El proyecto de ley ya cuenta con media sanción del Senado y busca brindar asistencia gratuita a los habitantes de los municipios en el espectro de las adicciones. Sobre el punto la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico, Ilícitos Conexos y Graves, dictaminó por aceptar las modificaciones de la Cámara Alta al proyecto que “crea el Consejo y la Secretaría Municipal de Prevención y Tratamiento de Adicciones”.
El presidente de la citada comisión asesora, Tito Ibarrola (PPH-Central), refirió que se resolvió aceptar los cambios de forma, introducidos por la Cámara de Senadores, puesto que mejoran la normativa, conforme expresó.
La propuesta legislativa apunta a la creación de un consejo municipal de atención de adicciones para participar activamente a nivel municipal, con las instituciones públicas y privadas en los programas y acciones emprendidas dentro de la política nacional sobre drogas, en cuanto a la prevención de cualquier tipo de consumo tendientes a generar adicciones.
Así también, la comisión asesora dio su visto bueno al proyecto de ley “Que modifica los artículos 2º, 5º y 7º de la Ley 5400/2015, De vigilancia y protección del espacio aéreo paraguayo”. El texto, básicamente, autoriza a las fuerzas de control del espacio aéreo, derribar naves no identificadas que sobrevuelen en el espacio aéreo correspondiente a nuestro país.
El diputado Ibarrola mencionó que el dictamen por la aprobación fue en concordancia a los informes remitidos por las Fuerzas Armadas de la Nación, Ministerio de Relaciones Exteriores y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).
“Esta ley complementa y fortalece nuestra soberanía, vigilancia y protección, en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico”, indicó.
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Proyecto sobre nuevos feriados ingresó oficialmente al Congreso
El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, se refirió este miércoles acerca del proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo que propone declarar feriado nacional el 20 de junio, en conmemoración de la jura de la Constitución Nacional de 1992, así como autorizar hasta tres feriados ocasionales no permanentes por motivos especiales.
“Creo que nadie va a salir en contra, es una fecha memorable que todos los paraguayos vamos a recordar siempre y celebrar la democracia que estamos viviendo”, expresó Núñez al ser consultado sobre la propuesta que ya se encuentra en manos del Poder Legislativo.
El titular de la Cámara de Senadores remarcó que el planteamiento será evaluado como cualquier otro proyecto, a través del estudio en las comisiones correspondientes. Durante su declaración ante varios medios de prensa, Núñez también hizo referencia a otra solicitud que surgió en el Senado.
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Esta apunta a declarar inamovible el feriado del 12 de junio, fecha en que se conmemora la firma del acuerdo de Paz del Chaco. La propuesta, impulsada por el senador Silvio Ovelar, tiene el objetivo de preservar el sentido histórico de dicha jornada, evitando que pueda ser trasladada con fines turísticos o comerciales.
“Vamos a ver con los colegas, hay senadores que pidieron que el 12 de junio sea inamovible”, mencionó Núñez, en alusión al debate que se generará en torno a la organización del calendario de feriados y afirmó que todos estos planteamientos serán analizados por los legisladores.
El proyecto del Ejecutivo contempla además la posibilidad de establecer hasta tres feriados extraordinarios por año, no permanentes, que podrían ser decretados para fechas conmemorativas, celebraciones deportivas o actividades que impulsen el turismo y la economía nacional.
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Diputados sanciona crédito de Taiwán para financiar Che Róga Porã
Tras un amplio debate, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados fue aprobado el proyecto de contrato de préstamo suscrito entre la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) y de Export-Import Bank de la República de China (Taiwán) por un monto de hasta USD 200 millones. La iniciativa ya contaba con el visto bueno del Senado, por lo que quedó sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo.
Estos recursos serán administrados por la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) con el fin de financiar el programa Che Róga Porã y así permitir que más personas puedan ser beneficiarias de este plan del Gobierno y para que familias de clase media puedan adquirir una vivienda a través de la compra, construcción y refacción y ampliación de una propiedad existente.
“Además se espera que el programa Che Róga Porã ayude a reducir el déficit habitacional existente en nuestro país y permita al ciudadano acceder a un crédito para la vivienda con cuotas accesibles y pagando recién al mudarse”, dijo la diputada Cristina Villalba, presidenta de la Comisión de Presupuesto, quien agregó que se aconsejó la aprobación de la propuesta legislativa.
Por su parte, el diputado César Cerini de la Comisión de Cuentas y Control resaltó la importancia de dar apoyo a este proyecto, ya que va a generar fuente de trabajo, utilización de materia prima de producción nacional y que ayudará a la construcción de al menos 1.500 viviendas. “Hemos acompañado desde la comisión con un dictamen favorable”, expuso.
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Respaldo de la oposición
La iniciativa también tuvo el respaldo de legisladores de la oposición, como el caso de la diputada de País Solidario, Johanna Ortega quien manifestó que pese a que su línea suele distar de la posición del Gobierno, considera que el proyecto tendrá muchos beneficios y que permitirá a muchos paraguayos hacer realidad el sueño de la vivienda propia.
“Yo no soy necia, me gusta analizar las cosas en su justa medida. Como demócrata no tengo problema en admitir cuando algo me parece que está bien o que es necesario, entiendo la necesidad de este proyecto para avanzar en créditos que permitan a las familias paraguayas a acceder a buenos créditos para la vivienda”, manifestó.
A esto añadió, “necesitamos un Estado fuerte, garante de derechos, en este caso, el derecho a la vivienda así que espero que este proyecto que va a salir con votos multicolores contribuya a que este Estado se fortalezca en torno a garantizar derechos de todos los paraguayos”.
