La crisis entre Estados Unidos y Brasil se agravó ayer miércoles, con un decreto del presidente Donald Trump que oficializa una subida arancelaria del 50 %, en parte en represalia por el juicio contra el exmandatario brasileño Jair Bolsonaro. Trump defiende a Bolsonaro, acusado de intentona golpista, y arremete contra las políticas de su sucesor, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, quien respondió diciendo que defenderá la “soberanía del pueblo brasileño”.

El castigo arancelario de Trump tiene excepciones importantes para la mayor economía de América Latina. Trump salva productos esenciales en las exportaciones brasileñas como el jugo de naranja, la energía, las aeronaves civiles y sus componentes, los fertilizantes, los metales preciosos, la pasta de celulosa o el arrabio, entre otros.

Pero el café está incluido entre los productos que se verán sometidos a un 50 % de tarifas aduaneras suplementarias, aplicables siete días después de la emisión del decreto, se lee en el texto. Es decir, el 6 de agosto. En el decreto Trump concreta la amenaza de aranceles anunciada a principios de julio en una carta dirigida a Lula, seguida después de otra para Bolsonaro en la que cubre de elogios al exdirigente ultraderechista.

Lea más: Economía de México crece 1,2 % en el segundo trimestre entre amenazas de aranceles de EE. UU.

Para Trump las acciones del gobierno de Lula “constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos”, informa la Casa Blanca en un comunicado. “La persecución, intimidación, acoso, censura y enjuiciamiento políticamente motivados del gobierno de Brasil” contra “Bolsonaro y miles de sus seguidores son graves violaciones de los derechos humanos que han socavado el estado de derecho en Brasil”, acusa Washington.

El presidente republicano asegura que miembros del gobierno brasileño “han tomado medidas sin precedentes para coaccionar de forma tiránica y arbitraria a empresas estadounidenses para que censuren el discurso político, expulsen a usuarios de sus plataformas, entreguen datos confidenciales de usuarios estadounidenses o modifiquen sus políticas de moderación de contenido”.

Lea también: Pese a oposición de Trump y de dos gobernadores, la Fed mantiene tasas sin cambios

La Casa Blanca arremetió asimismo contra el juez de la corte suprema de Brasil Alexandre de Moraes, convertido en la bestia negra de Trump. Moraes “ha abusado de su autoridad judicial para amenazar, señalar e intimidar a miles de sus oponentes políticos, proteger a aliados corruptos y suprimir la disidencia, a menudo en coordinación con otros funcionarios brasileños, incluidos otros jueces del Tribunal Supremo Federal de Brasil”, se lee en el comunicado.

Horas antes la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro impuso sanciones económicas a este magistrado, a quien Washington ya había revocado la visa. Las sanciones se imponen en virtud de una ley estadounidense conocida como Global Magnitsky, que castiga a quienes hayan cometido o estén vinculados a violaciones de los derechos humanos o corrupción en el mundo.

“Se ha tomado la libertad de ser juez y jurado en una caza de brujas ilegal contra ciudadanos y empresas estadounidenses y brasileñas”, afirma el secretario del Tesoro Scott Bessent, citado en un comunicado. Como resultado de las sanciones, todos los bienes y participaciones de Moraes que se encuentren en Estados Unidos o que estén en poder o bajo el control de estadounidenses quedan bloqueados.

En 2024 Moraes bloqueó temporalmente X en Brasil hasta que la red social cumpliera su orden de eliminar las cuentas acusadas de difundir desinformación. Posteriormente, ordenó suspender Rumble porque esta plataforma para compartir videos, popular entre los conservadores y la extrema derecha, se negaba a bloquear la cuenta de un usuario residente en Estados Unidos que era buscado por difundir desinformación.

Fuente: AFP.

La investigación de la prensa argentina sobre presuntos fon­dos ocultos en islas Seyche­lles por valor de 21 millo­nes de dólares que tendrían como supuesto beneficiario final al expresidente Mario Abdo Benítez fue analizada por el abogado Ezequiel San­tagada y el periodista y ana­lista Ignacio Martínez en la última emisión de “La Caja Negra” por Unicanal. Ambos coincidieron en la credibili­dad periodística del informe y el desacierto de la oposición en intentar silenciar la grave­dad de la acusación.

“No damos idea cuánto daño le hace a un país que tenga­mos a expresidentes inves­tigados o condenados, even­tualmente, por corrupción”, comentó Santagada, quien destacó que el periodista argentino Luis Gasulla, fun­dador del portal Periodis­moyPunto, “no es un ignoto periodista, es un reconocido periodista, que llevó ade­lante varias investigaciones relevantes y escribe para La Nación de Argentina”.

El abogado indicó que “es importante que haya comu­nicaciones e información ins­titucional sobre todas las cau­sas de corrupción”.

