Un proyecto de ley que “establece límites a los mecanismos de cobranza extrajudicial de créditos”, tuvo entrada en la Cámara de Diputados. La propuesta legislativa es impulsada por el diputado colorado Hugo Ramírez y la idea es establecer un marco legal para proteger el abuso que, algunas veces, se ejerce sobre el deudor para el pago de sus cuentas.
El proyectista explicó además que se limitarán los horarios y días en los cuales pueden realizarse dichos requerimientos. ”El acreedor o la empresa responsable de la gestión de cobranza, no podrá realizar más de dos contactos, por el medio que fuere, por semana, con separación de al menos dos días entre sí, sea este a través de llamadas, mensajería instantánea, correo electrónico, visitas, etc., con el objeto de poner en conocimiento del deudor que posee una deuda vencida y procurar así el cobro”, indica.
El texto añade en su artículo 9°, que durante la vigencia de la declaración de emergencia, debido a la pandemia del COVID-19, y por los sesenta días posteriores al término de la misma, las llamadas o visitas de cobranza extrajudiciales especificadas en esta ley podrán realizarse sólo cuatro veces al mes, respecto de cada deudor.
Por último se menciona que la autoridad de aplicación de la presente ley será la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco). Y su incumplimiento será sancionado con multas, que no podrán ser menores a 100 jornales mínimos, ni exceder el monto máximo equivalente a 150 jornales mínimos, los cuales serán destinados a la persona afectada.
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Plantean solución definitiva de peaje para residentes de Ypacaraí
Diputados presentaron el proyecto de ley “que exonera del pago de peaje a los vehículos de los ciudadanos habitantes del distrito de Ypacaraí”; con esta nueva propuesta se busca establecer de manera definitiva la gratuidad del tránsito por el puesto de peaje para los pobladores de dicho distrito.
El proyecto fue presentado por los diputados Federico Franco y Pedro Gómez, quienes argumentan que esta propuesta plantea poner fin a una situación que afecta desde hace años el desarrollo económico, social y territorial de Ypacaraí. Mencionan que, por la ubicación del peaje que divide físicamente al distrito, los habitantes están obligados al pago diario para moverse en la zona, lo que representa una carga económica para los mismos.
“Esta condición, además de restringir la movilidad cotidiana, incrementa los costos de actividades esenciales y repercute negativamente en la dinámica comercial y productiva de la comunidad”, se expone en parte de las fundamentaciones.
Así mismo, los proyectistas mencionan que esto representa un impacto importante, principalmente a los productores agrícolas, artesanos, emprendedores y pequeñas industrias, los cuales aumentan sus costos operativos debido a la necesidad de atravesar el puesto de peaje para distribuir sus productos y abastecerse de insumos.
Igualmente, señalan que esta situación limita la integración territorial, desalienta nuevas inversiones y dificulta la generación de empleo, particularmente en compañías como Pedrozo y Jhuguá Jhú.
Los proyectistas refieren que “el denominado ´pase libre´ para los residentes de Ypacaraí depende, actualmente, de su inclusión anual en el Presupuesto General de la Nación, lo que genera incertidumbre sobre la continuidad de un beneficio considerado permanente por la comunidad”.
El proyecto establece que “podrán acceder a la exoneración los propietarios de vehículos con domicilio real y permanente en Ypacaraí, previa inscripción en un registro que será administrado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, en coordinación con la Municipalidad de Ypacaraí, mediante un sistema informatizado de verificación y control”.
También dispone que “el beneficio alcanzará a vehículos de uso particular, laboral o mixto pertenecientes a personas físicas residentes en el distrito, excluyendo a empresas cuya base operativa efectiva no se encuentre en la localidad”.
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Impulsan ascenso póstumo del cnel. Gabriel Sosa por legado en Guerra de la Triple Alianza
El diputado colorado Sebastián Remesowski presentó un proyecto de ley “que confiere el ascenso póstumo al grado de general de brigada al coronel Gabriel Sosa, último comandante de la Villa Encarnación y del Campamento Campichuelo durante la Guerra contra la Triple Alianza”.
La iniciativa tiene como finalidad rendir un homenaje al Coronel Gabriel Sosa mediante el otorgamiento, con carácter honorífico y póstumo, del grado de general de Brigada, en reconocimiento a su destacada actuación en la defensa del territorio nacional durante la Guerra contra la Triple Alianza (1864-1870).
El proyectista sostiene que “el Coronel Gabriel Sosa se constituye una de las figuras militares más representativas del sur del país, por haber ejercido la comandancia de la Villa Encarnación y del Campamento Campichuelo, desempeñando un papel estratégico en la defensa del territorio nacional durante uno de los períodos más trascendentales de la historia del Paraguay”.
Asimismo, destaca que “su actuación militar, patriotismo, liderazgo y sacrificio forman parte del patrimonio histórico nacional y representan valores que deben ser preservados para las futuras generaciones”. El documento añade que “el reconocimiento mediante un ascenso póstumo constituye una práctica legislativa excepcional destinada a honrar a quienes realizaron aportes extraordinarios al Estado paraguayo y cuyos méritos históricos justifican una distinción de carácter nacional”.
