La propuesta de ley de protección de datos personales - personal data de la República del Paraguay fue presentada oficialmente ante la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados. Luego de la presentación será enviada a otras comisiones asesoras de la Cámara Baja.
“Es el resultado de un trabajo comprometido de varios meses y años del sector privado con nosotros a partir de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Estuvimos escuchando las experiencias de otros países atendiendo lo desprotegidos que están nuestros datos hoy en día”, señaló el diputado Sebastián García, presidente de la comisión.
Leé más: Ejecutivo remitirá al Congreso esta semana proyecto de ley de Contrataciones Públicas
La falta de garantías para que los datos personales no estén expuestos impulsa esta propuesta que nace como una urgente medida, según el diputado. Se espera que logre ser la respuesta a esta problemática, atendiendo de que la protección de los datos personales es un derecho consagrado en la Constitución Nacional como el derecho a la privacidad y salvaguardar, igualmente, las inversiones.
Con esta iniciativa se busca consensuar un documento legal para que sea una herramienta que ayude a proteger estos datos personales. Esto, luego de un trabajo encaminado por la “Coalición de Datos Personales”, que reunió al sector público como del sector privado y también a expertos internacionales.
El pleno de la Cámara Baja deberá de analizar el proyecto luego de contar con los dictámenes de diferentes comisiones que avalen como una herramienta jurídica que beneficie a la población ante la exposición a la que se someten estos datos.
Leé también: Recursos de las binacionales: Kattya dará directrices a Abdo sobre plan de uso
Dejanos tu comentario
Proyecto busca endurecer penas por los delitos de corrupción
La Cámara de Diputados analizará en su sesión ordinaria del martes el proyecto de ley que busca modificar las penas por corrupción en el Código Penal Paraguayo, para establecer castigos de hasta 25 años de prisión para funcionarios públicos que incurran en determinados delitos.
La iniciativa responde a la necesidad de “disuasión legal para el combate frontal a la corrupción pública y privada”, señalando que “el crimen organizado nacional se nutre con el apoyo de funcionarios públicos, desangrando al Estado en su patrimonio”.
Sostienen que la corrupción pública “atenta directamente contra los derechos humanos” y que “sus consecuencias son equiparables a crímenes de lesa humanidad”, al afectar servicios básicos como salud, educación y seguridad.
El proyecto, que se encuentra en su primer trámite y plantea la modificación de varios artículos del Código Penal, que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias, lesión de confianza y otros delitos conexos.
Además, incorpora medidas como el comiso especial de bienes obtenidos ilegítimamente y prohibiciones posteriores al ejercicio del cargo, estableciendo multas de mil días para funcionarios que se vinculen laboralmente con empresas beneficiadas por contratos administrativos dentro del año siguiente a su celebración
Entre las principales modificaciones están la de: Lesión de confianza (Art. 192), cuya pena actual es hasta 5 años o multa, y se propone subir a 25 años para funcionarios públicos en los casos graves. En lo que refiera asociación criminal (Art. 239), contempla solo hasta 5 años y sugieren elevar de 10 a 15 años para funcionarios públicos. Con relación al cohecho pasivo (Art. 300), actualmente se castiga con hasta 3 años o multa para funcionarios / hasta 5 años o multa para jueces y se recomienda de 5 a 8 años para funcionarios / 5 a 10 años para jueces, entre otras modificaciones.
Dejanos tu comentario
Diputados evaluará penas más severas para funcionarios públicos por corrupción
La Cámara de Diputados tiene previsto analizar en su sesión ordinaria de este martes un proyecto de ley que busca modificar las penas por corrupción en el Código Penal Paraguayo, estableciendo castigos de hasta 25 años de prisión para funcionarios públicos que incurran en determinados delitos.
La exposición de motivos argumenta que la iniciativa responde a la necesidad de “disuasión legal para el combate frontal a la corrupción pública y privada”, señalando que “el crimen organizado nacional se nutre con el apoyo de funcionarios públicos, desangrando al Estado en su patrimonio”.