A su turno, Martínez puso en balanza al mensajero y el mensaje: “Vos analizás al mensajero y tiene crédito por el nivel de trabajo que está haciendo. Y el mensaje es una preocupación nacional porque acá el tema no es un depósito con un banco X, sino la posibilidad de que un fun­cionario público, un expresi­dente de la república, tenga una cantidad enorme de plata que no está declarada. O sea, se supone que esto sería un tema de interés nacional, tanto para la prensa, tanto también para la gente que está en la política”.

“Desafía el discernimiento, poné en la balanza el mensajero y el mensaje, y yo creo que en este tema el mensaje es muy fuerte: estamos hablando de la presunción de 21 millones de dólares que no están declarados”, agregó el periodista. “Entonces debería preocupar porque si con el silencio nomás la oposición piensa cre­cer y fortalecerse, me parece que, al contrario, se está debilitando porque podría convertirse en cómplice en el hipotético caso que mañana se confirme que efectivamente es cierto lo que está diciendo el periodista argentino”.

“Escándalo en Paraguay: el expresidente Mario Abdo tiene 21 millones de dólares ocultos en las islas Seychelles” se titula la investigación firmada por Luis Gasulla, que publicó el pasado 20 de julio en PeriodismoyPunto, tras acceder, mediante una fil­tración de una fuente confidencial, a los registros bancarios que probarían la existencia de dos sociedades de responsabilidad limi­tada (LLC) con fondos millonarios a nombre de las empresas Star Capital Financial Services Limited y Exchange Contracts Interna­tional Finance Limited, siendo que supuestamente “sus únicos autorizados eran Silvana López Moreira y el mismo Mario Abdo Benítez”.

“Sumados los dos saldos offshore supera siete veces el patri­monio neto que Abdo declaró al dejar el cargo. Ni las utilidades ‘reservadas’ en sus empresas ni las cuentas en Seychelles figuran en su declaración, abriendo paso a posibles cargos por enriqueci­miento ilícito, lavado y evasión”, describe Gasulla en su artículo, con datos e imágenes de las pruebas a las cuales accedió.

La investigación de la prensa argentina sobre presuntos fondos ocultos en islas Seychelles por valor de 21 millones de dólares que tendrían como supuesto beneficiario final al expresidente Mario Abdo Benítez fue analizada por el abogado Ezequiel Santagada y el periodista y analista Ignacio Martínez en la última emisión de “Cara o cruz” por Unicanal. Ambos coincidieron en la credibilidad periodística del informe y el desacierto de la oposición en intentar silenciar la gravedad de la acusación.

“No damos idea cuanto daño le hace a un país que tengamos a expresidentes investigados o condenados, eventualmente, por corrupción”, comentó Santagada, quien destacó que el periodista argentino Luis Gasulla, fundador del portal PeriodismoyPunto, “no es un ignoto periodista, es un reconocido periodista, que llevó adelante varias investigaciones relevantes y escribe para La Nación de Argentina”. El abogado indicó que “es importante que haya comunicaciones e información institucional sobre todas las causas de corrupción”.

A su turno, Martínez puso en balanza al mensajero y el mensaje: “Vos analizás al mensajero y tiene crédito por el nivel de trabajo que está haciendo. Y el mensaje es una preocupación nacional porque acá el tema no es un depósito con un banco X, sino la posibilidad de que un funcionario público, un expresidente de la República, tenga una cantidad enorme de plata que no está declarada. O sea, se supone que esto sería un tema de interés nacional, tanto para la prensa, tanto también para la gente que está en la política”.

Lea más: Abdo y la Ruta del Dinero K: un mismo patrón de ocultamiento

“Desafía el discernimiento, poné en la balanza el mensajero y el mensaje, y yo creo que en este tema el mensaje es muy fuerte: estamos hablando de la presunción de 21 millones de dólares que no están declarados”, agregó el periodista. “Entonces debería preocupar porque si con el silencio nomás la oposición piensa crecer y fortalecerse, me parece que, al contrario, se está debilitando porque podría convertirse en cómplice en el hipotético caso que mañana se confirme que efectivamente es cierto lo que está diciendo el periodista argentino”.

“Escándalo en Paraguay: El ex Presidente Mario Abdo tiene 21 millones de dólares ocultos en las islas Seychelles” se titula la investigación firmada por Luis Gasulla, que publicó el pasado 20 de julio en PeriodismoyPunto, tras acceder, mediante una filtración de una fuente confidencial, a los registros bancarios que probarían la existencia de dos sociedades de responsabilidad limitada (LLC) con fondos millonarios a nombre de las empresas Star Capital Financial Services Limited y Exchange Contracts International Finance Limited, siendo supuestamente “sus únicos autorizados eran Silvana López Moreira y el mismo Mario Abdo Benítez”.

