Los presidentes de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, y de la Corte Suprema de Justicia (CJS), César Diesel Junghanns, firmaron este martes un convenio marco de cooperación interinstitucional entre ambas instituciones.
El principal objetivo de este acuerdo es establecer un marco general de cooperación entre la Cámara de Diputados y el Poder Judicial, a través de la Dirección General de los Registros Públicos, es de interactuar en las áreas de la información, la capacitación y la investigación, en todo lo que tenga que ver con el tratamiento de las tierras.
Los puntos incluidos en este acuerdo son la lucha por la formalización de la tierra, el combate a la pobreza, el acceso a la propiedad privada y a una vivienda digna, con base en los principios rectores de reciprocidad, pertenencia y confidencialidad, que se describen en el documento.
Ambas autoridades refrendaron el documento, considerando el mandato constitucional y los requerimientos de los ciudadanos en los casos de expropiación, vivienda, urbanismo y demás temas vinculados al derecho de la propiedad, que generan la necesidad de unir esfuerzos mediante la armonización de competencias atribuidas de las instituciones del Estado a fin de brindar respuestas oportunas y satisfactorias.
Tanto desde Diputados como de la Corte manifestaron su interés en realizar alianzas estratégicas estableciendo una relación interinstitucional de colaboración más estrecha en el intercambio recíproco de experiencias, informaciones y conocimientos inherentes a las actividades de cada institución, que permitan un trabajo coordinado y la búsqueda de la excelencia en el desempeño de la función de ambas instituciones.
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Paraguay expondrá su experiencia de titulación campesina en reunión del Mercosur
Las décadas de paciencia, sacrificio y trabajo honesto de las familias rurales del Paraguay alcanzan un reconocimiento histórico que cruza las fronteras, para participar de la Reunión Especializada sobre Agricultura Familiar del Mercosur (REAF). Mediante una invitación al titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) Francisco Ruíz Díaz, para participar como actor central en su XLV Sesión Ordinaria, a celebrarse en Montevideo, Uruguay.
El objetivo de la invitación formal es para compartir los avances en titulación y acceso a la tierra con el Instituto Nacional de Colonización del Uruguay. De este modo, la lucha campesina paraguaya llega al Mercosur, bajo el lema “El derecho al arraigo”, que se convierte en referente regional.
Este encuentro bilateral y regional tiene como propósito primordial articular políticas públicas de acceso a la tierra e intercambiar experiencias de titulación campesina entre el Indert y el histórico Instituto Nacional de Colonización (INC) del Uruguay, situando el protagonismo del productor rural paraguayo en el corazón de la agenda regional.
La tierra no es mercancía, es dignidad
Al respecto, Ruíz Díaz explicó que, durante más de un siglo, el modelo extractivo y la discrecionalidad mantuvieron al labriego humilde bajo el signo de la precariedad y la amenaza constante del desalojo. Hoy, el proceso de titulación masiva y regularización jurídica que lidera el Indert demuestra que el Estado ha retomado su rol moral irrenunciable: ser el padre protector que abriga, defiende y devuelve la tranquilidad al hogar campesino.
Destacó que este llamado del Mercosur no representa una simple formalidad diplomática de oficina; sino que encarna el triunfo de la palabra empeñada frente al viejo régimen de la incertidumbre:
- El campesino como constructor de soberanía: La comunidad internacional está siguiendo con atención el rostro de los miles de familias que hoy cuentan con un título definitivo que nadie les podrá arrebatar.
- Certeza jurídica contra los privilegios del pasado: Frente a quienes intentan desacreditar la dignificación rural tildándola de espectáculo, la región reconoce que en Paraguay se está derribando el peaje burocrático para erigir un verdadero escudo legal para los más humildes.
- El arraigo definitivo: La propiedad de la chacra deja de ser una dádiva de los grupos extractivos para consolidarse como una deuda histórica saldada con quienes alimentan y sostienen a la patria.
“La tierra no es un papel negociable al antojo de los poderosos: es el hogar sagrado de nuestros hijos y la raíz de nuestra identidad. Que los pueblos hermanos del Mercosur convoquen hoy al Paraguay para dialogar sobre nuestras políticas agrarias es la victoria moral de cada campesino que jamás bajó los brazos”, destacó el titular de la cartera rural.
Asimismo, resaltó que la presencia paraguaya en Montevideo sellará el compromiso de no dar un solo paso atrás en la defensa de la agricultura campesina, demostrando que cuando la autoridad asume con coraje su deber de cuidar a su gente, la justicia y la paz social se vuelven una realidad inquebrantable.
