El diputado Hugo Ramírez presentó en la Cámara Baja un proyecto de ley que tiene por objetivo la creación de secretarías de mipymes en gobernaciones y municipios. Se trata del proyecto “de aplicación descentralizada de políticas públicas para el apoyo al sector mipymes y emprendedores, en el marco del sistema nacional de mipymes”.
La idea es promover, impulsar y garantizar la atención a las micro, pequeñas y medianas empresas, para lo cual, el legislador propone la creación, en cada gobernación y municipio del país, de dependencias, específicamente, para la atención a las pequeñas empresas y emprendedores.
“Con el ánimo de coadyuvar, a través de fuertes estrategias de apoyo, surge la necesidad de proponer este proyecto que crea la Secretaría General de Mipymes en todas las gobernaciones del país y la Dirección General de Mipymes en todos los municipios de la República del Paraguay”, señaló el legislador.
Ramírez agregó que para garantizar el cumplimiento obligatorio y descentralizado de la Ley 4.457/2012, de las micro, pequeñas y medianas empresas, y la Ley 5.669/2016, de fomento a la cultura emprendedora, se hace más que necesaria esta disposición legal, según argumentó.
El proyecto también prevé la creación del “Programa de acción destinados a mipymes y emprendedores”, que será incorporado al presupuesto de las instituciones, a fin de solventar proyectos de promoción, formalización, asesoramiento, impulso, desarrollo, competitividad, capacitación, asistencia u otros de interés del sector de las mipymes.
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Diputados asisten a adultos mayores en sus necesidades básicas de salud
La Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Familia y Personas Adultas Mayores, promueve la asistencia gratuita e integral a los adultos mayores, logrando de esta manera mejorar sus condiciones de vida.
La diputada Johana Vega, presidenta de la citada comisión asesora, habló del impacto positivo que genera en las familias la atención en diferentes especialidades que llega sin costos a sus comunidades.
“Esta actividad lo venimos haciendo desde el día 1 que yo asumí la presidencia de la Comisión de Familia y Personas Adultas Mayores de la Cámara de Diputados. Una de las actividades se hizo en la ciudad de Carapeguá, por pedido del colega Héctor Figueredo y del intendente de la zona. Llevamos asistencia integral con provisión de medicamentos”, comentó a La Nación/Nación Media.
La jornada de atención médica va acompañada de servicios de cedulación, peluquería, provisión de anteojos gratuitos así como de sillas de ruedas. Acompaña también un equipo de psicólogos para las familias que precisen una asistencia especializada.
“Queremos continuar con esta asistencia integral para seguir estando más cerca de nuestros adultos mayores. Sabemos que estamos en deuda con ellos, entonces, estamos trabajando a nivel país y recorriendo los diferentes departamentos para así llegar a más adultos mayores”, subrayó.
Así también la comisión está gestionando la posibilidad de contar con especialistas reumatólogos, para la atención a los adultos mayores. Los interesados en solicitar la presencia del equipo de esta comisión deben presentar un pedido por nota dirigida a la diputada Vega, quien somete a consideración de sus colegas en la reunión semanal.
“Trabajamos con cronogramas de los médicos del Ministerio de Salud que nos provee los oftalmólogos y otros especialistas que necesitemos para las zonas. Esto se trabaja planificadamente para poder llevar esta asistencia bien y completa”, resaltó.
Por cada jornada se priorizan las especialidades que solicitan los distritos a ser visitados, conforme expresó la parlamentaria. “La madre de esta asistencia son los oftalmólogos, y entregamos también lentes totalmente gratuitos. Eso venimos costeando con empresarios que nos dan para la compra de los lentes que estamos entregando en estas actividades”, significó.
Apoyo para tramitar la pensión
La congresista colorada mencionó la colaboración de otras instituciones como la Policía Nacional para la expedición de documentos.
Sobre el punto, la comitiva parlamentaria constató que hay muchos adultos mayores que teniendo entre 70 a 84 años no contaban con cédula y por ende no podían ni cobrar la pensión estatal.
“En la próxima asistencia vamos a complementar con la inscripción a los adultos mayores, teniendo en cuenta que venimos recibiendo muchos reclamos dentro de la Comisión de Adultos Mayores que no saben cómo cargar para que puedan figurar y cobrar su Tercera Edad”, manifestó.
La presidenta de la Comisión de Familia solicitó al propio ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas que funcionarios de esta institución den una charla al personal de la Cámara de Diputados, para que éstos a su vez puedan adiestrar a los adultos mayores a realizar el trámite y acceder a la ayuda gubernamental.