Memoria al sendero ancestral indígena
Se resalta que la memoria del Coronel Gabriel Sosa se encuentra estrechamente ligada al Camino Real o Peabiru Ñanemba’eva, antiguo sendero ancestral de los pueblos guaraníes del Paraná Y’gua, utilizado en diferentes períodos de la historia nacional por figuras como San Roque González de Santa Cruz, el prócer Fulgencio Yegros y el propio coronel Sosa.
La exposición de motivos señala que actualmente subsisten aproximadamente trescientos metros originales de dicho camino histórico. “Este sendero constituyendo un invaluable patrimonio cultural, histórico y arqueológico de la República del Paraguay, cuya preservación resulta de interés nacional”, expresa la iniciativa legislativa.
Finalmente, el proyectista afirma que la aprobación del presente proyecto contribuirá al fortalecimiento de la memoria histórica, al reconocimiento de quienes defendieron la soberanía nacional y al rescate del patrimonio cultural vinculado a uno de los principales escenarios históricos del departamento de Itapúa.
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Indert impulsa nueva ley para agilizar la entrega de títulos y beneficiar a 70.000 familias
Tras un siglo de espera, 70.000 familias asentadas en las colonias Genaro Romero y Blas Garay, de la ciudad de Cnel. Oviedo, departamento de Caaguazú, van camino a la titulación de sus tierras. Así también, apuntan a avanzar en la aprobación del proyecto de Ley presentado al Senado que busca eliminar el pago previo del 3 % para el acceso al título, traslada a un plazo posterior y amplía los plazos de financiamiento sobre todo para las mujeres.
Así lo anunció el presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz, durante una audiencia pública realizada en el citado distrito. Participaron el senador Silvio Ovelar y autoridades locales, quienes destacaron la labor de Ruiz Díaz al frente del ente agrario.
Al respecto, Ovelar se comprometió a votar a favor del proyecto de Ley presentado por el Ejecutivo meses atrás, mediante el cual se dará la posibilidad al Indert de conseguir presupuesto suficiente por fuente propia para facilitar la titulación de unos 12.000 lotes de pequeños productores de todo el país. Hasta la fecha, Indert entregó unos 12.000 títulos en estos tres años de gestión, frente a un promedio de solo 900 títulos por año de anteriores administraciones.
Facilitar el acceso al título de propiedad
La propuesta legislativa presentada por el Ejecutivo contempla, entre los puntos centrales, la venta de las tierras del ente que se encuentran ocupadas desde hace décadas a precio justo de mercado.
Asimismo, propone la suspensión del pago del 3 % recién a los doce meses de la entrega del título de propiedad. Actualmente, la exigencia es que el beneficiario pague ese porcentaje para que pueda acceder al título, lo que para miles de labriegos es una barrera que les impide la regularización de sus tierras.
El proyecto también contempla la ampliación de plazos para el pago por los lotes coloniales, tanto para las mujeres jefas de hogar como para los padres de familia. Se dispone ampliarlo a 20 años para los hombres y 30 años para las mujeres.
Otras poblaciones del departamento de Caaguazú, como Empalado, también serán regularizadas jurídicamente con la titulación masiva por el ente agrario. Antes, cerca de 2.500 lotes ya fueron titulados en Villa Constitución.
“En el Gobierno de Santiago Peña y Pedro Alliana estamos lanzando oficialmente en breve el plan de la Nueva Ruralidad, que consiste en revitalizar el campo, brindando a las familias campesinas, a los jóvenes, mujeres y ancianos, las condiciones adecuadas para volver a sus tierras y arraigarse en ellas”, señaló el titular del ente rural.
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Impulsan proyecto para renovar emergencia nacional por consumo de drogas
El diputado Carlos Godoy presentó un proyecto de ley “Que declara emergencia nacional en materia de consumo de sustancias psicoactivas en todo el territorio de la República del Paraguay y establece medidas para su abordaje integral”.
Con esto se busca fortalecer las políticas públicas destinadas a la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y la reinserción social de las personas afectadas por las adicciones.
El proyectista sostiene que el vencimiento de la legislación anterior no significa que la emergencia haya sido superada.
Por el contrario, considera que el incremento del consumo de drogas hace impostergable renovar el compromiso del Estado, consolidar la coordinación entre las instituciones competentes y garantizar la continuidad de políticas públicas integrales que protejan a las familias paraguayas.
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Garantiza respuesta sostenida
Precisamente la propuesta surge ante el vencimiento de la normativa que había declarado la emergencia por un plazo determinado y parte de la premisa de que las circunstancias que motivaron su sanción no solo continúan vigentes, sino que se han acentuado.
Es por ello que el legislador considera indispensable mantener un marco jurídico que permita al Estado dar una respuesta sostenida, coordinada e integral a una problemática que incide directamente en la salud pública, la seguridad ciudadana y el desarrollo social.
Uno de los aspectos más relevantes de la iniciativa es la incorporación del Ministerio del Interior entre las autoridades responsables de la aplicación de la ley.
Así también, la propuesta contempla la creación de un Programa Nacional de Abordaje Integral, orientado a fortalecer las estrategias de prevención, ampliar el acceso a los servicios de atención, tratamiento y rehabilitación.
Se prevé promover la reinserción educativa, social y laboral de las personas afectadas, y reforzar las acciones de combate a la oferta ilícita de drogas mediante un trabajo coordinado entre los organismos del Estado.
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