El director del Sistema 911, Hernán Escobar, ratificó que existe un contrato abierto de hasta 1.000 tobilleras electróni­cas tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de ampliar el uso de estos dispo­sitivos a nivel nacional.

“Lo que nosotros habíamos solicitado el 18 de julio a la Corte es que esto se amplíe a todo el paaís y en todas las etapas procesales. Así como a todo el ámbito de aplicación de la ley y la Corte, ayer fue eso lo que nos otorgó”, señaló al canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Recordó que con recursos de la Itaipú Binacional se invir­tió en el equipamiento de la Policía Nacional con la adqui­sición de 600 patrulleras, 1.000 motocicletas y ahora está en proceso de entrega los chalecos. “Y una de las par­tes es la parte de Comunica­ción, nosotros le dotamos a la Policía un nuevo sistema de comunicación. Hoy tenemos la posibilidad de ver en tiempo real en Asunción y en Central dónde están las patrulleras”, subrayó.

En cuanto a la dotación de tobilleras, Escobar mencionó que hoy diez dispositivos están colocados en seis hombres y cuatro mujeres. Según mani­festó, las tobilleras podrían tener 2.900 usuarios posibles dentro del sistema penitencia­rio, aunque aclaró que son los jueces los que deben otorgar el uso. Con ello se podría des­comprimir el sistema peniten­ciario que está muy cargado, conforme expresó.

“El contrato que hicimos con el llamado por licita­ción pública fue a un servi­cio, o sea, nosotros pagamos por equipos activos. Signi­fica que hoy el Ministerio del Interior paga por diez y a medida que vaya subiendo va a pagar por la cantidad que tiene activo hasta completar 1.000”, añadió.

La Corte Suprema de Justicia aprobó la uti­lización de tobilleras electrónicas como medida de control en todo el territorio nacional y para todo tipo de hechos punibles, ampliando de forma significativa su alcance, que hasta ahora se limitaba a casos de violencia familiar y delitos económi­cos en Asunción y el depar­tamento Central.

La decisión fue tomada a pedido de la Policía Nacio­nal, que alegó contar con la infraestructura y capa­cidad técnica para monito­rear el sistema a nivel país. Con esta medida, los jueces penales de garantías podrán aplicar el dispositivo en cual­quier etapa del proceso penal, como alternativa a la prisión preventiva u otras medi­das restrictivas, atendiendo la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado, el nivel de riesgo y la opinión de la víctima.

Según lo manifestado por la ministra Carolina Llanes, presidenta de la Sala Penal de la Corte, desde que la ley fue promulgada en 2019, solo se solicitaron 10 tobilleras elec­trónicas y más de la mitad de las solicitudes fueron recha­zadas por limitaciones técni­cas, como la falta de energía eléctrica legal, cobertura de internet o señal GPS.

“La Policía ya cuenta con la infraestructura necesa­ria para implementar este monitoreo en todo el país”, aseguró Llanes. Señaló que la herramienta será clave para proteger a víctimas, evitar reincidencias y redu­cir el hacinamiento peniten­ciario, al brindar una opción efectiva al encierro.

Actualmente, el Estado dispone de 1.000 tobilleras electrónicas, que serán distribuidas por una empresa adjudicada. Cada dis­positivo tiene un costo de entre G. 2.009.000 y G. 2.100.000, que será asumido por el beneficia­rio, salvo en caso de insolven­cia debidamente acreditada, en cuyo caso el Estado cubrirá el costo.

La Acordada n.º 1779, recien­temente aprobada, establece el protocolo de aplicación, que incluye un manual obli­gatorio para los jueces. Este instructivo detalla cómo y cuándo puede utilizarse la medida, la duración precisa del uso del dispositivo y los parámetros técnicos que deben verificarse antes de su colocación.

El diputado Rodrigo Gamarra expresó su respaldo al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo para la modernización del transporte público, señalando que se trata de una iniciativa largamente esperada por la ciudadanía. En la etapa de oradores, Gamarra valoró que la propuesta forma parte de un paquete más amplio de diez leyes orientadas a la modernización del Estado, el fortalecimiento institucional y la recuperación económica del país.

Durante su intervención, el legislador destacó que el sistema de transporte público “atraviesa su momento más crítico desde todo punto de vista”, con un nivel de insatisfacción generalizado. “Hoy nadie está conforme: el usuario no está conforme, el Estado no está conforme, los empresarios no están conformes con lo que tenemos”, afirmó.