“Sumados los dos saldos offshore supera siete veces el patrimonio neto que Abdo declaró al dejar el cargo. Ni las utilidades ‘reservadas’ en sus empresas ni las cuentas en Seychelles figuran en su declaración, abriendo paso a posibles cargos por enriquecimiento ilícito, lavado y evasión”, describe Gasulla en su artículo, con datos e imágenes de las pruebas a las cuales accedió.

Lea también: Caso Abdooffshore podría anexarse a causa por inconsistencias en DDJJ, dice exfiscal

El expresidente está bajo sospecha por las serias irregularidades financieras detectadas en su patrimonio: USD 45 millones en reservas operativas sin respaldo, un crecimiento desmedido de inversiones y millonarias discrepancias en cuentas por cobrar con proveedores. Ahora se suman las cuentas offshore en Seychelles, que podrían anexarse a la causa por la Fiscalía

• LA CAJA NEGRA

El Ministerio Público sigue adelante con la investigación penal abierta en setiembre de 2024, tras las inconsistencias detec­tadas en las ganancias gene­radas por las empresas dis­tribuidoras de asfalto Aldia SA y Createc SA, vinculadas al expresidente Mario Abdo Benítez.

La pesquisa, que permanece en curso actualmente, apunta a determinar posibles delitos tras detectarse multimillo­narias ganancias por venta de asfalto a contratistas del Estado.

Un crecimiento exponencial de 70 veces más en la venta de asfalto desde que asumió el poder, las inconsistencias en los estados financieros y el misterioso destino de las uti­lidades registradas (USD 45 millones) en las empresas liga­das al exmandatario son los aspectos claves del lucrativo negocio.

El equipo de fiscales asignado a la investigación solicitó una serie de informes a la Contra­loría, a la Dirección de Ingre­sos Tributarios, a la Seprelad y a las empresas que realizaron transacciones comerciales con las empresas Aldia y Crea­tec SA. Así también se remi­tieron pedidos de informes específicos a estas últimas para que informen sobre las inconsistencias detectadas en sus estados financieros. La investigación apunta a los directivos de ambas empre­sas y al principal accionista de ambas, el expresidente Mario Abdo Benítez. La causa penal fue asignada por el fis­cal general del Estado, Emi­liano Rolón Fernández, a un equipo de fiscales especiali­zados en Delitos Económi­cos y Anticorrupción: Jorge Arce, María Verónica Valdez y la fiscal adjunta María Sole­dad Machuca. La causa fue iniciada luego de que la Con­traloría General de la Repú­blica (CGR), respaldada por un informe de la Dirección Nacional de Ingresos Tribu­tarios (DNIT), presentara evidencias de anomalías en las operaciones financieras de ambas empresas, que expe­rimentaron un crecimiento desproporcionado, superior a la media del mercado, en sus ingresos con la provisión de asfalto.

El expediente, identificado como causa n.º 82/2024, tiene como principal objetivo esclarecer los posibles deli­tos económicos derivados de las operaciones de Aldia SA y Createc SA, que experimen­taron un crecimiento finan­ciero sin precedentes durante el gobierno de Abdo Benítez. Las indagaciones se centran en analizar los movimien­tos financieros y la declara­ción patrimonial del expre­sidente, así como el destino de los USD 45 millones (G. 329.000 millones) que ambas empresas habrían acumu­lado en reservas operativas sin justificar su uso.

Entre las principales incon­sistencias detectadas figu­ran: discrepancias contables, cuando la DNIT identi­ficó diferencias en las cuen­tas de deudores por venta, que ascienden a G. 155.500 millones en proveedores locales. Incrementos abrup­tos en inversiones: Aldia SA pasó de tener G. 1.397 millo­nes en inversiones en 2022 a G. 40.515 millones en 2023. Utilidades no declaradas claramente: la Contraloría informó sobre ingresos des­proporcionados que habrían sido derivados a fondos opera­tivos, sin evidencia de un uso claro y transparente.

El permanente aumento del volumen destinado a esas reservas de ambas empre­sas, sin evidencia de las dismi­nuciones que corresponden según la legislación tributa­ria, sugiere la evidencia de que no fueron aplicadas para los fines previstos, sino más bien para otros.

La falta de un registro docu­mental que exponga el des­tino final del dinero enviado a la cuenta de “reservas” eleva las sospechas de que el mecanismo era utilizado aparentemente para la eva­sión de impuestos y el even­tual lavado de dinero.

Tras la denuncia realizada por el periodista argentino Luis Gasulla, de Periodismo y Punto, una nueva sospecha salpica al expresidente que ahondan las dudas sobre su patrimonio y el origen de su fortuna. Se refiere a cuentas bancarias en islas Seychelles de empresas que tendrían como beneficiarios finales a Abdo Benítez y a su esposa, Silvana López Moreira. Se trata inicialmente de unos 21 millones de dólares, que habrían sido producto de depósitos al momento de la habilitación y de remesas desde empresas aparente­mente fantasmas desde zonas como Hong Kong o Dubái.