Asimismo, señala que la corrupción pública “atenta directamente contra los derechos humanos” y que “sus consecuencias son equiparables a crímenes de lesa humanidad”, al afectar servicios básicos como salud, educación y seguridad.
El proyecto que se encuentra en su primer trámite constitucional plantea la modificación de varios artículos del Código Penal, que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias, lesión de confianza y otros delitos conexos.
El proyecto también incorpora medidas como el comiso especial de bienes obtenidos ilegítimamente y prohibiciones posteriores al ejercicio del cargo, estableciendo multas de mil días para funcionarios que se vinculen laboralmente con empresas beneficiadas por contratos administrativos dentro del año siguiente a su celebración. La iniciativa busca reforzar “la confianza de la ciudadanía y de la opinión pública en las Instituciones Republicanas”, según expresó el diputado en su fundamentación.
Principales modificaciones
Lesión de confianza (Art. 192)
Pena actual: Hasta 5 años o multa
Pena propuesta: hasta 25 años para funcionarios públicos (casos graves).
Exacción (Art. 312)
Pena actual: 10 años o con multa
Pena propuesta: 10 a 20 años
El artículo 2 del proyecto de ley presentado también establece modificaciones al Código penal en los artículos 239, 298, 300, 301, 302, 303 y 305, que quedan redactados de la siguiente manera:
Asociación criminal (Art. 239)
Pena actual: Hasta 5 años
Pena propuesta: 10 a 15 años para funcionarios públicos
Quebrantamiento del depósito (Art. 298)
Pena actual: Hasta 2 años o multa
Pena propuesta: 10 a 15 años para funcionarios públicos
Cohecho pasivo (Art. 300)
Pena actual: Hasta 3 años o multa para funcionarios / hasta 5 años o multa para jueces
Pena propuesta: 5 a 8 años para funcionarios / 5 a 10 años para jueces
Cohecho pasivo agravado (Art. 301)
Pena actual: Hasta 5 años para funcionarios / hasta 10 años para jueces
Pena propuesta: 5 a 10 años para funcionarios / 10 a 15 años para jueces
Prevaricato (Art. 305)
Pena actual: 2 a 5 años
Pena propuesta: 5 a 8 años (hasta 15 años en casos graves)
En el artículo 3 del proyecto presentado, se propone la modificación de los artículos 3, 4, 6, 7 y 8 de la ley n.º 2523/04, “Que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito en la función pública y el tráfico de influencias”, que quedan redactados de la siguiente manera:
Enriquecimiento ilícito (Art. 3)
Pena actual: 1 a 10 años
Pena propuesta: 10 a 15 años
Tráfico de influencias (Art. 7)
Pena actual: hasta 3 años
Pena propuesta: 10 años (15 años si la influencia es ejercida ante magistrados o fiscales / 20 años si el autor es funcionario público).
Administración en provecho propio (Art. 8)
Pena actual: hasta 10 años
Pena propuesta: 15 a 25 años.
Dejanos tu comentario
Fortalecimiento del Ejército es clave en combate al crimen organizado, terrorismo y ciberataques
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, resaltó la importancia de fortalecer las Fuerzas Militares, sobre todo teniendo en cuenta, que hoy el país está alejado de una guerra convencional, pero exige un fuerte combate ligado al terrorismo, ciberataques, crimen organizado y narcotráfico, que son los enemigos actuales.
El segundo del Poder Legislativo acompañó los actos de conmemoración del Día del Ejército Paraguayo y del natalicio del Mariscal Francisco Solano López, héroe máximo de la nación. El acto encabezado por el comandante en Jefe y presidente de la República, Santiago Peña, se llevó a cabo en el Cuartel General del Comando del Ejército.
En la ocasión, el titular de la Cámara Baja, se refirió a la política de defensa nacional, remarcando la necesidad de readecuar las Fuerzas Armadas ante las amenazas actuales que enfrenta el país.