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La Corte dictamina a favor de crear juzgados especializados en violencia contra la mujer
La Corte Suprema de Justicia (CSJ), encabezada por Alberto Martínez Simón, dictaminó a favor del proyecto de ley que propone la creación de juzgados y tribunales especializados en violencia contra las mujeres, ante el aumento de los casos de feminicidio. A la vez, este jueves se desarrolla una audiencia pública en el Congreso Nacional para socializar la iniciativa.
“El feminicidio está creciendo en nuestro país, este proyecto ya lo había presentado en el 2024, pero lamentablemente fue rechazado, y de nuevo lo volví a presentar el pasado 14 de octubre; cuenta con el consenso de 17 instituciones que trabajaron conmigo durante 6 años”, manifestó la senadora y proyectista Lilian Samaniego a los medios de comunicación.
Samaniego acotó: “Fui a solicitarle directamente un dictamen al presidente de la Corte Suprema de Justicia y ayer miércoles ya me lo envió de manera positiva; también ya llegué hasta el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, para hablar y contarle todo lo que habían dicho los jueces de paz sobre el proyecto de ley. Ellos dicen que necesitan la herramienta para dar celeridad a las denuncias reales y desestimar las falsas”.
Agregó que “el fiscal general me escuchó atentamente y me dijo que cuanto antes me enviará su dictamen. Se sabe que hay hombres presos por denuncias falsas, es decir que este proyecto de ley servirá tanto a la mujer como al varón. Cuando una mujer sufre de violencia la justicia debe actuar y nuestro compromiso se debe traducir en hechos, y es por eso que estoy haciendo todo lo que está a mi alcance para que esto se apruebe cuanto antes”.
La parlamentaria había detallado semanas atrás que entre el 2020 y el 2025 se registró un total de 258 feminicidios, un promedio superior a 40 víctimas por año, y en lo que va del 2026 ya se registraron 21 feminicidios. “A cuantas personas que encuentro en mi camino les pido que se sumen y que firmen este proyecto, ya tengo miles de firmas. Nosotros vamos a pelear por un presupuesto para la instalación de los primeros cinco juzgados en los lugares donde hay mayor cantidad de denuncias: dos en Alto Paraná, dos en Central y uno en Capital”, puntualizó.
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Diputados instan a declarar en emergencia cinco distritos de Ñeembucú
Los diputados de diferentes bancadas aprobaron un proyecto de declaración que insta al Poder Ejecutivo a promover la declaración de situación de emergencia en cinco distritos del departamento de Ñeembucú, como consecuencia de las inundaciones.
Se busca fortalecer las medidas de asistencia y respuesta a las familias afectadas por el fenómeno de El Niño en esta región del país.
De esta manera, se quiere posibilitar una intervención integral del Estado para atender las necesidades urgentes de las familias damnificadas y una reactivación del sector productivo.
La asistencia solicitada es para los distritos de Cerrito, Villalbín, Paso de Patria, Mayor José Dejesús Martínez y General José Eduvigis Díaz, afectados por las inundaciones ocasionadas por la crecida del río Paraná y las intensas precipitaciones registradas en las últimas semanas.
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Fortalecer capacidades de respuesta
Un informe elaborado por la Gobernación de Ñeembucú sobre el impacto de las inundaciones en los distritos mencionados sirvió de base para la presentación del proyecto de declaración.
Los fundamentos señalan que las extensas zonas bajas y las comunidades ribereñas incrementan la vulnerabilidad del departamento ante el fenómeno climatológico.
La proyectista es la diputada Fabiana Souto de Alliana, quien advirtió que “la magnitud y extensión de las afectaciones demandan el fortalecimiento de las capacidades de respuesta y una mayor articulación de los recursos humanos, técnicos, logísticos y financieros disponibles”.
Al respecto, la congresista colorada sostiene que corresponde impulsar las evaluaciones técnicas, “sin perjuicio de las medidas de asistencia y protección que deban ejecutarse de manera inmediata”.
El documento también solicita fortalecer las acciones de asistencia humanitaria, protección y atención de las familias damnificadas, que deberán coordinarse con la Gobernación de Ñeembucú y los gobiernos municipales afectados.
Asimismo, se insta al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y a las demás instituciones competentes a intensificar las intervenciones para preservar y recuperar la transitabilidad de los caminos.
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Pindó sostiene que el arraigo de familias no otorga derechos de propiedad sobre las tierras
Desde la Agroganadera Pindó S.A. niegan haber promovido un amparo judicial y aclaran que el arraigo de las familias asentadas en el inmueble no constituye un título de propiedad.
