La millonaria deuda del Gobierno con las empresas constructoras pone en peligro la continuidad de las obras viales y miles de puestos de trabajo. La administración del presidente Mario Abdo Benítez adeuda más de 250 millones de dólares al sector y estos a su vez sostienen una millonaria deuda con el sistema financiero, por enormes inversiones realizadas.

El presupuesto del Ministerio de Obras Públicas, encabezado por Arnoldo Wiens, solo contempla el pago de las obras que ya se encuentran en pleno proceso de ejecución y de aquellas licitaciones que se encuentran en etapa de adjudicación.

Al respecto, el titular de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), Paul Sarubbi, afirmó que “nosotros ya desde el 2020 venimos con atrasos importantes en los cobros de los certificados de obras, a fin del año pasado se pudo solucionar una parte con un crédito programático que salió del BID y que se aprobó en diciembre; hubo de nuevo otro saldo que pasó para el 2021 y este año fue acumulándose otra vez esa deuda a medida que van pasando los meses con los trabajos ejecutados”.

El ingeniero agregó también que se encuentran analizando con la gente del Gobierno y del Parlamento cuál podría ser la salida a la situación. Señaló que existe un crédito programático de la Corporación Andina de Fomento (CAF), que ya se encuentra en el Congreso, que será analizado la semana próxima y que contará con la aprobación.

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“Es un crédito de 100 millones de dólares que en algo ayudará para poder superar esta situación, pero lo mismo quedaremos con un saldo importante, que otra vez se agrandará y aumentará mes a mes a medida que los trabajos se van moviendo. Verdaderamente hay muchas empresas hoy que están en una situación difícil. En Paraguay las obras se financian de dos maneras, con fondos locales y con los fondos externos, que son los organismos multilaterales; mientras que los locales provienen del Tesoro, de los ingresos tributarios”, indicó.

Sarubbi añadió que el año pasado el Estado, a raíz de la pandemia del COVID-19, empezó a tener más gastos de lo que tenía previsto y menos ingresos de lo que estimaba. “Esto hizo que haya un desbalance de los flujos que estaban previstos y ya desde agosto del año pasado el Ministerio de Hacienda le pasó un pedido a Obras Públicas, que ya no se vuelva a licitar nada con fondo local; pero el problema está en las obras que ya venían ejecutándose y que tendrían que tener ya algún calce para poder ir pagando, pero a causa de la pandemia no se dio”, afirmó el titular de Cavialpa en una entrevista en el programa Fuego Cruzado, emitido por GEN.

Agregó a la vez que desde el sector entienden que es una realidad la inversión que se realizó en Salud Pública, sosteniendo que “una vida no se puede recuperar, pero que la crisis ocasionó el conflicto que atraviesan”.

Sarubbi manifestó que la problemática afecta a todos los sectores pertenecientes a dicho rubro, pero en la “generalidad de los casos”, mayormente perjudica a las obras financiadas con fondos locales, las más pequeñas.

“Lo que tiene que ver con los caminos vecinales que se están haciendo en los 17 departamentos del país y son lo que normalmente encaran las empresas pequeñas y medianas que, a su vez, son empresas con menos espalda financiera para poder aguantar la falta de cobro, tienen menos líneas de créditos con bancos y son las más afectadas cuando no cobran y se les hace difícil”, refirió.

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Indicó que las empresas constructoras tienen varios proveedores de materiales, de equipos, servicios y subcontratistas personales que deben cobrar mensualmente y, entonces, cuando se deja de tener capacidad de pago, se genera un problema “económico y social muy grande porque hay mucha gente que quedará sin trabajo”

Añadió que además el país necesita de inversiones, ya que Paraguay es un país mediterráneo que vive de su logística y debe tener las carreteras en buen estado, los puentes, la hidrovía, porque sino los productos dejan de ser competitivos con el resto del mundo. “Si se deja de invertir no vamos a poder crecer”, aseveró.

Sarubbi expresó también que se debe separar la deuda de lo que es inversión. En ese sentido, insistió en que se debe mejorar el gasto público, entender a la vez dónde se debe invertir y tratar de elegir los proyectos más rentables.

“Hay algunos que verdaderamente tienen un retorno sobre la inversión de forma muy rápida, así como proyectos que no; entonces tenemos que tener un banco de proyectos para ir haciendo la factibilidad de los diferentes proyectos, para poder elegir los más rentables y que de esa manera los ingresos tributarios que pueda tener el Estado sean generados más rápido”, precisó.

Por otra parte, sugirió que se debe ver otras formas de financiamiento de proyectos y detalló en ese sentido que en Paraguay se tiene herramientas interesantes como la Ley de Alianza Pública-Privada (APP), la Ley Llave en Mano, la Ley de Inversión Privada y la Ley de Concesiones. “Estas herramientas deben ser utilizadas, hay países que ya dieron tiempo atrás estos pasos y se desarrollaron mucho gracias a esta asociación pública-privada, sin necesidad de que la deuda del Estado crezca tanto, por ahí creo que debe ir la solución a esto”, afirmó.

Ante la millonaria deuda, dijo que esperan que se pueda solucionar, atendiendo que son uno más de los tantos rubros que están teniendo problemas de pago con el Estado, pero que hay que buscar una solución cuanto antes, porque si bien se está saliendo de una situación de pandemia sanitaria, el país se encamina a una pandemia económica.