“Hoy no existe una hipótesis de conflicto con países vecinos, pero debemos adaptar nuestras Fuerzas Armadas a las nuevas amenazas. La adquisición de radares y aviones como los Super Tucano permitirá, por primera vez, conocer lo que sucede en nuestros cielos y ejercer nuestra defensa de la soberanía aérea”, expresó.
Inversión estratégica
El diputado resaltó también la inversión estratégica en tecnología y equipamiento militar como parte de una visión integral de defensa nacional. Mencionó que los avances en defensa han sido posibles gracias a una eficiente gestión estatal, sin necesidad de subir impuestos.
“La exitosa negociación sobre Itaipú generó un superávit importante. A esto se suma la creación de la DNIT y otros cambios en el modelo de gestión, lo cual ha permitido aumentar la capacidad de inversión en defensa e infraestructura sin aumentar la presión tributaria. Esto refuerza nuestra competitividad y atractivo para la inversión extranjera”, explicó.
Lucha contra el narcotráfico
Sobre el combate al narcotráfico, el presidente de la Cámara de Diputados destacó avances concretos, y mencionó, como ejemplo, el récord en incautaciones de drogas.
“Por primera vez, no se ha detectado ningún cargamento de droga proveniente del Paraguay incautado en Europa. Esto refleja un mejoramiento, significativo, en nuestras capacidades de lucha contra el narcotráfico", precisó.
Resaltó que enfrentar al narcotráfico es como luchar contra un monstruo al que se debe combatir con todas las fuerzas. “Estamos dando pasos firmes mediante gestión, legislación y fortalecimiento de nuestras fuerzas de seguridad”, concluyó.
Es importante señalar que durante el acto central, la Cámara de Diputados también estuvo representada por los legisladores colorados Pedro Ortiz y Diego Candia, además de su colega liberal Federico Franco.
Dejanos tu comentario
Ucranianos protestan en varias ciudades y piden su cargo al “demonio” Zelenski
Por segundo día consecutivo, miles de personas se manifestaron este miércoles en Kiev, capital de Ucrania, contra la nueva ley que limita la independencia de dos importantes organismos anticorrupción, una movilización que resulta inédita desde el inicio de la guerra contra Rusia.
Te puede interesar: Principio de incendió causó preocupación en el Aeropuerto Silvio Pettirossi
La nueva ley, que rige desde el martes fue muy criticada por los activistas contra la corrupción en Ucrania. Los ciudadanos advierten que la cada vez mayor presión del gobierno amenaza las reformas necesarias para entrar en la Unión Europea.
Tampoco desde los Estados Unidos están muy conformes con los cambios decretados por Ucrania, incluso Donald Trump comentó que no estaba seguro si cada dólar enviado al gobierno de Zelenski había sido utilizado en la guerra.
También la congresista republicana Marjorie Taylor Greene opinó sobre las manifestaciones en su cuenta de X. Y se tiró contra el líder del gobierno, Volodímir Zelenski.
No se limitó a una crítica al presidente ucraniano, sino que también cuestionó la asistencia militar y económica a Kiev y pidió poner fin a esta política. “¡Y Estados Unidos debe dejar de financiar y enviar armas!”, expresó.
“Un demonio”
Las protestas, que en principio se concentraron en Kiev, con el correr de las horas se extendieron a otras localidades como Lvov, Odesa, y Dnepropetrovsk, sobre todo después de que Zelenski estampara su firma en la cuestionada ley que pone fin a la independencia de la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU, por sus siglas en ucraniano).
Según el medio RT, solo en la capital, más de 1.000 personas se congregaron cerca de la oficina presidencial, coreando consignas como “vergüenza”, “veta la ley”y “Zelenski es un demonio”.
El medio explica que la norma aprobada “establece la completa subordinación del SAP al fiscal general y le otorga a este el derecho de supervisar las investigaciones de la NABU, exigir que cualquier caso se remita a ese organismo y darle instrucciones".
Te puede interesar: “El momento oportuno para impulsar la era de la energía limpia”
Esto hará que la NABU desarrolle sus actividades bajo la supervisión del fiscal general, con quien deberán ser acordados todos los acuerdos de culpabilidad y las sospechas.