, Marcelo Bordón Leiva y Verónica Alexandra Blanco Bogado.
Asimismo, el informe y dictamen sobre las finanzas públicas correspondiente al año 2025 realizado por la Contraloría General de la República (CGR) y entregado el pasado lunes al Congreso Nacional. En el documento se expone que el IPS es la institución más desordenada del Estado paraguayo debido a la gran cantidad de irregularidades.
Entre los casos detectados por la Contraloría que luego deberán ser remitidos al Ministerio Público figuran, por ejemplo, presuntas irregularidades por G. 600.000 millones entre medicamentos adquiridos y entregados, pagos por más de G. 50.000 millones a más de 11.000 jubilados fallecidos, situación que ya fue advertida y la utilización de cuentas judiciales para realizar compras fuera del control de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). “Hay mucha tela que cortar”, puntualizó Núñez.