“La verdad que es una actividad demasiado importante para nuestros adultos mayores. Escuchamos cada necesidad que tiene el adulto mayor. Ya llegamos a operar bastante con la parte de cataratas. A través de la Comisión firmamos convenios con instituciones que nos están ayudando que el precio sea más bajo o conseguir más rápido la asistencia”, remarcó.
Por último Vega afirmó que es la primera vez que los diputados salen de sus oficinas legislativas y no solamente se centran en elaborar proyectos de ley, sino que trabajan de cerca con los adultos mayores.
“Es la primera comisión que traspasa las paredes y está al lado de la gente. Y detrás de eso también nosotros podemos ver qué podemos modificar o qué agregar más a favor de nuestros adultos mayores”, concluyó.
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Buscan transformar los residuos de faena bovina en bioinsumos
Equipo técnico y financiero del Conacyt realizó verificación de los avances y el cumplimiento del plan de trabajo en Huerta Yataity.
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) realizó la primera visita de monitoreo al proyecto “Gestión sostenible de residuos de faena bovina para producción de bioinsumos y mejora ambiental en Pilar”, en el marco del instrumento Fortalecimiento de Mipymes a través de Innovaciones Verdes y Sostenibles 2025, apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La iniciativa es ejecutada por Huerta Yataity y tiene como objetivo implementar un modelo sostenible de gestión de residuos provenientes de la faena bovina. Durante la actividad, el equipo técnico y financiero verificó los avances y el cumplimiento del plan de trabajo, mientras que el director del proyecto, Enzo Espínola, presentó los principales resultados alcanzados.
DAR RESPUESTA
En la ciudad de Pilar, esta propuesta busca dar respuesta a un problema ambiental persistente: la inadecuada gestión de los residuos de faena bovina. Estos desechos, cuando no reciben tratamiento adecuado, generan contaminación del suelo y de fuentes de agua, emisión de gases de efecto invernadero como el metano, además de olores y riesgos sanitarios en zonas urbanas en expansión.
Frente a este escenario, el proyecto plantea un enfoque basado en la valorización de residuos, transformándolos en insumos útiles para la producción agrícola.
La iniciativa se centra en la producción de bioinsumos como lombricompost líquido y sólido, obtenidos a través de procesos de compostaje aeróbico controlado, estabilización del material orgánico y el uso de lombriz roja californiana para su descomposición final. Este enfoque permite reducir el impacto ambiental de los residuos, mejorar la calidad del suelo y disminuir la dependencia de fertilizantes químicos, promoviendo prácticas agrícolas más sostenibles.
RESULTADOS CONCRETOS
El proyecto apunta a resultados concretos como la reducción de la contaminación ambiental, la disminución de emisiones de metano y la incorporación de un modelo de economía circular a nivel local. Para los productores, esto se traduce en acceso a fertilizantes orgánicos de bajo costo, mejora en la fertilidad del suelo y mayores niveles de productividad agrícola, además de oportunidades para integrarse a nuevas cadenas de valor.
El modelo presenta un alto potencial de replicabilidad en otras regiones del país con actividad ganadera. Su expansión requerirá articulación con municipios, infraestructura adecuada para el tratamiento de residuos, capacitación técnica y apoyo financiero, así como políticas públicas que incentiven la valorización de residuos y promuevan la economía circular.
En ese sentido, la iniciativa se posiciona como un ejemplo de cómo la innovación puede transformar un problema ambiental en una oportunidad de desarrollo sostenible.
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Impulsan proyecto de ley que obliga a la medicina prepaga cubrir cirugías mamarias
El líder de la bancada A del movimiento Honor Colorado en la Cámara de Diputados, Miguel Ángel Del Puerto, presentó un proyecto de ley que busca garantizar cobertura obligatoria de la cirugía reconstructiva mamaria en las entidades de medicina prepaga del país.
El congresista y médico cirujano fundamenta la necesidad de legislar sobre el punto al considerar que existe una “laguna interpretativa” en la Ley N° 3331/2007, por lo que sugiere modificarla, de modo a que las aseguradoras privadas puedan estar obligadas a dar dicha atención a sus asociados.
Alega que, si bien la mastectomía suele estar cubierta, muchas prepagas clasifican la reconstrucción posterior como una intervención estética opcional, dejando a las pacientes sin el cierre médico y psicológico del tratamiento.
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El documento refiere que el cáncer de mama es la primera causa de muerte por tumores en mujeres en Paraguay. Las modificaciones propuestas al artículo 11 establecen que la rehabilitación integral de pacientes con cáncer de mama deberá incluir la cirugía reconstructiva como consecuencia de una mastectomía oncológica.
De manera explícita, se incorpora la cobertura de la reconstrucción del pezón y la aréola, además de la provisión de prótesis y expansores tisulares.
