El senador y exvicepresidente de República, Juan Afara, con respecto a la modificación legislativa que incluye que los fondos binacionales ingresen al Presupuesto General de la Nación, sostuvo que desconoce cómo votarán los diputados respecto a la propuesta presentada por el senador liberal Blas Llano.
“No puedo saber qué van a decidir los diputados, pero mi opinión personal es que en este momento todo el resto, todo el dinero que se pueda, se tiene que meter en Salud y las vacunas”, expresó el senador colorado y del movimiento Añetete del gobierno de Mario Abdo sobre los fondos binacionales.
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“Que la gente sea atendida”
“Se tiene que trabajar para que la gente sea atendida en todos los hospitales de la República. Todos los paraguayos nos merecemos la misma atención”, sostuvo Afara respecto a lo que considera debe ser la prioridad que deben tener en cuenta sus colegas legisladores.
“Por todo esto, yo nunca tuve dudas sobre los fondos binacionales”, expresó. “Todo lo demás se puede recuperar, pero la salud no. Tenemos que entender en este momento que lo más importante es poner todo el dinero a disposición”, aseveró el exvicepresidente.
Finamente, exclamó que los que deben de poner los medicamentos deben recibir su pago para que los pongan en los hospitales públicos y poner las comodidades para que la gente pueda ser atendida para poder recuperarse no solamente del COVID-19, sino también de varias otras afecciones.
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Salud reportó 40.000 consultas por cuadros respiratorios en una semana
El Ministerio de Salud informó que en la última semana los centros de asistencia atendieron a 40.000 pacientes con afecciones respiratorias. Existe circulación viral de virus sincitial respiratorio (VSR), rhinovirus, metapneumovirus, influenza A, adenovirus, parainfluenza e influenza B.
Según el reporte semanal de Vigilancia de la Salud, se observa una ligera disminución de consultas en la última semana, pero la curva de tendencia aún se mantiene por encima del umbral de alerta.
“A nivel país, se notificaron más de 40.000 consultas por cuadros respiratorios en una semana. Se registraron 429 hospitalizaciones por infecciones respiratorias agudas graves (IRAG)”, aclararon en el informe.
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Nueve fallecidos
Así también, se presenta un descenso de internados con relación a la semana anterior, equivalente al 1 %. En tanto que, el 26 % de los hospitalizados ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos y el 4 % falleció.
“La mayoría de los pacientes hospitalizados no estaban con vacunación anual contra influenza para esta temporada. En la última semana se identificaron 9 fallecidos asociados a virus respiratorios”, detallaron.
Durante este año se contabilizan 245 fallecidos confirmados por virus respiratorios, principalmente por Influenza A H1N1, Rhinovirus y otros.
En la semana 30, se identificaron nueve fallecidos asociados a virus respiratorios:
- tres por rhinovirus
- dos por influenza A H1N1
- dos por influenza A no subtipificado
- uno por virus sincitial
- uno por SARS-CoV-2
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Proponen ley para implementar educación cívica obligatoria en todas las escuelas
Un total de siete diputados presentaron un proyecto de ley denominado “Ley de Educación Cívica”, que busca establecer un marco jurídico para la implementación obligatoria en todo el sistema educativo del país. El objetivo es formar ciudadanos responsables y comprometidos con conocimiento profundo de sus derechos, deberes y obligaciones establecido en la Constitución Nacional.
Los proyectistas son el legislador independiente Jatar Fernández, junto con sus pares colorados Raúl Latorre presidente de la Cámara Baja; Saúl González; Santiago Benítez; José Domingo Adorno; Yamil Esgaib; y María Ida Cattebeke.
De acuerdo a la exposición de motivos, la propuesta resalta que la educación cívica no se limita a la transmisión de conocimientos, sino que se centra en inculcar valores aceptados socialmente y desarrollar competencias para la participación activa en espacios públicos y políticos.
Señalan que esta formación debe comenzar desde la primaria y extenderse hasta el final de la escolarización obligatoria, promoviendo discusiones sobre temas públicos y políticos relevantes para la realidad social del país.
“La educación cívica busca que el ciudadano no solo sea capaz y útil para sí mismo, sino también para la sociedad donde nace, se desarrolla y muere”, destacan los legisladores en el documento.
Además, se enfatiza que la Constitución de 1992 establece como deber del Estado garantizar la formación intelectual, moral y cívica de sus ciudadanos, lo que convierte a este proyecto en una herramienta clave para cumplir con ese mandato.
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Liderazgos positivos
El proyecto también resalta la oportunidad de liderar un cambio de paradigma en Paraguay, fomentando una ciudadanía informada que participe, activamente, en la gestión del poder público y el bien común.
“Es necesario que las futuras generaciones comprendan que de ellas depende generar los espacios de poder y gestionarlos en beneficio de la comunidad”, señala la exposición de motivos.
El proyecto de ley está estructurado de la siguiente manera:
Objeto: Complementar la Ley General de Educación, asegurando que los estudiantes adquieran conocimientos sobre la Constitución Nacional, los derechos y garantías que ofrece, las obligaciones ciudadanas y los límites al poder del Estado en el marco de un Estado social de derecho.
Obligatoriedad: La educación cívica será de carácter obligatorio en todas las instituciones educativas, ya sean públicas, subvencionadas o privadas. Desde la primaria, se incluirá el estudio de la Constitución, mientras que en la secundaria se incorporarán contenidos de derecho civil, penal y laboral.
Finalidad: Garantizar que los ciudadanos estén informados sobre sus derechos y obligaciones, promoviendo una participación informada en el poder público, como lo establece la Constitución.
Ejecución: El Ministerio de Educación y Ciencias será el encargado de implementar la ley, proporcionando los recursos técnicos y pedagógicos necesarios. La puesta en marcha deberá completarse en un plazo máximo de dos años desde la entrada en vigencia de la ley.
