Tras la acción de inconstitucionalidad promovida por la Itaipú Binacional para impedir que los gastos sociales sean auditados, la Contraloría General de la República (CGR) ratifica que tiene potestad para realizar la fiscalización financiera.
Sobre el punto, el director jurídico del mencionado ente contralor, Darío Ortega, afirmó que la institución aguardará el fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. “Era algo que estaba dentro de las previsiones de la Contraloría, es más el pedido de intervención judicial, el juez también había remitido los antecedentes a la Corte. En consecuencia ahora vamos a esperar el trámite que le da”, sostuvo en contacto telefónico con la 780 AM.
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Dijo que en principio la Corte está obligada a hacer un examen formal de la presentación y puede incluso rechazar in límine la acción presentada por Itaipú. “Si es que le da trámite, vamos a esperar la copia de traslado, luego vamos a esperar la opinión del fiscal del Estado y luego pasa a estado de sentencia”, explicó en relación al procedimiento a seguir en caso de que la acción sea admitida por la máxima instancia judicial.
Recordemos que desde la Itaipú argumentan que allí no hay cuentas nacionales, sino binacionales y desde la Contraloría no se comparte ese criterio. Ortega indicó que desde el año 2012 todos los ingresos que tiene el lado paraguayo en la hidroeléctrica forman parte de las cuentas nacionales.
Sostuvo que tampoco es correcto alegar que se necesita también autorización del lado brasileño para poder auditar del lado paraguayo. “Esperamos que la Corte no demore mucho en dar una respuesta”, concluyó.
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Un juez brasileño ordena investigar el financiamiento de una película sobre Bolsonaro
Un juez de la corte suprema brasileña ordenó este jueves investigar el financiamiento de una película sobre el expresidente Jair Bolsonaro por parte de un banquero acusado de un megaescándalo de corrupción, dijo una fuente del tribunal a la AFP.
La película “Dark Horse”, que aún no ha sido estrenado y en el que el actor estadounidense Jim Caviezel encarna a Bolsonaro, se ha convertido en un dolor de cabeza para la campaña de Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario y candidato de la derecha a las presidenciales de octubre.
El magistrado André Mendonça aceptó un pedido de la Policía Federal para informar sobre giros millonarios del banquero Daniel Vorcaro, preso desde marzo, para financiar la película sobre el expresidente preso por golpismo.
Según el propio senador Bolsonaro, con esos dineros se financió la cinta. El sitio Intercept Brasil reveló en mayo mensajes en tono de confianza de Flávio Bolsonaro al financiero a multas de 2025 para pedirle dinero.
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Un día después de la conversación, Vorcaro fue arrestado por uno de los mayores desfalcos financieros de la historia de Brasil.
Tras asegurar en un principio que no tenía ninguna relación con el banquero, Flávio Bolsonaro admitió que le pidió fondos para “Dark Horse”, aunque afirmó que no existía cercanía entre ellos.
Vorcaro había prometido unos 24 millones de dólares para la película, aunque finalmente giró poco menos de la mitad de esa suma, según Intercept.
El banco Master de Vorcaro fue liquidado a multas de 2025 por insolvencia, con una deuda de más de 7.000 millones de dólares ante unos 800.000 inversores.
Luego de conocerse sus vínculos con el banquero, Bolsonaro retrocedió en las encuestas frente al presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva, quien busca su reelección.
El escándalo por Master también tocó al gobierno. La policía investiga al senador Jaques Wagner, quien dejó el liderazgo oficialista en la Cámara alta por sospechas de presuntos beneficios económicos a cambio de defender los intereses del banco en el Congreso.
La investigación ha revelado hasta ahora vínculos de Vorcaro con jueces y políticos de distintos partidos. El propio Lula reconoció haberse reunido con él en 2024.
- Fuente: AFP
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Paraguay exportó menos energía por mayor consumo interno, según reporte del BCP
El Reporte de Comercio Exterior publicado por el Banco Central del Paraguay (BCP) dio a conocer una reducción en el monto de dinero ingresado al país en concepto de energía eléctrica, al cierre del primer semestre del presente ejercicio. El factor determinante hace referencia al mayor consumo interno.
En el periodo mencionado se vendió energía por valor de USD 524,3 millones, lo que implica una reducción de -12,3 %, considerando los USD 597,7 millones observados en la primera mitad de 2025. En términos de potencia, se bajó de 8.322,6 GW/h (2025) a 6.202,8 GW/h (2026), lo que refleja una reducción de -25,5 %.
Si se observa por países, en el caso de Argentina se tuvo un aumento, de 4,9 %, sumando USD 126,8 millones, pero en cuanto a Brasil, el saldo fue negativo, de -16,6 %, llegando a los USD 397,6 millones, como se puede ver en la imagen de abajo.
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Por mayor consumo local
Gustavo Cohener, gerente de Estadísticas Económicas del BCP, explicó que la “disminución está explicada por mayor consumo a nivel interno, un aumento del consumo, principalmente lo que tiene que ver con la generación de energía de Itaipú”.
“Ha habido un incremento importante en el sector de la criptominería, que probablemente esté incidiendo en este resultado, y esto teniendo en cuenta que la producción en el año ha mejorado levemente, con lo cual básicamente este menor ingreso por las exportaciones de energía, se refiere a un mayor consumo de energía a nivel interno”, precisó.
Según los últimos datos dados a conocer por la Administración Nacional de Electricidad (Ande), al cierre del mes de mayo, se tuvo un incremento en el acumulado interanual de 19,4 %.