Gamarra explicó que el proyecto del Ejecutivo no es improvisado, sino que es el resultado de un trabajo técnico que involucra a asesores, al Viceministerio de Transporte y a diversas instituciones, con el objetivo de generar un servicio más eficiente, más seguro y que represente un menor costo para los ciudadanos. “Se está pensando en un sistema que beneficie al usuario sin aumentar el pasaje”, recalcó.

Lea también: Presidenta de Honduras recibió a la delegación de MOE-OEA encabezada por Eladio Loizaga

Una de las principales innovaciones contempladas en la iniciativa es la incorporación de buses 100 % eléctricos. El Estado será propietario de los vehículos, que serán entregados en concesión a las empresas prestadoras del servicio, bajo condiciones previamente pactadas a través de una licitación pública.

Entre ellas, el pago de un canon al Estado por la utilización de las unidades. “Esto no significa subsidiar a los transportistas, sino facilitar un modelo más transparente y beneficioso para el pasajero”, precisó el diputado.

Ante las críticas surgidas desde algunos sectores políticos, Gamarra advirtió sobre intentos de distorsionar el alcance del proyecto por intereses partidarios. “Cuando aparecen propuestas innovadoras como esta, siempre surgen los detractores y los oportunistas políticos. Por eso es importante aclarar las cosas”, subrayó.

Le puede interesar: Senado otorga media sanción a proyecto que establece nuevos feriados

Durante la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, el legislador Néstor Castellano expuso una serie de presuntas irregularidades detectadas en la Municipalidad de Ciudad del Este bajo la administración del intendente Miguel Prieto, actualmente intervenida.

El diputado denunció que se montó un esquema para desviar fondos públicos utilizando comisiones vecinales como fachada, empresas de maletín y pagos anticipados por obras no adjudicadas ni ejecutadas, lo cual ya fue advertido por la Contraloría y constatado por la intervención a cargo del economista Ramón Ramírez.

“Lo que estamos viendo en el caso de Miguel Prieto no es solamente un episodio de corrupción, es el intento descarado de intentar cubrir un robo a plena luz del día con el silencio cómplice de muchos actores políticos. Dios nos libre si este es el as bajo la manga de la oposición, es preocupante”, afirmó en el espacio de oradores.

Lea también: Dirigentes de Cordillera y San Pedro entregan más de 25.000 nuevas afiliaciones a la ANR

Castellano señaló que, según el informe del interventor, existieron múltiples casos en los que las empresas cobraron incluso antes de que los procesos licitatorios fueran culminados. “Una empresa llegó a cobrar un cheque dos días antes de que se firmara el dictamen. Esto demuestra que todo era un montaje”, sostuvo. También reveló que los proyectos de inversión eran elaborados dentro de la propia municipalidad y presentados como si fueran iniciativas ciudadanas.

El parlamentario hizo énfasis en que el Ministerio Público ya tiene en sus manos la causa de Prieto, además cuenta con elementos probatorios sobre los mismos. “Lo que ahora hace falta es aplicar un poco de celeridad, que se avance, que se investigue y que se juzgue si corresponde”, enfatizó.

De acuerdo a lo expuesto por el diputado, las comisiones vecinales eran utilizadas como intermediarias que en muchos casos ni siquiera administraban los fondos, sino que endosaban cheques a terceros. Señaló que las adjudicaciones eran solo una formalidad, con oferentes que “acertaban los montos exactos” e incluso presentaban cifras idénticas a las previstas por la administración, lo que a su juicio evidencia una falta total de competencia real.

Uno de los casos emblemáticos citados fue el de Tajy Servicios Generales, que recibió al menos seis transferencias por un total de G. 106 millones. La firma presentó ofertas con precios exactamente iguales a los establecidos por la municipalidad, algo que, según Castellano, “refleja una adivinanza perfecta”, lo cual pone en duda la legalidad del proceso.

Le puede interesar: Penas de 90 años es inviable por Constitución, advierte diputado Gamarra

El legislador también hizo referencia al entorno cercano al intendente, afirmando que familiares y allegados fueron beneficiados con contratos y adjudicaciones. Mencionó a Robert Florentín, primo de Vanessa Florentín (expareja sentimental de Prieto), ambos vinculados al esquema de compras simuladas de alimentos durante la pandemia.

Robert habría sido el encargado de cobrar cheques y presentar proyectos, mientras que Vanessa figuraba como subproveedora sin contar con los productos que debía entregar a la afamada despensa “Tía Chela”.

“Lo que vimos debería escandalizarnos a todos, pero al parecer algunos actores políticos prefieren mirar hacia otro lado”, lamentó Castellano.