La empresa pidió respetar los derechos de los propietarios y señaló que continúan las acciones judiciales iniciadas hace más de 14 años, en medio de investigaciones por actividades vinculadas al cultivo y procesamiento de marihuana en sectores del establecimiento.
En comunicación con La Nación/Nación Media, la abogada Margarita Colmán, representante legal de la Agroganadera Pindó S.A, explicó la situación jurídica del inmueble y los procedimientos judiciales actualmente en curso.
Teniendo en cuenta las recientes declaraciones públicas de representantes del asentamiento Primero de Marzo, quienes solicitaron al Gobierno la legalización de las tierras ocupadas en Estancia Pindó invocando el arraigo de más de 450 familias.
En ese sentido, mencionó que la empresa desmiente categóricamente haber promovido una acción de amparo ante el Juzgado de Katueté o cualquier otro órgano jurisdiccional, contrariamente a lo manifestado por uno de los abogados entrevistados.
“Las acciones civiles y penales impulsadas por los propietarios se iniciaron a raíz de la ocupación de sus inmuebles, hace aproximadamente catorce años, y continúan sustanciándose ante los órganos jurisdiccionales competentes, junto con las investigaciones que permanecen abiertas”, remarcó Colmán.
Arraigo no implica propiedad
De acuerdo a las declaraciones de los ocupantes y sus representantes, ellos fundamentan su pedido de legalización del asentamiento, en la permanencia de las familias durante casi quince años, así como en la existencia de escuelas, capillas, servicios básicos y actividades agrícolas y ganaderas en el lugar.
Sin embargo, la abogada Colman explicó que para la empresa se ratifica que estas condiciones no otorgan automáticamente derechos de propiedad sobre tierras de terceros y recuerda que el artículo 109 de la Constitución Nacional garantiza la inviolabilidad de la propiedad privada.
“Cualquier iniciativa estatal destinada a regularizar la situación territorial debe respetar los derechos de los propietarios y los procedimientos constitucionales y legales aplicables. La ocupación prolongada, la construcción de infraestructura y el desarrollo de actividades productivas no confieren automáticamente derechos de dominio sobre tierras pertenecientes a terceros”, remarcó.
Causa se elevó a juicio oral
Por otra parte, la abogada Colmán recordó que el Juzgado Penal de Garantías de Curuguaty dispuso elevar a juicio oral y público la causa contra Jorge Mercado Méndez, señalado por la Fiscalía como uno de los principales dirigentes de la ocupación. La decisión fue adoptada mediante el Auto Interlocutorio N.º 720, del 14 de octubre de 2026.
El magistrado rechazó los cinco incidentes presentados por la defensa y admitió las acusaciones por presunta invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y detentación ilegal de arma de fuego.
La responsabilidad penal del acusado deberá determinarse durante el juicio, con respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso.
Hallazgos de la Senad
La representante legal de la Agroganadera Pindó S.A. recordó además, los procedimientos realizados por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), con cooperación de organismos de seguridad nacionales e internacionales. Indicó que en varios procedimientos, detectaron actividades vinculadas con la producción y el procesamiento de marihuana en sectores de Estancia Pindó, en medio de la prolongada controversia por la ocupación de los inmuebles.
Señaló que durante las intervenciones oficiales hallaron plantaciones ilícitas, campamentos presuntamente utilizados para actividades de narcotráfico y un laboratorio de procesamiento de marihuana de alta concentración. Sostuvo que estos antecedentes requieren investigaciones rigurosas para identificar a los responsables y esclarecer posibles conexiones con la comercialización internacional de drogas.
“La existencia de actividades ilícitas detectadas en sectores del establecimiento no permite atribuir responsabilidad penal colectiva a las familias residentes, pero exige que las autoridades identifiquen a las personas y organizaciones efectivamente involucradas”.
Finalmente, indicó que para la Agroganadera Pindó S.A., la ocupación prolongada no puede sustituir los mecanismos legales ni desconocer los títulos de propiedad. Sostiene que el Estado debe atender las necesidades sociales de las familias, garantizar la seguridad pública, investigar los hechos punibles y proteger los derechos constitucionales de los propietarios.
“La asistencia social es una obligación pública; la legalización de tierras privadas, en cambio, requiere un fundamento jurídico válido y el respeto de las garantías constitucionales. Desde Pindó reafirmamos la confianza en la administración de justicia y su decisión de continuar ejerciendo las acciones legales que correspondan para obtener la protección efectiva de sus derechos y el esclarecimiento de los hechos investigados”, concluyó.
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