“Mes a mes va aumentando, pero hoy estamos utilizando una herramienta que nos está ayudando en algo que es la cesión de créditos, de nuestros certificados de obras. Nosotros le cedemos el derecho de esos cobros de los créditos a los bancos y los bancos nos adelantan los montos de esos certificados, pero siempre con un descuento, con una tasa que es lógico. A nosotros nos oxigena de alguna manera, pero perdemos una parte del certificado que muchas veces es el beneficio que teníamos previsto en la obra”, reveló el empresario.

El titular de Cavialpa advirtió que está latente la posibilidad de que una obra pare, sobre todo cuando la empresa deja de tener posibilidades de comprar insumos o pagar el salario a sus personales, en esa situación se ve obligada a parar la obra. No obstante, aseguró que para el sector esa es la última medida a tomar ante la crisis.

Mencionó que muchas veces una obra grande está instalada en zonas lejanas a la capital, lo que implica mucha logística, incluso, montar campamentos completos y desmontar toda esa infraestructura que conlleva una obra, así como suspender muchos contratos de provisión de servicios, equipos e insumos, y quedar un tiempo sin poder trabajar, significa volver a recontratar y movilizar toda la logística de vuelta. En ese contexto, dijo que el proceso de retomar una obra parada cuesta mucho más que parar la obra, por lo que se opta siempre por bajar el ritmo del trabajo.

Por último, valoró la buena apertura de parte de las autoridades, del Ministerio de Hacienda, Obras Públicas, incluso del Congreso Nacional, que buscan solucionar; no obstante, Sarubbi señaló que para su sector, las respuestas deben llegar más rápidas, a fin de saldar las deudas atrasadas y también ir mirando para adelante, porque no se puede dejar de invertir en obras.

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Tras someter a votación un pedido de postergación por 30 días sugerido por el liberal Abel González –el cual no prosperó– los senadores decidieron tratar hoy el polémico proyecto de ley para modificar el artículo 142 del Código Penal y tipificar como crimen las invasiones de propiedades.

El senador Stephan Rasmussen del Partido Patria Querida (PPQ) argumentó a favor de la aprobación de la normativa. “El Código Penal no diferencia la propiedad pública de la privada. Acá no se criminaliza a nadie, se eleva a pena ante un hecho ilícito”, aclaró al señalar que “siempre se invaden zonas boscosas con el único objetivo de sacar las maderas”.

La senadora Georgia Arrúa del Partido Patria Querida (PPQ) intervino para reclamar que se haga cumplir el reglamento en su artículo 158, para frenar a quienes “faltan el respeto”. Luego argumentó a favor del proyecto de ley. “Dicen que con esta ley se van a llenar las cárceles, se quejan por las tierras públicas malhabidas y pregunto cuántas demandas hicieron para recuperarlas”, ironizó.

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Tras reabrirse el debate, intervinieron los senadores del Frente Guasu, Jorge Querey, Hugo Richer y Carlos Filizzola, con posturas coincidentes por el rechazo de la propuesta legislativa. “Coincido con muchos que han hecho uso de palabra, sobre todo de mi bancada”, dijo Filizzola al recordar que durante el régimen de Alfredo Stroessner se repartió en forma irregular “alrededor de ocho millones de hectáreas de tierras”, conforme expresó.

La exministra de Salud, Esperanza Martínez –entre sollozos– recordó el caso Puerto Casado, donde se “compró una ciudad con la municipalidad adentro, lo más avasallante de la dignidad de un pueblo”, señaló.

“La pobreza, la desigualdad y la injusticia es un problema para todos, y mientras siga el drama seguiremos teniendo los grandes cinturones de pobreza, que no terminará con una solución legalista”, sostuvo por su parte el liberal Salyn Buzarquis.

A estas horas continúan las exposiciones de motivos a favor y en contra del proyecto de ley que pretende elevar la condena privativa de libertad hasta seis años y en caso de que se produzca un daño patrimonial aumentar cuatro años más, es decir, elevarla a 10 años.

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En medio de fuertes divergencias entre las diferentes bancadas, el pleno de la Cámara de Senadores trata en este momento el proyecto de ley que busca tipificar a las invasiones de la propiedad privada como crimen. El estudio se da luego de varias postergaciones.

El liberal Fernando Silva Facetti y la colorada Lilian Samaniego argumentaron a favor del proyecto de ley, aclarando que de prosperar, no tendrá efecto retroactivo, tal como lo prohíbe la Constitución Nacional.

El legislador del PLRA resaltó que la iniciativa legislativa contribuirá a reducir “el escalofriante número de invasiones” y sin efecto retroactivo como garantiza la Carga Magna.

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A su vez, Samaniego expresó que no quiere privilegios “ni para grandes terratenientes ni para los pequeños”, al mencionar que el polémico tema lleva décadas de discusión, sin visos de solución. “Expreso mi no rotundo a los privilegios y ocupaciones. Sin un censo sobre ocupación de tierra no titulada es imposible impulsar una legislación que promueva la legitimidad”, dijo.

Seguidamente manifestó su apoyo al proyecto de ley que busca cambiar la tipificación de delito a crimen con pena de hasta diez años de privación de libertad. “Servirá para disuadir a las organizaciones delictivas que promueven la invasión de tierras”, arguyó.

En tanto, los senadores Sixto Pereira del Frente Guasú (FG) y su colega Desirée Masi del Partido Democrático Progresista (PDP) argumentaron en contra del citado proyecto de ley. “Nadie defiende a invasores”, aseguró Pereira, mientras Masi denunció que “más del 15% es propiedad pública ocupada por partidos políticos”.

El presidente del Senado, Oscar “Cachito” Salomón, pidió dar lectura por secretaría, del artículo 134 del reglamento interno, buscando poner orden al debate en el pleno.

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