Adquisición inmediata de medicamentos para el Estado plantea proyecto de ley
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Suman los proyectos en el Congreso Nacional con el objetivo de paliar la crisis sanitaria, principalmente para la compra de medicamentos utilizado por los pacientes que padecen del COVID-19. En este sentido, el diputado del Partido Patria Querida (PPQ), Sebastián García presentó un proyecto de ley que habilite mecanismos de manera excepcional y transitoria para la compra de medicamentos e insumos.
Se trata del proyecto ”que establece mecanismos excepcionales y de aplicación transitoria para que los organismos y entidades del Estado paraguayo, personas jurídicas y personas físicas puedan adquirir y/o importar medicamentos, reactivos y equipos o productos de uso médico necesarios para la prevención, el tratamiento y la curación de las enfermedades causadas por el SARS-COV-2″.
La propuesta legislativa busca realizar compras directas de equipos y medicamentos para combatir el COVID-19, evitando los controles de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) por un tiempo específico y por una determinada causa.
Se establece un régimen legal especial, excepcional y transitorio para regular las adquisiciones y, también, las importaciones de medicamentos, reactivos químicos y de equipos y productos para uso médico, que son aplicados por los diversos organismos y entidades del Estado para el tratamiento, la prevención y la recuperación o el restablecimiento de la salud de las personas afectadas por enfermedades causadas por el coronavirus.
El diputado plantea sancionar con hasta diez años de cárcel la difusión intencional de información falsa destinada a generar pánico financiero. Foto: Archivo
Plantean hasta 10 años de cárcel por difundir información falsa que provoque pánico financiero
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El diputado nacional por el departamento de Guairá, Alejandro Darío Aguilera Elizaur, presentó un proyecto de ley que plantea sancionar con hasta diez años de cárcel la difusión intencional de información falsa destinada a generar pánico financiero. La propuesta apunta a evitar que rumores o publicaciones engañosas desencadenen retiros masivos de dinero y pongan en riesgo los ahorros de la ciudadanía.
La iniciativa establece penas de hasta cinco años de prisión o multas para quienes divulguen falsedades a sabiendas. La sanción podría elevarse a ocho años si la conducta provoca una afectación grave de la liquidez de una entidad bancaria o si se utiliza indebidamente información reservada. En los casos considerados de extrema gravedad, con daños comprobados, la pena podría alcanzar los diez años de cárcel.
El proyecto también incorpora disposiciones relacionadas con la libertad de expresión y de prensa. Según los puntos difundidos sobre la iniciativa, la normativa no habilitaría la censura previa y mantendría las garantías vinculadas al secreto de imprenta y la reserva de las fuentes periodísticas.
Como antecedente, la propuesta retoma una iniciativa impulsada por la Asociación de Bancos del Paraguay (ASOBAN) en 2017, orientada a combatir maniobras de competencia desleal y la circulación de rumores malintencionados que pudieran afectar al sistema financiero.
Instalan mesa técnica para estudiar proyecto sobre protección laboral infantil
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La Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud de la Cámara de Senadores instaló una mesa de trabajo con autoridades del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess) y del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna) para analizar el proyecto sobre protección laboral de niños y adolescentes.
Según la proyectista, se busca garantizar a niños y adolescentes el derecho a ser protegidos contra el trabajo infantil, mediante acciones de prevención, detección, atención, sanción y reparación de los daños ocasionados por estas prácticas.
La senadora Lizarella Valiente fundamenta que Paraguay cuenta actualmente con un listado de las formas de trabajo infantil peligroso, establecido mediante el Decreto n.º 4951/2005.
Sin embargo, en su proyecto de ley señala que este instrumento resulta insuficiente, debido a que no contempla un régimen sancionatorio específico y eficaz que permita castigar estas prácticas y evitar situaciones que pongan en riesgo la vida, la salud y la integridad de niños y adolescentes.
Durante la reunión realizada este jueves se acordó revisar nuevamente las modificaciones planteadas por ambas instituciones, para posteriormente realizar una reunión conjunta con las comisiones de Legislación y de Derechos Humanos.
Se apunta a consensuar el texto y emitir el dictamen correspondiente, antes de su consideración en plenaria, conforme expresó la directora de la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, abogada Margarita Yahari.
Convocan a audiencia pública para debatir sobre proyecto que regula el uso de drones
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La Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados organiza una audiencia pública para analizar el proyecto de ley “Que regula la utilización de aeronaves pilotadas a distancia (RPA) y sistemas de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS) en el territorio nacional”.
La convocatoria es para el miércoles 28 de octubre a las 13:00, en la sala de sesiones de la Cámara Baja.
La propuesta legislativa busca establecer un marco legal actualizado para el uso de drones en Paraguay y acompañar el crecimiento de esta tecnología.
Además se quiere garantizar condiciones adecuadas de seguridad, responsabilidad y respeto a los derechos de las personas.
Según los proyectistas, la iniciativa parte de la creciente utilización de estos equipos tecnológicos en actividades agrícolas, comerciales, recreativas, de seguridad, logística, comunicación, investigación y entretenimiento.
Uno de los puntos principales alude al registro obligatorio de los drones, su identificación y la determinación de responsabilidades sobre sus propietarios y operadores.
El proyecto también contempla requisitos de capacitación y certificación para quienes los utilicen, además del cumplimiento de las normas de circulación aérea y la contratación de un seguro obligatorio de responsabilidad civil destinado a cubrir eventuales daños ocasionados a terceros.
Piden informes sobre regularización de tierras en Cordillera
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Un proyecto de resolución que solicita informes al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) sobre regularización de tierras en el distrito de Juan de Mena, Cordillera, obra en la Cámara de Diputados.
La iniciativa se enfoca en la finca N° 2029, padrón N° 2271, una propiedad que fuera expropiada por Ley N° 08/1989 para ser destinada a los fines de la agricultura familiar campesina, en la citada localidad del tercer departamento.
El requerimiento surge como respuesta a los reiterados reclamos de los pobladores nucleados en la Comisión de Fomento y Desarrollo de las Colonias Regina Marecos y Guido Almada.
Los afectados, en su carácter de legítimos beneficiarios de la reforma agraria, según la Ley N° 1863/2002 “Estatuto Agrario”, manifiestan que ha transcurrido un tiempo considerable desde la presentación de sus solicitudes sin haber recibido respuestas certeras por parte del Indert respecto a los avances legales y la correspondiente titulación de los lotes que ocupan.
Sobre el punto, se exige a la institución rural remitir un informe detallado que responda a aspectos fundamentales tales como especificar la etapa actual y la situación jurídica del Expediente Administrativo N° 9864/1986, debiendo adjuntar una copia auténtica íntegra del mismo.
Igualmente se pide identificar de manera puntual cuáles son los inconvenientes o trabas administrativas y legales que impiden avanzar con la adjudicación definitiva a favor de los ocupantes que han demostrado fehacientemente su arraigo.