Los legisladores proponentes consideran que la iniciativa busca no solo incluir la educación cívica como una asignatura más, sino integrarla de manera transversal en el currículo escolar, fomentando el debate y la reflexión sobre la realidad social y política.
“Con esta propuesta, buscamos formar ciudadanos que no solo dominen conocimientos técnicos o humanísticos, sino que también estén comprometidos con el ejercicio de la soberanía popular y la construcción de una sociedad más justa y participativa”, detallan los proponentes en el documento que justifica la presentación del proyecto.
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Analizarán propuesta para modificar régimen de financiamiento de campañas políticas
La Cámara de Diputados analizará en la próxima sesión ordinaria, el proyecto de ley que introduce importantes modificaciones al régimen actual de financiamiento de las campañas políticas.
El objetivo es mejorar los mecanismos de control y, al mismo tiempo, simplificar los procedimientos para partidos, movimientos internos y candidatos.
Esta iniciativa ya cuenta con media sanción de la Cámara Baja, pero fue nuevamente modificada por el Senado y ahora se encuentra en su tercer trámite constitucional, en el cual el plenario deberá definir si se allana a los cambios realizado por el Senado o se ratifica en su sanción inicial.
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Este proyecto tiene por acápite “Que modifica los artículos 64 inciso a), 66 y 278 inciso b) de la Ley Nº 834/1996, ‘Que establece el Código Electoral’, modificado por las leyes 4743/2012 y 6167/2018”.
La propuesta de legislación responde a una creciente preocupación por la transparencia en el uso de fondos durante los procesos electorales y a las dificultades operativas que enfrentaron las nucleaciones políticas a raíz de la normativa vigente, según la exposición de motivos.
El documento agrega que, si bien la legislación actual establece controles, estos resultan en muchos casos excesivamente complejos o poco accesibles para las agrupaciones políticas, en especial durante las elecciones internas.
Principales cambios se sintetizan en:
Reconocimiento anticipado de movimientos internos: la actual ley no contempla un proceso previo de reconocimiento de los movimientos internos antes de la inscripción de candidaturas. El proyecto propone formalizar esta etapa, permitiendo a los movimientos gestionar de manera anticipada su identificador tributario y cuenta bancaria.
Digitalización de declaraciones: se propone que tanto la Declaración de Ingresos y Gastos de Campaña (DIGC), como la Declaración de Intereses Económicos Vinculados (DIEV) se presenten únicamente en formato digital ante los organismos de control, reduciendo el uso de papel y facilitando su análisis.
Presentación individual por candidato: a diferencia del esquema actual, en el que los movimientos presentan declaraciones de forma general, la modificación exige que cada candidato presente su propia DIGC y DIEV, incluso detallando su participación en sociedades o inversiones económicas.
Mayor transparencia y fiscalización: el nuevo texto prevé la publicación obligatoria, en un plazo de diez días hábiles, de todas las declaraciones e informes recibidos en el portal del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).
Además, se establece la conformación de una unidad especializada de fiscalización que verificará la veracidad y autenticidad de los documentos.
Obligaciones bancarias claras: la apertura de cuentas únicas en instituciones financieras, establecidas en el artículo 278, se refuerza en el proyecto con plazos específicos. Las entidades deberán habilitar las cuentas en un máximo de 48 horas y justificar por escrito cualquier negativa. La omisión podrá ser sancionada por la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay.
Sanciones más severas: en caso de comprobarse la falsedad en la declaración de ingresos, el proyecto contempla la suspensión de la participación del candidato por diez años en cualquier tipo de elección, una medida que no figura en la normativa vigente.
Actualización institucional: se sustituye la mención a la Subsecretaría de Estado de Tributación por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), como organismo encargado de emitir el identificador tributario y colaborar en los controles financieros.
De acuerdo a la exposición de motivos aclaran que la iniciativa no busca eliminar los mecanismos de control establecidos por el TSJE, sino más bien adecuarlos a las nuevas necesidades administrativas y tecnológicas, según declaran los proponentes.
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Aguardan informe final de auditoría sobre robo de medicamentos en el Hospital San Jorge
El asesor jurídico del Ministerio de Salud Pública, Gustavo Irala, afirmó que se aguarda el informe final de auditoría para saber con exactitud las circunstancias del robo de medicamentos de uso controlado de la farmacia del Hospital San Jorge de Asunción.
“Estamos todavía aguardando el informe final de la auditoría interna. Nosotros habíamos comunicado al Ministerio Público que está haciendo también la investigación”, señaló a la 1020 AM. Dentro del proceso investigativo ya prestaron declaración el director del hospital César Delmás y funcionarios de la farmacia.
Así también ya se remitieron todos los informes requeridos por la Fiscalía aunque queda pendiente la presentación del informe final de la auditoría dispuesta por la ministra de Salud, María Teresa Barán.
“Estamos aguardando ese informe para dar a conocer qué es lo que realmente ocurrió aún en la farmacia”, indicó. El abogado afirmó que se están cotejando algunos datos sobre el movimiento de medicamentos a través del sistema informático.
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El pasado 23 de julio la fiscal Mirtha Arévalos la fiscal Mirtha Arévalos se constituyó en el Hospital San Jorge en respuesta a una denuncia sobre el hurto de 18 tipos de medicamentos de uso controlado, incluyendo fentanilo y clonazepam.
El monto total del perjuicio superaba los 800 millones de guaraníes según las autoridades sanitarias.
La fiscal constato que el hospital carece de sistema de circuito cerrado en el área de farmacia, lo que facilitó el acceso a los medicamentos. Se presume que los medicamentos pudieron ser sustraídos en bolsos y transportados en vehículos comunes.
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