La Cámara de Diputados dio entrada a un proyecto de ley que “establece medidas de impulso a la inversión” en el sector de la agricultura familiar campesina a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

Según los proyectistas se busca promover el desarrollo de la agricultura familiar campesina mediante el financiamiento de proyectos productivos orientados a mejorar su productividad, sostenibilidad y competitividad.

Son impulsores del proyecto los diputados: Arturo Urbieta, Cristina Villalba y Rocío Abed, quienes exponen que la agricultura familiar constituye “un pilar fundamental de la economía nacional”.

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Los legisladores destacan igualmente el uso predominante de mano de obra familiar, orientada tanto al autoconsumo como a la generación de ingresos mediante la producción de alimentos y otros bienes destinados al mercado interno y externo.

En ese contexto, se propone la implementación de medidas de impulso a la inversión a través del financiamiento del proyecto “Mejoramiento del Rendimiento de la Producción Agraria Familiar a Nivel Nacional - PROMAF_PY (Código SNIP: 984)”.

Se prevé la asignación de recursos que permitan la transferencia de tecnologías adecuadas y el fortalecimiento de los sistemas productivos.

Para el efecto, se autoriza la emisión de Bonos del Tesoro Público hasta el monto de G. 159.250.000.000 o su equivalente en moneda extranjera, destinados al Ministerio de Agricultura y Ganadería.

El documento pasó a consideración de las comisiones asesoras y una vez que cuente con dictamen se planteará el tratamiento en plenaria de Diputados.

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La Asociación de Pacientes con Psoriasis y Enfermedades Autoinmunes de la Piel (APPEAP) manifestó su preocupación ante la falta de medicamentos esenciales para pacientes con psoriasis, artritis psoriásica, artritis reumatoidea y dermatitis atópica que se atienden en el Instituto de Previsión Social (IPS).

Según indicó la organización, desde hace varias semanas e incluso meses no se dispone de fármacos como Adalimumab, Upadacitinib y Metotrexato, medicamentos fundamentales para el tratamiento y control de enfermedades autoinmunes crónicas.

Desde APPEAP explicaron que la continuidad de los tratamientos resulta clave para evitar brotes severos, progresión del daño articular y pérdida de funcionalidad, además de otras complicaciones que afectan la calidad de vida de los pacientes.

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La asociación recordó que el pasado 4 de mayo de 2026 presentó una nota formal al presidente del IPS, doctor Isaías Ricardo Fretes, poniendo a conocimiento la situación que atraviesan los pacientes. Hasta el momento, señalaron que aún no recibieron una respuesta oficial.

No obstante, desde la organización reconocieron que las nuevas autoridades del IPS se encuentran en un proceso de evaluación y conocimiento de una institución compleja, lo que implica la revisión de procesos internos y mecanismos administrativos.

En ese contexto, APPEAP consideró necesario que, mientras avanzan las soluciones estructurales, se implementen medidas transitorias que permitan garantizar la continuidad de los tratamientos para pacientes crónicos y autoinmunes.

Asimismo, remarcaron la importancia de contar con previsibilidad en la provisión de medicamentos y respuestas oportunas para evitar interrupciones que puedan comprometer el estado de salud de los pacientes.

Este jueves se desarrolló en la Cámara de Diputados una audiencia pública para debatir sobre el proyecto de ley que modifica varios artículos de la ley que declara como Área Silvestre Protegida bajo dominio público al Parque Nacional Médanos del Chaco.

La iniciativa es impulsada por el diputado José Rodríguez, quien defendió su proyecto mientras sectores civiles expusieron su postura contraria. Participaron de este evento técnicos ambientales, representantes de comunidades indígenas y miembros de la sociedad civil.

La propuesta establece la modificación de los artículos 4 y 6 de la ley vigente mencionada, con el objetivo de habilitar, bajo condiciones excepcionales y estrictos controles ambientales, actividades de prospección, exploración y eventual aprovechamiento de recursos naturales dentro del área protegida.

