El jefe de Gabinete Hernán Huttemann explicó que la propuesta de ley que busca establecer sanciones administrativas al incumplimiento de las medidas sanitarias no es una imposición autoritaria del Poder Ejecutivo. El proyecto causó el rechazo de una parte de la clase política.
Huttemann apunta más bien a que se desarrolle un debate en torno a esta normativa, “las sanciones administrativas se pretenden perfeccionar con este proyecto que puede ser mejorable por eso acudimos al Congreso, tienen la potestad de modificar como mejor les parezca la ley”, expresó a la 650 Am.
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Explicó que se lleva al Congreso para que ahí se hagan los cambios que deben hacerse y así debatir para lograr consensos posibles. “No queremos imponer, vamos al Congreso para que se hagan los cambios que se deben hacer. Pido debatir”, dijo.
Ante los reclamos que se dan por considerar una ley autoritaria, sostuvo que “si uno quisiera ser autoritario no iría al Congreso, proponemos una ley para que se discuta sanciones administrativas que no son penales”, aclaró.
Como actualmente se reclama que el Ministerio Público no actúa en el incumplimiento de normas, el jefe de Gabinete mencionó que solo en la fase 0 podían intervenir porque se violaba el decreto de circulación restringida. En este caso solo intervendrán para las vacunaciones irregulares y robo de insumos o vacunas.
El actual decreto reglamentario tiene vigencia hasta este lunes, el martes ya regirá uno nuevo en el que el horario de funcionamiento de los gastronómicos podría volver a ser las 00:00. Se había acordado con el sector de eventos y gastronómicos que duraría 15 días este decreto.
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ANR reunirá a 3.300 dirigentes este sábado para lanzar campaña municipal
El jefe de gabinete de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Eduardo González, informó que el sábado 25 de julio se prevé la convocatoria de un total de 3.300 dirigentes en la ciudad de Luque para el lanzamiento oficial de la campaña de los candidatos a intendentes y concejales municipales por la Lista 1, rumbo a los comicios del próximo 4 de octubre.
“Esta es una actividad que se realizará por primera vez y será para empezar la campaña. Vamos a recibirle a los 263 candidatos para intendentes y a los 2.832 candidatos a concejales titulares“, comentó el vocero del Partido Colorado, este jueves, al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La actividad será realizada en el Centro de Convenciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y será presidida por el titular de la centenaria agrupación, Horacio Cartes, el mandatario Santiago Peña y el segundo del Ejecutivo y aspirante a presidente de la República en el 2028, Pedro Alliana. “La idea es dar con esta actividad el puntapié a la campaña de la Lista 1 y, a partir de allí, ya no parar hasta octubre; que todos nuestros candidatos se sientan arropados, protegidos y saben que el partido está para ayudarles”, indicó.
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González detalló que el evento aglutinará a los 90 miembros de la Junta de Gobierno, senadores, diputados, gobernadores y a los principales líderes de los movimientos internos que participaron de las internas municipales del pasado 7 de junio. “Estamos muy contentos con esta actividad prevista para las 10:00 y que reunirá a más de 3.300 personas“, refirió.
Agregó que “en cada distrito se están llevando adelante los acuerdos correspondientes luego de unas elecciones internas municipales democráticas, limpias y transparentes, entonces es obligación de todos los colorados apoyar a la Lista 1. El presidente del partido dijo en la primera sesión posterior a las elecciones y en el acto de proclamación de los candidatos a intendentes que él que ganó, no ganó todo y él que perdió, no perdió todo”.
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Diputados dio media sanción a ley que establece nuevos requisitos para el JEM
El pleno de Diputados aprobó este martes el proyecto de ley que establece nuevos requisitos para integrar el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Se trata de la modificación del artículo 3º de la Ley 6814/2021, “Que regula el procedimiento para el enjuiciamiento y remoción de magistrados judiciales, agentes fiscales, defensores públicos y síndicos de quiebra y deroga la Ley N° 3759/2009”.
La media sanción se dio, luego un amplio debate acerca del tiempo de mandato y otros requisitos propuestos en el proyecto original.
El diputado Edgar Olmedo defendió el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales que propone una duración de mandato de tres años con posibilidad de reelección.
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Igualmente se redujo a 30 años la edad requerida, como también se redujo a cinco años el tiempo de ejercicio de la profesión, a cinco años el ejercicio de la docencia y a cinco el ejercicio de la magistratura.
La propuesta original establece que, para ser designados representantes del Congreso ante el JEM, los postulantes deberán ser de nacionalidad paraguaya, haber cumplido 35 años de edad.
Así también, debe poseer título universitario de abogado conforme a la normativa vigente y acreditar al menos diez años de ejercicio efectivo de la profesión, desempeño en la magistratura judicial, en el Ministerio Público o en la docencia universitaria en materia jurídica, de manera conjunta, separada o alternativa.
La iniciativa busca establecer requisitos más rigurosos para los representantes de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), con el propósito de unificar las condiciones de idoneidad exigidas para integrar dicho órgano.