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La Fiscalía se cansa de las chicanas y pide reactivar la causa de excolaboradores de Abdo
La Fiscalía pidió a la Corte Suprema de Justicia reactivar la causa correspondiente a la causa de la filtración de información por parte de exfuncionarios del gobierno de Mario Abdo Benítez.
Los agentes fiscales Silvia González y Christian Benítez, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, solicitaron formalmente a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la conformación del Tribunal de Apelación para destrabar la causa de las filtraciones de la Seprelad.
El objetivo del Ministerio Público es que este órgano resuelva de una vez los recursos pendientes presentados por los acusados, según una información publicada por el diario digital hoy.com.py.
Estas acciones judiciales mantienen completamente frenado el proceso e impiden que se pueda fijar la fecha para la audiencia preliminar.
Según la acusación fiscal, entre los años 2021 y 2022 se estructuró un esquema ilícito integrado por exautoridades de la Seprelad, la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y el Ministerio del Interior.
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La hipótesis del Ministerio Público sostiene que este grupo elaboró y filtró de manera coordinada informes de inteligencia financiera de carácter confidencial. Estos documentos alterados y reservados habrían sido utilizados para perseguir a adversarios políticos del gobierno de Mario Abdo Benítez.
A pesar de que la Fiscalía presentó la acusación formal y solicitó elevar el caso a juicio oral el 11 de marzo de 2025, la causa lleva más de un año paralizada debido a una incesante cadena de recursos promovidos por los abogados defensores.
La última acción planteada fue contra los miembros de la propia Cámara de Apelaciones. Esto derivó en que el expediente fuera remitido a la Corte Suprema de Justicia, donde permanece congelado a la espera de una resolución que defina qué jueces deben intervenir.
El requerimiento conclusivo de la Fiscalía cuenta con más de 200 elementos de prueba documentales, periciales y testimoniales. El Ministerio Público acusa directamente a Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Guillermo Preda y Francisco Pereira.
Los procesados enfrentan cargos por asociación criminal, revelación de secretos de servicio, usurpación de funciones públicas y denuncia falsa. Cabe destacar que el también investigado Daniel Farías falleció en marzo pasado, quedando fuera del proceso judicial.
Por otra parte, el expresidente Mario Abdo Benítez y el actual diputado Mauricio Espínola mantienen un estatus diferente dentro del expediente penal. Ambos fueron imputados en marzo de 2024, pero actualmente se encuentran protegidos por contar con fueros de inmunidad.
- Fuente: hoy.com.py
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IPS denuncia presunto daño patrimonial y avanza en otras 30 investigaciones
El Instituto de Previsión Social (IPS) presentó denuncia ante el Ministerio Público y prepara otras 30 más, como resultado de una serie de auditorías que ordenó el actual presidente doctor Isaías Fretes.
Esta primera denuncia formal presentada tiene que ver con una licitación que se realizó en el 2019 y tuvo problemas para su ejecución respecto a la interconexión entre la subestación del Jardín Botánico y el Hospital Central de IPS.
En conversación con el programa “Arriba Hoy”, que se emite por canal GEN y Universo 970AM/ Nación Media, Walter Laguardia, director de Auditoría Interna de la previsional, explicó que, junto con el responsable de la Asesoría Jurídica del IPS, presentaron una denuncia ante el Ministerio Público.
Mencionó que esta primera denuncia tiene que ver con la sustracción de cables y materiales eléctricos, cuyo daño patrimonial en este caso estaría rondando los USD 15.000; cerca de los 90 millones de guaraníes, por lo que no se puede subestimar.
Explicó que el proyecto se retrasó debido a la falta de autorización del Banco Central del Paraguay, cuya infraestructura no permitía el paso de cables subterráneos por razones de seguridad en la bóveda, lo que exigía una planificación compleja. No obstante, señaló que los materiales adquiridos mediante dicha licitación —principalmente cables e insumos eléctricos— fueron resguardados en el Hospital Central.
Señaló que al hacer el control del inventario se encontró que había un faltante de cables importante. Recordó que en la administración pública todo faltante ya constituye la posibilidad de un daño patrimonial.
“Hemos presentado la denuncia en la fiscalía barrial, junto con la asesoría jurídica el día de ayer. Es la primera denuncia formal que realiza la gestión del actual presidente del IPS el Dr. Isaías Fretes. Pero finalmente, el doctor Fretes cuando realiza sus recorridas o recibe mucha información sobre las irregularidades que existen y sobre eso ya ha encargado unas 30 auditorías desde que asumió la presidencia del IPS”, precisó.
Mencionó que mediante estas auditorías que se está llevando adelante están en el proceso de juntar las evidencias de las denuncias que se está recibiendo. Aunque reconoció que varias de esas denuncias no tienen sustento.
Señaló además que, justamente por eso, es que se somete primeramente a un proceso de auditoría y si dentro de ese proceso se encuentras las evidencias suficientes del hecho y que amerita una denuncia penal pasan a la siguiente etapa que es presentar la denuncia formal ante el Ministerio Público.
“Lastimosamente vinimos a encontrarnos en esta situación y ante estas irregularidades que verdaderamente me sorprende, porque estos quirófanos, modulares, que el presidente fue descubriendo en sus recorridos realmente representa una situación muy grave en relación con la misión que tiene el IPS que es de salvar vidas”, acotó.
Mencionó que estuvo analizando auditorías anteriores, donde ya se mencionaban una muy mala planificación de la dirección de este instituto, porque se preveía la instalación de quirófanos y modulares en el edificio en zonas donde no iba a poder soportar el peso de esos equipos, luego se decidió llevar a otros lugares donde tampoco el terreno era adecuado y finalmente quedaron abandonados esos equipos.