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El diputado proyectista argumentó que “en ningún caso se pretende desnaturalizar el carácter de protección del Parque Nacional”, sino incorporar “mecanismos modernos de gestión que permitan una administración más flexible, basada en criterios técnicos y bajo la rectoría del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades)”.

Mientras tanto, representantes de los sectores civiles y ambientales expusieron su postura en contra a esta iniciativa, argumentando que la modificación “abre una puerta peligrosa, que pondría en riesgo la biodiversidad de la zona”. Así también, remarcaron que una reserva natural “no se toca”, recordando que el área forma parte, desde el año 2005, de las reservas de biosfera reconocidas por la Unesco, aspecto que según manifestaron, debe ser considerado de manera prioritaria.

Por su parte, representantes de comunidades indígenas plantearon una visión distinta respecto al debate, reclamando mayor participación directa en las decisiones que afectan al territorio. “No somos un museo. Queremos que el progreso llegue a nuestras comunidades”, expresaron durante la audiencia.

En lo que respecta a la modificación del artículo 4, se contempla que el Plan de Manejo del Parque pueda autorizar actividades de prospección y exploración bajo estrictas condiciones de mitigación ambiental, planificación territorial y delimitación de zonas específicas, incluyendo áreas de amortiguamiento.

Mientras tanto, en el artículo 6, la iniciativa reafirma el principio de dominio público del área protegida y dispone que cualquier ocupación o intervención dentro del Parque Nacional requerirá autorización previa y expresa del Mades, careciendo de validez jurídica toda ocupación realizada sin dicho permiso.

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El sector yerbatero se encuentra atravesando una crisis que amenaza incluso con el desmantelamiento de los cultivos. La Cámara de Diputados aprobó recientemente el manifiesto “Que declara en emergencia nacional la situación de los pequeños productores de yerba mate” y se espera que sirva para visibilizar el problema en el que se encuentra el rubro productivo.

Sobre lo mencionado, Néstor Goralewski, miembro del Centro Yerbatero Paraguayo, conversó con el programa “Así son las cosas” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media y confirmó que la situación es crítica para quienes trabajan en la producción de la yerba mate.

“De un tiempo a esta parte, la yerba está pasando por uno de los peores momentos en cuando a comercialización, estamos sobrestockeados, tenemos mucha más yerba de lo que se puede consumir o no tenemos la capacidad como para exportar y entonces hay fácil 10 mil a 20 mil toneladas de más en el mercado”, explicó.

Entre los factores en contra, indicó que Argentina ya no importa el producto, ya que desde el inicio del gobierno de Javier Milei se dio mayor impulso al rubro en el país vecino. Por otro lado, en el caso de Siria, el principal comprador a nivel global, explicó que por la guerra que está atravesando no es posible hacer llegar los envíos, generando igualmente una sobreoferta en la región.

Otro problema consiste en la reducción del consumo en el mercado interno. “Después de la pospandemia, tenemos datos de que por lo menos 6.000 a 7.000 toneladas menos de yerba estamos consumiendo”, dijo. Citó otros inconvenientes como el incremento del costo del combustible, el desplome del dólar y la falta de planificación en el sector.

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Sobre la declaración realizada, valoró que servirá de alguna manera para visibilizar la situación. “Es una medida interesante para que se den cuenta un poco todos”, expresó. El representante del gremio vaticinó que, si esta situación continúa, “en dos o tres años se van a desmantelar muchos yerbales”.

La Cámara de Diputados aprobó la declaración, en respuesta a la crisis de precios que atraviesa el sector y que amenaza la continuidad de cientos de familias campesinas.

La iniciativa estuvo impulsada por el diputado Germán Solinger y encomienda a los organismos del Estado a cumplir con lo establecido en el Estatuto Agrario, cuyo artículo 25 obliga al Gobierno a intervenir en la relación entre productor y acopiador para garantizar una comercialización justa.

Según los productores, el kilo de hoja verde puesto en secadero se paga actualmente a G. 1.200. De ese monto, G. 200 se destinan al flete y G. 300 a la tarefa, lo que deja al productor una cifra muy reducida.

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