Esta obligación recaerá sobre todas las instituciones de salud del país: el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el Instituto de Previsión Social (IPS), el Hospital de Clínicas, la Sanidad Militar, la Sanidad Policial y, con especial énfasis en este proyecto, las entidades de medicina prepaga.
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La transformación de la informalidad nunca antes realizada en el país
El alto grado de informalidad de las economías en Latino América (LATAM) se encuentra determinado por factores que resultan importantes tomar en cuenta en nuestro país para lograr la tan ansiada formalización. En primer lugar, está el costo para el acceso a la formalización. Este es un motivo sustancial con el que tropiezan las pequeñas y medianas empresas (mipymes), que constituyen la columna vertebral de nuestro mercado laboral, representando más del 90 por ciento del tejido empresarial y concentrando el 80 por ciento del empleo total.
En segundo lugar, se encuentra la casi nula posibilidad de acceder al crédito con intereses bajos y a largo plazo. Esto explica por qué gran parte de las unidades productivas en lugar de crecer conforme a sus planes de negocios, luego no pueden lograr consolidarse, lo que significa desaprovechar recursos como el capital y el tiempo, con el consecuente aumento del desempleo con repercusiones sobre la seguridad. Las citadas causas son las principales; no obstante, existen por supuesto otras razones, pero las mismas conforman su parte medular. Por tanto, ¿qué mejor que acometer con medidas para corregir dichas anomalías que desincentivan la creación de más puestos laborales y sobre todo de más inversiones?
Al respecto, desde el inicio del período de gobierno del presidente Santiago Peña se buscaron las soluciones concretas para lograr la formalización de la economía y es así que, con acierto, desde la administración gubernativa actual se ofrecieron las medidas correctas.
Lo primero que se hizo fue contar con una legislación más moderna acorde a las necesidades con las que se enfrentan las empresas, empezando como ya dijimos, por las pequeñas y medianas, lugar donde se relacionan el capital y el trabajo de miles de nuestros compatriotas y extranjeros que viven en nuestro territorio.
En efecto, una correcta legislación está haciendo posible lo que parecía difícil de lograr. La formalización mediante incentivos hoy es una realidad. Así, y a modo de ejemplo a ser tomado en cuenta, tenemos que solo en el año 2025, en nuestro país se emitieron un total de prácticamente quinientas mil ( 500 mil) cédulas mipymes, un resultado de carácter histórico logrado, precisamente, por medio de una legislación correcta y razonable como la Ley 7444 del año 2025 y su decreto reglamentario.
La obtención de la respectiva cédula reconoce la personería jurídica y su entidad como servicio, comercio e industria mediante el Registro Único de Contribuyentes (RUC) que, como sabemos, en nuestro país viene a ser el número identificador fiscal, gestionado ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) para personas físicas y jurídicas. Y lo importante, mediante trámites simplificados acompañados de sustanciales reducciones en los costos.
De este modo, las actividades del rubro correspondiente emiten sus facturas legales, pagan sus tributos y de igual importancia se formalizan los negocios y se bancarizan. Todo ello, permite de modo automático que con la cédula mipymes se obtenga una cuenta en una entidad bancaria, tal como afirma correctamente Marco Riquelme, ministro de Industria y Comercio.
Sin duda, en la era de la tecnología la automatización del sistema de emisión a través del uso del sistema digital en vez del manual como se hacía antes, es el camino adecuado. Sobre este logro, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) ofrece una valorable información. Se inscribieron en menos de un año de haberse implementado la mencionada legislación ( Ley 7444 / 2025) 433 mil micro empresas; 28 mil como pequeñas empresas y 9 mil como medianas empresas. Ahora bien, esta respuesta tiene a su vez su complemento necesario que, como dijimos al comienzo, se debe a que los costos se han reducido significativamente para el acceso a la formalidad, agregando otros beneficios.
Se refieren estos beneficios, entre otras cosas, a la exoneración de patentes municipales y tasas por tres años para micro empresas y el descuento de hasta setenta y cinco (75 %) a partir del cuarto año, a lo que se adiciona el acceso a la seguridad social de salud y jubilaciones para trabajadores y dueños de las empresas y se sustituyen las infracciones en categoría de multas por cursos de capacitación. Asimismo, y tomando en cuenta la realidad de nuestro mercado laboral y nivel de inversiones, se permite contratar personal pagando el 80 % (ochenta por ciento) del salario mínimo legal en los primeros tres años.
Como podrá percatarse el lector, la reducción de costos y la emisión automática de Cédulas Mipymes redundan en beneficios para las empresas y para la economía en su conjunto con la bancarización y el acceso a créditos con tasas reducidas y a largo plazo. Estamos ante la transformación de la informalidad nunca antes vista en nuestro país.