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Diputados presentan propuesta para marco legal sobre ciberseguridad en Paraguay
Legisladores de diferentes bancadas de la Cámara de Diputados presentaron un proyecto de ley que busca establecer el primer marco normativo integral de ciberseguridad en Paraguay, respondiendo a las crecientes amenazas digitales que enfrenta el país en un contexto de mayor digitalización.
La iniciativa, denominada “Ley de Ciberseguridad de la República del Paraguay”, tiene como objetivo central proteger las infraestructuras críticas, la información y los sistemas digitales, así como garantizar los derechos de las personas frente a amenazas y delitos cibernéticos.
De acuerdo a la exposición de motivos, los proyectistas fundamentan la necesidad de fortalecer la soberanía digital del país. “Paraguay no es ajeno a esta realidad y ha enfrentado crecientes amenazas cibernéticas que ponen en riesgo la confidencialidad, integridad y disponibilidad de datos sensibles tanto en el sector público como en el privado”, señala la exposición de motivos.
Asimismo, plantean que el Estado paraguayo ejercerá soberanía sobre el dominio paraguayo en el ciberespacio, incluyendo capacidades para enfrentar amenazas híbridas, medidas de prevención y mitigación, y el fortalecimiento de la resiliencia social. También contempla el ordenamiento de las redes sociales y la regulación de la Inteligencia Artificial.
Instituciones de Ciberseguridad
De acuerdo a la información, señalan que una de las principales innovaciones del proyecto es la creación del Viceministerio de Ciberseguridad dentro del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), que tendrá a su cargo la elaboración y actualización de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad (E-Ciber Paraguay).
Asimismo, se propone la creación del Consejo Nacional de Ciberseguridad (CONCIBER), un organismo multisectorial integrado por representantes de los tres poderes del Estado, fuerzas de seguridad, empresas de telecomunicaciones, universidades y gremios empresariales. Los miembros del consejo durarían cinco años en sus funciones, según la iniciativa.
El proyecto establece obligaciones específicas para operadores de infraestructuras críticas, quienes deberán implementar protocolos de seguridad y notificar cualquier incidente cibernético en un plazo máximo de 24 horas.
El documento también contempla la homologación obligatoria de equipos y software de ciberseguridad importados al país. En cuanto al financiamiento, se destinaría al menos el 20 % del Fondo Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (FONTIC), además de aranceles por homologaciones y otros recursos del Presupuesto General de la Nación.
La propuesta incluye la incorporación obligatoria de contenidos de ciberseguridad en los programas educativos de nivel primario, secundario y universitario, tanto en instituciones públicas como privadas. Además, establece capacitación anual obligatoria para funcionarios públicos y empleados de sectores estratégicos.
El proyecto contempla, igualmente, la adhesión del Paraguay al Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia y otros tratados internacionales pertinentes, promoviendo la cooperación con organismos internacionales y países aliados en materia de ciberseguridad.
Finalmente, los proyectistas consideran que esta iniciativa representa “un paso fundamental para la soberanía digital de Paraguay”, asegurando la protección de la información y la continuidad de los servicios esenciales en un entorno cada vez más interconectado.
Cabe señalar que el proyecto fue presentado por los diputados colorados Rodrigo Blanco, Edgar Chávez, Miguel Ángel Del Puerto, Yamil Esgaib, Mauricio Espínola, Luis González Vaesken, Pedro Ortiz, German Solinger. Igualmente, se sumaron, los liberales, Antonio Buzarquis, Arnaldo Valdez, Jorge Ávalos Mariño y la diputada patriaqueridista Rocío Vallejo.
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Minería y medioambiente: buscan consensuar una ley sobre uso de químicos
Este lunes se desarrolló la audiencia pública sobre el proyecto de ley que plantea la prohibición del uso de cianuro de sodio en piletas y mercurio en procesos de producción minera. Al término del encuentro, el diputado Alejandro Aguilera, proyectista de la iniciativa dio detalles sobre los puntos abordados.
“Buscamos un punto intermedio, que se trabaje respetando el medioambiente, los mineros dicen que ellos cumplen con todas las leyes vigentes hoy, que están sometidos a los controles y que no tienen ningún problema en que se los siga controlando, pero nosotros tenemos denuncias que no podemos hacer caso omiso, vamos a seguir analizando esto”, enfatizó el legislador.
En este encuentro estuvieron presentes mineros de Paso Yobái, representantes de empresas concesionarias, el intendente de ese distrito, Óscar Chávez, técnicos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y referentes de la sociedad civil.
“Fue un espacio importante de diálogo. Nos munimos de mucha información. Los mineros fueron escuchados, dieron sus versiones sobre los trabajos que realizan, y también se presentaron investigaciones”, detalló Aguilera. El parlamentario admitió que existe una postura dividida respecto al uso de cianuro.
“Los representantes del Mades manifestaron que actualmente no existe un químico que reemplace al cianuro en los procesos mineros y que dentro de los elementos utilizados, este es el menos nocivo. No así el mercurio, cuya utilización ya está desaconsejada por acuerdos internacionales. Sin embargo, hay sospechas de que aún se estaría utilizando. El Mades negó esa información, alegando no contar con registros de su uso”, explicó.
Aguilera señaló que el proyecto será analizado en varias comisiones, como la de Minas y Energía, antes de avanzar en el tratamiento parlamentario. “Vamos a estudiar y profundizar este tema para llegar a una solución que beneficie a la comunidad. No estamos en contra de la minería; reconocemos que genera empleo en Guairá. Pero también tenemos la responsabilidad de velar por el medioambiente”, sostuvo.
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Mediante la iniciativa, se plantean sanciones significativas para quienes violen la prohibición que van desde penas privativas de libertad de cinco a diez años y multas de 500 a 2.500 jornales mínimos. En casos graves, esto puede aumentarse de seis a doce años, con multa de 1.000 a 5.000 jornales mínimos.