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TSJE castigará con quita de subsidios a partidos que no rindan cuentas en las municipales
Desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), encabezado por Jorge Bogarín, informaron que para las elecciones municipales generales del 4 de octubre correrá la aplicación de sanciones por parte de la institución a partidos políticos que no rindan cuentas sobre los ingresos y gastos de campaña de sus candidatos a intendentes y concejales.
“Hay que tener en cuenta que las sanciones por incumplimiento en las elecciones internas municipales estuvieron a cargo de los órganos disciplinarios partidarios y ahí el TSJE no tuvo intervención en cuanto a las sanciones”, indicó a la 1140 AM el director de Financiamiento Político del TSJE, Christian Ruiz Díaz.
Señaló también que “En este proceso para las elecciones municipales generales que se está iniciando, sí el Tribunal Electoral hace un control estricto del grado de cumplimiento y sanciona con una quita al subsidio electoral que le pudiera corresponder a la organización política por el grado del incumplimiento de sus candidatos tanto para las intendencias como para las concejalías. Las sanciones son aplicadas a las organizaciones políticas y no a los candidatos conforme a lo que establece la Ley de Financiamiento Político“.
Para las municipales generales, más de 19.000 aspirantes titulares y suplentes deberán presentar sus declaraciones de ingresos y gastos de campaña. “Revisar todas las documentaciones lleva bastante tiempo y este trabajo es realizado de manera conjunta con la Contraloría General de la República”, indicó.
Ruiz Díaz acotó: “La norma establece que, finalizadas las elecciones municipales, dentro de los 60 días, tanto las organizaciones políticas como los candidatos deben rendir cuentas de lo declarado; a partir de ahí, la dirección a mi cargo evalúa de acuerdo a nuestro sistema el grado de incumplimiento. No obstante, tenemos que controlar el cumplimiento de la formalidad de los documentos de respaldo de los gastos y eso lo hacemos a través de auditorías que también lo hace la Contraloría por 90 días”.
Señaló además: “Posteriormente, la Contraloría nos remite su informe de auditoría y también nosotros hacemos una fiscalización de todos los documentos presentados por cada uno de los candidatos. Esto nos lleva aproximadamente un año y medio, porque son varios y es el tiempo que nos da para establecer las quitas que pudieran corresponder a las organizaciones políticas“.
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Paraguay avanza hacia una economía digital más segura con la nueva Ley de Datos Personales
La Ley n.º 7.593 de Protección de Datos Personales marca un cambio significativo en la forma en que empresas, instituciones y organizaciones recopilan, almacenan y utilizan información de los ciudadanos. La normativa establece nuevos derechos para las personas, crea obligaciones más estrictas para quienes administran datos y pone en marcha una autoridad especializada de control que podrá aplicar sanciones ante incumplimientos.
Según explicó a La Nación/Nación Media, Adriana Ramos, asesora jurídica del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), el principio central de la ley es que los ciudadanos recuperan el control sobre sus datos personales.
En la práctica, esto significa que cualquier persona podrá exigir información clara sobre qué datos se recopilan, para qué serán utilizados, cuánto tiempo serán conservados y si serán compartidos con terceros o transferidos al exterior.
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La legislación incorpora derechos como el acceso a la información almacenada por una empresa, la rectificación de datos incorrectos, la eliminación de registros cuando ya no exista una justificación para conservarlos, la oposición al uso de información para fines comerciales o publicitarios y la portabilidad de los datos entre distintos proveedores. También contempla la posibilidad de cuestionar decisiones tomadas exclusivamente por algoritmos o sistemas automatizados.
Para el sector privado, la normativa introduce nuevas exigencias operativas. Las empresas ya no podrán solicitar información sin una justificación válida y deberán contar con una base legal para hacerlo, ya sea mediante consentimiento del usuario, obligaciones contractuales o disposiciones legales.
Además, deberán aplicar el principio de minimización, limitándose a pedir únicamente los datos necesarios para la prestación de un servicio o la ejecución de una actividad determinada.
La ley tendrá impacto directo en sectores como el comercio electrónico, las aplicaciones móviles, los programas de fidelización, los servicios financieros, las aseguradoras, las telecomunicaciones y cualquier organización que maneje bases de datos de clientes.
También obliga a reforzar los mecanismos de ciberseguridad y establece que, en caso de filtraciones o incidentes que comprometan información personal, las empresas deberán informar a la autoridad competente en un plazo máximo de 72 horas.
Uno de los aspectos más relevantes es la creación de la Agencia Nacional de Protección de Datos Personales, que funcionará dentro de la estructura del Mitic con autonomía funcional. Este organismo tendrá facultades para recibir denuncias, realizar auditorías, emitir reglamentaciones, supervisar transferencias internacionales de datos y aplicar sanciones cuando se detecten incumplimientos.
Para los ciudadanos, el procedimiento será gratuito. En caso de considerar que una empresa utilizó indebidamente sus datos, primero deberá presentar un reclamo ante la propia organización. Si no obtiene respuesta o esta resulta insuficiente, podrá acudir a la Agencia o recurrir a la garantía constitucional del hábeas data.
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